En paralelo al tratamiento de la reforma laboral en la Cámara de Diputados, luego de haber logrado la sanción del Presupuesto 2026 en diciembre, el Gobierno Nacional estudia las posibilidades en carpeta para insistir con el contenido del capítulo XI, excluido de la previsión presupuestaria y del articulado tributario que quedó afuera del proyecto de “Modernización” laboral, según confirmaron a Infobae dos integrantes de la mesa política.

Lo cierto es que para avanzar en la aprobación de los proyectos enviados por el presidente Javier Milei al Congreso durante el período de extraordinarias, los encargados de negociar con los bloques aliados y gobernadores debieron ceder en algunos debates y marginar parte de la redacción para conquistar las voluntades legislativas necesarias.

El accionar que inició en diciembre, cuando la oposición, incluso los sectores que mantiene buena sintonía con el Poder Ejecutivo, rechazaron lo contemplado en el capítulo XI de la Ley de Leyes, algo que se repitió este febrero en el marco del tratamiento de la reforma laboral. Ante estos escenarios, después de varios intentos fallidos de sostenerlo, el mandatario dio luz verde para quitarlos de los proyectos, pero bajo la idea volver a intentarlo más adelante.

A finales del 2025, el oficialismo debió declinar de la idea de derogar las leyes de Emergencia en Discapacidad y de Financiamiento Universitario, pero también de incorporar la demanda por la deuda a la Ciudad de Buenos Aires, reclamada por el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y las modificaciones en la ley de zonas frías al tratamiento. También de la posibilidad de discutir el financiamiento del Poder Judicial, y de aplicar cambios que ampliaban las facultades del Ejecutivo.

Por orden del mandatario y voluntad del ministro del Economía, Luis Caputo, el círculo de funcionarios y legisladores designados para la aprobación del temario durante el verano intentó mantener el capítulo, pero debieron abandonar el mandato a raíz de la rígida postura de los aliados.

“La idea es insistir con todo lo que quedó afuera. Pronto”, confesó una fuente inobjetable ante este medio. Hasta entonces, el reducido círculo que designó el mandatario debate las formas para concretarlo. Lo cierto es que la postura encuentra algunas dudas, en especial del ala que encarna las negociaciones de manera directa con los aliados que no ven factible que el resto de los bloques den el brazo a torcer.

En la previa al tratamiento de la reforma laboral en la Cámara Alta, la jefa de bloque Patricia Bullrich; el ministro del Interior, Diego Santilli; y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, argumentaban que el apartado tributario contemplado en el proyecto, en especial la reducción en el Impuesto a las Ganancias para personas jurídicas, no gozaría de la bendición de los gobernadores en el recinto, luego de que los representantes provinciales se mostraran reticentes a su aprobación.

Para eso, la propia Bullrich se encargó de anunciar en conferencia de prensa la aplicación de 28 modificaciones para alcanzar un proyecto de “consensos”, como lo definió. “La reforma laboral tiene el aporte de muchos bloques y provincias. Se construyó con horas y horas de trabajo de los bloques que conformamos cuarenta y cuatro senadores de la nación. Es un dictamen que llegó a buen puerto después de meses de trabajo”, supo plantear.

De esta forma, la exfuncionaria prometió a su vez avanzar con una Reforma Fiscal integral que como contó este medio figura en los planes del Poder Ejecutivo para el año legislativo que iniciará el próximo 1° de marzo cuando el mandatario pronuncie su habitual discurso en la apertura de Sesiones Ordinarias en el Congreso. Sin embargo, hasta entonces, según revelaron fuentes involucradas, las ideas para materializarla son diversas y se encuentran en análisis.

Aún en pleno diseño, la administración libertaria intenta encontrar coincidencias en la manera de compatibilizar la reducción de impuestos con el respaldo económico que deberá enfrentar el Estado tras su concreción. Actualmente, la idea en mente es avanzar en un esquema de simplificación de impuestos con una reducción de Ganancias para las personas y un incentivo para el desarrollo de los mercados. Sin detalles, más allá de la determinación de modificar Ganancias e implementar un “IVA dividido”, que anticipó el ministro de Economía, el oficialismo analiza opciones.

Con intención de insistir en lo excluido, la mesa chica tiene en mente el diseño de un proyecto de ley, para debatir en ordinarias, que contemple casi la totalidad de lo abarcado en el capítulo XI, a excepción de la derogación de la Ley de Financiamiento Universitario. Sobre este último punto, en los últimos días, el Ejecutivo resolvió incluir una versión propia de la ley para compensar a las autoridades universitarias al temario de extraordinarias e intentar dejar atrás uno de los reclamos que dio lugar a una de las movilizaciones más grandes que tuvieron lugar con esta gestión.