Convenios de obras y traspaso de rutas a cambio de acuerdo político. Con esa lógica el Gobierno busca profundizar su relación los gobernadores aliados para sostener un diálogo constante que tiene como horizonte las elecciones del próximo año.

La estrategia se reforzó este viernes con el viaje del jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Economía, Luis Caputo, a Catamarca. Ambos funcionarios firmaron junto al mandatario local Raúl Jalil, y su par de Santiago del Estero, Elías Suárez, un convenio para poner en marcha la Red de Acueductos y Plantas Potabilizadoras Albigasta.

En el acto realizado en el Centro de Arte y Tecnología Aplicada (CATA) de la capital catamarqueña, el ministro Caputo centró su discurso en la idea de federalismo que tienen la Casa Rosada: dijo que el objetivo del Gobierno es que cada provincia pueda explotar sus propios recursos para mejorar la calidad de vida de su población.

En el mismo acto, Santilli confirmó que también avanza el estudio del traspaso de las rutas nacionales 38 y 157, que conectan a Catamarca con Tucumán y con Santiago del Estero. El esquema replica el que el Gobierno ya ofrece a otros distritos: las rutas seguirán bajo dominio nacional, pero la provincia se haría cargo de la conservación, el mantenimiento y eventuales concesiones, por un plazo de hasta 20 años.

En el Gobierno reconocen que la seguidilla de anuncios de obras y traspasos busca reforzar el vínculo con los gobernadores aliados en un contexto de creciente clima electoral, de cara a las negociaciones políticas para el 2027, donde Javier Milei buscará la reelección, al igual que muchos mandatarios provinciales.

Esta semana Santilli participó en Misiones del encuentro de los gobernadores del Norte Grande, donde recibió reclamos por la coparticipación del Impuesto a los Combustibles Líquidos, fondos viales y tarifas de energía diferenciadas para las provincias del norte. El funcionario respondió entonces que “casi el 90%” de esos pedidos ya está resuelto.

La obra clave para Catamarca y Santiago del Estero

La obra del acueducto anunciada en Catamarca, financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con una inversión de $99.769 millones, prevé una cañería troncal de unos ocho kilómetros desde el Bolsón de Albigasta hasta Vallecito, y otros doce kilómetros hasta la ciudad de Frías, en Santiago del Estero, donde funcionará una planta potabilizadora. El plazo de ejecución de esta primera etapa es de 36 meses y alcanzará a más de 35.000 beneficiarios entre ambas provincias.

Jalil calificó la obra como un reclamo histórico -dijo que la región la espera “desde la primera presidencia de Roca”- y adelantó una segunda etapa hasta la localidad de Casa de Piedra, con foco en el abastecimiento ganadero. Suárez, por su parte, remarcó que Santiago del Estero sostiene “20 años de equilibrio presupuestario”, lo que le permite afrontar inversiones sin endeudarse.

Rutas nacionales, la otra pata de la negociación con las provincias

El esquema de traspaso de rutas nacionales a las provincias se inició formalmente con Santa Fe: el 22 de julio, el gobernador Maximiliano Pullaro firmó en la Casa Rosada el traspaso de la ruta A012 por 20 años. Luego siguió San Juan, que el 10 de agosto firmó la delegación de cinco corredores viales -las rutas nacionales 40, 20, 153, 150 y 149- por 20 años. Córdoba, por su parte, negocia con Nación el traspaso completo de la ruta 19, un pedido que el jefe de Gabinete ya adelantó que el Gobierno aceptará.

No todas las provincias acompañan el esquema: Tucumán rechazó hacerse cargo de las rutas nacionales. El gobierno de Osvaldo Jaldo sostuvo que cada nivel del Estado debe asumir el mantenimiento de la infraestructura que le corresponde y que asumir esa obligación implicaría un costo millonario para las cuentas provinciales. (Fuente: TN).

El Gobierno amplió el bloqueo de celulares en cárceles provinciales para las jurisdicciones que adhieran al protocolo nacional, una medida que habilita la inhabilitación de equipos, tarjetas SIM y líneas activadas dentro de penales con el objetivo de impedir que esos dispositivos sean usados para planificar o coordinar delitos desde el encierro.

