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Panorama político: El peronismo marcha a una alianza incómoda, mientras los libertarios engullen a PRO

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Por Andrés Lavaselli

El peronismo acordó finalmente una ingeniería de contrapesos y garantías que le permitirá inscribir el miércoles un frente del que participarán cristinistas y kicillofistas, aunque ese “paz” es solo superficial: la unidad de las listas, si es que llega, expresará indefectiblemente un entendimiento muy precario, marcado por zancadillas y desconfianzas que persisten. La Libertad Avanza y PRO se convertirán ese mismo día en socios electorales formales, una novedad respecto del juego de la centroderecha en la Provincia, aunque lo harán con un frente cuyo diseño expresa una primacía libertaria casi absoluta, tan marcada que abre dudas respecto del futuro del partido que fundó Mauricio Macri.

“Por el color de la lista y el nombre nadie preguntó, porque hay resignación”: esa confesión pertenece a un encumbrado dirigente que el viernes puso su firma  para que la Mesa Ejecutiva de PRO integre un “frente opositor” con LLA. Y da cuenta de  una negociación, en la que los libertarios impusieron casi todo, desde el nombre del armado, que se llamará Alianza La Libertad Avanza, hasta el color violeta que lo identificará. ¿Y PRO? Aparecerá representado por unos 32 candidatos a diputados y senadores provinciales y mantendrá el control de las listas locales en las 13 comunas que gobierna, para proteger la gobernabilidad de sus intendentes.

En los detalles se ve clara la asimetría: PRO no tiene siquiera asegurado rescatar las 10 bancas que se vencen en este turno en ambas cámaras. Podría lograrlo pero también, dado los lugares que tendrán en las listas, podría quedarse con ocho. Puede parecer malo, pero “es mejor que lo que lograríamos solos”, confesó uno de los negociadores amarillos en una charla reservada. En las comunas también se lleva casi todo Javier Milei: el esquema 70-30% a favor de PRO en sus 13 intendencias tiene como contrapartida un esquema inverso a favor de los libertarias en prácticamente la totalidad de las 122 restantes.

Lo notable es que en esas condiciones, casi nadie quedó afuera: apenas estiran las conversaciones, con algo de incomodidad, Soledad Martínez, la delegada de Jorge Macri que gobierna Vicente López y Javier Martínez, el alcalde de Pergamino. Pero en general, la capitulación amarilla fue tan evidente que en ese partido computan como un activo que los referentes seccionales de LLA hablan ahora con mejor tono con los alcaldes amarillos. Hay pocas chances, además, de que las listas nacionales compensen el esquema: aunque esa negociación aun no arrancó, todo indica que la primacía violeta será aún más marcada.

Si el costo para PRO es la dilución, al menos por ahora, en la hegemonía libertaria, la ganancia está no solo en un armado que les dé más lugares que los que obtendrían solos: también, en avenirse a una unidad que revierta la fractura que permitió al peronismo imponerse en 2023.

La pelea que no cesa

En el peronismo, el clima se corta con un cuchillo. También presentarán un frente, lo cual implica un paso a la unidad,  el pero las desconfianzas son tantas que hubo que hacer un Congreso para darle garantías al kicillofismo de que la Junta Electoral tendrá una “estricta ecuanimidad” –son las palabras que oficialmente se usaron- en su conformación. “No queremos que nos pase como en 2021, cuando en el cierre de listas no se tuvieron en cuenta nuestros reclamos”, es el argumento que deslizaron en La Plata para justificar sus exigencias. Una alusión directa a Máximo Kirchner, que controló la lapicera ese año.

La discusión por las listas propiamente dicha, en paralelo, recoge algunos episodios llamativos. El debate comenzó el domingo por la tarde en una reunión que apuró Axel Kicillof porque, cuentan, Kirchner estaba reticente y de la que participó Sergio Massa. De allí surgió la versión de una presión hacia el gobernador para que defina por sí mismo la estrategia de campaña y, en algunas versiones, tenga la lapicera principal de las listas. La idea sería que Kicillof definió diseño de la elección cuando dispuso el desdoblamiento y ahora le corresponde definir el armado para que el peronismo compita en esas condiciones.

Puede parecer una concesión, pero en el entorno del Gobernador recelan de todo lo contrario: un intento de que pague el costo en soledad si el resultado de los comicios no los favorecen. “La elección es una moneda en el aire, todo puede pasar”, reconocen en ese sentido. En ese clima hay, incluso, espacio para la mirada conspirativa: “La Cámpora puede no poner todo en estos comicios”, temen en La Plata. Como fuere, en lo que sí parece haberse avanzado es en que haya esquemas de unidad locales, armados por los intendentes, para contener dirigentes porque no habrá listas colectoras para darles lugar.

