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Política Nacional

Los partidos gastaron 770 millones de pesos en las campañas para las PASO

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Los partidos políticos, agrupados en varias alianzas, declararon que gastaron más de 770 millones de pesos en las campañas electorales presidenciales y de legisladores nacionales para las PASO del 11 de agosto pasado.

Así lo revela un informe del Observatorio para el Control de Gastos de Campaña de la ONG Poder Ciudadano que suma los gastos para las fórmulas presidenciales, más los de senadores y diputados nacionales. La alianza electoral que dice que más gastó fue Juntos por el Cambio (Mauricio Macri-Miguel Pichetto) con 321 millones, seguido por El Frente de Todos (Alberto Fernández-Cristina Kirchner) con 139 millones, señala el informe de la ONG que tiene como director ejecutivo a Pablo Secchi.

Se estima que el Estado ya desembolsó “unos 4 mil millones” para los gastos logísticos para la organización de las PASO. Esta cifra sale de estimar que el costo de las PASO fue “el 40 por ciento de los 10 mil millones previstos en el presupuesto para organizar todas las elecciones nacionales de este año”, explicó un experto a Clarín. Entonces, las PASO costaron en total 4.770 millones de pesos.

La oficina de presupuesto del Congreso estimó que la emergencia alimentaria aprobada por ley costará unos 10 mil millones de pesos. Es decir, que las PASO insumieron la mitad de esa ley reclamada por los movimientos sociales.

De todos modos, los informes de gastos e ingresos de campaña falta aún que sean auditados por el equipo de contadores de la Cámara Nacional Electoral que dirigen los jueces Santiago Corcuera y Alberto Dalla Via para determinar si son cifras reales o “dibujadas”.

Las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) fueron creadas por el ex presidente Néstor Kirchner para evitar fugas de candidatos y decidir todo dentro del Frente para la Victoria y, además, lograr más participación de la sociedad en las internas de los partidos. Pero este último objetivo no se logró, ya que prácticamente no hay competencias internas sino candidatos avalados por consenso. El gobierno de Mauricio Macri intentó, el año pasado, derogar las PASO pero no consiguió los votos necesarios en el Congreso.

El gasto de 770 millones surge de la información presentada en los informes que los partidos políticos presentaron ante los juzgados federales con competencia electoral. La información analizada abarca los informes presentados a la Justicia Electoral hasta el 7 de octubre de 2019, representando el 72.4% del universo total de rendiciones obligatorias para las agrupaciones partidarias para esta instancia electoral, explicó Secchi.

El informe precisa que los partidos declararon ingresos por 772.000.000 y gastos por 774.000.000.

Los ingresos de ese total provinieron de un aporte del gobierno de 477.000.000 millones. Este se divide en 157 millones de aporte extraordinario y 320 millones para imprimir las tradicionales boletas sábana que el peronismo se resiste a cambiar por una boleta única con todos los candidatos. El resto fueron así: 250 millones provenientes de donaciones privadas y otros 44 millones de transferencias de otros distritos partidarios.

En cuanto a los gastos se dividieron así: 377 millones en gastos operativos de campaña, 387 millones en publicidad, 459.000 de transferencias a otros distritos y 8.660.000 en “otros gastos”.

En cuanto al ránking de los ingresos lo encabeza al alianza Juntos para el Cambio (Mauricio Macri) que declaró 321 millones; el Frente de Todos (Alberto Fernández), 142 millones; El Frente de Izquierda de los Trabajadores (Nicolás Del Caño), 52 millones; Consenso Federal (Roberto Lavagna), 42 millones; UNITE (José Luis Espert), 30; el Movimiento al Socialismo (Manuela Castañeira), 28 millones; el Frente Nos (Juan José Centurión), 22 millones; y el Frente Patriota (Alejandro Biondini), 8 millones, entre otros. Los gastos declarados por estas alianzas son prácticamente iguales a los ingresos.

Fuente: Clarín

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La CGT se suma a la marcha contra la ley que elimina topes para la venta de tierras a extranjeros

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La convocatoria de una manifestación frente al Congreso el próximo 6 de agosto contra la intención del Gobierno de avanzar con la extranjerización de la tierra suma un actor de peso: la CGT.

