Mientras el Gobierno activa el protocolo antipiquetes y resta importancia al “poder de movilización” de los movimientos sociales, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) encabezará este martes 9 de diciembre, desde las 10 de la mañana, una Jornada Nacional de Lucha contra el Hambre, por Salario Digno y Trabajo con Derechos, con acciones simultáneas en el AMBA y más de 30 ciudades del país. Entre esos centros de protesta figura el Congreso de la Nación. Las protestas incluyen ollas populares, cortes, asambleas y movilizaciones territoriales que conforman el inicio de lo que diversas organizaciones describen como “un diciembre caliente”.
La medida se da en un escenario social “crítico, atravesado por el congelamiento del Salario Social Complementario (SSC) —fijado en 78 mil pesos desde diciembre de 2023—, la pérdida de ingresos informales, la paralización de la obra pública en barrios populares y la tensión creciente por la reforma laboral que impulsa el Gobierno de La Libertad Avanza“, describen los organizadores.
“Estamos frente a un plan sistemático de miseria planificada”, señalan desde la UTEP, que articula la convocatoria junto al Movimiento Evita, Barrios de Pie, el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), la CCC y el Frente Nacional Piquetero y Territorios en Lucha, entre otras organizaciones del campo popular.
No estarán solos. Los sindicatos combativos participarán de la protesta. La Asociación Trabajadores del Estado, por ejemplo, definió la fecha del Paro Nacional para el 9 de diciembre y se movilizará al Congreso de la Nación para rechazar la reforma laboral regresiva del Gobierno, exigir la inmediata reapertura de paritarias con una recomposición salarial de emergencia y en rechazo al intento de recorte del 10% de los trabajadores estatales. Hasta ese mismo punto también llegarán las principales columnas de la UTEP, cuyo secretario general es Alejandro “Peluca” Gramajo, también dirigente del Movimiento Evita.
“Se trata de una reforma laboral pro mercado y la única finalidad que persigue el Gobierno es el disciplinamiento de la fuerza de trabajo. No es verdad que quieran mejorar la competitividad, la productividad o que crezca la economía. Eso no va a suceder quitando derechos”, señaló Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional.
“Cuando fue la crisis económica global de 2009/10, legislaciones similares se implementaron en varios países del mundo y en todos los casos fracasaron. Si analizamos la historia más reciente, el periodo de mayor creación de empleo y registro de trabajadores fue desde 2002 al 2011/12, cuando existía la doble indemnización. Y aún con doble indemnización igual se registraban trabajadores. Eso prueba que la única manera de superar la crisis que hoy vive el mundo del trabajo es poniendo en valor las convenciones colectivas”, opinó el dirigente estatal.
El jueves pasado, una masiva asamblea en Plaza Belgrano, en La Plata, impulsada por la UTEP, funcionó como puntapié del plan de lucha.
Gremios estatales, movimientos territoriales y las dos CTA coincidieron en el diagnóstico: el Gobierno busca una flexibilización “al servicio del Fondo Monetario Internacional (FMI) y de los grandes grupos empresarios”, que precariza aún más un mercado laboral que ya refleja índices de indigencia sin precedentes, sostuvieron en un comunicado en conjunto.
El Partido Justicialista acompañó con un comunicado titulado “Sí al trabajo, no a la precarización laboral del FMI”, donde advirtió sobre el deterioro acelerado de los ingresos y la ofensiva sobre los convenios colectivos.
El secretario general de la UTEP, Alejandro “Peluca” Gramajo, planteó una lectura dura y directa sobre la reforma laboral: “No existe reforma en el mundo que por sí sola genere trabajo con derechos. Cuando el Gobierno dice que quiere terminar con la informalidad, nos están vendiendo gato por liebre. Y los argentinos no queremos comer gatos, como pasó en 2001, cuando la gente cagada de hambre terminó saqueando supermercados”.
Gramajo describió una situación social límite: endeudamiento familiar, pagos con tarjetas y billeteras virtuales, y la irrupción de los prestamistas narcos como última instancia financiera en los barrios populares. Y agregó: “Necesitamos un modelo económico nacional con centro en el trabajo y la producción, que deje de importar esclavitud. Hoy existe un trabajo real en la Argentina que es el de la economía popular, que cientos de miles de personas inventan para vivir. Falta reconocimiento y faltan derechos. Por eso es urgente crear un Estatuto del Trabajador y Trabajadora de la Economía Popular”.
La CTA Autónoma, que también se sumará a las marchas, participó del plenario sindical: “La reforma laboral que planea el gobierno”, instancia para debatir y analizar el proyecto de reforma laboral impulsado por el gobierno.
