Conecta con nosotros

Política Nacional

Los partidos gastaron 770 millones de pesos en las campañas para las PASO

Publicado

en

Los partidos políticos, agrupados en varias alianzas, declararon que gastaron más de 770 millones de pesos en las campañas electorales presidenciales y de legisladores nacionales para las PASO del 11 de agosto pasado.

Así lo revela un informe del Observatorio para el Control de Gastos de Campaña de la ONG Poder Ciudadano que suma los gastos para las fórmulas presidenciales, más los de senadores y diputados nacionales. La alianza electoral que dice que más gastó fue Juntos por el Cambio (Mauricio Macri-Miguel Pichetto) con 321 millones, seguido por El Frente de Todos (Alberto Fernández-Cristina Kirchner) con 139 millones, señala el informe de la ONG que tiene como director ejecutivo a Pablo Secchi.

Se estima que el Estado ya desembolsó “unos 4 mil millones” para los gastos logísticos para la organización de las PASO. Esta cifra sale de estimar que el costo de las PASO fue “el 40 por ciento de los 10 mil millones previstos en el presupuesto para organizar todas las elecciones nacionales de este año”, explicó un experto a Clarín. Entonces, las PASO costaron en total 4.770 millones de pesos.

La oficina de presupuesto del Congreso estimó que la emergencia alimentaria aprobada por ley costará unos 10 mil millones de pesos. Es decir, que las PASO insumieron la mitad de esa ley reclamada por los movimientos sociales.

De todos modos, los informes de gastos e ingresos de campaña falta aún que sean auditados por el equipo de contadores de la Cámara Nacional Electoral que dirigen los jueces Santiago Corcuera y Alberto Dalla Via para determinar si son cifras reales o “dibujadas”.

Las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) fueron creadas por el ex presidente Néstor Kirchner para evitar fugas de candidatos y decidir todo dentro del Frente para la Victoria y, además, lograr más participación de la sociedad en las internas de los partidos. Pero este último objetivo no se logró, ya que prácticamente no hay competencias internas sino candidatos avalados por consenso. El gobierno de Mauricio Macri intentó, el año pasado, derogar las PASO pero no consiguió los votos necesarios en el Congreso.

El gasto de 770 millones surge de la información presentada en los informes que los partidos políticos presentaron ante los juzgados federales con competencia electoral. La información analizada abarca los informes presentados a la Justicia Electoral hasta el 7 de octubre de 2019, representando el 72.4% del universo total de rendiciones obligatorias para las agrupaciones partidarias para esta instancia electoral, explicó Secchi.

El informe precisa que los partidos declararon ingresos por 772.000.000 y gastos por 774.000.000.

Los ingresos de ese total provinieron de un aporte del gobierno de 477.000.000 millones. Este se divide en 157 millones de aporte extraordinario y 320 millones para imprimir las tradicionales boletas sábana que el peronismo se resiste a cambiar por una boleta única con todos los candidatos. El resto fueron así: 250 millones provenientes de donaciones privadas y otros 44 millones de transferencias de otros distritos partidarios.

En cuanto a los gastos se dividieron así: 377 millones en gastos operativos de campaña, 387 millones en publicidad, 459.000 de transferencias a otros distritos y 8.660.000 en “otros gastos”.

En cuanto al ránking de los ingresos lo encabeza al alianza Juntos para el Cambio (Mauricio Macri) que declaró 321 millones; el Frente de Todos (Alberto Fernández), 142 millones; El Frente de Izquierda de los Trabajadores (Nicolás Del Caño), 52 millones; Consenso Federal (Roberto Lavagna), 42 millones; UNITE (José Luis Espert), 30; el Movimiento al Socialismo (Manuela Castañeira), 28 millones; el Frente Nos (Juan José Centurión), 22 millones; y el Frente Patriota (Alejandro Biondini), 8 millones, entre otros. Los gastos declarados por estas alianzas son prácticamente iguales a los ingresos.

Fuente: Clarín

Advertisement

Destacado

El Gobierno reglamentó el nuevo régimen penal juvenil: cuáles son los ejes centrales

Publicado

en

El Gobierno reglamentó esta madrugada la Ley del Régimen Penal Juvenil N° 27.801, que rige para adolescentes de 14 a 17 años. El decreto, firmado por el presidente Javier Milei, el ministro de Justicia Diego Santilli y el secretario Juan Bautista Mahiques, fija cómo se implementarán las modificaciones introducidas a la legislación vigente.

