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Política Nacional

Los partidos gastaron 770 millones de pesos en las campañas para las PASO

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Los partidos políticos, agrupados en varias alianzas, declararon que gastaron más de 770 millones de pesos en las campañas electorales presidenciales y de legisladores nacionales para las PASO del 11 de agosto pasado.

Así lo revela un informe del Observatorio para el Control de Gastos de Campaña de la ONG Poder Ciudadano que suma los gastos para las fórmulas presidenciales, más los de senadores y diputados nacionales. La alianza electoral que dice que más gastó fue Juntos por el Cambio (Mauricio Macri-Miguel Pichetto) con 321 millones, seguido por El Frente de Todos (Alberto Fernández-Cristina Kirchner) con 139 millones, señala el informe de la ONG que tiene como director ejecutivo a Pablo Secchi.

Se estima que el Estado ya desembolsó “unos 4 mil millones” para los gastos logísticos para la organización de las PASO. Esta cifra sale de estimar que el costo de las PASO fue “el 40 por ciento de los 10 mil millones previstos en el presupuesto para organizar todas las elecciones nacionales de este año”, explicó un experto a Clarín. Entonces, las PASO costaron en total 4.770 millones de pesos.

La oficina de presupuesto del Congreso estimó que la emergencia alimentaria aprobada por ley costará unos 10 mil millones de pesos. Es decir, que las PASO insumieron la mitad de esa ley reclamada por los movimientos sociales.

De todos modos, los informes de gastos e ingresos de campaña falta aún que sean auditados por el equipo de contadores de la Cámara Nacional Electoral que dirigen los jueces Santiago Corcuera y Alberto Dalla Via para determinar si son cifras reales o “dibujadas”.

Las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) fueron creadas por el ex presidente Néstor Kirchner para evitar fugas de candidatos y decidir todo dentro del Frente para la Victoria y, además, lograr más participación de la sociedad en las internas de los partidos. Pero este último objetivo no se logró, ya que prácticamente no hay competencias internas sino candidatos avalados por consenso. El gobierno de Mauricio Macri intentó, el año pasado, derogar las PASO pero no consiguió los votos necesarios en el Congreso.

El gasto de 770 millones surge de la información presentada en los informes que los partidos políticos presentaron ante los juzgados federales con competencia electoral. La información analizada abarca los informes presentados a la Justicia Electoral hasta el 7 de octubre de 2019, representando el 72.4% del universo total de rendiciones obligatorias para las agrupaciones partidarias para esta instancia electoral, explicó Secchi.

El informe precisa que los partidos declararon ingresos por 772.000.000 y gastos por 774.000.000.

Los ingresos de ese total provinieron de un aporte del gobierno de 477.000.000 millones. Este se divide en 157 millones de aporte extraordinario y 320 millones para imprimir las tradicionales boletas sábana que el peronismo se resiste a cambiar por una boleta única con todos los candidatos. El resto fueron así: 250 millones provenientes de donaciones privadas y otros 44 millones de transferencias de otros distritos partidarios.

En cuanto a los gastos se dividieron así: 377 millones en gastos operativos de campaña, 387 millones en publicidad, 459.000 de transferencias a otros distritos y 8.660.000 en “otros gastos”.

En cuanto al ránking de los ingresos lo encabeza al alianza Juntos para el Cambio (Mauricio Macri) que declaró 321 millones; el Frente de Todos (Alberto Fernández), 142 millones; El Frente de Izquierda de los Trabajadores (Nicolás Del Caño), 52 millones; Consenso Federal (Roberto Lavagna), 42 millones; UNITE (José Luis Espert), 30; el Movimiento al Socialismo (Manuela Castañeira), 28 millones; el Frente Nos (Juan José Centurión), 22 millones; y el Frente Patriota (Alejandro Biondini), 8 millones, entre otros. Los gastos declarados por estas alianzas son prácticamente iguales a los ingresos.

Fuente: Clarín

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La Justicia suspendió artículos de la reforma laboral, luego de una presentación de la CGT

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La Justicia laboral suspendió, de manera provisoria, más de 80 artículos de la reforma laboral impulsada por el Gobierno Nacional, una luego de una medida cautelar presentada por la CGT.

El texto firmado por el triunvirato de la central obrera, Jorge Alberto Sola, Octavio Argüello y Cristian Jerónimo, logró frenar una parte significtiva de la Ley de Modernización Laboral (27.802) sancionada el pasado 27 de febrero.

El juzgado nacional del Trabajo advirtió sobre la posible “afectación de derechos constitucionales” y el riesgo de “perjuicio inminente” para los trabajadores. Por ese motivo, indicó la suspensión provisoria de los artículos cuestionados, hasta el momento en que se dicte la “sentencia definitiva”.

En la misma línea, Ojeda aseguró que esta cautelar tiene fundamentos por la “verosimilitud del derecho calificada” y porque, en el caso de de aplicarse las normas establecidas en la ley, podría producirse una ruptura en los derechos laborales aquiridos.

En la cautelar, se asegura que la CGT “posee legitimación activa para impugnar los artículos señalados”, vinculados a los “derechos de sindicalización, negociación colectiva y huelga”, teniendo en cuenta, también, los aspectos “individuales comunes y homogéneos”  de los grupos de trabajadores, “cuya prestación se encuentra regulada” por las normas vigentes en nuestro país.

