Esta semana, el Gobierno dispuso la disolución definitiva del Grupo Especial Antinarcotráfico Rosario (GEANRO), una fuerza creada en 2024 para reforzar el combate contra el narcotráfico y el crimen organizado en la provincia de Santa Fe. La medida, formalizada por la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, generó la reacción del kirchnerismo, que pidió explicaciones en el Congreso por desarticular el dispositivo de seguridad.

La diputada nacional de La Cámpora por Santa Fe, Florencia Carignano, presentó en el Congreso un pedido de informes para que el Ejecutivo explique las razones de la eliminación de este grupo operativo.

“Esta decisión es preocupante, sobre todo cuando hace pocos días el oficialismo logró sancionar una ley que le permite a cualquier persona (incluso los narcos) blanquear plata sin explicar su origen”, señaló la legisladora, al vincular la medida con la ley de inocencia fiscal, que deja de lado la presunción de culpabilidad de los contribuyentes en el lavado de activos.

“Necesitamos saber por qué se castiga así a los rosarinos, cuando todos sabemos que la lucha contra el narcotráfico no termina nunca y es clave no abandonar a Rosario ahora”, manifestó Carignano este sábado, en su cuenta personal de X.

Según la comunicación oficial del Ministerio de Seguridad Nacional, mediante la Resolución 4/2026 publicada en el Boletín Oficial, la decisión de disolver el GEANRO se basó en que se cumplieron los objetivos al momento de su creación, entre los que se destaca la reducción considerable de los homicidios y heridos por armas de fuego en Santa Fe y, en particular, en Rosario. Además, el Gobierno señaló que existen dispositivos federales permanentes que pueden cubrir las tareas que desempeñaba el grupo.
En el texto de la resolución, la ministra Monteoliva derogó la política implementada durante la gestión de Patricia Bullrich, que había dado origen al GEANRO en el marco del Plan Bandera.

El GEANRO tenía como objetivo colaborar con la Justicia Federal, el Ministerio Público Fiscal y la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) en hechos vinculados al narcotráfico y delitos conexos. Para ello, contaba con la participación de representantes de la Policía Federal, la Prefectura Naval, la Gendarmería Nacional, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y el Servicio Penitenciario Federal.

La estructura y el método de funcionamiento del grupo habían sido definidos el 11 de mayo de 2024, que ahora quedó derogada. Tras la reversión de la medida, el Ministerio de Seguridad Nacional remarcó que la intervención federal tuvo su punto más alto durante el año 2024, cuando se alcanzaron cifras récord en procedimientos antidroga y aprehensiones.
De acuerdo con los datos del Observatorio de Seguridad Pública de Santa Fe, entre enero y diciembre de 2023 se registraron 398 víctimas de homicidio en la provincia, mientras que en 2024 esa cifra cayó a 176, lo que representa una disminución superior al 55%. En el departamento Rosario, la baja fue más marcada: de 261 homicidios en 2023 a 90 en 2024, una reducción mayor al 65%. El descenso también se reflejó en el número de heridos con armas de fuego en la ciudad, que pasó de 801 en 2023 a 353 en 2024, es decir, más del 55% menos.

En el balance presentado por el Gobierno, se destaca que la implementación de programas de seguridad en puertos, aeropuertos, terminales ferroviarias y pasos fronterizos contribuyó de forma determinante a la baja de la criminalidad en Santa Fe, especialmente en Rosario.

Desde la Casa Rosada consideraron que, tras el cierre de la etapa inicial del Plan Bandera y el surgimiento de dispositivos permanentes como el Grupo Operativo de Lucha Contra el Narcotráfico Región Centro (GOC-CENTRO), la reasignación de funciones y la redistribución de recursos estatales no implica una disminución del esfuerzo en la lucha contra el narcotráfico, sino una optimización de la eficiencia de las fuerzas federales en el territorio.

