Luego del primer triunfo legislativo del verano, al lograr aprobar el Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal antes de fin de año, el Gobierno ya se concentra en lo que será la discusión durante enero y febrero, meses en los que intentará sancionar la postergada reforma laboral, en medio de otros reclamos de la oposición.

Este martes finalizará el primer periodo de sesiones extraordinarias al que convocó el presidente Javier Milei, el cual tenía un temario ambicioso con varios proyectos enviados por el Poder Ejecutivo, pero solo dos de ellos se aprobaron.

En el tintero quedaron, además de los cambios en el sistema de trabajo, los proyectos de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria; el nuevo Código Penal y la Ley de Glaciares.

Es que, ante un escenario adverso en el Congreso, a pesar de haber fortalecido al bloque tras las elecciones, el oficialismo decidió dejar para más adelante todas estas iniciativas y así focalizar el debate en las medidas que la Casa Rosada consideraba más prioritarias.

Ahora, después de que pasen dos semanas de descanso, Milei tiene previsto volver a llamar a sesiones extraordinarias para tratar, en la segunda parte del verano, estas cuestiones que quedaron pendientes.

Sin embargo, ese tiempo de dispersión no será para todos, ya que hay algunos integrantes del Gobierno que, a pesar de que no hubo una orden por parte de la cúpula sobre qué hacer, decidieron que no se tomarán vacaciones.

Tal es el caso del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien este martes encabezará una nueva conferencia de prensa para anunciar las últimas medidas de la administración libertaria antes de que termine el 2025.

De igual forma, el ministro del Interior, Diego Santilli, tiene pensado dedicar la primera mitad de enero a llevar adelante una nueva gira por el país para conversar personalmente con los gobernadores sobre la reforma laboral.

Durante este año, el funcionario visitó a Rogelio Frigerio, en Entre Ríos; Alfredo Cornejo, en Mendoza; Carlos Sadir, en Jujuy; Rolando Figueroa, en Neuquén; Gerardo Zamora, en Santiago del Estero; Hugo Passalacqua, en Misiones, y Gustavo Valdés, en Corrientes.

Al resto de los mandatarios los recibió en la Casa Rosada, incluso a algunos de los mencionados, y con los únicos con los que no se reunió fue con Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y con los de la oposición dura, Axel Kicillof (Buenos Aires), Gildo Insfrán (Formosa), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Ricardo Quintela (La Rioja).

Tal como anticipó en una entrevista con Infobae la senadora Patricia Bullrich, entre el 16 y el 26 de enero próximos se revisarán los dictámenes tanto de este proyecto como el de la Ley de Glaciares.

La propia jefa de la bancada de La Libertad Avanza reconoció que la discusión “no será a libro cerrado”, sino que “ya hubo cambios y habrá más, pero siempre con el objetivo de sostener una mayoría amplia”.

En ese sentido, trabajará Santilli, con la misión de conseguir el apoyo de las provincias, algunas de las cuales vienen reclamando que se sume al temario las designaciones de los jueces federales vacantes.

De hecho, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, pidió recientemente que se analicen los pliegos para completar los tribunales, algo que requiere solamente de la aprobación en el Senado.

“Tenemos vacantes en la cobertura de jueces y eso supone la acción de los otros dos poderes. Hace más de dos años que esto está prácticamente paralizado y no hemos podido hacer nada”, lamentó el magistrado.

De acuerdo con datos del Consejo de la Magistratura, de los 1.002 jueces titulares que debería haber en todo el país, hay 337 lugares que aún están disponibles, para los cuales ya hay 153 candidatos que están esperando el visto bueno del Congreso.

Sin embargo, las autoridades nacionales no tienen intenciones de avanzar con ese asunto en el corto plazo y la cuestión sería abordada recién en marzo o abril del año que viene.

Es que, el Gobierno todavía tiene que definir quién va a ser el futuro ministro de Justicia cuando finalmente se retire Mariano Cúneo Libarona, que amagó con renunciar en noviembre, pero continuó en el cargo por pedido expreso de Milei.

Además, también resta saber qué ocurrirá con la propia Corte, que actualmente está funcionando solamente con tres miembros, debido a que no hubo acuerdo con la oposición para elegir a los dos faltantes.

Así las cosas, desde el 26 de enero y hasta el 10 de febrero, el Senado buscará tratar en el recinto la reforma laboral y la modificación de la Ley de Glaciares, por lo que el ministro del Interior tendrá hasta ese momento para reunir las voluntades de los gobernadores.

Por su parte, luego de conseguir su primera victoria como jefa del bloque, Bullrich sí se tomará unos días de descanso antes de retomar las negociaciones para el resto de las iniciativas.

Qué plantea la reforma laboral

La medida en cuestión incorpora lineamientos sobre modernización de las normativas de trabajo vigentes, enfatizando cambios en áreas críticas como vacaciones, indemnizaciones, despidos y la organización de horas laborales.

Tal como anticipó este medio, uno de los puntos principales del texto apunta a aumentar la seguridad jurídica de las empresas y desincentivar el litigio, en un contexto en que muchas pymes enfrentan juicios millonarios y cuestionan los argumentos que dieron lugar a los fallos desfavorables.