Según pudo saber DIB de fuentes sindicales, la central obrera se sumará a las dos CTA, los movimientos sociales de la UTEP y un sinfin de organizaciones de izquierda y de agrupaciones de autoconvocados que están detrás de la marcha para el jueves de la semana que viene.

Ese día el oficialismo espera sesionar para aprobar la llamada ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, elaborada por el ministro Federico Sturzenegger para desregular la venta de tierras, entre otros ítems. El debate ya fue pospuesto cuatro veces y fue la senadora Patricia Bullrich la que decidió convocar a un cuarto intermedio de la Cámara alta para el próximo 6 al entender que no tenía los apoyos suficientes de los aliados.

“Vamos a acompañar”, confirmó una alta fuente de la CGT a este medio sobre la acción de la central por la ley de propiedad privada. Se trata de un paso más en la agenda de acciones escalonadas que armó el triunvirato para este segundo semestre del año, en busca de sumar fuerzas contra el ajuste de Javier Milei.

La marcha del 6 no nace de cero: viene precedida por una semana de acción coordinada bajo la consigna “Argentina no se vende”, que la Coalición Federal en Defensa de la Tierra y la Multisectorial por la Tierra y la Vivienda vienen desplegando con talleres, radios abiertas y banderazos en distintos puntos del país, así como recolección de firmas y distintas actividades.

¿En qué consiste el proyecto?

Lo que el oficialismo intentará votar ese día es la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, un proyecto de 48 artículos que modifica cinco normas distintas y que Sturzenegger negoció originalmente con los gobernadores en el Consejo de Mayo.

Además del capítulo sobre tierras, la iniciativa endurece el régimen de expropiaciones —fija la indemnización al valor de mercado, con un tope del 30% para el lucro cesante, y prohíbe transferir el dominio sin pago previo—, acelera los desalojos por la vía del juicio sumarísimo y deroga parte de la Ley de Manejo del Fuego que impedía, por 30 años, cambiar el uso de tierras incendiadas.

El capítulo que más resistencia genera reescribe la Ley de Tierras Rurales 26.737, sancionada en 2011, que hoy limita al 15% la tierra en manos extranjeras, prohíbe que una misma nacionalidad supere el 30% de esa proporción, veda comprar más de mil hectáreas en las zonas más fértiles y prohíbe adquirir inmuebles con cuerpos de agua permanentes.

El Gobierno ya había intentado derogarla por decreto a fines de 2023, pero una cautelar judicial la mantuvo vigente; ahora insiste por ley, dejando la potestad de fijar límites en manos de cada provincia y manteniendo solo la prohibición de compra por Estados extranjeros o empresas con participación estatal extranjera.

Bullrich lo resumió así: “un extranjero que vive en la Argentina tiene los mismos derechos” que un argentino para comprar tierra, pero “un Estado extranjero no puede, de ninguna manera”. Con el resultado todavía incierto, todas las miradas —las del oficialismo y las de quienes organizan la marcha— están puestas en los senadores misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, presionados en su provincia para votar en contra. A esa presión se sumará también la CGT.

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La sesión en el Senado reabre la pulseada por la Ley de Tierras y pone a prueba la mayoría del oficialismo

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Durante el fin de semana el foco parlamentario estará puesto en Diputados, donde acaba de ingresar el proyecto de ley de modificación de la Carta Orgánica del BCRA. Sin embargo, lo que en la Casa Rosada van a estar mirando de cerca es lo que puede llegar a suceder a pocos metros, en el Senado.

El jueves 6 de agosto está previsto que la Cámara alta abra el recinto para tratar la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, mayormente conocida como ley de tierras.

En lo que será la quinta oportunidad en que Patricia Bullrich intente darle media sanción, el oficialismo asegura que esta vez tiene los votos para avanzar. Aun así, la exministra tiene en su agenda varios encuentros con senadores de los diferentes bloques dialoguistas para definir el nivel de respaldo al proyecto.

“No podemos ir si no tenemos los votos. Lo de la otra vez no puede volver a pasar”, señaló un senador libertario en referencia a la última sesión, en la que Bullrich pidió un cuarto intermedio hasta el próximo 6 de agosto. “Hay que ver qué pasa con los radicales, hay mucho ruido”, agregó.

En los pasillos del Senado prima la desconfianza. Desde que el proyecto ingresó tuvo 15 borradores y muchos aseguran que “hasta el jueves puede haber un nuevo borrador, el número 16”.