La decisión quedó formalizada este jueves en la Resolución 734/2026 del Enacom, publicada en el Boletín Oficial. La norma extiende a los establecimientos penitenciarios provinciales un mecanismo que ya regía para las unidades federales.

Según el texto oficial, las empresas de comunicaciones móviles deberán bloquear tres elementos de cada dispositivo detectado: el IMEI, que identifica al equipo; el IMSI, asociado a la SIM; y la línea telefónica vinculada. El alcance abarca aparatos que se activen tanto en el área de detención como en sectores de acceso restringido al público dentro de los establecimientos alcanzados.

La medida no operará de manera automática ni quedará librada a las compañías. De acuerdo con el Boletín Oficial, cada bloqueo requerirá una solicitud expresa del Ministerio de Seguridad de la Nación, que además será el único canal para comunicar a las prestadoras los pedidos efectuados por las provincias adheridas.

Ese punto responde de manera directa a cómo funcionará el sistema: una provincia no podrá ordenar por sí sola la inhabilitación ante las telefónicas, aunque se haya sumado al protocolo. La cartera nacional concentrará el envío de datos y la activación del procedimiento en todas las jurisdicciones que se incorporen.

La incorporación de los penales provinciales se produjo después de una presentación del Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza ante el Enacom. Esa cartera advirtió sobre la problemática del uso de teléfonos dentro de las cárceles bajo administración provincial y pidió una norma complementaria que las incluyera de forma expresa.

De acuerdo con Diario Uno, la ministra de Seguridad mendocina Mercedes Rus planteó la necesidad de contar con un respaldo legal claro para integrar a los penales subnacionales al esquema preventivo. Por ende, la provincia impulsó una licitación pública para adquirir plataformas integradas de localización, inhibición selectiva y georreferenciación.

Hasta ahora, el procedimiento estaba limitado al sistema penitenciario federal. La resolución modificó el artículo 5 del régimen aprobado en 2016 para el bloqueo de terminales con denuncia de robo, hurto o extravío, y sumó esta nueva facultad vinculada a los establecimientos penitenciarios.

El procedimiento exige trazabilidad y límites técnicos

La resolución dispone que la tecnología utilizada deberá ajustarse para evitar que el bloqueo afecte las comunicaciones fuera del perímetro penitenciario. Esa exigencia ya estaba presente en normas previas sobre inhibidores y fue reiterada para impedir que la restricción alcance a vecinos, comercios o usuarios ajenos al penal.

Las prestadoras también deberán registrar y conservar todas las gestiones realizadas. Según el Boletín Oficial, esa información tendrá que resguardarse con criterios de integridad y trazabilidad, y quedar disponible para usuarios y autoridades que la requieran.

En los considerandos, el Enacom vinculó la decisión con la necesidad de reforzar estrategias para prevenir, disuadir y neutralizar conductas delictivas intramuros asociadas al uso de tecnologías de telecomunicaciones. El organismo recordó además que la Ley 24.660 prohíbe en su artículo 160 las comunicaciones telefónicas a través de equipos móviles dentro del sistema penitenciario.

La ampliación a las provincias se conoce meses después de un caso judicial: el 21 de febrero de 2026, la jueza Andrea Rodríguez Mentasty ordenó decomisar los teléfonos de cuatro detenidos acusados de integrar la Banda del Millón, investigados por el homicidio de una jubilada en San Isidro y señalados como organizadores de robos violentos desde sus celdas.

La senadora nacional por La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, puso en duda competirá por la Jefatura de Gobierno porteño en 2027 para que el PRO pueda buscar la reelección en ese distrito, con la idea de que eso aporte que el presidente Javier Milei y Mauricio Macri sellen una coalición rumbo a las elecciones presidenciales.

Este jueves, el Gobierno convocó a una reunión en la Casa Rosada con el PRO para comenzar a hablar de un acuerdo electoral para 2027. De un lado estarán el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y Eduardo “Lule” Menem. Del otro, los diputados y dirigentes macristas Cristian Ritondo y Fernando de Andreis.

