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Milei en su laberinto: las ambiciones de la plana mayor del Gobierno y el juego que profundiza Bullrich

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“Sigue la programación habitual”. Después de una semana de torearse en redes sociales, Martín Menem y Santiago Caputo se reencontraron cara a cara y no se dijeron nada. O casi nada. En La Libertad Avanza (LLA) resulta más fácil decir lo que se piensa con una pantalla de por medio. En la última reunión de mesa política, los dos protagonistas de la interna discutieron de estrategia pero omitieron aludir al escándalo digital. No tuvieron más opción que llamarse a silencio luego de que Javier Milei, sin capacidad de laudar entre ellos, le dedicara un abrazo a cada uno en el balcón de la Casa Rosada. La nitidez que tiene el Presidente para defender su modelo económico -o para insultar a sus detractores- contrasta con la impotencia que exhibe ante las más absurdas revueltas domésticas.

En la mesa política, las principales espadas de Milei discutieron sobre la reforma electoral. Pero, hacia afuera, optaron por disimular las tensiones, salir del paso con una foto forzada y anunciar más proyectos de ley al Congreso. ¿Hay margen para tratar tantas iniciativas?

Aunque el Gobierno logró bajar la espuma y transitar una semana más normal, nada cambió demasiado. Caputo y los Menem siguen con su puja por la botonera, que es lo que realmente los tensiona, mucho más que cualquier altercado digital. Adorni sigue firme en su cargo pese al deterioro en su imagen, mientras los operadores judiciales libertarios lo tranquilizan asegurándole que no desfilará por tribunales como dicen los diarios. Patricia Bullrich continúa el juego de tensionar desde adentro del Gobierno. Diego Santilli busca asegurarse una candidatura de consenso a la gobernación bonaerense. Y Karina Milei trabaja por la continuidad en el poder.

Las ambiciones de cada uno siguen ahí, intactas. El único que parece no estar cegado por la perpetuidad en la política es Javier Milei. “A él el cargo lo agota. Lo que le apasiona es demostrarle al mundo que tiene razón, ir por el Nobel. No tiene la sed del poder eterno. Karina sí”, reflexionó un diputado del oficialismo con mucha llegada a la Casa Rosada.

El jefe de Estado da señales todo el tiempo de que no le desespera la reelección. Lo insinuó el martes en la entrevista que dio en Radio Mitre, cuando dijo que él solo compite contra sí mismo. “Si nosotros hacemos un buen gobierno, vamos a lograr la reelección. Y si hacemos un gobierno que no merece ser reelecto, no seremos reelectos”, apuntó.

El Presidente se expresó así cuando Eduardo Feinmann le preguntó si Mauricio Macri sería funcional al kirchnerismo si decide presentarse como candidato a presidente, como dijo Martín Menem. Milei dijo que no estaba de acuerdo. “Algunos consideran que si crean un competidor, eso quita votos. Bueno, a mí me parece que es un laberinto, probablemente porque yo no vengo de la política y no lo siento así”, respondió.

A un año y medio de las elecciones nacionales, el círculo rojo comienza a moverse especulando con un país que arroja vuelcos inesperados. El establishment, el gran empresariado, está dispuesto a hacer esfuerzos para garantizar la continuidad de este sendero económico, más allá de los nombres. “Todos hicimos tanto esfuerzo que necesitamos que esto salga bien. Nadie quiere un golpe de timón”, dijo a Infobae uno de los participantes de la última cumbre de empresarios en el Hotel Llao Llao.

Es en ese marco que deben leerse los últimos movimientos de Patricia Bullrich. La titular del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado está levantando el perfil con un juego a varias bandas. Cuida su vínculo directo y frontal con Javier Milei, un activo que tienen pocas figuras en el oficialismo. Se muestra con un interés hiperlocalista como potencial candidata en la Ciudad de Buenos Aires cuando habla del subte, de la seguridad en los barrios porteños y de la limpieza de las calles. Y, al mismo tiempo, da pasos para acumular capital político con proyección nacional: habla seguido con gobernadores, tantea a consultores y refuerza su equipo de comunicación.

