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Milei cumple 1000 días de gobierno: expectativa por la economía, inquietud por las PASO y entusiasmo inesperado por Malvinas

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49 minutos hace

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Javier Milei cumple este viernes 1000 días como Presidente de la Argentina. Llegó a la Casa Rosada el 10 de diciembre de 2023 como un outsider que prometía dinamitar el sistema político con una motosierra en la mano y encara el último tramo de su gestión convertido en el dueño de un gobierno que ya atravesó más victorias que las que esperaban los partidos tradicionales y más derrotas que las que hubieran preferido en el espacio violeta. En el medio, un ajuste económico de una intensidad pocas veces vista acompañado por reformas profundas que convivieron con escándalos resonantes y peleas internas interminables.

Milei sigue gobernando con varias de las certezas, obsesiones y enemigos con los que desembarcó en Balcarce 50 hace mil días, aunque ya no está parado en el mismo lugar. El personaje disruptivo que podía atribuir cada inconveniente a la herencia recibida ahora carga sobre sus espaldas casi tres años de mandato; el economista que explicaba que el superávit fiscal iba a abrir las puertas de una etapa de prosperidad enfrenta una sociedad que reconoce buena parte del ordenamiento macroeconómico, pero mantiene dolores evidentes en el poder adquisitivo y el consumo; el líder que venía a acabar con “la casta” necesitó de muchos de sus representantes para construir músculo y no quedar aislado.

“Gobernar viene siendo agotador para nosotros”, se sincera ante Infobae uno de los ministros más populares cuando se le pide una evaluación de lo transitado hasta acá. Y remata: “Yo me quedo con el hecho de que, aun con nuestros infinitos errores, en las legislativas de 2025 conseguimos una victoria que confirmó lo que seguimos sintiendo: que una porción importante de la población todavía estaba y está dispuesta a renovarnos el crédito”.

En 1000 días pasó de todo. El primer mandatario liberal libertario de la historia vernácula, que asumió con apenas 38 diputados y 7 senadores propios, trazó un panorama sombrío y sin metáforas cuando, de espaldas al Congreso, analizó lo que le había dejado el trío Alberto Fernández/Cristina Kirchner/Sergio Massa. Pese a estar en franca minoría, aprovechó el envión de las urnas, autorizó una brusca devaluación y se apuró en lanzar un DNU de dimensiones inéditas que fue la antesala de la aprobación en general de una primera y complejísima versión de la Ley Bases.

Como era de esperar, ahí llegó el baño de realidad: la discusión artículo por artículo hizo estallar el texto original y dio el pie ideal para los insultos a los “traidores”. Aprendizaje: hubo que negociar. Con el transcurrir de los meses se alcanzó el primer superávit financiero anual en más de una década gracias a medidas como el congelamiento de las transferencias a las provincias y la pulverización de la obra pública. La pobreza subió a 52,9% y terminó bajando con fuerza. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) inició una senda descendente y el cepo se flexibilizó, con un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) mediante.

Se firmó un Pacto de Mayo que no fue más que un compendio de buenas intenciones, se eyectaron funcionarios, se firmaron vetos, se intentó completar la Corte Suprema, se afrontaron marchas multitudinarias, se armaron guerras con el Círculo Rojo. Las redes sociales se convirtieron en una cloaca. Quedó tiempo también para el escándalo LIBRA, para el expediente ANDIS y para los problemas patrimoniales de Manuel Adorni, además de las batallas intestinas entre Karina Milei y Santiago Caputo, una relación destruida con Victoria Villarruel y el ocaso de la sociedad con Mauricio Macri.

Sin embargo, en La Libertad Avanza (LLA) no están demasiado interesados en mirar hacia atrás: mientras completa 32 meses de gestión, buena parte de sus movimientos empiezan a explicarse por los 415 días que todavía los separan de las elecciones generales del 24 de octubre de 2027.

Hay una diferencia evidente entre el Milei de hace algunas semanas y el que llega a su jornada número 1000: volvió a salir. Después de un período en el que se recluyó en la Quinta de Olivos y evitó pisar su despacho de la Rosada, el Presidente llenó otra vez su agenda de reuniones, actos y viajes tanto al interior como al exterior. Es un movimiento que entusiasma a los que reclamaban mayor presencia política, pero que también aumenta los riesgos de exposición de un hombre que, cuando se aleja de los discursos preparados, levanta la mirada de sus hojas impresas y se quita los anteojos de lectura, suele transformarse en el principal vocero, comentarista y, eventualmente, generador de problemas de su propia gestión.

“La foto todavía sigue siendo mala”, reconoció en una de sus últimas presentaciones antes de completar la idea a su manera: “La película es la mejor de la historia”. Desde los atriles, el mandatario no se cansa de repetir su guion las veces que sean necesarias para anclar expectativas y desalentar cualquier pedido de cambio que huela a “populismo”. En estas horas, jugó fuerte en términos dialécticos y llevó su lógica binaria hasta el terreno electoral: “Si no ganamos, es porque como sociedad estamos decidiendo suicidarnos”.

El razonamiento que circula en su entorno busca que los habitantes de Argentina midan la experiencia libertaria por las catástrofes que evitó. En ese punto se cierran las grietas. Santiago Caputo posteó que Milei “salvó a la república de una muerte segura”. Martín Menem fue menos lúgubre, pero fue por la misma línea: “Nunca se va a hablar de lo que no pasó. Fueron cinco salvadas del arquero en el minuto noventa”.

La renovada hiperactividad presidencial encontró una “causa sagrada” por la que, juran cerca suyo, siempre trabajó sigilosamente: la soberanía sobre Malvinas. Consciente de las controversias que generaron en el pasado sus apreciaciones positivas sobre la ex premier británica durante la guerra de 1982 (“me siento muy identificado, en términos históricos, básicamente con Churchill, con Reagan y con Margaret Thatcher”) o sus opiniones sobre la autodeterminación de los pueblos (“anhelamos que los malvinenses decidan algún día votarnos con los pies a nosotros”), Milei apareció en cadena nacional y anunció una batería de medidas para sancionar e impedir las exploraciones de petróleo en ese territorio: “La Argentina no se quedará de brazos cruzados”, sostuvo. “Hagamos nuestras armas a un lado y mostremos un frente unido como nación”, sorprendió, conciliador. Para marcar la importancia del mensaje, grabado tras el encuentro con José Antonio Kast en Chile, el espacio violeta decidió que todos los ministros estuvieran presentes.

