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Política Nacional

Los partidos gastaron 770 millones de pesos en las campañas para las PASO

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Los partidos políticos, agrupados en varias alianzas, declararon que gastaron más de 770 millones de pesos en las campañas electorales presidenciales y de legisladores nacionales para las PASO del 11 de agosto pasado.

Así lo revela un informe del Observatorio para el Control de Gastos de Campaña de la ONG Poder Ciudadano que suma los gastos para las fórmulas presidenciales, más los de senadores y diputados nacionales. La alianza electoral que dice que más gastó fue Juntos por el Cambio (Mauricio Macri-Miguel Pichetto) con 321 millones, seguido por El Frente de Todos (Alberto Fernández-Cristina Kirchner) con 139 millones, señala el informe de la ONG que tiene como director ejecutivo a Pablo Secchi.

Se estima que el Estado ya desembolsó “unos 4 mil millones” para los gastos logísticos para la organización de las PASO. Esta cifra sale de estimar que el costo de las PASO fue “el 40 por ciento de los 10 mil millones previstos en el presupuesto para organizar todas las elecciones nacionales de este año”, explicó un experto a Clarín. Entonces, las PASO costaron en total 4.770 millones de pesos.

La oficina de presupuesto del Congreso estimó que la emergencia alimentaria aprobada por ley costará unos 10 mil millones de pesos. Es decir, que las PASO insumieron la mitad de esa ley reclamada por los movimientos sociales.

De todos modos, los informes de gastos e ingresos de campaña falta aún que sean auditados por el equipo de contadores de la Cámara Nacional Electoral que dirigen los jueces Santiago Corcuera y Alberto Dalla Via para determinar si son cifras reales o “dibujadas”.

Las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) fueron creadas por el ex presidente Néstor Kirchner para evitar fugas de candidatos y decidir todo dentro del Frente para la Victoria y, además, lograr más participación de la sociedad en las internas de los partidos. Pero este último objetivo no se logró, ya que prácticamente no hay competencias internas sino candidatos avalados por consenso. El gobierno de Mauricio Macri intentó, el año pasado, derogar las PASO pero no consiguió los votos necesarios en el Congreso.

El gasto de 770 millones surge de la información presentada en los informes que los partidos políticos presentaron ante los juzgados federales con competencia electoral. La información analizada abarca los informes presentados a la Justicia Electoral hasta el 7 de octubre de 2019, representando el 72.4% del universo total de rendiciones obligatorias para las agrupaciones partidarias para esta instancia electoral, explicó Secchi.

El informe precisa que los partidos declararon ingresos por 772.000.000 y gastos por 774.000.000.

Los ingresos de ese total provinieron de un aporte del gobierno de 477.000.000 millones. Este se divide en 157 millones de aporte extraordinario y 320 millones para imprimir las tradicionales boletas sábana que el peronismo se resiste a cambiar por una boleta única con todos los candidatos. El resto fueron así: 250 millones provenientes de donaciones privadas y otros 44 millones de transferencias de otros distritos partidarios.

En cuanto a los gastos se dividieron así: 377 millones en gastos operativos de campaña, 387 millones en publicidad, 459.000 de transferencias a otros distritos y 8.660.000 en “otros gastos”.

En cuanto al ránking de los ingresos lo encabeza al alianza Juntos para el Cambio (Mauricio Macri) que declaró 321 millones; el Frente de Todos (Alberto Fernández), 142 millones; El Frente de Izquierda de los Trabajadores (Nicolás Del Caño), 52 millones; Consenso Federal (Roberto Lavagna), 42 millones; UNITE (José Luis Espert), 30; el Movimiento al Socialismo (Manuela Castañeira), 28 millones; el Frente Nos (Juan José Centurión), 22 millones; y el Frente Patriota (Alejandro Biondini), 8 millones, entre otros. Los gastos declarados por estas alianzas son prácticamente iguales a los ingresos.