Ayer, de hecho, Bullrich reunió a su mesa chica y a su tropa de legisladores para ajustar los pasos a seguir. Para el encuentro, la ex ministra de Seguridad reabrió unas oficinas que tiene desde hace algunos años en la calle Bulnes, muy cerca de su casa, un espacio más discreto que su histórico búnker del microcentro, sobre Avenida de Mayo.

Quienes vienen tratando a la ex ministra de Seguridad -que públicamente rechaza tajantemente tener planes para las presidenciales- aseguran que ella no quiere competir contra Milei. Que lo que está haciendo es prepararse por las dudas, por si le toca salir a la cancha. Un auténtico “plan B” con B de Bullrich. “Ella solo iría si él no se presenta. Hace tres meses, las chances de que pasara eso eran el 1%. Hace algunas semanas, esas chances aumentaron a 10%. Y ahora hay que ver”, sintetizó un referente que trata tanto a Bullrich como a los Milei.

Y agregó: “Lo que Milei no puede hacer en 2027 es perder. Puede ser reelecto o no jugar, pero no puede perder. Patricia no conspira porque, de presentarse, tiene que ser con la venia del propio Javier”.

Lo más probable -reconocen incluso en el campamento bullrichista- es que nada de eso ocurra por Karina. Nadie se imagina a la secretaria General de la Presidencia resignando el apellido en la boleta. Aunque sonrían para la foto, la desconfianza y la tensión entre la ex ministra y la hermana presidencial ya son irremontables. A Bullrich, cada tanto, le gritan “Presidenta” cuando camina por la calle. Y eso parece insoportable para la jefa del partido violeta.

“Lo que hizo Patricia con Adorni fue un antes y un después. A partir de ahora, la necesidad tiene cara de hereje. Si la marginan a Patricia, los Milei se perjudican porque cualquier castigo hacia ella puede irritar al votante cambiemita. Les conviene abrazarla”, analizó un importante referente de LLA.

La oferta electoral, a fin de cuentas, estará determinada por la coyuntura. En abril había un escenario con el Presidente cayendo en las encuestas y ahora, que la economía dio señales de repunte, la imagen presidencial frenó su deterioro en los sondeos.

Discutiendo en la vida real

Aunque la intención de la Casa Rosada fue ponerle fin a la conflictividad interna con la reunión de gabinete del lunes y la foto de la mesa política del martes, los principales colaboradores de Milei discutieron a puertas cerradas. El eje del intercambio fue la reforma electoral, el proyecto que el Gobierno que tiene como plato principal la eliminación de las PASO. Los representantes del Congreso en la mesa chica -Bullrich y Menem- plantearon que los votos no están y que, por lo tanto, conviene aplazar el tratamiento de la iniciativa.

Pero otra parte de la mesa, donde talló Santiago Caputo, machacó con la necesidad de conseguir los votos a como dé lugar, sin resignar la agenda del Poder Ejecutivo. La prioridad de la Casa Rosada es que no haya PASO en 2027.

Caputo y los Menem volvieron a su clásico altercado. El asesor señaló que no es posible construir consensos con la oposición dialoguista si no se dan señales claras de generosidad electoral. Es decir, si no se demuestra, desde ahora, que LLA no disputará las gobernaciones de los mandatarios aliados. Los Menem replicaron que, a diferencia de 2025, no están cerrados a los acuerdos electorales. Pero apuntaron que es una discusión para habilitar en septiembre. El karinismo no está dispuesto a desactivar el armado político que LLA construyó en el territorio. “Vos tenés que demostrarle a los dirigentes del partido que están trabajando para algo, no podés entregar tu dispositivo. Además, si no tenemos músculo político en las provincias, no hay herramientas para negociar cuando necesitemos ayuda en el Congreso”.

La discusión entre bandos esconde la pregunta sobre quién “paga” en el toma y daca con los aliados: ¿se utiliza como instrumento de negociación la cuestión electoral o las palancas de la gestión?