La jugada tiene un trasfondo geopolítico que el Gobierno observa con atención. Antes que nada, se dio 72 horas después de que Donald Trump abriera una inesperada puerta al admitir que Estados Unidos podría rever su histórica posición de neutralidad en el conflicto diplomático con Inglaterra. Es que desde hace meses la administración norteamericana utiliza la relación con Londres y la cuestión del Atlántico Sur como una pieza clave dentro de sus presiones para que el Reino Unido eleve su gasto en defensa y acompañe con mayor firmeza operaciones y objetivos estratégicos de Washington. Nadie en la Cancillería argentina da todavía por hecho un giro de semejante dimensión, pero entienden que cualquier hendija que se abra en una posición enquistada desde hace décadas merece ser aprovechada. Así, en el día 1000, Milei encontró también una oportunidad para envolverse en la bandera que sus detractores tantas veces le reprocharon no abrazar con suficiente entusiasmo.

Más allá de las actividades públicas, el inquilino del Sillón de Rivadavia decidió “dinamizar” su gestión haciendo, siempre de la mano de su todopoderosa hermana Karina, algunos retoques en el funcionamiento interno. El más concreto: las flamantes reuniones de gabinete de los lunes. La intimidad de esos encuentros permite comprender los pliegues del líder que enamora y descoloca a más de un colaborador fiel. Los invitados dejan los celulares afuera del Salón Eva Perón de Balcarce 50 antes de ingresar a un lugar casi en penumbras y refrigerado a 16 grados. Los habitués aprendieron otra regla no escrita: “Hay que hacer pis antes para no perturbarlo”, se ríe, pero no exagera, alguien acostumbrado a luchar con su vejiga. Cuando se cierran las puertas y no vuela una mosca, llega el monólogo. El Presidente habla, desarrolla sus teorías, baja línea y recién después algunos funcionarios designados ponen en común la letra chica de algunas de sus misiones.

Sobre un escenario o en la cabecera de una larga mesa, Milei sigue sufriendo dolores de espalda y, para colmo, por razones jamás explicitadas, ya no cuenta con las visitas frecuentes a Olivos de la kinesióloga Leandra Protolongo: los registros oficiales contabilizaron 72 ingresos a la residencia de la provincia de Buenos Aires que se cortaron abruptamente este año. El círculo más cercano al primer mandatario jura que ningún sufrimiento parece reducir la voluntad presidencial de recuperar centralidad.

El último mitin ministerial incluyó un largo elogio a Federico Sturzenegger, que puso por escrito en un artículo publicado en La Nación la tesis que mejor representa el pensamiento actual de LLA: ante el ruido, describió, un gobernante debe mantenerse fiel al rumbo y a sus ideas incluso cuando la oposición intente construir la sensación de que las cosas funcionan mal. No significa, concedió, que todo esté bien: una sociedad es un caleidoscopio de realidades buenas y malas. Pero la conclusión es inequívoca. Los datos, y no el clima, tienen que ordenar las decisiones. Traducido al lenguaje menos elegante de la mesa política: nada de patear el equilibrio de las cuentas públicas, nada de “plan platita”, nada de abandonar el corazón del modelo para comprar unos cuantos puntos en las encuestas.

Un estudio nacional de Hugo Haime & Asociados recién terminado pone esa rigidez frente a un espejo incómodo. Apenas el 11% de los consultados quiere mantener el actual modelo económico exactamente como está y otro 22% pretende conservarlo con algunas modificaciones. Del otro lado, 23% pide cambiarlo manteniendo algunos elementos y 42% modificarlo por completo. En total, 65% reclama algún tipo de viraje frente a 34% que se inclina por sostener el esquema. La sutileza está en lo que ocurre cuando se pregunta qué debería sobrevivir: 55% menciona una inflación baja y controlada, 33% que no haya piquetes ni cortes, 32% el control de los planes sociales y 30% la estabilidad del dólar. Es decir: cambiar no necesariamente equivale a volver atrás.

El mismo relevamiento permite mirar la otra mitad de la ecuación. Ante la consulta sobre qué debería mejorar, 73% reclama más oportunidades laborales y 51% aumentos salariales y paritarias libres. Los bajos salarios aparecen, además, como el principal problema de la vida cotidiana para 45% de los encuestados. La aprobación del Presidente quedó en 33% contra una desaprobación del 64%, mientras que 40% considera que la sociedad está triste y desanimada y 38% la percibe con bronca. Hay un dato que sintetiza todavía mejor los desafíos que enfrenta Milei: solo el 34% cree que, pese a las dificultades, el esfuerzo realizado valió la pena.

La radiografía explica por qué el Gobierno insiste en que los próximos meses serán definitorios. En el Palacio de Hacienda sueñan con llegar al tramo decisivo de 2027 con registros mensuales de inflación cercanos a cero y con una mejora de la actividad, el crédito y los ingresos que permitan mostrar alivio sin necesidad de violentar el dogma fiscal. El economista Antonio Aracre hizo llegar en estas horas una estimación especialmente agradable para los oídos oficiales: calcula que el IPC de agosto podría ubicarse alrededor del 1,5%.

Un paréntesis sobre Luis Caputo. El ministro también completa en este inicio de septiembre 1000 días consecutivos al frente de Economía y ya ocupa un lugar poco habitual para una tarea que se realiza sobre una silla eléctrica. “Toto” ya se quedó con el sexto puesto de permanencia en su cartera: lo superan Domingo Cavallo, José Alfredo Martínez de Hoz, Juan Vital Sourrouille, Roberto Lavagna y Roque Fernández, pero dejó atrás a Nicolás Dujovne y Martín Guzmán.

La marca es todavía más llamativa porque Caputo maneja una economía en la que conviven relatos incompatibles. Un informe de la consultora One618 que circula por relevantes edificios empresariales calcula, a partir de los precios del Merval, los bonos y el tipo de cambio, una probabilidad implícita de continuidad libertaria cercana al 70%. El número parece formidable para un oficialismo golpeado en las encuestas, aunque la propia consultora considera que semejante optimismo es excesivo cuando todavía falta más de un año para elegir Presidente. La macro sigue importando, pero cada vez más en función de la política: si la recuperación no llega a los hogares antes de que lleguen las boletas, el mercado también tendrá que recalcular. El reporte describe también la famosa Argentina “a dos velocidades”: los sectores exportables empujan mientras los ligados a la demanda interna tienen serias dificultades.