Su secretario general, Hugo “Cachorro” Godoy, llamó a fortalecer la organización en los lugares de trabajo y en los territorios para enfrentar el avance del gobierno de La Libertad Avanza que en las últimas elecciones se vio fortalecida parlamentariamente. “Tenemos que poner en estado de movilización a nuestro pueblo para que la reacción sea masiva y contundente, y que el paro necesario sea también un paro comunitario”, expresó Godoy.
Según las organizaciones sociales agrupadas en la UTEP, la situación se agravó con la suspensión de la obra pública en más de 5 mil barrios populares, el impacto de las importaciones en la producción textil, la caída del precio del cartón que afecta a las familias cartoneras y la crisis de la agricultura familiar. A eso se suma la desfinanciación de espacios comunitarios y la violencia institucional “que estigmatiza y persigue a los trabajadores del espacio público”.
Las acciones no se limitan al AMBA. Durante los últimos días hubo movilizaciones en Plaza Congreso, Bahía Blanca, Mendoza, Salta, Rosario, Ushuaia y Jujuy, en rechazo a la intención oficial de modificar la Ley de Glaciares. Organizaciones socioambientales, colectivos indígenas y movimientos territoriales confluyeron en un mismo reclamo: frenar lo que definen como un proyecto de ajuste estructural.
En paralelo, ATE, las dos CTA, Libres del Sur y movimientos piqueteros acordaron un esquema de protestas que incluye paros escalonados, movilizaciones conjuntas y una contrapropuesta técnica a la reforma laboral.
Las centrales sindicales remarcaron que los puntos más regresivos del DNU 70/23, titulado “Bases para la reconstrucción de la economía argentina”, ya fueron declarados inconstitucionales por la Justicia Laboral y denunciaron un intento del Gobierno por “fragmentar al movimiento obrero bajo la excusa de la modernización”.
La crisis alimentaria, la falta de trabajo y la reforma laboral son los ejes que atraviesan los reclamos. Esteban “Gringo” Castro, ex secretario general de la UTEP, dijo al ser consultado por Infobae: “El debate sobre el Estatuto de Trabajador y Trabajadora de la Economía Popular es fundamental para poder blanquear el trabajo sin derechos que tiene la mitad de la población económica mexicana. El aumento del salario social complementario, que tiene que ser la mitad del salario mínimo vital y móvil, por supuesto que eso tiene que ir acompañado de un salario mínimo vital y móvil que cubra la canasta básica. Y para todo esto, por supuesto es necesaria una jornada de lucha como esta, pero este es recién el comienzo de un proceso de lucha que se va a ir incrementando, que se va a ir acelerando”.
Por estas razones, para el referente social: “Estamos convencidos de que nuestro pueblo va a pasar una Navidad muy triste y necesitamos poder discutir esto con el pueblo, con el pueblo que le está pasando mal. Por lo tanto, se van a acelerar las actividades como las asambleas en los barrios, no tengo duda de que también se van a hacer asambleas en barrios de clase media-baja, empezar un proceso asambleario, porque el eje central es el problema principal que hoy tiene nuestro pueblo, que es el problema que está vinculado al trabajo. El gobierno con este plan económico no tiene manera de garantizar una reforma laboral que no genere mayor exclusión que la que está generando”.
Las organizaciones exigen:
- Actualización inmediata del Salario Social Complementario.
- Reindexación automática de la Asignación Universal por Hijo (AUH).
- Bono de fin de año para trabajadores informales.
- Reactivación de obras en barrios populares.
La UTEP recordó que más de 8,8 millones de personas integran la economía popular. La reforma laboral del Gobierno —advierten— profundizará la exclusión si no incorpora al sector con un régimen propio que formalice y proteja a quienes trabajan fuera del empleo registrado.
Desde el Ministerio de Seguridad de la Nación, que conduce Alejandra Monteoliva, confirmaron que se aplicará el protocolo antipiquetes sin excepciones. Solo se permitirá la “circulación ordenada de columnas” y se impedirán acampes y cortes prolongados. En la Casa Rosada descreen de la capacidad de movilización de estos sectores y relativizan el impacto político de las protestas.
El 11 de diciembre, en tanto, las organizaciones acompañarán la marcha de los organismos de derechos humanos a Plaza de Mayo por el Día Internacional de los Derechos Humanos, en una jornada que buscará unificar luchas y dar volumen político a las marchas de diciembre que ya se votaron y son puestas en acción.
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