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“No se puede tratar”: ante la alerta global por la IA, el Gobierno pierde apoyo para impulsar un proyecto clave en el Congreso

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Es el tema del momento en medios de todo el mundo. El exinvestigador de IA, Jacob Coxon, publicó un hilo en X luego de renunciar a su cargo en Anthropic (la desarrolladora de Claude), en el que advirtió que pronto podría haber sistemas superinteligentes que podrían “matarnos a todos” para finales de la década. A esta advertencia se sumó la de Evan Hubinger, jefe de un equipo de seguridad de esa compañía, quien calculó en más del 10% la probabilidad de extinción de la raza humana en una década, si no se consiguen alinear los desarrollos de los próximos modelos de Inteligencia Artificial.

Argentina no está ajena a este debate que ya tienen repercusión en el plano político. Una de esas discusiones tiene basamento en el Senado: por esta agenda que creció exponencialmente desde el martes, legisladores de distintos bloques aseguran que el oficialismo de La Libertad Avanza deberá frenar la totalidad o al menos una parte central del proyecto de Ley General de Sociedades que empuja el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; se trata de una de las iniciativas que emociona al propio presidente Javier Milei.

El proyecto busca poner fin a la Ley 19.550 que data de 1972 y promueve la digitalización, flexibiliza el objeto social e introduce las “sociedades automatizadas”, aquellas que desarrollan su actividad mediante “sistemas algorítmicos autónomos o agentes de inteligencia artificial, sin requerir trabajadores en relación de dependencia ni recursos humanos para su operación ordinaria”.

El Gobierno ingresó ese proyecto el 1 de junio de este año y desde entonces se ha debatido en la comisión de Legislación General, presidida por la senadora nacional por Neuquén Nadia Márquez. Fuentes de La Libertad Avanza y de tres bloques aliados al oficialismo han admitido en privado que el debate, que había encontrado algunos cauces en las últimas semanas, seguramente se estanque producto de este nuevo contexto.

“Yo no lo voy a votar”, se sinceró una banca libertaria en estricta reserva. Mirando el panorama, otra figura cercana al oficialismo marcó: “Es el mismo fenómeno que la Ley de Tierras, no se puede tratar”. Una fuente gubernamental solamente se ocupó de aclarar que para la Casa Rosada “era una oportunidad importante” para tratar esta temática, pero que entienden que “la discusión pasa por otro lado hoy”. “El proyecto está disponible para cuando consideren oportuno tratarlo”, concluyen.

Hacia finales de agosto, la jefa libertaria en el Senado, Patricia Bullrich, había anunciado cambios a la ley de Sociedades para poder garantizar el apoyo de bloques aliados que no estaban convencidos de firmar el dictamen. Si bien no se especificó el nuevo texto, la dirigente violeta apuntó a que quede clara la responsabilidad final de personas físicas en las sociedades automatizadas.

“Estamos pensando, desde el oficialismo y algunos bloques más, hacer mucho más pétrea la responsabilidad de las sociedades automatizadas con responsables físicos. Eso le va a dar más seguridad jurídica”, señaló Bullrich. La sugerencia de que se incorpore una persona jurídica había sido realizada también por el titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), Alejandro Ramírez. Por su parte, Sturzenegger había visto con buenos ojos esta modificación y aclaró que solo “la gestión operativa de esa sociedad no la hacen humanos, sino programas, softwares, robots, o lo que fuera”.

El proyecto original que provino desde la Casa Rosada contiene tres capítulos y 277 artículos en total. Se trata de una reforma más amplia que la incorporación de sociedades con sistemas algorítmicos autónomos o agentes de inteligencia artificial. Es por eso que se multiplican las voces entre las bancadas senatoriales de que “es más fácil aprobar el proyecto en general que el capítulo particular que contiene el apartado de la automatización de sociedades”.

El debate que se puede generar sobre esta reforma en particular se inserta en un contexto, cuanto menos, hostil para las pretensiones de Milei, Sturzenegger o los principales impulsores del oficialismo. La discusión que se generó a partir de las declaraciones del exinvestigador en IA de Anthropic ha colocado a la Inteligencia Artificial en el centro del debate global, así como a las capacidades que tienen los Estados Nacionales o las mismas corporaciones para poder evitar que los modelos presentes muten en esquemas superinteligentes a partir de la automejora recursiva.

Para oficialistas y opositores que tienen una banca en el Congreso, la discusión sobre la letra chica del proyecto ya no es viable en términos políticos. Al menos no en el corto y mediano plazo. Es un panorama similar al de la Ley de Tierras hacia comienzos de agosto. Hubo senadores que habían firmado el dictamen de la iniciativa pero que con la cercanía de la sesión para darle media sanción al proyecto dieron marcha atrás y rechazaron capítulos importantes de la misma. Hay senadores que ya afirman en el off the record que no apoyarán la automatización de las sociedades.