La reciente pelea con la Unión Industrial Argentina (UIA) condensó ese conflicto. En el Día de la Industria, la entidad reclamó la reducción del costo argentino, la reconstrucción del crédito, inversión en infraestructura y herramientas para competir ante la apertura económica. Aunque el titular Martín Rapallini trató de ser ecuánime, el vicepresidente de la organización abandonó cualquier protocolo y acusó al oficialismo de no conocer la industria: Guillermo Moretti definió a Caputo como “un trader que no sabe lo que es un torno”. El ministro no se quedó callado y contestó que es injusto obligar a los argentinos a comprar bienes de menor calidad a precios dos, tres o hasta cuatro veces superiores a los internacionales. La tesis del Gobierno es que está cambiando la matriz productiva y que petróleo, gas, minería, agro y nuevas inversiones terminarán generando demanda para otras ramas. “Todo bien, pero necesitamos sobrevivir hasta que llegue ese futuro”, ironizan los industriales.

Por eso el equipo económico empezó a habilitar herramientas que buscan generar movimiento sin traicionar la ortodoxia. Entre las decisiones ya tomadas aparecen la utilización de recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad como fondeo de largo plazo para créditos hipotecarios, la flexibilización de préstamos en dólares para empresas y mecanismos del Banco Central destinados a mejorar el funcionamiento del crédito justo cuando la morosidad se transformó en una nueva preocupación social. “Ni de cerca es un cambio de modelo, eh”, se apuran en aclarar en Hacienda.

Ahora, los estrategas partidarios tienen que hacer el resto. “La economía ayudó mucho tiempo a la política; ahora la política tiene que ayudar a la economía”, es un concepto que Luis Caputo viene repitiendo entre los integrantes del Gobierno. Eso significa aprobar leyes, reducir incertidumbre y, especialmente, llegar a 2027 con las reglas electorales que la Casa Rosada considera más convenientes para sus propios intereses.

Patricia Bullrich quedó en el centro de esa responsabilidad: la senadora prometió que el próximo 15 de septiembre comenzará en el Senado la discusión de la reforma electoral. Spoiler: hacia afuera, los libertarios dirán que van a defender el paquete completo; en privado, dicen en voz muy baja que si para conseguir los votos necesarios tienen que dejar capítulos tirados en el camino, están dispuestos a hacerlo. La obsesión es eliminar o, lo que es más probable, volver a suspender las PASO. No saben todavía si les alcanza.

El proyecto, presentado el 22 de abril, tiene bastante más que lo que suele destacarse: por caso, un artículo fundamental introduce modificaciones en la Boleta Única de Papel para permitir, si las provincias adhieren y las elecciones son simultáneas, un casillero que facilite votar todas las categorías de un mismo espacio. En paralelo, cambia requisitos para la conformación y supervivencia de partidos políticos, amplía las posibilidades de financiamiento privado, elimina el actual reparto estatal de espacios publicitarios y deja sin recursos específicos la elección de representantes al Parlasur. Entre sus pliegues aparece una curiosidad poco difundida: la eliminación de la obligatoriedad del debate presidencial, incorporada al sistema argentino en 2016. El paquete se completa con el proyecto de Ficha Limpia.

En la mesa política desconfían de los gobernadores, de sus emisarios y hasta de afirmaciones hechas en encuentros privados porque las negociaciones entraron en una etapa en la que, según una persona involucrada, “nadie dice realmente lo que está pensando”. Los mandatarios provinciales saben que su voto vale cada vez más a medida que se acerca el calendario electoral y también que las primarias pueden ser una herramienta fundamental para ordenar coaliciones que hoy no tienen conducción clara.

La matemática federal vuelve todo más enrevesado. Milei necesita convencer a gobernadores cuyos números están cada día más comprometidos por el ajuste nacional. Según el último análisis de Politikón Chaco, de Alejandro Pegoraro, las transferencias no automáticas a las provincias totalizaron en agosto $68.288 millones y sufrieron una caída real interanual del 66,4%, el peor registro para ese mes desde al menos 2005. Como si esto fuera poco, no hubo un solo peso de Aportes del Tesoro Nacional, aunque el fondo recaudó durante ese período $107.987 millones. La paradoja es difícil de esconder: La Libertad Avanza necesita que los caciques del interior le presten votos mientras Economía les retacea plata.

Diego Santilli intenta hacer lo que mejor sabe: equilibrismo. Sus últimos movimientos se concentraron en aceitar conversaciones con los mandatarios de la región centro porque sabe que Córdoba, Santa Fe y otros distritos de peso reúnen millones de votos que podrían ser decisivos para la reelección. Javier y Karina Milei empezaron incluso a suavizar la voluntad de competir contra todos los oficialismos provinciales sin excepción. El pragmatismo le vuelve a ganar una pelea de puños a la pureza.

El Congreso, de todas maneras, se encarga de recordarles todas las semanas que los acuerdos son frágiles. En Diputados, la oposición mantiene para el 9 de septiembre una sesión especial con la que pretende discutir el crecimiento del endeudamiento familiar, la morosidad y distintos proyectos sobre tarjetas de crédito y asistencia a deudores, pese a que el oficialismo intentó desactivar la convocatoria fijando un cronograma de tratamiento. En el Senado, el Gobierno ni siquiera logró dictamen para su Súper RIGI pese a haber aceptado modificaciones: PRO, radicales y Provincias Unidas reclamaron nuevas condiciones para favorecer a proveedores locales. El bloque de aliados funciona, pero no siempre obedece.

Y mientras Milei polariza con el peronismo y sus múltiples tribus, sus equipos estudian también lo que ocurre bastante más cerca de su propio electorado. En Olivos reciben informes periódicos sobre dirigentes, empresarios, ex funcionarios y figuras que podrían intentar armar una opción por la centroderecha. Miden conocimiento, intención de voto y potencial de crecimiento. Por ahora ninguno genera pánico. Pero ninguno es ignorado.

En su rosca cotidiana, los movimientos del PRO forman parte de los análisis periódicos de la Mesa Política. Entre los nombres que empiezan a circular aparece Hernán Lacunza, que intenta delimitar un territorio propio: afinidades con La Libertad Avanza, sí; identidad compartida, no. Esta semana cuestionó en una entrevista en las mañanas de Infobae en vivo una contradicción que considera difícil de defender: que el Gobierno se niegue a auxiliar deudores porque podría premiar comportamientos irresponsables mientras habilita beneficios fiscales que alcanzan a personas que no cumplieron con todas sus obligaciones tributarias. Después del llamado de Karina Milei a Mauricio Macri se concretaron dos reuniones para recomponer puentes, aunque el vínculo sigue lleno de desconfianza.