Una alquimia que tal vez dé cuenta de la dificultad de la conversación por la unidad es la idea que varios dirigentes le atribuyen a Kirchner, quien la habría propuesto en la reunión del domingo. Se trata de una especie de ruptura pactada, por la cual cada línea interna presentaría su propia lista, una para el cristinismo, otra el kicillofismo, el massismo, Grabois, Moreno. La lógica es que un mismo porcentaje de votos pero obtenido con papeletas diversas puede traducirse en una cantidad mayor de legisladores. El problema es que le darían el triunfo a Javier Milei, le dijeron a Kirchner. La cosa no prosperó.

Pero si es por encontrar señales de que el diálogo es muy complicado, los ejemplos abundan. El viernes, antes de Congreso, un grupo de intendentes se reunió en José C. Paz, a instancias de Mario Ishii, el jefe local. Del encuentro participaron solo alcaldes alineados al Instituto Patria, el MDF solo envió a uno, a modo de veedor. La desconfianza tal vez se justificó: en un curioso comunicado que no menciona quienes las formularon, se comunicaron críticas de los alcaldes a Carlos Bianco, el principal operador político de Kicillof, y un pedido para dejar sin efecto el desdoblamiento, algo que el propio Ishii le había jurado al gobernador, horas antes, que no ocurriría.

Tercero en discordia

En el armado “de centro” que integrarían radicales, monzoístas, algún despechado de PRO, CC y GEN,  todos miran lo que ocurra con la UCR, que es el espacio vertebral allí. Las conversaciones están avanzadas, pero los dos sectores del partido centenario vienen de un interna intensa, que terminó judicializada, y la pulseada es dura. Además, no hay tantos lugares para repartir: los estrategas que están en el bordado del acuerdo admiten que en al menos tres secciones del interior les será difícil llegar al piso de votos para ingresar legisladores.

Una particularidad es que, si prospera una negociación en curso, se abre la posibilidad de que este frente no tenga representantes en la segunda sección electoral: allí, radicales conversan con los Passaglia para integrar a uno de los suyos a la lista de Hacer en la segunda sección. Sería en tercer lugar, pero tendría como contrapartida la exigencia de no presentar otra papeleta en esa sección. HACER, el partido de los nicoleños, se consolida así como la novedad de la elección, con chances de una buena perfomance en el norte de la provincia que atrae tanto a la UCR como al PRO. (DIB) AL

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Milei deberá explicar en la Justicia su publicación sobre Ian “el niño autista que habla de autismo”

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El presidente de la Nación, Javier Milei, tiene cinco días para explicarle a la Justicia la publicación que escribió en sus redes sociales contra Ian Moche (12), “el niño autista que habla de autismo”, luego de la entrevista realizada por Paulino Rodrigues a la que calificó como “una operación contra el Gobierno” porque el periodista siempre está “del lado de los kukas”.

Después de este hecho, la madre de Ian, Marlene Spesso, que por estos días prefiere no hablar con los medios, inició una denuncia junto al abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez para que el mandatario elimine el mensaje que, además, contiene la imagen del menor.

Gil Domínguez manifestó que Ian fue “agredido” por el presidente Milei por republicar un mensaje de una cuenta denominada ‘El Hombre Gris’ y que sostenía que Ian “era parte de una organización para destituirlo del cargo” y que era kirchnerista, “una ideología política que no tiene”.

Asimismo, señaló que tanto el fiscal del caso, Oscar Gutiérrez Eguía, como el juez federal de La Plata a cargo el juzgado Nº 4, Alberto Recondo, entendieron que todas las cuentas con tilde gris, son habilitadas para que las utilice un jefe de Estado y, por ese motivo, consideraron que Javier Milei, no escribe desde una cuenta personal, sino que lo usa en el carácter de presidente.

Esta situación habilitó que la causa se tramite en la justicia federal y que, además, sirva como antecedente en el caso de la criptomoneda #LIBRA, en la que el mandatario está acusado de haber realizado una ciberestafa.

La denuncia fue radicada en La Plata por el domicilio de la familia de Ian, y exige que se borre el mensaje republicado por el Presidente en su cuenta de X, además de abstenerse de hacer declaraciones de este estilo contra Ian.

Asimismo, Gil Domínguez sostuvo que no solicitaron pida disculpas públicas porque eso “debería ser espontáneo” y no por una orden judicial.

Dentro de los cinco días siguientes, el Presidente deberá contestar la demanda de manera escrita y explicarle a la Justicia por qué motivo republicó esos mensajes, sin embargo, debido al inicio de la feria judicial (21 de julio) la respuesta quedará para los primeros días de agosto.