Eso generaría un nuevo problema para la presidenta del bloque libertario. En los últimos días Bullrich se reunió con el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, autor del proyecto y hombre reacio a ceder terreno.

Sin embargo, el “coloso” no solo tuvo que dejar artículos en el camino sino que tuvo que aceptar que las provincias tengan la posibilidad de generar un marco jurídico para la venta de tierras y no solo la ley nacional. Eso fue algo que Bullrich puso sobre la mesa para intentar conseguir o retener votos.

En ese contexto, el presidente de la UCR Nacional, Leonel Chiarella, decidió que el partido —que emitió un comunicado oponiéndose a la norma— debía tener en sus senadores un correlato, por lo que inició una serie de encuentros con las autoridades del bloque para que acompañen el rechazo que promueve el partido.

Tras esos encuentros, el escenario que La Libertad Avanza manejaba como dato en la Cámara Alta parece haber cambiado. En la última sesión había seis de los diez radicales que tenían pensado acompañar al oficialismo. Ese panorama hoy no estaría vigente.

“Entiendo que estamos en un escenario de tercios. Tenemos tres senadores que van a votar en contra y ya lo adelantaron, otros tres que acompañarían y otros cuatro en duda. Tenemos que sumar más en contra, pero hay algunos que responden a sus gobernadores y esos jefes de estado provinciales tienen buena sintonía con la Casa Rosada. Hay mucha presión en la calle y hay que aprovecharlo”, explicó a Infobae una alta fuente partidaria.

Los radicales no son los únicos que dicen que no, o que ponen en duda el acompañamiento al oficialismo. Misiones se presenta como una incógnita para el oficialismo: los senadores que responden al gobernador y al exgobernador de Encuentro Misionero, así como Enrique Martín Goerling Lara, presidente del bloque del PRO, tampoco darían su apoyo. Lo mismo ocurre con la cordobesa Alejandra Vigo. Y la lista parece seguir engrosándose.

A eso se sumará la calle. Se espera para el jueves una movilización con participación de varios grupos y colectivos. Por eso se prepara un operativo de contención desde las fuerzas de seguridad, ante la previsión de una fuerte movilización de la CGT, la CTA, organizaciones políticas, sociales, ambientales y comunidades indígenas.

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El Gobierno no define los cambios en la ley de Propiedad Privada y recrudecen los cortocircuitos en el Gabinete

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Las tensiones por la postergada y polémica ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada -o “ley de extranjerización de la tierra”, para los críticos- generaron un sacudón al interior del Gobierno, donde no terminan de definir el alcance de los cambios que están dispuestos a realizar de cara a la sesión del jueves que viene. Cuando, además, se perfila una masiva movilización opositora y de autoconvocados para evitar la venta irrestricta del territorio argentino.

El debate en el recinto sobre la iniciativa que buscaba eliminar todo tipo de restricción a la compra de tierras por parte de extranjeros cayó hace dos semanas por falta de apoyos y, a la vez, por roces internos de La Libertad Avanza. Técnicamente, se pasó a un cuarto intermedio hasta el 6 de agosto, y las eventuales modificaciones, si es que se introducen, aún están en discusión entre funcionarios y delegados de Javier Milei. Al punto de que se cortaron, al menos por ahora, las negociaciones con los aliados.

En el PRO aseguraron a Infobae que no los convocaron para tantear el nivel de respaldo que le darán a la iniciativa. “Están en modo post-Mundial, seguramente sepamos más desde el lunes”, deslizaron, picantes, cerca de Mauricio Macri.

Los detalles se van a analizar en la mesa política del martes que viene, luego de dos semanas sin ningun encuentro de este tipo por el viaje de Karina Milei para acompañar a Javier Milei a Perú. Pero están latentes las diferencias entre el autor del proyecto, Federico Sturzenegger, más intransigente, y Patricia Bullrich, la encargada de negociar el texto en el Senado, en especial por el polémico artículo sobre la potestad provincial para autorizar ventas a extranjeros.

La titular del bloque le introdujo algunos cambios al texto del proyecto borrador en la previa del debate de la semana pasada, en consenso con los bloques opositores. Pero al ministro de Desregulación esos cambios le hicieron ruido, y sin posibilidad de negociar, la jefa de bloque oficialista debió postergar el debate en la cámara Alta.