QSocial encontró una explicación concreta de por qué el segmento amarillo merece la atención de los violetas. Según su último trabajo, tres de cada diez personas que votaron a Milei en la primera vuelta de 2023 hoy desaprueban su gestión. Ese universo representa aproximadamente el 12% del electorado argentino. La consultora los bautizó “arrepentidos libertarios” y encontró que la ruptura no se produjo esencialmente por las formas del Presidente: 89% sostiene que el esfuerzo del ajuste no valió la pena y 91% considera que la gestión perjudica a los sectores más vulnerables. Es decir: conocían al personaje cuando lo eligieron; lo que cuestionan son los resultados.

¿Adónde pueden ir esos votos? Es el dato que más preocupa. El arrepentimiento no migra en bloque hacia el peronismo: Sergio Massa registra una apertura potencial del 40% dentro de ese universo y Axel Kicillof del 35%; Mauricio Macri alcanza el 27%; y Patricia Bullrich, medida por el estudio como figura del centro, el 25%. El propio informe advierte que no se trata de intención de voto consolidada, sino de disposición a considerar esas alternativas. Alcanza, sin embargo, para entender por qué Milei monitorea tanto a los enemigos de enfrente como a los vecinos de al lado.

El Presidente observa semejantes movimientos con una combinación difícil de encasillar entre seguridad, obstinación y desapego. La reelección es el objetivo que ordena prácticamente todas las conversaciones de quienes lo rodean, aunque él insiste ante algunos interlocutores en una idea que desconcierta por igual a fanáticos y estrategas: no tiene ningún drama en perder.

Milei asegura en público y confirma en privado que, si la sociedad decide que su proyecto no merece continuidad, podrá volver sin traumas a una vida de conferencias internacionales y libros sobre economía. No lo plantea como pose estoica, sino casi como un plan B perfectamente aceptable. Por estos días, de hecho, reserva una porción llamativamente grande de su cabeza para su nuevo proyecto editorial, que bautizó “La moral como política de Estado”. No hay todavía una fecha firme ni una organización cerrada para presentarlo, pero fantasea con hacerlo en un microestadio y cerrar el evento con su banda de rock.

La contradicción ofrece una postal adecuada para el día 1000. Todo el Gobierno empieza a trabajar para que Javier Milei pueda quedarse en la Casa Rosada hasta diciembre de 2031. El líder libertario, mientras tanto, dice estar preparado para subirse a un avión y volver a cobrar en dólares por explicar sus ideas alrededor del mundo. Faltan 415 días para saber cuál de las dos agendas se impone.

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“Unidad por Malvinas”: Milei ensayó una pausa en la confrontación con la oposición y buscó recuperar la iniciativa política

Publicado

2 minutos hace

en

4 septiembre, 2026

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Javier Milei dejó para el final de su cadena nacional sobre las Islas Malvinas una definición poco habitual para un Presidente que hizo de la confrontación una de las herramientas centrales de su construcción política. Propuso una pausa. No una tregua general con sus adversarios ni el abandono de las diferencias que mantiene con ellos, sino una excepción alrededor de una causa que, según sostuvo, debe quedar por encima de las disputas partidarias.

“Podemos discutir sobre cualquier otra cosa, podemos discutir mis formas, podemos estar en desacuerdo sobre la política fiscal o cambiaria, pero este tema demanda una pausa”, afirmó Milei.

Y completó: “Demanda que hagamos nuestras armas a un lado y mostremos un frente unido ante el mundo, como nación y como sociedad. Porque hay causas que están por encima de cualquier diferencia política. Malvinas es una de ellas”.

La delimitación importa. Milei no anunció el comienzo de una etapa de convivencia política ni existen hasta ahora indicios de que pretenda abandonar la confrontación con el kirchnerismo, el peronismo o el resto de la oposición. El propio Presidente enumeró los asuntos sobre los que esa disputa puede continuar.

Lo que propuso fue hacer una excepción con Malvinas.

Y allí reside buena parte de la densidad política del movimiento.

Una causa transversal

El Presidente eligió uno de los pocos asuntos capaces de atravesar las preferencias electorales para convocar a sus adversarios y, al mismo tiempo, intentar recuperar algo que el Gobierno había perdido en las últimas semanas: capacidad para tomar la iniciativa, instalar una discusión propia y colocar al jefe de Estado en una agenda que excediera la pelea política cotidiana.

No es necesario atribuirle a Malvinas una utilización partidaria para advertir esa dimensión. El reclamo de soberanía antecede largamente al actual gobierno y está incorporado a la Constitución como un objetivo “permanente e irrenunciable” del pueblo argentino. Lo novedoso fue el lugar que Milei decidió otorgarle en un momento determinado de su Presidencia y la manera en que eligió interpelar alrededor de esa causa a una oposición con la que mantiene una disputa prácticamente permanente.

Hay un dato que ayuda a comprender el terreno sobre el que hizo esa convocatoria.

Una encuesta nacional realizada por Aresco en julio pasado muestra que Malvinas conserva niveles de consenso difíciles de encontrar en cualquier otra discusión pública argentina.

La medición se hizo, además, en un contexto particular: en medio del fervor que generó el triunfo de la Selección argentina frente a Inglaterra en las semifinales del Mundial disputado en Estados Unidos y después de la aparición de una bandera con la leyenda “Las Malvinas son Argentinas”. Ese clima debe ser considerado al interpretar los números, aunque la transversalidad política de las respuestas sigue siendo significativa.

Ante una de las preguntas, el 81,4% respondió que la Argentina debía continuar reclamando la soberanía sobre las islas. El 10,2% sostuvo que no debía hacerlo y el 8,5% no tomó posición.

Una segunda pregunta introdujo una distinción más exigente. El 51,5% consideró que había que seguir reclamando y creía que la cuestión terminaría resolviéndose. Otro 39,3% sostuvo que la Argentina debía perseverar aunque no creyera que fuera a obtener una solución. Apenas el 3,7% respondió que no debía continuar el reclamo y el 5,5% dijo no saber. Las dos respuestas favorables a mantener la reivindicación sumaron así 90,8%.

Pero quizás el dato políticamente más relevante aparezca cuando las respuestas se cruzan con el voto presidencial de 2023.

Entre quienes habían elegido a Sergio Massa, las dos posiciones favorables a continuar el reclamo alcanzaron el 94,8%. Entre los electores agrupados por Aresco como LLA+JxC sumaron 90,8%. Y entre quienes habían votado otras opciones llegaron al 97,8%.