La medida se oficializó mediante la publicación del decreto 875/26 en el Boletín Oficial. De acuerdo con lo dispuesto, la autoridad de aplicación será el Ministerio de Justicia, a cargo de Juan Bautista Mahiques. En ese sentido, la cartera será la encargada de coordinar la implementación del régimen, dictar normas complementarias y celebrar convenios de colaboración con provincias, universidades, organismos públicos y organizaciones de la sociedad civil.

El supervisor especializado

Una de las piezas centrales del decreto es la regulación de la figura del supervisor especializado, el profesional responsable del seguimiento, la asistencia y el control del adolescente durante el proceso. Para ser designado, deberá acreditar formación académica en educación, pedagogía infanto-juvenil, psicología, adicciones o trabajo social.

De esta manera, crearon el Registro de Supervisores del Régimen Penal Juvenil en el ámbito del Ministerio de Justicia. Dado que el registro definitivo requiere una convocatoria pública, se establece un régimen transitorio: la autoridad de aplicación elaborará un listado provisorio de profesionales habilitados con un plazo máximo de 180 días para sustanciar esa primera convocatoria. Los jueces designarán al supervisor en cada causa entre los profesionales del listado.

Una vez conformado el registro definitivo, quienes no logren incorporarse al padrón permanente perderán la posibilidad de ser asignados a nuevos casos, aunque el juez correspondiente evaluará su continuidad en las causas en las que ya intervengan.

Crearon un comité interministerial y una mesa federal

Para lograr una implementación transversal, el Gobierno dispuso la creación del Comité Interministerial del Régimen Penal Juvenil, un organismo permanente que articulará la actuación conjunta de cuatro ministerios: Justicia —que ejercerá la coordinación—, Seguridad NacionalCapital Humano y Salud. Cada cartera designará un representante titular y uno suplente, con rango mínimo de director nacional.

Entre sus funciones, este organismo deberá elaborar lineamientos comunes en materia de prevención, abordaje y reinserción; intercambiar información estadística y técnica; y emitir recomendaciones no vinculantes a la autoridad de aplicación. También le corresponde instrumentar la articulación necesaria para la ejecución de las penas alternativas previstas en el artículo 12 de la ley.

El decreto habilita, además, la participación de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas, la Procuración General de la Nación, la Defensoría General de la Nación y otros organismos del Poder Judicial en carácter de colaboradores, cuando la materia a tratar lo requiera.

A su vez, formalizaron la creación de la Mesa Federal del Régimen Penal Juvenil, un espacio permanente —aunque de adhesión voluntaria— para el diálogo entre la Nación, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La instancia estará coordinada por un representante de la cartera de Justicia e integrada por un delegado de cada jurisdicción provincial y de la CABA, además de representantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la Procuración General de la Nación y la Defensoría General de la Nación.

Sus funciones incluyen la armonización de criterios técnicos y procesales, el intercambio de buenas prácticas y la facilitación de convenios de cooperación entre jurisdicciones. La Mesa podrá emitir recomendaciones no vinculantes sobre implementación, y su funcionamiento operativo —frecuencia de reuniones, modalidades de adhesión y procedimientos de adopción de recomendaciones— quedará regulado por sus propios integrantes.

Derechos de las víctimas y capacitación de operadores

Por otro lado, la reglamentación de la ley establece los derechos reconocidos para las víctimas, dentro de los que se encuentran la tutela efectiva, asistencia especializada y patrocinio jurídico gratuito. La norma también establece que el Ministerio de Justicia deberá llevar adelante actividades de capacitación continua dirigidas a magistrados, fiscales, defensores y demás operadores del sistema de Justicia Penal Juvenil que actúen en el fuero nacional y federal. Las provincias y la CABA podrán desarrollar sus propias instancias de formación en sus respectivos ámbitos.

Asimismo, el decreto fija un mecanismo de comunicación al Registro Nacional de Reincidencia, dependiente del propio Ministerio de Justicia, para el seguimiento de los adolescentes alcanzados por el régimen. Esa comunicación deberá respetar la reserva del proceso contemplada en la ley.