En ese contexto, la administración nacional de Milei le ha dado importancia al rol de la Inteligencia Artificial para el desarrollo de la economía para las próximas décadas. En una entrevista reciente publicada por The Economist, el Presidente volvió a prometer que la Argentina adoptará la IA como ningún otro país y que cree que podría ayudarla a “convertirse en una potencia mundial líder como Estados Unidos” en tan solo 20 años.

El Presidente no ha sido ajeno a este tipo de debates. El proyecto ideado en las usinas de Sturzenegger recibió una respuesta por parte del historiador y escritor Yuval Noah Harari —conocido por libros como Sapiens y Homo Deus, entre otros—, quien advirtió en una columna en el Financial Times que otorgar personería jurídica a agentes de IA les daría una “llave maestra” para acceder a los sistemas financieros, económicos y políticos con capacidades de poseer bienes, contratar personal, iniciar procesos judiciales y hasta de financiar campañas sin que exista una responsabilidad directa detrás de esas decisiones.

La respuesta epistolar del Presidente no tardó en llegar. A través de un texto publicado en el FT, Milei calificó de “inesperada” la preocupación de Harari por esa temática y remarcó que dotar de marco jurídico a las empresas gestionadas por IA “parece ser una característica necesaria” del porvenir tecnológico. Ahí sostuvo que una empresa autónoma sujeta a un marco legal que puede disolverla, embargar sus activos o exigirle responsabilidad “no está escapando de la ley. Está sometiéndose a ella”. Además, consideró que, si las empresas de IA implican riesgos mayores que las dirigidas por humanos, “el argumento a favor de la personalidad jurídica se fortalece, no se debilita”, porque estarían sujetas a las mismas sanciones, embargos y posibilidad de disolución que rigen para cualquier compañía no automatizada.

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Nuevos operativos de documentación

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El Registro Provincial de las Personas realizará esta semana nuevos operativos de documentación en distintos puntos de la ciudad.

Será desde hoy martes 13 al viernes 16 de octubre. El horario de atención de 10 a 15 horas.

 ¿Qué trámites se pueden realizar?

  • DNI (Documento Nacional de Identidad)
  • Solicitud de partidas
  • Certificados de domicilio y extravío
  • Certificado de Pre Identificación (CPI)
  • Empadronamiento de extranjeros
  • Cambio de género
  • Inicio de expediente de inscripción tardía

Fuente: Frente al cano.

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Se oficializó la salida de Bahía Blanca del régimen de Zona Fría

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El Gobierno de Javier Milei oficializó este martes la modificación del Régimen de Zona Fría, que otorga descuentos en las tarifas de gas a usuarios de distintas regiones del país. La medida quedó formalizada con la publicación de la Ley 27.828 y del Decreto 1161/2026 en el Boletín Oficial.

La reforma, sancionada por el Congreso el 24 de septiembre y promulgada por el Presidente el 9 de octubre, establece nuevas condiciones para acceder al beneficio y una bonificación adicional para los hogares que cumplan determinados requisitos socioeconómicos y geográficos.

La nueva legislación modifica el artículo 75 de la Ley 25.565 y deroga distintos artículos de la Ley 27.637, que había ampliado el alcance territorial del régimen.

El principal cambio es que residir en una zona alcanzada por la ampliación anterior ya no será suficiente para acceder automáticamente al descuento. Los hogares deberán estar inscriptos en el Régimen de Subsidios Focalizados y cumplir las condiciones establecidas por la nueva normativa.

Además, la bonificación adicional se aplicará sobre los denominados Consumos Base, por lo que no necesariamente alcanzará a la totalidad del gas utilizado por cada hogar.

La reforma mantiene un tratamiento diferenciado para la Región Patagónica, el departamento de Malargüe, en Mendoza, y la región conocida como Puna, donde continuarán los beneficios previstos en el régimen.

Quiénes podrán mantener el subsidio de Zona Fría con la nueva ley

La Ley 27.828 establece una bonificación adicional por Zona Fría para determinados usuarios residenciales de gas natural por redes y gas propano indiluido por redes.

El beneficio estará destinado a hogares ubicados en las subzonas bioambientales IIIa, IVa, IVb, IVc, IVd, V y VI, contempladas en la normativa utilizada por el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS).

Para acceder, los usuarios deberán estar inscriptos en el Régimen de Subsidios Focalizados, encontrarse dentro de las áreas geográficas previstas y cumplir alguno de los criterios socioeconómicos establecidos por la ley.

Los requisitos contemplados son:

  • Ingresos familiares: hogares cuyos integrantes registren, en conjunto, ingresos netos iguales o inferiores a tres Canastas Básicas Totales (CBT) para un hogar tipo 2, según el INDEC.
  • Certificado de Vivienda Familiar: hogares con al menos un integrante que posea este documento del Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP).
  • Veteranos de Malvinas: hogares con un integrante que perciba una Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra del Atlántico Sur.
  • Personas con discapacidad: hogares con al menos un integrante que tenga Certificado Único de Discapacidad (CUD). En estos casos, la Secretaría de Energía deberá evaluar de qué manera esa condición implica una necesidad de asistencia económica para pagar los servicios energéticos.