“Es absolutamente transversal”, explicó a Infobae Federico Aurelio, director de Aresco, antes de que se conociera el contenido de la cadena nacional. “El hecho de reclamar es aprobado por todos”, agregó.

La secuencia temporal es importante. La encuesta fue realizada antes de los anuncios de Milei y, por lo tanto, no mide respaldo al Presidente ni a las herramientas que propuso. Tampoco permite afirmar que quienes apoyan la soberanía argentina sobre las islas acompañarán la estrategia concreta del Gobierno.

Lo que muestra es algo diferente y políticamente relevante: el consenso existía antes de la intervención presidencial.

Milei eligió hablar desde allí.

Una iniciativa en varias dimensiones

La cadena llegó después de semanas en las que el Gobierno había perdido parte de aquella capacidad para sorprender, instalar discusiones y ordenar la agenda que mostró particularmente durante otros momentos de su gestión.

Esta vez, Milei produjo el acontecimiento.

Y no eligió para hacerlo la economía, la batalla cultural, la seguridad o alguna de las reformas estructurales que dividen al oficialismo y sus adversarios. Eligió una cuestión de soberanía y utilizó para presentarla una escenografía inequívocamente presidencial: cadena nacional, Gabinete completo y una discusión sobre defensa, política exterior, recursos naturales y estrategia de largo plazo.

Por eso la convocatoria a la oposición fue solamente una de las dimensiones del movimiento.

Otra, posiblemente más sustantiva en términos estratégicos, fue la decisión de proyectar Malvinas hacia el futuro.

“Malvinas es el futuro. No es solamente una cuestión de nuestro pasado”, dijo Milei.

La frase permite entender el lugar que ocupó en el discurso la Base Naval Integrada de Ushuaia.

El proyecto no nació con esta cadena ni con el actual Gobierno. Sus características surgen de planes que se vienen discutiendo desde hace años dentro de la Armada, el Ministerio de Defensa y otras áreas del Estado. Pero Milei decidió incorporarlo a su planteo sobre soberanía y acelerar su desarrollo como una pieza para reforzar la presencia argentina en el extremo sur.

Y agregó una dimensión particularmente relevante: la Antártida.

Ushuaia no aparece solamente como una instalación vinculada con Malvinas. Su ubicación y las capacidades proyectadas permiten pensarla como plataforma logística para la presencia argentina en el continente blanco y como parte de una arquitectura más amplia que conecta el Atlántico Sur, los recursos naturales, las rutas marítimas, las capacidades navales y la proyección antártica.

Eso le otorga otra perspectiva al concepto presidencial de que Malvinas no pertenece únicamente al pasado.

El reclamo histórico se inserta así en una discusión sobre poder futuro.

Y es precisamente en ese punto donde aparece otra capa decisiva de la cadena: Donald Trump.

Trump y la oportunidad internacional

El movimiento de Milei se produjo en un momento particularmente singular en la relación entre Estados Unidos y el Reino Unido.

Trump es el principal aliado internacional del Presidente argentino. Desde su llegada al poder, Milei definió la pertenencia de la Argentina a Occidente y el alineamiento con Estados Unidos como dos pilares de su política exterior.

Pero en los días inmediatamente anteriores a la cadena, fue el propio Trump quien introdujo incertidumbre en torno a un vínculo históricamente determinante para la cuestión Malvinas: la relación especial entre Washington y Londres.

Consultado sobre las islas, Trump había dicho que “siempre” revisaba cada posición. Y, horas antes del mensaje de Milei, volvió a ser interrogado durante una entrevista con la televisión británica sobre qué haría Estados Unidos ante una eventual disputa entre la Argentina y el Reino Unido.

El presidente estadounidense no comprometió un respaldo a Londres.

En cambio, después de recordar la guerra de 1982, utilizó la pregunta para expresar su decepción con el gobierno británico por no haber acompañado militarmente a Estados Unidos en el conflicto con Irán. Cuestionó incluso las capacidades militares británicas y relató que había reclamado colaboración naval sin obtenerla.

La precisión es indispensable: Estados Unidos no modificó formalmente su posición sobre Malvinas.

Pero la novedad política existe. Trump decidió introducir públicamente una cuota de incertidumbre sobre el respaldo de Washington a Londres y lo hizo mientras exteriorizaba su malestar con los británicos.

Ese telón de fondo permite observar la cadena de Milei desde otra perspectiva.

El Presidente argentino no presentó el reclamo de soberanía como incompatible con su alineamiento con Estados Unidos. Hizo exactamente lo contrario: intentó sostener una posición más firme frente a Londres desde su alianza estratégica con Washington.

La combinación tiene relevancia histórica y política.

En diferentes períodos, sectores de la política argentina asociaron el reclamo de Malvinas con una posición de confrontación hacia Estados Unidos o, más ampliamente, hacia las potencias occidentales. La arquitectura de Milei es diferente: pertenencia a Occidente, relación privilegiada con Washington y reivindicación de soberanía frente al Reino Unido.

Y decidió avanzar sobre esa construcción justo cuando Trump exhibía públicamente sus diferencias con Londres.

La secuencia elegida por Milei en la cadena resulta reveladora.

“Les pedimos a quienes son amigos de la Argentina que no miren para otro lado cuando se vulnera nuestra soberanía y se llevan nuestros recursos”, sostuvo.

Después se dirigió “a todos los argentinos, y en especial a la política” para reclamar la pausa.

Primero pidió acompañamiento hacia afuera. Después convocó a la unidad hacia adentro.

El objetivo es relevante también desde la perspectiva diplomática. La Argentina no sólo pretende sostener internacionalmente que el reclamo de soberanía constituye una política permanente del Estado. Milei buscó mostrar que esa reivindicación puede conservar un respaldo doméstico que excede largamente a La Libertad Avanza.

Los datos de Aresco ayudan a dimensionarlo.

De la convocatoria a la política real

La primera prueba llegará ahora al Congreso.

El Gobierno enviará con carácter urgente su proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. Entre otras disposiciones, la iniciativa busca endurecer las consecuencias para las compañías vinculadas con operaciones no autorizadas por la Argentina en las islas, extender las sanciones a proveedores e incorporar nuevas herramientas frente a actividades que afecten los recursos naturales.

Allí la convocatoria a la “unidad por Malvinas” deberá abandonar el terreno de los discursos y enfrentarse con la política concreta.

