El presidente de la Nación, Javier Milei, tiene cinco días para explicarle a la Justicia la publicación que escribió en sus redes sociales contra Ian Moche (12), “el niño autista que habla de autismo”, luego de la entrevista realizada por Paulino Rodrigues a la que calificó como “una operación contra el Gobierno” porque el periodista siempre está “del lado de los kukas”.

Después de este hecho, la madre de Ian, Marlene Spesso, que por estos días prefiere no hablar con los medios, inició una denuncia junto al abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez para que el mandatario elimine el mensaje que, además, contiene la imagen del menor.

Gil Domínguez manifestó que Ian fue “agredido” por el presidente Milei por republicar un mensaje de una cuenta denominada ‘El Hombre Gris’ y que sostenía que Ian “era parte de una organización para destituirlo del cargo” y que era kirchnerista, “una ideología política que no tiene”.

Asimismo, señaló que tanto el fiscal del caso, Oscar Gutiérrez Eguía, como el juez federal de La Plata a cargo el juzgado Nº 4, Alberto Recondo, entendieron que todas las cuentas con tilde gris, son habilitadas para que las utilice un jefe de Estado y, por ese motivo, consideraron que Javier Milei, no escribe desde una cuenta personal, sino que lo usa en el carácter de presidente.

Esta situación habilitó que la causa se tramite en la justicia federal y que, además, sirva como antecedente en el caso de la criptomoneda #LIBRA, en la que el mandatario está acusado de haber realizado una ciberestafa.

La denuncia fue radicada en La Plata por el domicilio de la familia de Ian, y exige que se borre el mensaje republicado por el Presidente en su cuenta de X, además de abstenerse de hacer declaraciones de este estilo contra Ian.

Asimismo, Gil Domínguez sostuvo que no solicitaron pida disculpas públicas porque eso “debería ser espontáneo” y no por una orden judicial.

Dentro de los cinco días siguientes, el Presidente deberá contestar la demanda de manera escrita y explicarle a la Justicia por qué motivo republicó esos mensajes, sin embargo, debido al inicio de la feria judicial (21 de julio) la respuesta quedará para los primeros días de agosto.

En el caso de que Milei no responda dicha demanda, el juez Recondo tendrá 48 horas para definir si Milei debe eliminar los mensajes en contra del menor o no. De no hacerlo, Gil Domínguez aseguró que “apelarán a la Corte Suprema de Justicia”.  (DIB)

El Tribunal Oral Federal número 2 intimó a la ex vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y a los otro 8 condenados en la causa vialidad a abonar $684.990.350.139,86 por el fraude al Estado probado durante el proceso.

Los jueces Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu tuvieron en cuenta el informe elaborado los peritos de la corte quienes emplearon como parámetro de actualización el índice de precios al consumidor (IPC) de la suma elevada tras el cierre del juicio en diciembre de 2022 por 85 mil millones de pesos.

Para los magistrados las razones por las que los expertos contables del máximo tribunal arribaron al cálculo “se aprecian sólidas y debidamente justificadas, en mérito de las normas contables invocadas en base a las cuales ordenó su actuación técnica para la actualización de la cifra que aquí nos ocupa”

Así mismo, señalaron que ninguno de los peritos de la Corte “cuestionó ni impugnó la metodología concreta escogida y explicada por la perito oficial” respecto a lo dictaminado por los especialistas de las 9 defensas.

Ahora, Cristina, Lázaro Báez, José López, y otras 5 personas tienen hasta la media mañana del 13 de agosto para abonar la suma que de acuerdo al cambio oficial asciende a los 537 millones de dólares. De no hacerlo, el tribunal tendrá a bien a proceder con el remate de los bienes o activos que se encuentren a nombre de cada uno de ellos.

En caso de incumplimiento, la ejecución de los bienes sería un proceso largo y complejo que incluye disponer de las sumas en efectivo y luego enviar a remate las propiedades. Pero que no estará exento de dificultades ya que Lázaro Báez, el más acaudalado, también están siendo ejecutado por otro tribunal, el federal 4, en la causa conocida como la Ruta del dinero K, donde fue condenado a 15 años de prisión y a pagar $355 millones de multa por lavado de dinero, más otros $55 millones por el monto del delito cometido.

El otro problema surge del juicio comercial donde tramita la quiebra de Austral Construcciones. Allí hay deudores que deben cobrar sus acreencias. Por eso los jueces pidieron al juzgado comercial 28 una amplia certificación del estado procesal de la quiebra. Y además, requirieron la liquidación de bienes realizada para pagar las deudas. (DIB)

La Justicia de los Estados Unidos le otorgó este martes un respiro a Argentina en la causa por la expropiación de YPF: suspendió temporalmente la ejecución del fallo que ordena al país entregar el 51% de las acciones de la petrolera a los fondos demandantes.

Una Corte de Apelaciones de Nueva York concedió una “suspensión administrativa temporal” (temporary administrative stay) de la “Orden de Entrega” (Turnover Order) que había sido dictada el pasado 30 de junio.

La medida fue otorgada para permitir una “ordenada presentación y consideración” de los argumentos de ambas partes.

La corte estableció un cronograma preciso: los demandantes (encabezados por el fondo Burford Capital) tienen hasta este jueves 17 de julio para presentar su oposición a una suspensión más larga, mientras que el Estado argentino tendrá tiempo hasta el martes 22 de julio para responder.

Una vez completado este proceso, un panel de tres jueces analizará los escritos y decidirá si concede la suspensión del fallo durante todo el tiempo que dure el proceso de apelación de fondo.

La decisión de este martes frena, al menos por una semana, la obligación de Argentina de desprenderse de sus activos en la petrolera.

En detalle

Sebastián Soler, ex subprocurador del Tesoro durante la presidencia de Alberto Fernández y que llevó la causa cuatro años precisó en su cuenta de “X” los próximos pasos: “1) El 17 de julio Burford presentará un escrito oponiéndose al pedido argentino de que la suspensión preventiva se prolongue hasta que la Cámara resuelva la apelación contra la sentencia de fondo, 2) el 22 de julio Argentina responderá argumentando en detalle en favor de que la suspensión se prolongue, 3) (sin plazo pero muy pronto) elección de los tres jueces de Cámara que integrarán la sala que resolverá esta cuestión”.

“Una vez completado el cruce de escritos y definidos los jueces -continúa Soler- la Cámara puede resolver el pedido de la Argentina en cualquier momento pero no tiene plazo para hacerlo. Si la Cámara accede al pedido de la defensa argentina, la orden de (la jueza Loretta) Preska de entregar las acciones de YPF quedará suspendida hasta que la Cámara resuelva la apelación de Argentina contra su sentencia de fondo (que ordenó pagar US$16.100 millones)”.

“Dado que la Cámara todavía no ha fijado la fecha de la audiencia, es improbable que decida esa apelación de fondo antes de 2026. Si la Cámara rechaza el pedido de la Argentina, la orden de Preska volvería a estar vigente”, finaliza el abogado. (DIB) MM