Continue leyendo

Destacado

Javier Milei reunirá al Gabinete este lunes en la Casa Rosada, con Malvinas y el Presupuesto 2027 en agenda

Publicado

en

El presidente Javier Milei encabezará una nueva reunión de Gabinete este lunes a las 10 en la Casa Rosada, en el inicio de una semana que tendrá como ejes el seguimiento de las medidas anunciadas por la cuestión Malvinas, la definición del Presupuesto 2027 y la estrategia parlamentaria del oficialismo para los próximos días.

La convocatoria se inscribe en la decisión de Milei de darle mayor frecuencia a los encuentros con su equipo y convertirlos en una instancia semanal de seguimiento político y de gestión. En la Casa Rosada prevén una dinámica centrada en el repaso de áreas, la evaluación de temas puntuales y la fijación de prioridades para la semana.

Según pudo confirmar Infobae, será la tercera reunión consecutiva en tres semanas. El Presidente había reunido a sus ministros el lunes 24 de agosto y repitió el encuentro el martes pasado, cuando uno de los asuntos centrales fue la situación vinculada con Malvinas.

Balance de las medidas por la cuestión Malvinas

En aquella reunión, el canciller Pablo Quirno expuso sobre el escenario diplomático y sobre los movimientos en torno del reclamo argentino de soberanía. De esa discusión surgió luego la decisión presidencial de hablar por cadena nacional el jueves para anunciar una batería de medidas frente al avance del proyecto petrolero Sea Lion en las aguas que rodean a las islas.

Entre las decisiones comunicadas por el Gobierno figuró el endurecimiento del régimen de sanciones para las compañías que participen de la explotación de hidrocarburos sin autorización argentina. También se anunció el envío al Congreso del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que incluye la creación de un Consejo de Seguridad Nacional y mecanismos orientados a la protección de infraestructura crítica y de los espacios marítimos y aeroespaciales.

En el oficialismo hicieron en las últimas horas un balance favorable del impacto inicial de esas medidas, después de que grandes compañías internacionales de servicios petroleros informaran que no participarán de actividades ligadas a la explotación de hidrocarburos en Malvinas.

El Presupuesto 2027, en etapa clave

Además del frente abierto por la cuestión de las islas, el Gobierno entró en días decisivos para terminar de definir el Presupuesto 2027, que debe ser remitido al Congreso antes del 15 de septiembre.

La iniciativa aparece como uno de los principales desafíos políticos del oficialismo para el último tramo del año. En la Casa Rosada anticipan una negociación compleja con gobernadores y bloques dialoguistas, sobre todo por la discusión en torno de los fondos para las provincias y las obras públicas.

El Ejecutivo busca que el proyecto preserve como criterio central el equilibrio fiscal, uno de los ejes que el Presidente considera innegociables dentro de su programa económico. En el oficialismo esperan que el debate presupuestario vuelva a medir la capacidad de negociación de la administración libertaria en el plano legislativo.

La estrategia parlamentaria

En ese esquema tendrá un lugar relevante el jefe de Gabinete, Diego Santilli, encargado del vínculo político con los gobernadores. A la vez, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, conserva una influencia determinante en las decisiones políticas del oficialismo.

La agenda parlamentaria será otro de los puntos que sobrevolarán el encuentro. La mesa política del Gobierno viene trabajando sobre los proyectos que pretende impulsar durante septiembre, entre ellos la reforma electoral, en paralelo con la discusión presupuestaria.

La reunión llegará además después de una semana de alta exposición presidencial, marcada por el viaje de Milei a Chile, la cadena nacional dedicada a Malvinas y una nueva centralidad del Presidente y de sus ministros en la comunicación de la gestión.

La nueva modalidad de encuentros semanales apunta a reforzar el control político y el seguimiento más frecuente de cada área por parte del Presidente. La cita será este lunes a las 10 en la Casa Rosada, con asistencia de los ministros y de los funcionarios que habitualmente integran las reuniones ampliadas del Gabinete.