La oposición puede respaldar la reivindicación argentina y, al mismo tiempo, discutir las herramientas elegidas por el Gobierno. Puede reclamar modificaciones, cuestionar determinados artículos o plantear una estrategia diferente sin que ninguna de esas posiciones implique abandonar el reclamo de soberanía.

De hecho, esa será una de las primeras consecuencias de la pausa propuesta por Milei.

Si Malvinas está por encima de los partidos, como afirmó el Presidente, el oficialismo no puede confundir unidad con adhesión automática a sus iniciativas.

Una política de Estado exige una lógica diferente: escuchar, negociar, incorporar posiciones y, eventualmente, modificar instrumentos para construir acuerdos capaces de sobrevivir a los gobiernos que los impulsan.

Por eso la prueba será también para Milei.

El Presidente propuso convocar a sus adversarios alrededor de una causa que los datos muestran como extraordinariamente transversal. Ahora deberá demostrar hasta dónde está dispuesto a aplicar la lógica de esa convocatoria cuando comience la negociación parlamentaria.

Un paréntesis, no una tregua

Milei pidió una pausa, no una tregua.

Acotó cuidadosamente la excepción a Malvinas. Nada indica que la confrontación vaya a desaparecer de su relación con el kirchnerismo, el peronismo y el resto de sus adversarios. Probablemente continúe ocupando buena parte de la política argentina.

Pero precisamente por eso el paréntesis adquiere significado.

El Presidente eligió una causa que atraviesa prácticamente todas las preferencias electorales para suspender alrededor de ella una lógica que mantiene en casi todos los demás terrenos. Lo hizo, además, en un momento en que el Gobierno necesitaba recuperar iniciativa; cuando Trump introdujo una inesperada incertidumbre en la relación de Washington con Londres; y acompañado por una concepción estratégica que vincula Malvinas con los recursos del Atlántico Sur, Ushuaia y la proyección argentina hacia la Antártida.

Nada garantiza que el efecto sea duradero.

Las declaraciones de Trump pueden no convertirse en una modificación de la política estadounidense. La Base Naval Integrada de Ushuaia todavía debe transformar años de proyectos y demoras en una obra concreta. Y el amplio respaldo social a la reivindicación de soberanía puede fragmentarse cuando la discusión deje de ser Malvinas en abstracto y pase a concentrarse en las herramientas específicas propuestas por el Gobierno.

Pero la cadena dejó una novedad política.

Milei no suspendió la confrontación con la oposición. Propuso hacer una excepción con Malvinas.

Ahora comienza la parte más difícil.

El Presidente deberá demostrar en el Congreso si la unidad que reclamó admite negociación. La oposición deberá resolver cómo administrar sus diferencias con Milei frente a una causa que sus propios votantes respaldan abrumadoramente. Y el Gobierno tendrá que comprobar si puede transformar una iniciativa política en una estrategia de Estado que sobreviva a la coyuntura.

La cadena no inauguró una tregua entre Milei y la oposición. Abrió, por Malvinas, la posibilidad de un paréntesis en la confrontación.

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El gobernador de Tierra del Fuego respaldó el anuncio del Gobierno sobre Malvinas y pidió presupuesto y plazos

Publicado

12 minutos hace

en

4 septiembre, 2026

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El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, respaldó el cambio de posición del Gobierno nacional sobre la causa de las Islas Malvinas y reclamó que los anuncios se traduzcan en presupuesto, plazos y participación provincial en las decisiones sobre el Atlántico Sur.

En un posteo publicado en X, el mandatario provincial sostuvo que Malvinas debe quedar al margen de las diferencias partidarias y propuso construir un frente político e institucional para defender la soberanía argentina. “Hay causas que están por encima de cualquier diferencia política”, afirmó.

Melella planteó que no puede definirse una política nacional sobre Malvinas sin la intervención de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, la provincia que incluye a las Islas Malvinas en su jurisdicción. Por ese motivo, anticipó que solicitarán formalmente mayor apertura al diálogo y una participación efectiva en cada medida vinculada con las islas y el Atlántico Sur.

El gobernador valoró la decisión de avanzar con una Base Naval Integrada. Según señaló, el proyecto permitiría fortalecer la presencia argentina en el Atlántico Sur y la proyección antártica, además de reafirmar la condición bicontinental del país. Añadió que su concreción requerirá “presupuesto, plazos y una articulación efectiva” con la Provincia.

El mandatario también pidió profundizar la estrategia diplomática y jurídica internacional, reactivar el Consejo Nacional de Malvinas y reforzar las herramientas destinadas a impedir la explotación que calificó como ilegítima de los recursos naturales del territorio nacional y provincial.

Melella sostuvo que Tierra del Fuego reclamaba desde hace años una modificación de la postura nacional y pidió convertir los anuncios en una política de Estado sostenida. “Las Malvinas fueron, son y serán argentinas. Y fueron, son y serán fueguinas”, expresó.

Milei anunció la construcción de una base naval en Tierra del Fuego

El presidente Javier Milei anunció este jueves en cadena nacional que aumentará el presupuesto del Ministerio de Defensa para construir una base naval integrada en Tierra del Fuego, una obra que vinculó con el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas y con la necesidad de fortalecer la posición argentina en el Atlántico Sur frente a la explotación de recursos en el territorio en disputa.

En el mismo mensaje, el mandatario advirtió sobre el proyecto petrolero Sea Lion y sostuvo que, si la Argentina no actúa “con firmeza y celeridad”, en pocos meses habrá capacidad material para apropiarse de las reservas de petróleo bajo el mar argentino. También recordó que desde hace 50 años las Naciones Unidas piden a la Argentina y al Reino Unido no realizar acciones unilaterales mientras continúe la controversia de soberanía.

El Presidente definió el alcance estratégico de la iniciativa con una fórmula precisa: “Esta base nos convertirá en el polo logístico más importante del Atlántico Sur y será fundamental para la proyección geopolítica de la Argentina”.

El proyecto no apareció por primera vez en la cadena nacional. En 2024, Milei viajó a Ushuaia junto a la general Laura Richardson, jefa del Comando Sur de Estados Unidos, para anticipar el desarrollo de esa base naval integrada.

En esa visita, el jefe de Estado presentó la futura instalación como un gran centro logístico para dar servicio a cruceros y buques comerciales que operan en el Atlántico Sur. También la describió como el punto de apoyo más cercano a la Antártida.