La ley no establece un límite de ingresos fijo en pesos, sino que lo vincula al valor de tres Canastas Básicas Totales para un hogar tipo 2, de acuerdo con las mediciones del INDEC.

La legislación también determina que la bonificación adicional estará limitada a los consumos base reconocidos por el régimen de subsidios.

Por otra parte, la Región Patagónica, Malargüe y la Puna conservarán un régimen específico. Para esas zonas continuarán los beneficios destinados a usuarios residenciales de gas natural y gas propano por redes, así como a determinados usuarios del Servicio General P.

El Poder Ejecutivo, por sí o mediante la autoridad de aplicación, tendrá la facultad de determinar las modalidades de esos beneficios.

Qué cambia en las facturas de gas y hasta cuándo estará vigente el régimen

La modificación introduce un cambio en las condiciones de acceso a los descuentos para los usuarios de las zonas comprendidas en la ampliación anterior.

La bonificación adicional dejará de depender únicamente de la ubicación geográfica y quedará condicionada al cumplimiento de los requisitos del régimen focalizado.

Esto significa que los hogares que no reúnan las nuevas condiciones podrían dejar de recibir el descuento territorial anterior, aunque su situación frente a otros subsidios energéticos deberá evaluarse por separado.

Además, el nuevo beneficio se aplicará sobre los consumos base establecidos por el régimen, por lo que no necesariamente cubrirá la totalidad del gas utilizado en una casa.

Sin embargo, la Ley 27.828 no establece un porcentaje específico para la nueva bonificación adicional ni determina cuánto aumentarán las facturas de los usuarios que dejen de recibir el descuento anterior.

Tampoco precisa cuántos hogares podrán conservar el beneficio ni cuántos quedarán excluidos.

En cuanto al financiamiento, la normativa establece que el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos de Gas se constituirá con un recargo de hasta el 7,5% sobre el precio del gas natural en el punto de ingreso al sistema de transporte, con las excepciones previstas en la ley.

El Poder Ejecutivo podrá aumentar o disminuir el nivel de ese recargo hasta en un 50%, de acuerdo con las modalidades que considere pertinentes.

La reforma también incorpora disposiciones sobre el mercado eléctrico, las condiciones de contratación de gas, las fuentes renovables de energía y la actividad hidrocarburífera.

El Régimen de Zona Fría tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2031, según establece la Ley 27.828, que entró en vigor este martes con su publicación en el Boletín Oficial.

Fuente: TN

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Se profundiza la crisis en PAMI: arrancó el paro de médicos de cabecera y odontólogos

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Comenzó hoy el paro por 96 horas de médicos de cabecera y odontólogos de PAMI en todo el país. La medida de fuerza fue convocada por la Asociación de Profesionales de la Salud (APPAMIA), que denuncia un fuerte deterioro de los honorarios y dificultades para afrontar los costos de funcionamiento de los consultorios.

“Los médicos de cabecera, la única forma que tienen de expresar su descontento, es parando su actividad, como cualquier otro asalariado. Y la gente es la que se perjudica, pero no tienen otra arma para hacer escuchar su reclamo”, expresó esta mañana en diálogo con Radio Altos el Dr. Esteban Costazos, quien aclaró que los médicos auditores no se suman a la huelga.

Indicó que el médico de cabecera cobra por cápita por paciente $2.100 mensuales, mientras que en el caso del odontólogo esa suma se ubica cerca de los $400.

“Eso es lo que para PAMI vale la cápita de un afiliado. O sea, un médico que tiene 500 pacientes anotados cobra un millón de pesos por mes. Es una locura. Y de los odontólogos ni hablemos”, aseveró sobre los bajos salarios.

En el caso de los auditores, aclaró que están analizando posibles medidas de fuerza y remarcó que desde que expuso la grave situación que atraviesa el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados en todo el país, no hubo ningún cambio.

Si bien afirmó que el diálogo con las autoridades locales del PAMI es muy bueno, no tienen poder de decisión. “Soluciones no hubo ninguna porque tienen que venir de Capital”, remarcó.

Costazos advirtió que la situación actual de PAMI es “muy mala” y que la preocupación va en aumento porque “no hay vistas de que vaya a mejorar”.

Frente a las dificultades que encuentran las y los jubilados para obtener turno, una receta u orden médica y acceder a las prestaciones, describió que es muy frustrante para el médico, en su caso en el rol de auditor, no poder dar respuestas.

“Es muy frustrante no poder ayudar de la manera que uno sabe que se puede porque el instituto ya ha tenido la capacidad de tratar mejor a sus beneficiarios. Vuelvo a mi casa muy cansado, no por un cansancio físico sino mental. Es mucha la presión y mucha la frustración. Sería mejor que las condiciones laborales fueran mucho más agradables”, enfatizó.

Fuente: Frente al cano.

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