Fuente: Clarín

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La Justicia confirmó la prohibición para salir del país a Chiqui Tapia y Pablo Toviggino

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En las últimas horas, la Justicia confirmó la prohibición de salida del país para Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino. La medida se tomó en la causa que investiga las deudas de la AFA con ARCA, en la que el presidente y el tesorero de la entidad están procesados.

El dato es que ambos dirigentes pueden pedir permiso para salir del país, por lo que la prohibición no es “absoluta”.

La resolución fue firmada por la Cámara en lo Penal Económico, bajo el argumento de que la medida -ordenada por el juez que instruye el caso, Diego Amarante- está “justificada” y “tiende a garantizar la comparecencia del imputado a los llamados del juez de la causa cuando su presencia sea requerida”.

Tapia y Toviggino fueron acusados como presuntos coautores penalmente responsables de apropiación indebida de tributos agravada, reiterada en 34 ocasiones, y de apropiación indebida de recursos de la seguridad social agravada, reiterada en 17 oportunidades.

Ambos fueron procesados este lunes y embargados por $350.000.000 cada uno, por no haber pagado en plazo más de 19.000 millones de pesos. Sucede que pese a que la mayor parte de esa deuda fue saldada, el delito se configura desde el momento en que se vence el plazo de cobro.

Tapia y Toviggino no fueron los únicos dirigentes procesados: la resolución también alcanzó al secretario general de la AFA, Cristian Malaspina; a su director, Gustavo Lorenzo; y al exsecretario general Víctor Blanco. Incluso la propia AFA, en tanto persona jurídica.

Este fallo podría impedir la presencia de Tapia y Toviggino en el Mundial, que comenzará el 11 de junio y se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Ambos dependerán de la autorización del juez Amarante para viajar.

Fuente: TN

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Luis Caputo reconoció que la inflación de marzo puede ser más alta de lo esperado por el aumento de la nafta

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El ministro de Economía, Luis Caputo, disertó este miércoles en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) y en su discurso reconoció que la inflación de marzo puede superar el 3%.

El funcionario explicó ante empresarios que su gestión se apoya en el seguimiento de indicadores estadísticos. Para Caputo, los datos son la base para interpretar la realidad y diferenciar opiniones. “Una cosa es pensar distinto y otra es negar evidencia empírica”, deslizó.

Con respecto a la inflación de marzo que el Indec difundirá el próximo 14 de abril, el jefe de Hacienda anticipó que podría ser más alta que el 2,9% registrado en febrero.

“Por ahí en un mes tengamos un indicador que nos juegue en contra. La inflación de marzo, producto de la nafta y la educación, de más alta, pero esto no nos va a desviar del rumbo. Vamos a llegar a la meta”, sostuvo Caputo.

En otro tramo, el jefe de Hacienda también apuntó contra los economistas que aseguran que el Gobierno enfrenta un trade off entre inflación y recesión. “Tenemos que terminar de comernos el cuento de que para ser competitivos hay que devaluar”, lanzó.

“La recesión que arrancó en julio de 2022 y hace piso en el primer semestre de 2024. La inflación subió a niveles que todos se acuerdan bien. Después de que el nivel de actividad comienza a recuperarse, la inflación comienza a caer y eso es lo que va a seguir pasando. La Argentina va a seguir creciendo y la inflación va a seguir bajando”, manifestó.

Luego, Caputo hizo referencia al shock interno que ocurrió en la previa de las elecciones legislativas de 2025. “En los últimos seis meses, la Argentina sufrió un shock interno y externo brutal. Tuvo un costo en todo sentido, el riesgo país llegó a 1500, la inflación se fue del 1,5 al 3% y todavía lo estamos pagando”, relató ante empresarios.

Y continuó: “Ahora estamos viviendo un shock externo fenomenal. Pese a eso, el Banco Central compra a razón de US$100 millones por día. Esto demuestra que estamos cada vez más fuerte”.

Además, por otro lado, defendió la reforma laboral y la ley de Inocencia Fiscal. Para el ministro, la modernización laboral “elimina la industria del juicio” y volvió a pedirle a los argentinos que “saquen los dólares del colchón”.