En el Gobierno todos quisieran transitar sin sobresaltos hasta que comience el Mundial. Todavía falta que Adorni presente su declaración jurada de bienes. El jefe de Gabinete prepara sus papeles muy asesorado, tanto por sus abogados como por expertos en cuestiones tributarias. No puede llenar los casilleros sin más, como hizo en su primer informe patrimonial: su declaración tiene que estar en función de su estrategia judicial. En la Casa Rosada, hace unos días, deslizaban que él justificaría su nuevo nivel de vida con ingresos que obtuvo producto de herencias familiares (del padre y de una abuela). En los últimos días también circuló la versión de que apelaría a un mutuo entre privados. “Difícilmente cambie la opinión pública, eso está perdido. Lo importante es que Manuel tenga todo bien cerrado desde el punto de vista legal”, reconoció un colaborador oficial.

Todos los miembros del Gobierno con llegada a los tribunales transmiten, puertas adentro, que no creen que el juez federal Ariel Lijo llame a indagatoria a Adorni antes de la feria judicial que arranca el 20 de julio. Falta poco menos de dos meses. Confían en que la Justicia primará un decoro que evitará que el jefe de Gabinete en funciones deba subir la escalinata de Comodoro Py.

La causa por enriquecimiento ilícito está delegada en el fiscal Gerardo Pollicita, que en estos días está de licencia. Hay un respiro para todos. También está el expediente del viaje a Punta del Este en avión privado y los elementos que indican que el vuelo no lo pagó Adorni sino su amigo, Marcelo Grandio.

En Comodoro Py no parecen tan convencidos de mantener a Adorni lejos del edificio. “El caso ya tiene vida propia. Es mucha la evidencia que se acumuló. A Adorni nada de lo que pasó en la causa lo ayudó”, dijo a Infobae alguien que conoce el expediente al dedillo. La dinámica judicial y la opinión pública por el caso Adorni lleva a la Justicia a una encerrona: si no toma medidas se expone a sí misma.

En la cúpula del Gobierno, en tanto, trabajarán en la estrategia de comunicación que acompañará a la declaración jurada de Adorni. El Presidente defenderá a su ministro coordinador como hizo hasta ahora. La pretensión es que el informe patrimonial sea el último capítulo del affaire. Será, para Milei, otro obstáculo a atravesar en el intrincado “laberinto” del ejercicio del poder.

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El secretario de Discapacidad debuta en el Congreso para frenar el intento opositor de prorrogar la Emergencia

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La Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados comenzará este miércoles a las 16 a debatir un proyecto de la oposición para prorrogar por un año la Emergencia en Discapacidad que el Congreso aprobó el año pasado. Por primera vez el principal funcionario del área, Alejandro Vilches, contestará preguntas. También lo acompañarán el subsecretario de Políticas de Acceso y Apoyos, Esteban Giler, y el subsecretario de Regulación, Certificación y Proyectos, ⁠Gianfranco Scigliano.

Antes de ocupar el cargo de secretario Nacional de Discapacidad, Vilches había sido designado interventor de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) en agosto de 2025, luego de la salida de Diego Spagnuolo en medio del escándalo por presuntas coimas y sobreprecios.

En julio de 2025, distintos bloques de la oposición lograron aprobar la ley 27.793 que declaraba la emergencia en materia de discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026, pero prorrogable por otro año. Luego el presidente Javier Milei vetó la norma alegando que no podía cumplirse sin romper el orden fiscal, pero el Congreso logró juntar dos tercios de los votos en ambas Cámaras para poder insistir con el proyecto.

El Gobierno perdió la batalla política pero mediante un decreto dejó en suspenso la ejecución de la ley hasta que el Congreso determinara las fuentes de financiamiento e incluyera las partidas necesarias en el presupuesto nacional. Sin embargo, finalmente la Justicia intervino y ordenó la inmediata aplicación de la ley, tal cual había sido aprobada.