Que dice el proyecto con el pedido de informes

Florencia Carignano presentó un proyecto de resolución en la Cámara de Diputados, en el que solicita información precisa sobre “las razones políticas, operativas y presupuestarias” que motivaron la medida, así como sobre la evaluación de impacto previa, los dispositivos y recursos que reemplazarán al GEANRO, y la coordinación con el gobierno provincial.

También se exigen detalles sobre los informes técnicos que respaldaron la decisión, la cantidad de efectivos que integraban el GEANRO, las fuerzas de origen y destino de esos efectivos tras la reestructuración, y las funciones concretas que cumplirán en adelante. Además, se consulta si la eliminación del grupo implica una reducción de la presencia federal en la provincia y si existen planes alternativos o sustitutivos con igual o mayor nivel de intervención en el territorio.

En relación a las funciones específicas del GEANRO, la solicitud parlamentaria apunta a conocer qué rol cumplió durante la vigencia del Plan Bandera y cuáles fueron los resultados operativos alcanzados, que según los fundamentos oficiales fueron considerados óptimos. Se exige, además, que el Ejecutivo precise qué indicadores objetivos se usaron para concluir que el grupo “cumplió su rol” y que su permanencia ya no resultaba necesaria.

Brasil dejará de asumir la representación de la Embajada Argentina en Venezuela, ubicada en la ciudad de Caracas. La medida tomada por esa administración fue confirmada por voceros oficiales de la gestión liderada por Luiz Inácio Lula da Silva a Infobae.
Los funcionarios diplomáticos, consultores y agregados de defensa argentinos en Caracas debieron abandonar la Embajada en agosto del 2024 producto de diferentes medidas de intimación del régimen que en ese momento presidía Nicolás Maduro.
En ese entonces, el Gobierno argentino le había pedido asistencia a Brasil para que tomara las riendas de la custodia de los locales de la misión argentina, incluyendo la Embajada y la Residencia Oficial, así como los intereses de la Nación en ese país. También de continuar con el asilo de cinco dirigentes opositores al régimen que permanecían en la Embajada y que fueron rescatados por Estados Unidos a mediados del año pasado.
Lula había accedido en un gesto de distensión con su par argentino, con quien buscaba un acercamiento que finalmente nunca se produjo: hasta el día de hoy, ambos solo se vieron en reuniones de entidades supranacionales, nunca a través de reuniones bilaterales.

Aunque desde ese sector optaron por no ahondar en las motivaciones de la decisión, este medio adelantó la semana pasada que, tras la captura de Nicolás Maduro en un operativo de Estados Unidos en Caracas, una publicación del presidente Javier Milei en su cuenta personal de X había generado un profundo malestar en Brasilia.
El posteo era un video de un discurso reciente de Milei en el que abrazaba “la presión de los Estados Unidos y Donald Trump para liberar al pueblo venezolano” y exhortaba a los líderes del Mercosur a repudiar a ese régimen. El video finaliza con una foto del brasileño Lula da Silva abrazando a Maduro.
Fuentes en estricta reserva explican que se trató de una sumatoria de actitudes de la Casa Rosada que terminaron por “colmar el vaso” con aquella publicación realizada horas después del operativo de Estados Unidos que extrajo a Maduro de Venezuela. Aun así, la motivación principal fue la diferencia entre Argentina y Brasil respecto a la decisión de la administración de Donald Trump de intervenir sobre la política doméstica de ese país.

“Igualmente preocupante, además de la provocación chistosa, es que nuestros países estén en lados opuestos de la cuestión del uso de la fuerza militar por una potencia extranjera en la región”, había explicado una fuente calificada.

La administración de Lula condenó fuertemente el accionar militar y sacó un comunicado junto a Chile, Colombia, México, Uruguay y España que expresaba su “profunda preocupación y rechazo frente a las acciones militares ejecutadas (…), las cuales contravienen los principios fundamentales del derecho internacional”.