“Esta es una ley que favorece a todos. Ustedes pueden sacar esos dólares ahora, no pagan ninguna multa”, planteó Caputo sobre la ley de Inocencia Fiscal.

Fuente: TN

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El canciller de Israel agradeció a Milei por declarar organización terrorista a la Guardia Revolucionaria de Irán

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A través de una publicación en X, el canciller de Israel Gideon Sa’ar agradeció al presidente Javier Milei la decisión de declarar a la Guardia Revolucionaria de Irán como “organización terrorista” y solicitar la incorporación al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET).

En el mensaje, el funcionario recordó brevemente los atentados ejecutados contra la Embajada de Israel en 1992 y la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), en 1994. “Agradezco al presidente de Argentina @JMilei su decisión, en la víspera de la fiesta de la libertad, de declarar a la Guardia Revolucionaria Iraní como organización terrorista”, manifestó.

En paralelo, destacó los avances en esta materia que anteriormente tomó el Gobierno. “Esta decisión se suma a su declaración de Hezbolá y Hamás como organizaciones terroristas y sitúa a Argentina, bajo su liderazgo, a la vanguardia del mundo libre en la lucha contra el régimen terrorista Iraní y sus proxys”.

Además, calificó a Milei como uno de “los líderes más destacados de nuestra generación” que “demuestra una vez más claridad moral y un compromiso inquebrantable con los valores de la libertad y la lucha contra sus enemigos”.

La distinción se hizo sobre la publicación que había compartido en la misma red social la Oficina del Presidente, a la medianoche. En la misma, escribieron: “La República Argentina fue víctima de dos de los atentados terroristas más graves de la historia, perpetrados en la década de 1990 por el brazo operativo del CGRI en la región, la organización Hezbolá”.

Luego de que los hechos fueran investigados judicialmente, se determinó que “ambos ataques fueron planificados, financiados y ejecutados con participación directa de altos funcionarios del régimen iraní y de operativos de la Guardia Revolucionaria”. A partir de esto, se ordenó la inclusión de la fuerza iraní en el RePET, en conjunto con las alertas rojas de Interpol que pesan sobre el actual titular del CGRI, Ahmad Vahidi, y varios ciudadanos iraníes.

La Guardia Revolucionaria fue creada en 1979 tras la revolución islámica y evolucionó hasta convertirse en una estructura central del sistema político iraní. Funciona como un cuerpo paralelo a las Fuerzas Armadas tradicionales, con autonomía operativa y fuerte influencia en la toma de decisiones estratégicas.

Además de su capacidad militar, la Guardia tiene presencia en sectores económicos clave, lo que le permite financiar sus actividades y sostener su estructura. Su poder excede lo institucional y se proyecta como uno de los pilares del régimen.

Su brazo más relevante en el exterior es la Fuerza Quds, encargada de coordinar operaciones fuera de Irán. A través de esa unidad, el régimen articula vínculos con milicias y organizaciones armadas en Medio Oriente, consolidando una red de influencia regional.

Ese despliegue internacional constituye uno de los fundamentos para su inclusión en listados de terrorismo por parte de distintos países. Estados Unidos la declaró organización terrorista en 2019, en una decisión que sentó precedente al involucrar a una estructura estatal.

En las últimas semanas, la Guardia Revolucionaria se consolidó como el principal instrumento de la respuesta iraní frente a la ofensiva de Estados Unidos e Israel. Desde esa estructura se coordinaron ataques con misiles y drones contra distintos objetivos en la región, reforzando su papel en la escalada bélica.

La escalada también se reflejó en su conducción. Parte de su cúpula fue alcanzada por ataques selectivos, lo que derivó en cambios internos y en una mayor centralidad de la organización dentro del régimen iraní.

En este contexto, vuelve a tomar relevancia la figura de Ahmad Vahidi, actual jefe de la Guardia Revolucionaria y uno de los funcionarios iraníes con pedido de captura internacional por el atentado a la AMIA. Su rol refuerza el vínculo entre esa estructura y la agenda judicial argentina.

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