Por el momento, esta suspensión continuará siendo de carácter “provisorio”, mientras se resuelve la cuestión de fondo sobre la constitucionalidad de la norma.

“Se peticiona la declaración de inconstitucionalidad de un grupo de disposiciones de la reciente ley 27.802 cuya determinación no corresponde al prieto marco de una medida cautelar. En esta etapa corresponde emitir una prudente consideración general que permita adoptar una decisión provisoria, para aguardar con paz social hasta la sentencia definitiva, luego de un debate más intenso”, concluye el texto.

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AFA: procesaron a “Chiqui” Tapia y a Toviggino en la causa por presunta evasión fiscal de $19.000 millones

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El juez en lo Penal Económico, Diego Amarante, procesó al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio “Chiqui” Tapia, y su mano derecha, el tesorero de la institución, Pablo Toviggino, en la causa por presuntos desmanejos de fondos por retención indebida de impuestos y aportes previsionales.

Además, les sumó un embargo a ambos sobre sus bienes hasta cubrir el equivalente $350 millones cada uno.

Amarante mantuvo también la prohibición de salir del país al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) acusó a la AFA de haber actuado como agente de retención y percepción de tributos nacionales y recursos de la seguridad social sin depositar los montos correspondientes dentro del plazo legal de 30 días corridos posteriores al vencimiento.

Los períodos abarcados van desde marzo de 2024 hasta septiembre de 2025, con retenciones en IVA, Impuesto a las Ganancias y contribuciones a la seguridad social, y superan los $19 mil millones. Tapia y Toviggino se presentaron ante la Justicia, y el argumento de la AFA es que pagaron la deuda pero fuera de término, por lo que el delito se habría consumado.

Fuente: TN

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Por más presupuesto: arranca otra semana de paro en las universidades nacionales

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En reclamo de la implementación de la Ley de Financiamiento, este lunes comenzó una nueva semana de paro de docentes universitarios de todo el país. La jornada cerrará así un mes marcado por una seguidilla de protestas por parte del sector y que tiene en agenda una nueva semana sin clases para fines de abril.

El cese de actividades, impulsado por las dos federaciones nacionales mayoritarias representadas en la Conadu y la Conadu Histórica, tendrá como eje el pedido por una recomposición salarial debido al “un atraso” significativo” que tienen frente a la inflación.

La medida, que se extenderá entre este lunes y el miércoles 1 de abril, forma parte de un plan de lucha impulsado por el Frente Sindical de Universidades, que desde hace tiempo comenzó a exponer “la crítica situación presupuestaria que atraviesa el sistema universitario argentino”. Como jueves y viernes es Semana Santa, se conformarán otros cinco días sin clases.

A esa medida, se sumará la marcha federal universitaria -con fecha tentativa para el 23 de abril- que buscará volver a movilizar a docentes, estudiantes y autoridades en defensa del sistema público.

Asimismo, hay otros cinco días de paro prevista para la semana que comienza el lunes 27 de abril, aunque habrá que ver cómo llega la relación de los gremios con el Gobierno para esa fecha.

La protesta, que se sustenta en una pérdida en torno al 40% del poder adquisitivo de los docentes desde que asumió Javier Milei, afecta a la mayoría de las casas de estudios del país; entre ellas la Universidad Nacional de Córdoba (UNC); de La Plata (UNLP); la Tecnológica Nacional (UTN); la de Rosario (UNR); la de Tucumán (UNT); la del Nordeste (UNNE); del Chaco Austral (UNCAUS); de Salta (UNSa); de Entre Ríos (UNER); y de José C. Paz (UNPAZ).

A esto se suma que los auxiliares enrolados en la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales realizarán una huelga de 24 horas el próximo 31 de marzo. La medida se repetirá el 8, 17 y 23 de abril, según el esquema votado. Estas iniciativas impactarán no sólo en las facultades sino en los colegios dependientes de las universidades, ya que son los trabajadores no docentes los encargados de abrir las instituciones cada día.

La protesta universitaria en la UBA

En el caso de la Universidad de Buenos Aires (UBA), la Asociación Gremial Docente (AGD-UBA) viene llevando adelanta un paro por tiempo indeterminado que impacta en el normal funcionamiento de varias facultades.

A principios de marzo, desde la UBA presentaron un informe de evolución salarial en el que destacaron que el sueldo real “se encuentra en su mínimo histórico”: 35,6% por debajo de noviembre de 2023 e incluso 2,7% “por debajo de los peores niveles alcanzados en 2004”.

En este contexto, la AGD-UBA de esa casa de estudios remarcó que “sin convocar a paritaria (como desde hace dos años) y desconociendo la Ley de financiamiento universitario que implicaría un aumento de 55,4% del salario (para equiparar la deuda desde diciembre 2023 a la actualidad), el gobierno de Milei fijó de manera unilateral un incremento salarial de 2,5% para enero, 2,2% para febrero y 2% en marzo”.

“De pagarse este 6,7% –que aún no se cobró–, el gobierno nos debería ahora un 49% de aumento, según establece la ley que el gobierno no aplica. Por eso, del 30/3 al 1 de abril, la docencia de las universidades nacionales va al paro en todo el país”, expresaron.

Fuente: Agencia DIB

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