La normativa creaba una nueva Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social, equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio, compatible con empleos formales siempre que los ingresos no superen dos salarios mínimos. Además, disponía un régimen de emergencia para regularizar deudas tributarias de los prestadores (hogares, escuelas, centros de día, transportistas), con condonación de intereses y multas, y refinanciación de planes de pago vigentes y caducos. A su vez, establecía una actualización mensual automática de los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral según el índice de movilidad. Este era uno de los principales reclamos de las familias ya que los prestadores habían dejado de brindar servicios básicos como transporte o escuelas especiales debido a que los aranceles habían quedado congelados.

Ahora la oposición impulsa una ley para hacer efectiva la prórroga por un año que estaba contemplada en el proyecto original. El proyecto, que lleva las firmas de Juan Marino (UxP), Natalia de la Sota (Defendamos Córdoba), Gisela Scaglia (Provincias Unidas), Germán Martínez (UxP) y Oscar Herrera Aguad (Argentina Federal), busca extender la facultad que autoriza al Jefe de Gabinete a efectuar las modificaciones presupuestarias necesarias sin reducir los créditos de la finalidad Servicios Sociales”. “Esa es la fuente de financiamiento de la ley, y así lo resolvió la Justicia Federal”, aclaran.

En ese sentido, exponen como principal argumento la reticencia del gobierno nacional a aplicar la normativa. “La ley 27.793 tuvo, en los hechos, una fracción mínima de la vigencia real que el Congreso quiso darle. Un veto, una traba en la promulgación, un intento de derogación presupuestaria, dos años de litigio y una intimación judicial mediante. Cada una de esas etapas fue tiempo perdido para las personas con discapacidad, y ese tiempo perdido es lo que la prórroga viene a recuperar”, señalaron.

La oposición también reclamó que organizaciones civiles puedan participar de la audiencia pero el oficialismo argumentó que esa posibilidad quedará abierta para futuras reuniones de la comisión. Desde la oposición aseguran que se trata de una maniobra para estirar la discusión, por eso mantienen la convocatoria a sesión para el 9 de septiembre en la que planean emplazar a las comisiones para obligarlas a dictaminar el proyecto en una fecha determinada.

A diferencia de lo que ocurrió en 2025, La Libertad Avanza ahora cuenta con más de un tercio del recinto por lo que un eventual veto del presidente Milei no podrá ser revertido por la oposición. “No importa, hay que ver si están dispuestos a pagar el costo político otra vez cuando ya se acercan las elecciones”, opinó un diputado dialoguista.

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Senado: el Súper RIGI tendría cambios y podría regresar a Diputados tras una negociación entre libertarios y radicales

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En un enroque de proyectos contado por Infobae días atrás, La Libertad Avanza y los radicales del Senado intentarán avanzar con la firma de dictámenes de dos iniciativas: el Súper RIGI, que habla de inversiones -e importantes beneficios, como pago del 15% en Ganancias- por más de USD 1.000 millones en sectores que la Casa Rosada considera “industrias del futuro”; y la creación de un Régimen de Incentivo para Inversiones Relevantes (RIIR), que apunta a planes desde los USD 12 millones para grandes empresas, respectivamente.

La primera ley es la que genera la mayor expectativa en el Ejecutivo, que se debatirá desde las 13 en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda; Economía Nacional e Inversión; y Legislación General. El texto en cuestión ya fue aprobado por Diputados, pero este mediodía se confirmaría lo que fue comentado días atrás por este medio: el articulado sufriría modificaciones de cara al recinto, lo que forzaría un regreso a la Cámara baja, en segunda revisión.

Son dos los cambios que se comentan. El primero es claro e innegociable y tomó forma días atrás cuando el director institucional de SIDERSA, Pablo Cattoni, expuso en el plenario y afirmó: “Una enmienda podría ser la introducción de requisitos adicionales que permitan el desarrollo productivo local. Por ejemplo, que todas las iniciativas incorporen un 20% de contenido nacional en bienes transables sin computar en el cupo a la obra civil, que naturalmente termina dándose en la Argentina”.