El comunicado no fue conjunto porque Argentina movilizó la posición cuasi contraria y logró retener a Paraguay, Perú, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Panamá, República Dominicana y Trinidad y Tobago. Ese grupo de 10 países es el que Milei ya tiene apalabrados para conformar una suerte de bloque de administraciones del centro hacia la derecha para confrontar contra sus pares “progresistas” y “socialistas”.
Infobae consultó con diversas fuentes gubernamentales de Argentina, pero hasta el momento la mayoría eligió no dar comentarios. “Es una decisión de Brasil. No nos extraña viniendo de Lula”, manifestó un funcionario de la Casa Rosada.

En ese contexto, una fuente dijo que “es probable” un eventual reemplazo de Italia en esas funciones en la Embajada en Venezuela, algo que puede entenderse por el excelente vínculo entre Milei y la presidenta del Consejo de Ministros, Giorgia Meloni. Esto todavía no fue confirmado por el Gobierno.

Milei y Lula tienen una relación ríspida y con un historial con antecedentes desde incluso antes que el libertario ganara las elecciones del 2023.

El argentino tiene una excelente relación con la familia Bolsonaro. Conoció al expresidente Jair Bolsonaro a través de su hijo Eduardo, con quien mantiene un vínculo particularmente estrecho. Los primeros encuentros entre ambos datan de 2021, cuando también se mostraban con el ahora electo presidente de Chile, José Antonio Kast.

Milei incluyó a la administración de Lula adentro del grupo de gobiernos que denomina “socialistas”. Así como sucedió con Kast, desea que Brasil se sume a la oleada de países con presidentes derechistas. Con Jair Bolsonaro preso por el intento de golpe de Estado que intentó realizar en enero del 2023, el clan familiar apuesta por Flavio Bolsonaro, actual senador de Brasil.

El gobierno de Javier Milei apunta a sancionar la reforma laboral en febrero, durante el segundo tramo de sesiones extraordinarias, y la semana que viene comenzarán las primeras actividades formales: el próximo viernes la mesa política se reunirá para terminar de definir la estrategia legislativa y una comisión técnica analizará en el Senado las observaciones de la CGT y las entidades empresarias.
Sin embargo, los contactos informales ya empezaron. El ministro del Interior, Diego Santilli, ya visitó Chubut y tiene en agenda viajes a Mendoza, San Juan, San Luis y Chaco. En tándem, Patricia Bullrich y Martín Menem preparan el terreno en el Senado y Diputados. De hecho, la ex ministra de Seguridad ya dijo públicamente que el dictamen aprobado en los últimos días del año pasado está abierto a sufrir modificaciones. “El objetivo es votar la ley y así como hubo cambios en la Ley Bases va a haber cambios para llegar a los votos necesarios”, dijo a Infobae.
En base a los pronunciamientos públicos de algunos bloques y líderes provinciales, el oficialismo se entusiasma. Ven el camino despejado en el Senado y creen que podrán construir los consensos necesarios también en Diputados. Al igual que ocurrió durante el debate del Presupuesto 2026 y la ley de Inocencia Fiscal, los gobernadores y el radicalismo tendrán un rol protagónico.
En la Cámara alta el oficialismo parte de una base de 21 votos a favor, por lo que necesita sumar 16 voluntades para llegar al quórum. En la pecera donde deberán buscar los libertarios hay diez senadores radicales (siete que responden a gobernadores y tres “sin techo”) y otra decena de legisladores que responden a mandatarios provinciales.

Los radicales “sin techo” (son oposición en sus provincias) son Maximiliano Abad (Buenos Aires), Flavio Fama (Catamarca) y Daniel Kroneberger (La Pampa). En cambio, Mercedes Valenzuela y Eduardo Vischi (Corrientes), Carolina Losada y Eduardo Garaletto (Santa Fe), Mariana Juri y Rodolfo Suárez (Mendoza) y Silvana Schneider (Chaco) tienen vínculos directos con sus respectivos gobernadores. Los diez votaron con el oficialismo el Presupuesto 2026 y hay mandatarios que además tienen alianzas políticas en sus provincias como Alfredo Cornejo y Leandro Zdero.
No fue casualidad que la primera parada de la gira de Santilli fuera la provincia de Chubut. Allí se reunió con Ignacio Torres, que podría influir sobre los votos de Edith Terenzi (Despierta Chubut) y Andrea Cristina (PRO).

