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Mayans defendió la legalidad de la sesión del Senado y acusó al Gobierno de “estafar” a las provincias

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El jefe del bloque de senadores de Unión por la Patria, José Mayans, cuestionó duramente al gobierno de Javier Milei luego de la sesión en la Cámara alta que rechazó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) presidencial. Afirmó que la sesión fue “plenamente válida” y calificó de “estupidez” el argumento de la Casa Rosada que sostenía la invalidez por ser una sesión “autoconvocada” por la oposición.

El senador formoseño explicó que la oposición realizó la ratificación y que obtuvieron dos tercios de los votos, lo que, según sus palabras, “hasta puede hacer apartar del reglamento”. Detalló que se registraron 52 votos contra 17, lo cual “ratificó plenamente el plan de labor parlamentaria y se pudo hacer las votaciones“.

En declaraciones radiales, Mayans comparó la situación con una intromisión en el Poder Ejecutivo: “Fue plenamente válida la sesión. Es lo mismo que yo me ponga a opinar sobre la reunión del jefe de Gabinete (Guillermo Francos), si hizo la reunión entre los ministros y si estuvo todo legal. Es una estupidez total“.

Consultado si la cuestión de la legalidad era un argumento “estúpido” por parte del gobierno de Javier Milei, el legislador respondió enfáticamente: “Por supuesto. Aparte hay fallos de la Corte“. En este sentido, recordó un antecedente durante la pandemia, cuando la Corte Suprema de Justicia dictaminó que “el Poder Legislativo es un poder del Estado y resuelve sus problemas internos por sí”. Mayans enfatizó: “Fue plenamente válida la sesión“.

“Las provincias son estafadas por el Gobierno nacional”

En medio de las tensiones con las administraciones provinciales, luego de que el presidente Javier Milei acusara a los gobernadores de querer “destruir al Gobierno”, el senador aseguró que las provincias “son estafadas” por el Ejecutivo nacional.

Mayans explicó: “Lo que pasa es que acá tenemos un problema. El país hace dos años que no tiene Presupuesto, entonces no tiene certezas“. Y añadió: “La excusa fue el primer año, por las medidas que tenían tomadas, porque según el Presidente teníamos 17 mil por ciento de inflación, produjeron una devaluación del 118% y en ningún momento presentaron un Presupuesto”.

El jefe del bloque kirchnerista en la Cámara alta precisó: “Sin Presupuesto, el país no tiene certezas y se produce lo que se produjo el jueves: las provincias que se dan cuenta de que prácticamente son estafadas por el Gobierno nacional“. Relató su participación en un zoom con mandatarios provinciales: “Yo estuve en el zoom con gobernadores, estaban todos los gobernadores, reclamando lo que les corresponde. Los gobernadores tienen sus responsabilidades”.

Respecto a la acusación de Milei sobre la intención de la oposición de “querer romper todo”, Mayans retrucó: “El Presidente dice cosas que son inconsistentes. Si él no tiene Presupuesto y sigue manejando el país a decretazos, obviamente que le va a pasar lo que pasó en el Parlamento. El Parlamento le está llamando la atención al Presidente”.

El senador insistió en la necesidad de un presupuesto: “Tiene que tener un Presupuesto, tiene que dar certezas en el Presupuesto, en las cinco columnas del Presupuesto: en el servicio social, en los servicios económicos, en Defensa y Seguridad, en el gasto de la deuda. No quieren rendir cuentas. El ministro (de Economía Luis Caputo) tiene pánico de ir a explicar por qué tenemos 100 mil millones más de deuda”.

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La nafta sigue en aumento y le mete presión a la inflación de marzo

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Como consecuencia de la guerra en Oriente Medio y la suba en el valor del petróleo, las compañías petroleras que operan en la Argentina extendieron un nuevo aumento a los surtidores, por lo que el litro de nafta Premium ya supera los $2.000 en casi todas las estaciones del país.

Según datos de EcoGo, ya que las empresas han dejado de informarlo hace tiempo, el incremento es en torno al 9% en lo que va de marzoy abarca a todas las petroleras. El impacto en los surtidores se refleja en el bolsillo de los consumidores y anticipa una mayor presión sobre la inflación de marzo.

Según la serie actualizada, el índice de precios promedio (un índice con base 100 en enero 2025) de las naftas y gasoil escaló de 136,3 el 26 de febrero a 148,2 el 16 de marzo, con base enero de 2025 igual a 100. Esto implica una suba del 8,67% desde que se profundizó el conflicto en Medio Oriente y el barril de Brent superó los 100 dólares.

Si se toman los valores de YPF en la Ciudad de Buenos Aires, la nafta Súper promedia los $1.833, la premium $2.015 y el gasoil Infinia $02.033. En el caso de Shell, que siempre es más alta, la Súper ronda $1.890, la Premium $2.081 y el gasoil Power $2.129. En el interior bonaerense, el precio es un poco más alto.

En la nafta Súper de YPF, que subió $145 en solo siete días, el avance representa un salto del 8,3%. El gasoil premium de Shell tuvo un incremento de $131, equivalente al 6,6%.