“Esta corrección no solo podría ser incluida reglamentariamente en el RIGI, sino que también se podría aprovechar en el debate parlamentario que nos convoca sobre la creación del llamado Súper RIGI. Si bien valoramos que se incorpore ese porcentaje de contratación local, creemos que habría que precisar ese concepto. Entendemos que sumar servicio y obra al compromiso puede diluir ese 20%, porque, como dijimos, de todas maneras, esto se da naturalmente con la mano de obra”, sostuvo el disertante.

Reforzó estos conceptos el presidente del Departamento PyMI de la Unión Industrial Argentina (UIA), Diego Leal. “Lo que queremos destacar –como dijo el colega– es que este proyecto destina el 20% de la inversión a bienes, obras o servicios. Es obvio que la obra civil, el movimiento de tierra y demás, sí o sí se van a hacer en el país, no se pueden importar. Pero, en este contexto internacional, nuestra propuesta es que ese 20% se destine –y que así se aclare– exclusivamente para bienes producidos en el país”, enfatizó.

En el oficialismo apuntarían a una segunda modificación sobre generaciones de redes eléctricas propias que, por ahora, no queda del todo claro. Un detalle no menor para este tema y también el de las 11: son tres comisiones en cada reunión y todas tendrán que tener quorum para dictaminar. Para una semana sin sesión y no tantos legisladores vistos ayer, será un desafío.

“Se consideran inversiones productivas a aquellas destinadas a la adquisición, elaboración, fabricación y/o importación de bienes muebles nuevos -excepto automóviles-, amortizables en el impuesto a las ganancias, así como a la realización de obras, a ser afectadas directamente al desarrollo de actividades productivas en el territorio de la República Argentina”, reza el cuarto artículo de la iniciativa del jefe radical, Eduardo Vischi (Corrientes), y de la mendocina Mariana Juri, entre otros.

Además, quedan “expresamente excluidas” las “inversiones en activos financieros, de portfolio y bienes de cambio”. Y se agrega que “sin perjuicio de los compromisos relativos a los montos mínimos establecidos”, las “inversiones productivas efectuadas en sistemas y/o equipos de riego, bienes de alta eficiencia energética, mallas antigranizo para el sector agropecuario y en bienes semovientes, serán susceptibles de promoción, independientemente del monto de la inversión involucrada, en cada caso”.

Para este proyecto están involucradas las comisiones de Presupuesto y Hacienda; Legislación General; y Economías Regionales. En tanto, para las 17 de hoy se consumará un tercer cónclave por la regulación del mercado de carbono, aunque en la convocatoria aparecen invitados y, en principio, no se rubricaría un despacho. Algunos dialoguistas pujan por ello.

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¿Qué pasa si EEUU cambia su histórica posición sobre las Islas Malvinas? La opinión de los analistas y la expectativa del Gobierno

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Una frase, breve, pronunciada el lunes por Donald Trump en el Salón Oval puso en movimiento la maquinaria diplomática argentina sobre la cuestión de las Islas Malvinas. Siempre reviso cada posición. Es solo una de muchas”, sostuvo el presidente de Estados Unidos cuando fue consultado sobre si su gobierno reconsideraría su postura histórica sobre la soberanía del archipiélago. En Buenos Aires, el impacto fue inmediatoEl gobierno anunció una cadena nacional de Javier Milei sobre el tema y analistas consultados por Infobae dividen su opinión entre quienes ven una oportunidad histórica y quienes advierten que no hay nada concreto detrás de este movimiento.

Para el mandatario, la declaración de Trump es “algo muy fuerte respecto a la causa más importante y sagrada que tenemos los argentinos”. Así lo afirmó en la radio El Observador este martes. El tema dominó la reunión de Gabinete, donde el canciller Pablo Quirno expuso los avances de la Cancillería en materia de soberanía sobre las islas.