Durante aquel acto en la capital fueguina, sostuvo: “Estamos aquí para ratificar nuestro esfuerzo en el desarrollo de nuestra base naval integrada. Se trata de un gran centro logístico que constituirá el puerto de desarrollo más cercano a la Antártida y convertirá a nuestros países en la puerta de entrada al continente blanco”.

En la misma intervención agregó que la obra permitiría desarrollar la economía local y ofrecer servicios logísticos, reparaciones y apoyo a los cruceros y buques comerciales de la región. La iniciativa quedó así asociada no solo a la defensa, sino también a una función operativa y comercial.

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Milei anunció la construcción de una base naval en Tierra del Fuego y sanciones a petroleras que operen en Malvinas

Publicado

19 minutos hace

en

4 septiembre, 2026

Por

Javier Milei

El presidente Javier Milei dio este jueves una cadena nacional en la que reafirmó un fuerte reclamo de soberanía argentina sobre las islas Malvinas. En ese mensaje, anunció que enviará al Congreso un paquete de medidas, anticipó sanciones para las empresas que intenten explotar recursos en las inmediaciones del archipiélago y comunicó la construcción de una base naval en Tierra del Fuego.

“Las Malvinas son argentinas por historia y por derecho, no hay discusión al respecto”, sostuvo el mandatario al inicio del mensaje oficial. Tras hacer referencia al reclamo histórico que encuentra sus orígenes desde la época colonial, aseveró que no era suficiente el solo hecho de recordar al archipiélago como parte del territorio nacional.

En este sentido, Milei enfatizó que “el Estado argentino tiene la obligación de utilizar todas las herramientas diplomáticas, económicas, judiciales y legales disponibles para defender nuestra soberanía y nuestros recursos”. Así, anunció un paquete de medidas en torno a la cuestión Malvinas.

Mientras que una parte estará conformada por una serie de proyectos que serán enviados al Congreso de la Nación, el mandatario anticipó un aumento en el presupuesto asignado a la defensa nacional. La reasignación de recursos fue oficializada el viernes a la madrugada, por medio de la publicación de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N° 867/2026 en el Boletín Oficial.

“Eso exige leyes adecuadas, organismos del Estado coordinados y herramientas efectivas para avanzar en un objetivo que trasciende a cualquier gobierno”, consideró Milei. En este sentido, buscó dejar en claro que “las Malvinas no pertenecen a un gobierno ni a un partido político, es una causa nacional”.

En su mensaje, el jefe de Estado advirtió que desde hace 50 años, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) solicita a la Argentina y al Reino Unido no realizar acciones unilaterales sobre el territorio mientras se resuelve la controversia de soberanía, incluyendo la explotación de sus recursos naturales.

A pesar de ello, cuestionó el avance del proyecto Sea Lion, tras considerarlo “especialmente grave” porque, por primera vez en la historia, implicará “la extracción de un recurso no renovable que pertenece a los argentinos”.

“Si no actuamos, en pocos meses tendrán la capacidad material de apropiarse de las reservas de petróleo que yacen bajo nuestro mar”, enfatizó Milei al indicar que las actividades petroleras estarían próximas a profundizarse. Sobre todo, después de que se concluyera la primera fase de extracción y las empresas Rockhopper Exploration (Reino Unido) y Navitas Petroleum (Israel) confirmaran la inversión necesaria para financiar el programa.

“El avance de esta explotación generará un incentivo para que el Reino Unido profundice la ocupación de las Islas y continúe explotando nuestros recursos”, insistió. En respuesta a esto, el presidente explicó que el DNU Malvinas se basó en tres objetivos pensados para defender la soberanía nacional tanto sobre el archipiélago como de los recursos estratégicos.

El primero de ellos hizo referencia al envío de información de los distintos organismos del Estado que tomen conocimiento de los incumplimientos legales a Cancillería para que pueda impulsar las sanciones, mientras que el segundo busca reglamentar el procedimiento para darle mayor coordinación y celeridad.

El último punto ordena la incorporación de las declaraciones juradas en trámites hidrocarburíferos y el RIGI para asegurar el cumplimiento de la ley. De esta manera, se evitaría que se permitan actividades a aquellos que están explotando en la Plataforma Continental Argentina sin reconocer nuestra soberanía.

Aunque señaló que “la Ley N° 26.659 (de Hidrocarburos) tiene gran relevancia para sancionar a quienes no reconocen nuestra soberanía y avanzan en la explotación de nuestros recursos”, Milei planteó la necesidad de modificarla para reforzar la defensa nacional.

Por esto, destacó que el fin último de esta reforma sería: “Mejorar las herramientas que nos otorga actualmente para combatir este avance sobre el territorio argentino, endurecer sus sanciones y ampliar su alcance para extender ciertas consecuencias, tanto penales como administrativas, a las empresas que presten servicios a aquellos que realizan explotaciones hidrocarburíferas”.

Por otro lado, comunicó que el Proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional creará un Consejo de Seguridad Nacional para fortalecer la política de seguridad nacional y garantizar su aplicación de forma transversal. “Esto permitirá una estrategia coordinada en la defensa de la soberanía y del territorio nacional, y en la recuperación de las Islas Malvinas”, detalló.

“También establecerá un régimen de protección de infraestructuras críticas y un marco de protección aeroespacial y marítima -continuó-. De este modo, se profundiza en la protección ante posibles ataques de todo tipo a la integridad territorial de nuestro país”.

La construcción de la Base Naval Integrada de Ushuaia

Tras anunciar el incremento de recursos destinados al Ministerio de Defensa, el presidente anticipó que se avanzará en la construcción de una Base Naval Integrada. Esta se ubicará en el Puerto Oriental de Ushuaia, en la provincia de Tierra del Fuego, y buscará “incrementar nuestras capacidades en telecomunicaciones”.

“La Base permitirá convertir a la Argentina en un polo logístico central del Atlántico Sur y fortalecer nuestra proyección geopolítica en una región estratégica para el futuro del país”, valoró sobre el punto clave seleccionado. Además, allí también se sitúa el Comando del Área Naval Austral.

Al destacar la importancia del proyecto, Milei remarcó que “defender nuestra soberanía requiere pensar en las próximas generaciones y no solamente en la próxima elección”. Y agregó: “Para eso, la Argentina necesita recuperar su capacidad de pensar estratégicamente, fortalecer a sus Fuerzas Armadas y construir una verdadera política de seguridad nacional de largo plazo”.

“La seguridad nacional no es solamente la defensa física de nuestro territorio. También significa proteger nuestros recursos estratégicos, nuestra economía, nuestra infraestructura crítica y nuestra capacidad de decidir nuestro propio futuro”, enfatizó.

