El oficialismo y sus aliados avanzaron este miércoles en la Cámara de Diputados con el dictamen de mayoría del proyecto para reducir las zonas incluídas en el régimen de Zonas Frías. Según explicaron fuentes de La Libertad Avanza, el objetivo es incluir el recorte de subsidios en una sesión que será convocada para el próximo miércoles 20 de mayo.
El proyecto restringe el universo de beneficiarios del régimen de Zona Fría únicamente a la Patagonia, Malargüe (Mendoza) y la Puna, mientras que excluye a las provincias que ingresaron en la ampliación de 2021, por ejemplo, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y San Luis. En esa reforma impulsada por Máximo Kirchner, el Congreso había extendido el criterio de zona fría a partir de parámetros bioambientales, llevando el número de beneficiarios de 950.000 a 4 millones de hogares, casi la mitad de los usuarios residenciales con acceso a gas por red.
A su vez, el proyecto establece que el subsidio por Zona Fría quedará reservado a los usuarios registrados en el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). Este padrón incluye hogares con ingresos inferiores o iguales a tres Canastas Básicas Totales, que cuenten con Certificado de Vivienda Familiar y los beneficiarios de pensión vitalicia a veteranos. Por lo tanto, solo los hogares vulnerables empadronados en el SEF podrán mantener el adicional por zona fría en las áreas que perderán la cobertura ampliada.
En total, quedarán fuera del régimen 55 departamentos en Buenos Aires, 3 en Catamarca, 13 en Córdoba, 12 en La Pampa, 3 en La Rioja, 6 en Mendoza, 8 en Salta, 11 en San Juan, 8 en San Luis, 8 en Santa Fe y 1 en Tucumán.
Desde el oficialismo explicaron que con la alícuota vigente del 7,5% sobre el precio del gas natural, el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos de Gas ya no alcanza para financiar el régimen.
La secretaria de Energía, María Carmen Tettamanti, explicó ante la comisión que el Gobierno considera que “los recursos son escasos y que la forma justa de utilizarlos es destinarlos exclusivamente a la gente que más lo necesita”.
“No le estamos sacando ningún subsidio a la gente que lo necesita. Pero en el resto del país estamos focalizando lo que se recauda con la alícuota del 7,5% en los usuarios que más lo necesitan. Lo que queremos es que la gente que pueda pagar la energía, la pague. Y focalizar en los que más necesitan”, detalló.
Por otro lado, la iniciativa aborda la deuda histórica del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM). Si se modifica el régimen, el Estado calculará las diferencias de ingresos que las distribuidoras y transportistas eléctricas de jurisdicción federal dejaron de percibir durante los años de emergencia tarifaria (congelamiento de tarifas). Ese crédito se aplicará a cancelar las deudas que esas empresas mantienen con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima (CAMMESA), a condición de que abandonen todos los reclamos judiciales o administrativos vinculados.
“Lo que proponemos es evaluar cuáles son los ingresos que las empresas no percibieron y en caso de que esos activos regulatorios superen la deuda con CAMMESA, se les condonaría la deuda. Pero van a tener que renunciar a hacerles nuevos reclamos judiciales al Estados Nacionales”, explicó Tettamanti.
El oficialismo apunta a incluir este proyecto en la sesión del próximo miércoles 20 de mayo, cuando también se tratará la Ley Hojarasca, que elimina 70 normas que “generan costos inútiles a los contribuyentes, se volvieron obsoletas o afectan libertades individuales”.
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