Más allá del impacto en el bolsillo del usuario, la suba de los combustibles trasciende los surtidores y alcanza a la inflación general. Según los modelos de GMA Capital, un ajuste del 10% en el precio de los combustibles se traduce en 0,37 puntos porcentuales adicionales de inflación. Pero el traslado de los mayores costos al consumidor dependerá de la estrategia comercial de las petroleras y de la evolución del conflicto internacional.

Cabe recordar que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó días atrás que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró en febrero de 2026 una variación mensual de 2,9%. Con este resultado, la inflación acumulada en el primer bimestre del año alcanzó el 5,9%, mientras que la comparación interanual se ubicó en 33,1 %.

Fuente: Agencia DIB

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La Provincia dio otro paso clave para hacer la revisión tarifaria de la luz

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La medida formaliza el Anexo III del acuerdo celebrado con el Centro de Estudios de la Actividad Regulatoria Energética (Ceare), dependiente de esa Facultad, que brinda servicios de consultoría para el desarrollo técnico y económico de la revisión tarifaria que comenzó en 2024. En este caso, el anexo establece en detalle las fases, contenidos, hitos y porcentajes de pago correspondientes a la Etapa 2 del proceso.

El proceso de RTI había sido iniciado por la Provincia mediante la Resolución N° 1133/2024 y contempla distintas instancias de análisis técnico, económico, tarifario y jurídico del sistema de distribución eléctrica provincial. El objetico es conocer en detalle los costos de la distribución de energía de las cuatro compañías de energía: Edelap, EDES, EDEA y EDEN.

En concreto, con este proceso se busca definir un plan de inversiones que garantice un servicio eléctrico de calidad, actualice la infraestructura según la demanda actual, y reafirme el rol activo del Estado provincial en el control de las empresas.

Según informaron desde la Provincia, otra de las metas que persigue la RTI es mejorar los parámetros de calidad del servicio y al mismo tiempo garantizar a los usuarios tarifas asequibles y geográficamente homogéneas.

El análisis de los costos de la energía elécrtrica

De acuerdo con lo previsto en el acuerdo, la Etapa 1 está vinculada a la valuación física de los activos de las distribuidoras y a la recopilación de información técnica para garantizar la prestación del servicio en condiciones adecuadas. En tanto, la Etapa 2 comprende el análisis económico y regulatorio, incluyendo la valorización de la base de capital, la determinación del requerimiento de ingresos de cada distribuidora, la definición del plan de inversiones obligatorio y la propuesta de estructura tarifaria.

Según la documentación oficial, esta etapa es fundamental para todo el proceso porque va a culminar en un informe final en el cual el Ceare va a sugerir un nuevo cuadro tarifario a aplicar. El cronograma contiene numerosas tareas específicas subdivididas en distintas fases y un plazo total de 15 meses para llegar hasta las conclusiones.

La resolución también establece que los pagos vinculados a la consultoría serán gestionados por la Subsecretaría de Energía, una vez verificado el cumplimiento de los hitos establecidos para esta segunda etapa del proceso.

La decisión se adoptó con intervención de los organismos de control provinciales y en el marco de las facultades previstas en la Ley de Ministerios, el marco regulatorio eléctrico provincial y la normativa administrativa vigente.

Fuente: Agencia DIB

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Taxistas reclamaron en el Municipio por una flexibilización a la norma que regula a Uber

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Un grupo de taxistas se manifestó esta mañana en la Municipalidad para reclamar por una flexibilización de último momento en la reglamentación de la ordenanza de Uber que había sido aprobada semanas atrás en el Concejo Deliberante.

En las últimas horas y a través de un decreto, el intendente Federico Susbielles le otorgó a los choferes de aplicación un año de prórroga para registrarse en la comuna y eso desató la ira de los taxistas.

“Hay una necesidad laboral de estos choferes de apps que nosotros no podemos desconocer y por eso se decidió flexibilizar la reglamentación anterior”, explicaron fuentes del Municipio.

Según los manifestantes, esa flexibilización los deja en desventaja respecto de los conductores de Uber.

Luego de media hora de gritos y pedidos de una reunión con el intendente, se hicieron presentes el jefe de Gabinete y la secretaria de Gobierno, Luis Calderaro y Florencia Molini, quienes dialogaron con los taxistas y los invitaron a una conversación en privado. También apareció el representante regional del Ministerio de Seguridad provincial, Federico Montero.

“Nos mandaron al muere a 1.400 familias, a ustedes no les importa porque cobran igual su sueldo”, les dijo el dirigente del Centro de Propietarios de Taxis, Roberto de Barrenechea, antes de pasar a la reunión.

El mes pasado se aprobó una ordenanza que establece, entre otras cosas, que los choferes de apps deben contar con carnet profesional y autos que no superen los 13 años de antigüedad, para asimilar los requisitos con los taxistas.

Asimismo, tienen que enviar una nota dirigida al intendente y certificada con firma ante Escribano o Notario Público, solicitando la autorización para la prestación del Servicio de Transporte Privado con la intermediación de Plataformas Independientes (STPPI).

Fuente: La Nueva.

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