Por este motivo, consideró que las áreas de “Defensa, Seguridad, Inteligencia, Cancillería y Economía deben actuar de manera coordinada”. Finalmente, concluyó que “una Argentina próspera, políticamente relevante y militarmente respetable está en mejores condiciones de defender su territorio, sus recursos y su soberanía”.

Cómo se dio el retorno a la agenda de la causa Malvinas

El tema Malvinas volvió a instalarse el 31 de agosto, cuando el presidente Donald Trump fue consultado en la Oficina Oval sobre una eventual revisión de la posición de neutralidad de Estados Unidos en la disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido.

Frente a esto, el mandatario estadounidense respondió que revisa todas las posiciones y que esa era “solo una de muchas”, en un contexto de presiones de Washington a Londres para que incremente su inversión en defensa dentro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

Sus dichos motivaron una respuesta del Reino Unido y de la administración británica de las islas, que ratificaron la soberanía británica y el respaldo al derecho de autodeterminación de los habitantes del archipiélago. El debate coincidió, además, con la discusión en Londres sobre el acuerdo con Mauricio por el archipiélago de Chagos, citado por la Argentina como antecedente de una controversia territorial resuelta por medios pacíficos.

En paralelo, también avanzaba el proyecto petrolero Sea Lion, en la Cuenca Malvinas Norte. Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration habían comunicado en diciembre de 2025 la decisión final de inversión para la primera etapa del desarrollo.

Aunque la Cancillería argentina había rechazado esa iniciativa, tras considerarla una explotación unilateral de recursos en un área alcanzada por la disputa de soberanía, esto no detuvo a las petroleras extranjeras.

Los detalles de la actividad de las petroleras en Malvinas

La israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration avanzan en el desarrollo del yacimiento offshore Sea Lion, situado en la Cuenca Malvinas Norte, a unos 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas y a aproximadamente 240 kilómetros de Puerto Argentino.

El campo fue descubierto en 2010 por Rockhopper, que posee el 35% del proyecto, mientras que Navitas controla el otro 65%. Tras años de exploración, en diciembre de 2025, las compañías comunicaron la decisión final de inversión para la primera fase. Navitas informó una inversión de USD 1.170 millones para esa etapa.

No obstante, poco después se confirmó que la Fase 1 contemplaba una inversión total de USD 1.800 millones, una producción estimada de 50.000 barriles diarios y planificaba el comienzo de las extracciones en 2028. Las estimaciones sobre el volumen recuperable mencionadas en las notas rondan los 819 millones de barriles.

La Cancillería argentina rechazó el desarrollo del yacimiento y sostuvo que las empresas no contaban con autorización de las autoridades competentes del país. También calificó la iniciativa como una explotación unilateral de recursos naturales en un área sujeta a una disputa de soberanía con el Reino Unido. En ese sentido, citó las resoluciones 2065 y 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

En línea con esto, el Gobierno recordó que Rockhopper Exploration fue declarada clandestina e inhabilitada para operar en la Argentina durante 20 años mediante la Resolución 133/2012 de la Secretaría de Energía. Asimismo, Navitas Petroleum había recibido una sanción equivalente a través de la Resolución 240/2022, por operaciones hidrocarburíferas sin habilitación argentina. Esto también alcanza a las concesiones, las contrataciones de proveedores y otras acciones asociadas con el avance del proyecto hacia su etapa productiva.

Según precisó este jueves el medio británico The Telegraph, las empresas Rockhopper y Navitas planean comenzar a perforar el yacimiento offshore Sea Lion en los próximos meses. Incluso, revelaron que existe la posibilidad de “enviar petróleo de regreso a Europa y al Reino Unido desde principios de 2028”.

De la misma manera, el medio europeo indicó que “el yacimiento petrolero se encuentra a unas 137 millas al norte de las islas”. Asimismo, planteó que hay expectativas de que se produzca petróleo durante más de 30 años.

El comunicado de la Oficina del Presidente tras la cadena nacional

Luego de que concluyera la transmisión oficial, el presidente dispuso la firma de un decreto reglamentario y el envío al Congreso de un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional frente al avance del proyecto Sea Lion, vinculado con la explotación de petróleo en las Islas Malvinas.

Por medio de un comunicado emitido por la Oficina del Presidente, sostuvo que la iniciativa avanza “sin autorización de la República Argentina” y definió la situación como una amenaza sobre los recursos naturales del país en el Atlántico Sur.

“Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, y los espacios marítimos e insulares correspondientes, son argentinos. Por historia y por derecho”, afirmó. Además, recordó que el Reino Unido ocupó las Malvinas en 1833, expulsó a las autoridades argentinas e instaló una situación colonial que persiste hasta la actualidad.

Al mencionar el desarrollo de Sea Lion, el mandatario apuntó que “el Estado argentino tiene la obligación de utilizar todas las herramientas diplomáticas, económicas, judiciales y legales disponibles para defender nuestra soberanía y nuestros recursos”.

La Casa Rosada también alertó que, si no se toman medidas, “en pocos meses tendrán la capacidad material de apropiarse de las reservas de petróleo que yacen bajo nuestro mar”. Según el Gobierno, la actividad petrolera puede consolidar incentivos para que el Reino Unido profundice su presencia en las Islas y mantenga la explotación de recursos bajo disputa.

El texto que el Poder Ejecutivo enviará al Honorable Congreso de la Nación contempla la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, que tendrá la función de definir una política en la materia y garantizar su aplicación transversal en las áreas del Estado.

La iniciativa también incluirá un régimen de protección de infraestructuras críticas y un marco de protección aeroespacial y marítima. El objetivo es reforzar la capacidad estatal ante posibles ataques contra la integridad territorial argentina.

“La Defensa, la Seguridad Nacional, la Inteligencia de Estado, la Cancillería y el Ministerio de Economía deben actuar de manera coordinada”, sostuvo la Oficina del Presidente. El mensaje agregó que una Argentina “políticamente relevante y militarmente respetable” cuenta con mejores condiciones para defender su territorio, sus recursos y su soberanía.

El Gobierno presentó la cuestión Malvinas como una política que debe trascender a las administraciones y a las diferencias partidarias. “Malvinas no pertenece a un gobierno ni a un partido político. Es una causa nacional”, indicó. Por esto, concluyó la declaración con un llamado a que los argentinos presenten “un frente unido al mundo” y a que la defensa de la soberanía contemple a las próximas generaciones, más allá de los ciclos electorales.

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