Tras las palabras de Trump, y entrevistado en Infobae en Vivo, el funcionario eligió un tono medido: “Las Malvinas están en el centro del corazón de cada argentino. Es una obligación y una responsabilidad para nosotros mantener vivo el reclamo sobre la soberanía”, señaló, pero al mismo tiempo fue cuidadoso al delimitar los alcances del movimiento del líder republicano: “Sobre lo que no tenemos control, no operamos”, señaló, y agregó: “Tenemos que hacer los deberes para aumentar nuestras chances de que el reclamo legítimo que tiene Argentina sobre la soberanía sea escuchado”.

Diplomáticos de la Cancillería argentina, consultados por Infobae, trazaron una distinción entre el plano discursivo y el plano práctico de que efectivamente haya un movimiento por parte de EEUU. “Lo que cambia en lo discursivo y en lo declarativo de manera pública es muy fuerte, porque inclina definitivamente la balanza sobre el tema”, señalaron. “Un eventual voto abierto a favor de Argentina en la ONU -graficaron- sería muy fuerte; es más simbólico que político, aunque a efectos prácticos, en lo concreto no cambia en nada”.

No es la primera vez que Trump utiliza la carta “Malvinas” en el tablero geopolítico. Ya hubo un episodio similar en abril, cuando se filtró un correo electrónico interno del Pentágono que contemplaba revisar el apoyo estadounidense al Reino Unido como represalia por la negativa de Londres a acompañar a Washington en operaciones militares contra Irán. En aquella ocasión, el secretario de Estado Marco Rubio y el embajador estadounidense en Argentina, Peter Lamelas, ratificaron la posición de neutralidad. El propio Rubio descalificó el correo filtrado definiéndolo como “solo un email”.

En las antípodas de esa cautela oficial, el asesor presidencial Santiago Caputo publicó en sus redes sociales otra visión: “Inglaterra es el pasado. Argentina es el futuro. Es saludable que los Estados Unidos revisen su postura sobre Malvinas. Sería extraño que no lo hicieran. No se puede esperar menos de un aliado estratégico”.

La reacción británica no se hizo esperar. John Healey, ministro de Hacienda del Reino Unido y primer funcionario en tomar la palabra, fue taxativo en declaraciones a The Times: “Las islas Malvinas son británicas y seguirán siendo británicas mientras las islas Malvinas así lo deseen”. El funcionario aclaró además que no recibió “ninguna sugerencia” de funcionarios estadounidenses al respecto. El portavoz oficial del primer ministro, Andy Burnham, sostuvo que la posición de su gobierno “no ha cambiado” y que el compromiso de Londres con los isleños es “inquebrantable”.

¿Una maniobra de presión a Londres o gesto político a un aliado?

Lejos del entusiasmo del Gobierno, varios analistas consultados por Infobae coincidieron en que la declaración de Trump debe leerse en clave de política interna británica y de las tensiones con la OTAN, no como un giro genuino sobre la soberanía del archipiélago.

El politólogo Claudio Fantini planteó que hay que leer las palabras de Trump “como una advertencia, no como un anuncio”. Según su análisis, la verdadera motivación no es el debate sobre el gasto en defensa de la OTAN sino la indignación de Trump con Londres por haberle negado el uso de bases militares estadounidenses en territorio británico para operaciones vinculadas a la guerra contra Irán. “No es algo que sale de una convicción de lo que considera lo justo y lo adecuado respecto al tema de Malvinas, sino que tiene que ver con un castigo que Trump quiere hacerle a los gobiernos británicos”, afirmó Fantini, quien añadió que el componente ideológico también cuenta: se trata, en ambos casos, de gobiernos del Partido Laborista.

Para graficar la inconsistencia del mandatario, el analista político trazó una analogía con Corea del Sur. “Cuando Seúl también rechazó colaborar en el conflicto con Irán, Trump pasó a elogiar a Kim Jong-un y amenazó con reducir los ejercicios militares conjuntos, claves para mantener el equilibrio en la península coreana”, recordó. Y amplió: “Un tipo que a la mañana dice una cosa y en la tarde dice otra. Un día escribe con la mano lo que al otro día borra con el codo sin hacerse mucho problema”.