Al mismo tiempo, el mandatario de Salta, Gustavo Sáenz, tiene relación directa con Flavia Royón, ex ministra provincial. La Casa Rosada y la provincia de Salta dejaron expuesta su buena sintonía en la última sesión de Diputados, cuando acordaron la designación de Pamela Calletti en la AGN. Un acuerdo que le valió a los libertarios el enojo del PRO y la UCR.
Misiones, que también jugó con el oficialismo para la aprobación del Presupuesto 2026 y otras votaciones clave durante el año pasado, tiene dos senadores -Carlos Arce y Sonia Rojas Decut- que responden a Carlos Rovira, líder del Frente Renovador de la Concordia. Fue una de las provincias más favorecidas con Aportes del Tesoro Nacional en la previa de la sanción del Presupuesto.

Por el lado del peronismo disidentes, el catamarqueño Raúl Jalil podría aportar el voto de Guillermo Andrada y el tucumano Osvaldo Jaldo, los apoyos de Sandra Mendoza y Beatriz Ávila. El primero recibió de Nación esta semana el control del Yacimiento Minero de Agua de Dionisio, mientras que el segundo mostró en varias oportunidades su cercanía con los libertarios, por ejemplo cuando fue el primer gobernador en romper el bloque peronista en Diputados.

Finalmente, el santacruceño Claudio Vidal y el neuquino Rolando Figueroa cuentan con los últimos tres votos clave (Natalia Gadano y José María Carambia, y Julieta Corroza). El apoyo del primero será el más esquivo, ya que proviene del mundo sindical. Aunque la modificación de la ley de Glaciares, que permitiría ampliar las zonas con actividad minera, podría servir como moneda de cambio.
Hasta el momento, las principales objeciones de todos los gobernadores, tanto aliados como opositores duros, giran en torno a los recursos coparticipables que las provincias dejarían de recibir por las reducciones de alícuotas de Ganancias a empresas. En total, calculan que perderían más de $1 billón y las más perjudicadas serían Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe.

También se eliminarían impuestos a “seguros, los servicios de telefonía celular y satelital, los objetos suntuarios y los vehículos automóviles y motores, embarcaciones de recreo o deportes y aeronaves”. Por lo que desde la oposición denuncian que se trata de una reforma tributaria encubierta que perjudica directamente a las provincias.

Por este motivo, los cambios que el Gobierno esté dispuesto a conceder en el capítulo tributario seguramente terminará de inclinar la balanza.

En la Cámara de Diputados, los libertarios parten de una base de 95 votos del bloque oficialista más 12 del PRO y 2 de MID para llegar al quórum de 129. Las 20 voluntades restantes también deberán aportarlas en su mayoría los gobernadores.

Los peronistas aliados de Tucumán y Catamarca podrían sumar los primeros 6 votos a favor. En tanto que Misiones y Salta, aportarían otros 7. San Juan (2), Neuquén (1), Santa Cruz (1) y San Luis (1), representan otros 5 votos clave, mientras que el radicalismo (UCR + ABA) tiene otros 7.

Cabe destacar que la UCR no solo firmó el dictamen del oficialismo en el Senado, sino que además había propuesto su propia reforma laboral cuando se discutió la Ley Bases, al inicio del gobierno de Milei. Entre otros puntos se destacaban la eliminación de las contribuciones solidarias a los sindicatos y la creación de un fondo de cese laboral. Ante la consulta de Infobae, desde el bloque contestaron que están analizando las posibles modificaciones.

Si bien el panorama es alentador para el oficialismo, el resultado de la negociación parlamentaria dependerá de la voluntad de hacer concesiones en el capítulo tributario, donde se concentran las principales resistencias de las provincias.