En este sentido, en cuanto a las modificaciones a la Ley de Contrato de Trabajo, se elimina la “justicia social” como criterio interpretativo para la aplicación de la norma y se otorga autoridad de cosa juzgada a los acuerdos transaccionales, conciliatorios o liberatorios homologados, con el fin de reducir la judicialización.

Además, se crea un sistema de “banco de horas”, para compensar el tiempo extra trabajado, permite el fraccionamiento de las vacaciones y establece novedades como el Régimen de Incentivo a la Formalización y el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), el cual está destinado a cubrir los costos de las indemnizaciones en casos de despido.

El proyecto fue elaborado por el Consejo de Mayo, que se reunió a lo largo del 2025 y está integrado por representantes del Poder Ejecutivo, de la Cámara de Diputados, del Senado, de las provincias, del sindicalismo y del sector privado.

Los cruces por las tres designaciones que la Cámara de Diputados realizó para la Auditoria General de la Nación (AGN) el pasado 18 de diciembre, cuando se trató el proyecto de Presupuesto 2026, continúan escalando y crece la tensión entre el PRO y la Libertad Avanza. Ahora, el partido amarillo reiteró que judicializará las presentaciones y aseguró que hay un acuerdo entre el oficialismo y el kirchernismo por los nombramientos.

En un comunicado que difundieron en sus redes sociales, desde el PRO señalaron que “el acuerdo ya estaba cerrado” y aseguraron: “La Libertad Avanza, el Kirchnerismo (UxP) y el bloque de Innovación Federal ya contaban holgadamente con las 3/4 partes de los votos necesarios para habilitar el tratamiento y aprobar las designaciones. Finalmente la aprobación de la votación se realizó con 189 votos. El resultado estaba definido de antemano y no dependía matemáticamente de la presencia o el voto del PRO“.

Y continuaron: “Nunca vamos a convalidar la ilegalidad. Nuestro retiro del recinto no tuvo como fin ‘facilitar’ la votación, sino no convalidar con nuestra presencia un procedimiento abiertamente inconstitucional. La votación se realizó de madrugada, sin transparencia y tratando un tema que no estaba habilitado en la convocatoria a Extraordinarias, violando el artículo 63 de la Constitución Nacional”.

Todo escaló después de la designación de Rita Mónica Almada por LLA, Juan Ignacio Forlón por el peronismo y Pamela Calletti, la ex diputada vinculada políticamente al gobernador de Salta Gustavo Sáenz. La intención original es que los siete auditores que son designados por el Congreso -3 por Diputados y 4 por el Senado– asuman en un acto conjunto. Sin embargo, la disputa entre el PRO y LLA por estas designaciones aceleró los plazos.

El partido que conduce Mauricio Macri denunció en el recinto de Diputados que los libertarios no habían cumplido sus compromisos en las designaciones de la AGN y que iba a ir a la Justicia para frenarlo.

Justamente, en el comunicado remarcaron: “No íbamos a legitimar una votación inconstitucional. Dicho por abogados constitucionalistas, permanecer en las bancas, aun votando en contra, hubiera implicado legitimar con nuestra presencia un acto viciado de nulidad absoluta que, reiteramos, numéricamente ya estaba resuelto por el acuerdo entre el oficialismo y el kirchnerismo“.

“Presentamos una acción judicial para que se declare la inconstitucionalidad del acto. La prueba más clara de nuestra oposición es que el presidente de nuestro bloque, Cristian Ritondo, ya presentó un recurso de amparo ante la Justicia para que se declare la nulidad de lo votado. El PRO no es cómplice de acuerdos a espaldas de la sociedad ni de atropellos institucionales”, completaron.

Según el documento de 29 páginas presentado por Ritondo a la Justicia con el patrocinio de la abogada Tiziana Díaz, la moción en Diputados que derivó en la designación de los auditores “se realizó sin mediar informe alguno de comisión, sin dictamen previo, sin circulación anticipada de los antecedentes de los candidatos, sin acuerdo alguno de Labor Parlamentaria, y sin que se solicitara ni aprobara expresamente con las formalidades requeridas”.

La decisión de hacer un acuerdo con el bloque K de LLA se tomó durante la madrugada de la última sesión. En la previa a que se votara el presupuesto en Diputados.

Durante esa madrugada tomó la palabra el jefe del bloque de La Libertad Avanza (LLA), Gabriel Bornoroni, quien hizo una propuesta para poder ocupar los cargos vacantes. “La propuesta concreta es que esta Cámara designe como auditores generales de la Nación a las siguientes personas: Rita Mónica Almada, Juan Ignacio Forlón y Cinthia Pamela Calletti”, señaló el cordobés.

“Propongo que se vote la terna completa y que se autorice a la Presidencia de la Cámara a darle forma de resolución a lo aquí establecido”, completó el diputado cordobés. Acto seguido, el recinto se tiñó de quejas, que cuestionaron la solicitud.

Esto desató la furia de los diputados amarillos que, luego de reclamar la falta de palabra del bloque de LLA y del presidente de la Cámara, Martín Menem, anunció que iba a ir a la Justicia y se retiraron del recinto. El PRO tenía acordado que el cargo de Calletti o de Almada iba a ser para el exministro de Trabajo macrista, Jorge Triaca.