En el caso de que Milei no responda dicha demanda, el juez Recondo tendrá 48 horas para definir si Milei debe eliminar los mensajes en contra del menor o no. De no hacerlo, Gil Domínguez aseguró que “apelarán a la Corte Suprema de Justicia”.  (DIB)

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La justicia intimó a Cristina Kirchner y el resto de los condenados a pagar $685 mil millones

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El Tribunal Oral Federal número 2 intimó a la ex vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y a los otro 8 condenados en la causa vialidad a abonar $684.990.350.139,86 por el fraude al Estado probado durante el proceso.

Los jueces Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu tuvieron en cuenta el informe elaborado los peritos de la corte quienes emplearon como parámetro de actualización el índice de precios al consumidor (IPC) de la suma elevada tras el cierre del juicio en diciembre de 2022 por 85 mil millones de pesos.

Para los magistrados las razones por las que los expertos contables del máximo tribunal arribaron al cálculo “se aprecian sólidas y debidamente justificadas, en mérito de las normas contables invocadas en base a las cuales ordenó su actuación técnica para la actualización de la cifra que aquí nos ocupa

Así mismo, señalaron que ninguno de los peritos de la Corte “cuestionó ni impugnó la metodología concreta escogida y explicada por la perito oficial” respecto a lo dictaminado por los especialistas de las 9 defensas.

Ahora, Cristina, Lázaro Báez, José López, y otras 5 personas tienen hasta la media mañana del 13 de agosto para abonar la suma que de acuerdo al cambio oficial asciende a los 537 millones de dólares. De no hacerlo, el tribunal tendrá a bien a proceder con el remate de los bienes o activos que se encuentren a nombre de cada uno de ellos.

En caso de incumplimiento, la ejecución de los bienes sería un proceso largo y complejo que incluye disponer de las sumas en efectivo y luego enviar a remate las propiedades. Pero que no estará exento de dificultades ya que Lázaro Báez, el más acaudalado, también están siendo ejecutado por otro tribunal, el federal 4, en la causa conocida como la Ruta del dinero K, donde fue condenado a 15 años de prisión y a pagar $355 millones de multa por lavado de dinero, más otros $55 millones por el monto del delito cometido.

El otro problema surge del juicio comercial donde tramita la quiebra de Austral Construcciones. Allí hay deudores que deben cobrar sus acreencias. Por eso los jueces pidieron al juzgado comercial 28 una amplia certificación del estado procesal de la quiebra. Y además, requirieron la liquidación de bienes realizada para pagar las deudas. (DIB)

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Respiro temporario para Argentina en la causa por la expropiación de YPF

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La Justicia de los Estados Unidos le otorgó este martes un respiro a Argentina en la causa por la expropiación de YPFsuspendió temporalmente la ejecución del fallo que ordena al país entregar el 51% de las acciones de la petrolera a los fondos demandantes.

Una Corte de Apelaciones de Nueva York concedió una “suspensión administrativa temporal” (temporary administrative stay) de la “Orden de Entrega” (Turnover Order) que había sido dictada el pasado 30 de junio.

La medida fue otorgada para permitir una “ordenada presentación y consideración” de los argumentos de ambas partes.

La corte estableció un cronograma preciso: los demandantes (encabezados por el fondo Burford Capital) tienen hasta este jueves 17 de julio para presentar su oposición a una suspensión más larga, mientras que el Estado argentino tendrá tiempo hasta el martes 22 de julio para responder.

Una vez completado este proceso, un panel de tres jueces analizará los escritos y decidirá si concede la suspensión del fallo durante todo el tiempo que dure el proceso de apelación de fondo.

La decisión de este martes frena, al menos por una semana, la obligación de Argentina de desprenderse de sus activos en la petrolera.

En detalle

Sebastián Soler, ex subprocurador del Tesoro durante la presidencia de Alberto Fernández y que llevó la causa cuatro años precisó en su cuenta de “X” los próximos pasos: “1) El 17 de julio Burford presentará un escrito oponiéndose al pedido argentino de que la suspensión preventiva se prolongue hasta que la Cámara resuelva la apelación contra la sentencia de fondo, 2) el 22 de julio Argentina responderá argumentando en detalle en favor de que la suspensión se prolongue, 3) (sin plazo pero muy pronto) elección de los tres jueces de Cámara que integrarán la sala que resolverá esta cuestión”.

“Una vez completado el cruce de escritos y definidos los jueces -continúa Soler- la Cámara puede resolver el pedido de la Argentina en cualquier momento pero no tiene plazo para hacerlo. Si la Cámara accede al pedido de la defensa argentina, la orden de (la jueza Loretta) Preska de entregar las acciones de YPF quedará suspendida hasta que la Cámara resuelva la apelación de Argentina contra su sentencia de fondo (que ordenó pagar US$16.100 millones)”.

“Dado que la Cámara todavía no ha fijado la fecha de la audiencia, es improbable que decida esa apelación de fondo antes de 2026. Si la Cámara rechaza el pedido de la Argentina, la orden de Preska volvería a estar vigente”, finaliza el abogado. (DIB) MM

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