Continue leyendo

Destacado

El Gobierno descarta sumar a la UCR a la mesa con el PRO, pero busca acuerdos con el ala dialoguista

Publicado

en

Con la reelección del presidente Javier Milei como prioridad, el Gobierno trabaja en ampliar las alianzas en clave electoral, pero descarta sumar formalmente a la Unión Cívica Radical (UCR) como partido a la mesa técnica que mantiene con referentes del PRO para discutir potenciales acuerdos rumbo a las presidenciales de 2027. Sin embargo, en el oficialismo aseguran que mantienen conversaciones “de manera individual” con dirigentes radicales, en particular con aquellos que integran el ala dialoguista del espacio.

En paralelo a las reuniones que mantienen los primos Menem con Diego Santilli y los diputados del PRO Cristian Ritondo y Fernando De Andreis, La Libertad Avanza tiende puentes con dirigentes radicales alineados con la Casa Rosada. El principal impedimento para sumar a la UCR como estructura partidaria es el sector que conduce el senador Martín Lousteau, uno de los dirigentes más críticos de las políticas de gestión.

“Con la UCR como partido es difícil porque también contempla a los que responden a Lousteau”, explicó una voz del armado. “No lo veo viable. Aunque haya conversaciones individuales, hay sectores del propio partido que no quieren cerrar con nosotros”, argumentó una importante fuente con acceso al despacho presidencial.

En los últimos días, el titular de la UCR, Leonel Chiarella, anunció la construcción de una alternativa nacional “a la grieta” durante una gira por la Patagonia. “Cuando no se roba y no hay corrupción en el Estado, las cosas pueden ser mucho mejor y eso lo demostramos en cada una de nuestras gestiones con honestidad y coraje como nos enseñaron Arturo Illia y Raúl Alfonsín. Por eso, Argentina necesita que construyamos una propuesta alternativa a la grieta”, sentenció.

“¿La grieta? Volvemos a los mismos términos de siempre. Ya está todo inventado, pero tienen derecho a querer presentar alternativas. Tenemos diálogo con todos, pero vamos a tener en cuenta a todos los que coincidan“, respondió un funcionario ante este medio tras el lanzamiento del Chiarella.

Pese a las diferencias con Lousteau, la administración libertaria mantiene diálogo directo con dirigentes como los exdiputados Rodrigo De Loredo y Martín Berhongaray, los senadores Daniel Kroneberger y Maximiliano Abad. También gobernadores del espacio, entre ellos Alfredo Cornejo (Mendoza) y Leandro Zdero (Chaco).

Si bien los libertarios evitan dar precisiones sobre los potenciales acuerdos y argumentan que aún faltan meses para las elecciones de 2027, Zdero y Cornejo son dos de los cinco gobernadores radicales con los que el oficialismo considera posible avanzar en un entendimiento electoral.

Distinta es la situación de Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Juan Pablo Valdés (Corrientes) y Carlos Sadir (Jujuy). A pesar de la buena sintonía existente, tanto Pullaro como Sadir no ven viable un acuerdo con el sello que fundó el libertario y, en su lugar, podrían habilitar una conversación para establecer las condiciones de lo que definen como una “confrontación acordada”.

Con los hermanos Valdés, el vínculo es más complejo. En las legislativas de 2025, el oficialismo se encaminaba a cerrar un acuerdo conjunto para competir en la provincia, pero a último momento los hermanos rechazaron la posibilidad y decidieron competir con listas separadas.

En esa línea, el senador radical Gustavo Valdés admitió que aún no hay canales de diálogo abiertos con el espacio del mandatario. “Todavía no tenemos diálogo político con La Libertad Avanza. Tuve sí un cambio de sintonía a partir de que el jefe de Gabinete es Diego Santilli, quien es un hombre que conozco hace muchos años, con quien tenemos muy buena relación y por ahí tenemos diálogo”, expresó.

En medio de la decisión del Gobierno de habilitar el debate sobre la reforma electoral, Zdero dio una muestra de sintonía con el Poder Ejecutivo luego de que la Legislatura de Chaco aprobara la suspensión de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO). La iniciativa fue recibida con optimismo en Balcarce 50, donde se entusiasman con la posibilidad de avanzar en una discusión que comenzará el próximo 15 de septiembre en el Senado, como anticipó este medio.

Continue leyendo
Advertisement

Trending