Con la nueva composición en la Cámara de Diputados y en el Senado de la provincia de Buenos Aires, la Libertad Avanza encarará el 2026 con bloques mucho más robustos en la Legislatura bonaerense. Desde ese lugar buscará instalar su agenda propia, aunque el peronismo tendrá las bancadas más grandes, siendo primera minoría en Diputados y ostentando quorum propio en el Senado. Los legisladores de Milei tiene un objetivo: implementar la Boleta Única de Papel para los cargos provinciales en las elecciones 2027.

En la agenda de trabajo que los libertarios empiezan a trazar para el año entrante está una reforma política integral en la que la forma de votación, similar a lo que fue la elección legislativa de este año a nivel nacional, sea el eje rector. Pero también hay otros temas como las Primarias —su aplicación hoy por hoy es potestad del Gobernador, aunque debe pasar por la Legislatura, como sucedió este año— y reflotar la discusión de las reelecciones indefinidas. “El peronismo suele ponerse creativo en este tema”, ironizaron desde la bancada libertaria.

La aplicación de la Boleta Única de Papel en las elecciones de octubre funcionó sin mayores inconvenientes; como también sucedió con la elección provincial del mes de septiembre, cuando se sufragó con el modelo de boleta partidaria. Sin embargo, a partir del antecedente de los comicios a diputados nacionales los libertarios buscarán en 2026 llevar el tema a los recintos legislativos. “Es año no electoral, no se puede cambiar las reglas en pleno partido como hicieron durante este año y todo a conveniencia de la interna del peronismo”, plantean los libertarios; ejemplificando con el cambio de reglamento en Diputados que se realizó en la sesión en la que se aprobó el endeudamiento.

Pero además de la discusión por la Boleta Única de Papel, La Libertad Avanza también mira con interés otra discusión del sistema político bonaerense que quedó en stand by en los últimos acuerdos que terminaron aprobando el presupuesto, la ley fiscal y el endeudamiento: las vacantes en la Suprema Corte de Justicia.

El máximo tribunal de Justicia de la provincia funciona con tres de sus siete integrantes: Hilda Kogan, Sergio Torres y Daniel Soria. Hay cuatro vacantes que el Ejecutivo admite que pondrá en consideración durante este año y allí es donde quiere intervenir LLA. Sin nombres todavía definidos, sí apuesta a ser parte de las propuestas. “Es algo que hay que resolver urgente y con equilibrio”, asegura una voz libertaria que forma parte de las conversaciones con el peronismo en territorio bonaerense.

En Diputados, La Libertad Avanza quedó conformado por un grupo de 19 legisladores; entre los que hay tres sectores: quiénes responden a Patricia Bullrich y provienen del PRO, el llamado parejismo, que se mueve basándose en las determinaciones del presidente del partido a nivel bonaerense, Sebastián Pareja, y dos representantes del grupo Las Fuerzas del Cielo que comanda el asesor Santiago Caputo. Son Agustín Romo y Nahuel Sotelo. Este grupo, pese a ser minoría, preside el bloque bajo el mando de Romo.

En tanto que quienes integraron desde el PRO la alianza para las elecciones de septiembre pasado y fueron en la boleta violeta, seguirán manteniendo autonomía desde la bancada PRO. Hoy por hoy y en el corto plazo, los libertarios los ven con cierta distancia, producto de la última votación por el endeudamiento bonaerense, en el que el PRO rechazó uno de los artículos de pedido de deuda, pero acompañó el específico para el ‘rollover’; habilitando así su aprobación en general. Luego, el espacio de Cristian Ritondo logró tener representación propia en el directorio del Banco Provincia.

Pese a los matices, la implementación de la Boleta Única de Papel que busca instalar LLA viene con el antecedente de que en 2024, los bloques de la UCR, el PRO y la Coalición Cívica habían presentado un proyecto en conjunto, mientras el tema se discutía a nivel nacional. Solo lograron el giro a comisiones del proyecto en cuestión. Ahora podría ser un pedido más grande.

En lo que respecta a la discusión por la Corte, la negociación pasará por la representación libertaria que haya en el Senado. En la Cámara alta, LLA quedó con un bloque de cinco integrantes y las designaciones para un juez de la Corte deben salir por acuerdo del Senado, luego de una instancia previa que por ley se debe hacer e incluye entrevistas con los postulantes, objeciones, revisión de antecedentes y demás. También debe haber consenso político y ahí es donde pretende intervenir LLA.

Por lo pronto, uno de los sectores más proactivo en integrar la Corte es el radicalismo. El partido centenario, no exento de internas, tiene dos nombres en carpeta: la vicerrectora de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Marina Sánchez Herrero, por un lado, auspiciada por el sector del senador nacional Maximiliano Abad y el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de La Plata, Miguel Berri.

Además de transitar la discusión interna del peronismo, Kicillof también deberá convivir con una Legislatura compleja en términos políticos y que tendrá sus propias demandas, para los casi dos años de mandato que le quedan por delante.