“No es que Bullrich esté de acuerdo con los cambios, pero su tarea es lograr los consenso para que salga. Y en esas negociaciones, hay que ceder”, dijeron en la Casa Rosada, en un tiro por elevación a Sturzenegger.

Karina Milei terminó intercediendo a favor de Bullrcih en la discusión por los detalles de la iniciativa, según cuentan cerca de la Secretaria General. Y, de cara a la sesión del 6, en el bullrichismo confirmaron que habrá cambios, pero no quisieron divulgar cuáles para evitar las suspicacias. En el entorno de Sturzenegger aún se mostraban firmes: “Por ahora no se va a introducir ninguna modificación”, dijeron en off.

“Nuestra dinámica es que los proyectos se escriben acá y después en el Congreso Martín (Menem) o Patricia se encargan de que salgan aprobadas”, deslizaron en la Casa Rosada.

En el Gabinete se arrastra un malestar de parte de algunos ministros e incluso -dicen en sus cercanías- de la propia Karina Milei, por algunos episodios en los cuales, creen, el funcionario se lanzó a divulgar proyectos en los medios o las redes sin que hubieran sido aprobados previamente por la mesa política. “Supuestamente se los filtran internamente, pero sabemos que no es así”, dicen en el grupo karinista.

“Es algo que ha pasado y que molesta, no funciona así”, le reprocharon, al tiempo que le reconocieron un alto nivel de “proactividad”. “Siempre preferimos un ministro activo que uno que hay que pedirle que se mueva, y está convencido de lo que hace. Pero hay que ser organizados”, dijeron. Por eso, explicaron en la cúpula del Gobierno, se definió que fuera Sturzenegger al Palacio del Congreso a redefinir la estrategia, y no al revés.

La sesión del 6 de agosto se perfila muy caldeada dentro del recinto, pero también en la calle, donde la izquierda, grupos de autoconvocados y el kirchnerismo planean marchar al Congreso para resistir el capítulo de venta irrestricta de tierras a extranjeros. En el Gobierno están en alerta y miran de cerca los movimientos opositores. “Estamos monitoreando”, sostuvieron en la Casa Rosada.

Mientras, coordinan con la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva, con quien la relación quedó tensa desde su conferencia de prensa sobre el operativo por el Mundial pero decidieron hacer borrón y cuenta nueva.

Bullrich, en un “no lugar”

La inclinación de la Secretaria General hacia la postura de Bullrich en esta discusión puntual no significa que la relación con la principal “socia” amarilla haya vuelto a foja cero después de la sucesión de desmarques de la impredecible senadora durante los últimos dos meses. “Patricia quedó en un no lugar”, dicen en el oficialismo sobre la ex presidenta del PRO, que se perfilaba con candidata en la Ciudad, después como posible compañera de fórmula de Milei y coqueteó, aunque sin confirmaciones, con ser candidata a presidenta.

Lo señalaron después de que la senadora no negara, esta semana, en una entrevista con TN, la posibilida de ir por la Jefatura de Gobierno en CABA.

Al menos así lo interpretaron en Balcarcce 50, donde pusieron en duda que Bullrich sea la elegida para jugar por la sucesión de Jorge Macri en caso de que Karina Milei decida postular un delfín propio. Por ahora no estatuyen nada y juegan con mensajes contradictorios. “La orden que nos dio Karina es pintar la ciudad de violeta”, dijo un alto referente del karinismo, por un lado. Luego deslizó una idea contrapuesta: “Patricia sería buena candidata, pero eso si se jugara en CABA, cosa que no está confirmada”.

Al mismo tiempo, admiten que no tienen a nadie con el suficiente nivel de conocimiento o deseos de jugar por los violetas en CABA (a Pilar Ramírez la ven en un eventual rol más “ejecutivo”). Y reconocen que Patricia Bullrich viene de obtener el 50 por ciento entre los porteños. Al final no definen: “Todo va a depender de cómo lleguemos a la elección, porque hoy lo que mide es la marca, y el candidato con mayúsculas es el Presidente”.

Cerca de Bullrich se desentienden y repiten que toda especulación es una “fake news”: “No se volvió, y Patricia nunca se lanzó a la Ciudad. No está pensando en ninguna candidatura y estará donde la necesite el proyecto. El Presidente es el Director Técnico, que decidirá las estrategias”, aseguraron.

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