Sin embargo, Fantini fue enfático sobre qué debería hacer el gobierno argentino: “Argentina tiene que salir a subrayar esta frase y no dejarla pasar”, afirmó, y señaló que si el cambio llegara a consolidarse como política de Estado, más allá de quién gobierne en EEUU, sería “una gran noticia” para Buenos Aires.

Gabriel Puricelli, coordinador del Programa de Política Internacional del Laboratorio de Políticas Públicas, fue más directo sobre el rol de Argentina en este tablero. Para el analista político, Malvinas es el pretexto más a mano que tiene Trump para presionar al gobierno laborista de Burnham y forzarlo a elevar el gasto en defensa al 3% del PBI. El timing, aseguró, no es casual: “Coincide con los trascendidos de que el propio Healey planeaba abandonar ese compromiso para 2030, con un anuncio presupuestario previsto para el 28 de octubre”.

La motivación de fondo, según Puricelli, va más allá de la OTAN: “Hacer ganar a la extrema derecha en todos los países en los que pueda es la meta primordial de Trump.” Forzar a Burnham a recortar salud, educación y bienes públicos para financiar el gasto militar, indicó a este medio, “alimentaría el malestar del que se nutren el demagogo Nigel Farage y el partido Reform”. “Los intereses de Argentina no entran en absoluto en consideración (de Trump) en su posible revisión de la postura sobre el estatuto legal de las islas del Atlántico Sur”, concluyó.

El politólogo Andrés Malamud, investigador del Instituto de Ciencias Sociales de Lisboa, resumió su pronóstico en una línea: “Va a pasar lo mismo que con Groenlandia, nada”. La referencia no es arbitraria: a comienzos de 2025, Trump anunció con insistencia que Estados Unidos adquiriría Groenlandia -territorio autónomo bajo soberanía danesa- por razones de seguridad nacional, llegó a hablar de una “necesidad absoluta” y no descartó el uso de la fuerza. Dinamarca rechazó cualquier negociación, la comunidad internacional reaccionó con alarma y Washington no avanzó más allá de la retórica.

Más matizado en su análisis, el exembajador Diego Guelar, con pasado en las embajadas de Estados UnidosBrasil y China, consideró que un eventual giro de Washington sería positivo para Buenos Aires, pero advirtió que las palabras de Trump están lejos de constituir una decisión de Estado. “Un cambio de posición estratégica de este tipo requeriría consulta del Congreso. Debe haber una decisión de otro tipo. No alcanza con su opinión”, explicó. Y fue más específico: “Si llegara a ocurrir, cosa que dudo, Milei se lo atribuiría como un logro de su administración, y tendría razón. Sin lugar debilita la posición británica”.

En los organismos multilaterales, la posición de Estados Unidos sobre Malvinas siempre fue más compleja que la neutralidad que declara en público. En junio de 2026, el Comité de Descolonización de la ONU aprobó por consenso una resolución que exige al Reino Unido negociar con Argentina la soberanía del archipiélago -la misma que Londres sistemáticamente ignora desde 1965-.

El debate se da, además, en un contexto de creciente presión económica sobre el archipiélago. En diciembre de 2025, la israelí Navitas Petroleum —con el 65% del proyecto— y la británica Rockhopper Exploration tomaron la decisión final de inversión para desarrollar el campo petrolero Sea Lion, ubicado a unos 220 kilómetros al norte de las islas. La Fase 1 del proyecto, con una inversión de 1.800 millones de dólares, apunta a producir 50.000 barriles diarios con primer petróleo previsto para 2028.

Es precisamente esa explotación la que el Gobierno, a través de la Cancillería, calificó de “unilateral” por parte de los británicos, algo “incompatible con lo dispuesto por la Resolución 31/49 de la Asamblea General, que insta a las partes a abstenerse de introducir modificaciones unilaterales en la situación mientras las Islas se encuentran sujetas al proceso de negociación”.

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