“¿Qué es lo primero que va a venir a pedir el PRO en la reunión? La Ciudad de Buenos Aires. Hay que ser realistas. ¿Y nos vamos a poner obcecadamente a decir que ‘no’? Entonces no querés una coalición”, señaló Bullrich, al ser consultada por una posible candidatura porteña suya.

Según la senadora de LLA, la base de una negociación con sectores aliados es con “todos aquellos que manejan una provincia o un distrito”, como los “cinco gobernadores radicales y los tres del PRO” y “sean parte de una coalición”. “Y en esos distritos habría que respetar el principio de continuidad”, remarcó. “¿Qué me voy a poner a pensar en la Ciudad de Buenos Aires cuando está en plena discusión este acuerdo político? Yo vengo de ganar la Ciudad por el 51% de los votos siendo candidata a senadora. Tengo todas las posibilidades de serlo, pero también soy consciente de la necesidad de una coalición“, puntualizó, en declaraciones a la señal latinoamericana de noticias DNEWS.

En ese contexto, la ex candidata presidencial consideró que esta construcción es “estratégica para la Argentina”, porque permitiría fortalecer “una coalición” de cara a las elecciones presidenciales. “Es importante para la gobernabilidad presente, pero también para el futuro porque los inversores y los ahorristas están preguntándose qué va a pasar en las elecciones del año que viene”, dijo.

“Empezar a generar un acuerdo político es importante, con el PRO y también con el radicalismo y con algunas fuerzas provinciales. Eso nos va a dar mucho más espacio de gobierno y de certeza, que va a influir positivamente en el ciclo económico que tiene que arrancar a mayor velocidad”, dijo Bullrich.

Desde su mirada , “la no reelección de este proyecto sería algo muy negativo”, en relación a la continuidad de La Libertad Avanza por cuatro años más, y que una victoria opositora de un sector del peronismo que quiere “destruir todo” sería “un gran retroceso para la Argentina”.

Por lo tanto, evitó pronunciarse sobre una definición de una candidatura presidencial propia: “¿Qué pasaría? No lo puedo pensar demasiado. Tengo que pensar que tenemos que lograr que este proyecto reelija. En el caso mío, no tengo una idea sobre mí, no tiene demasiado sentido. El sentido es que este equipo se tiene que agrandar cada vez más y coalicionar. Después, puedo decir: “Bueno, yo quise ser presidenta, la peleé, la luché y la puedo volver a luchar”, pero es como en otro momento y otra etapa”.

El impacto del caso Adorni entre los aliados

La senadora nacional aseguró que “el caso Adorni” generó “un cansancio en los aliados” del Gobierno, que se molestaron porque la Casa Rosada no resolvió la salida del ahora exfuncionario con mayor celeridad. Según la senadora, eso llevó al oficialismo a buscar nuevos acuerdos políticos de cara a 2027.

“Creo que nos generó un cansancio de parte de los aliados, que decían qué pasa que no resuelven este problema que tienen. (El caso Adorni) fue como un tapón para la posibilidad de avanzar en temas importantes, tanto los que planteaba el Gobierno como algunos que planteaba la oposición, que también tienen que ser discutidos. Eso generó un cansancio de parte de los aliados parlamentarios también”, dijo la senadora.

En ese marco, Bullrich consideró que la permanencia del ex jefe de Gabinete hasta su renuncia fue “un proceso que nos demoró mucho, que nos ponía siempre al borde de una situación institucional muy compleja”, ante los intentos de moción de censura.

“En distintas ocasiones plantee, tanto privada como públicamente, que se debía tomar una determinación. Adorni estaba en una situación que lo que hacía era paralizar la función gubernamental y también la función parlamentaria. Se tardó un tiempo, eso nos complicó y luego vino el Mundial y eso trabó muchísimo”, insistió.

En ese marco, la senadora consideró que “no hay duda” de que la coalición entre La Libertad Avanza, el PRO y el radicalismo aún “no está bien construida”. “El año pasado perdimos los acuerdos políticos que se habían tejido en el Congreso y estuvimos al borde del precipicio, mirando para abajo. Entonces, es evidente que la fortaleza política te ayuda muchísimo a que la economía se ordene más rápido”, concluyó.