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Por la pandemia del coronavirus, el Gobierno postergó pagos de la deuda hasta 2021

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El gobierno nacional oficializó hoy la postergación hasta 2021 de los pagos de la deuda pública en dólares correspondientes a este año, como consecuencia de la emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus, con la publicación en el Boletín Oficial del decreto de necesidad y urgencia 346/2020.

“Está decisión constituye un paso que estaba contemplado en el proceso de restauración de la sostenibilidad de la deuda pública”, precisó anoche, el ministro de Economía, Martín Guzmán, quien subrayó: “Apuntamos a un tratamiento equitativo para la deuda pública en dólares bajo la ley argentina y las leyes extranjeras”.

El DNU dispuso el diferimiento de los pagos de intereses y amortizaciones de capital de la deuda instrumentada mediante títulos en dólares emitidos bajo ley de Argentina, hasta el 31 de diciembre de 2020, o hasta la fecha anterior que Economía determine, considerando el grado de avance y ejecución del proceso de restauración de la sostenibilidad de la misma.

Sin embargo, la norma exceptuó del diferimiento a las Letras del Tesoro intransferibles denominadas en dólares en poder del Banco Central, y las Letras suscriptas en forma directa por el Fondo de Garantías de Sustentabilidad (FGS) de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).

Tampoco se incluye en la postergación las Letes emitidas en virtud del Decreto N° 668/19, que obligó a todo el sector público a invertir en este instrumento; y las emitidas para cancelar deuda con Mendoza.

Del mismo modo, no se prorroga el pago de las Letes suscriptas en forma directa por China Machinery Engineering Argentina Sociedad Anónima (CMEA) a cargo de las obras de reconversión del ferrocarril Belgrano Cargas, ni tampoco el bono emitido para abonar una deuda con las empresas gasíferas, por el Plan Gas de 2013; ni las Letes en Garantía suscriptas por el Fondo para el Desarrollo de Energías Renovables (Foder).

El DNU, también, autorizó a Economía a efectuar las operaciones de administración de pasivos y canjes o reestructuraciones de los títulos cuyos pagos se difieren, con el fin de recuperar y asegurar la sostenibilidad de la deuda pública, la que deberá ser compatible con la recuperación de la economía productiva y con la mejora de los indicadores sociales básicos.

Los pagos de los servicios de intereses y amortizaciones de capital de las Letes suscriptas por el FGS, y por todo el sector público, serán reemplazados, a la fecha de su vencimiento, por nuevos títulos públicos cuyas condiciones serán definidas, en conjunto, por las secretarías de Finanzas y de Hacienda.

Por otra parte, el DNU prorrogó hasta el 31 de diciembre de este año, la vigencia del Decreto 668/19, e incluyó en el mismo al FGS.

Ese decreto fijó el año pasado que, hasta el 30 de abril próximo, los organismos del sector público nacional, así como la totalidad de las empresas, entes y fondos fiduciarios, sólo podrán invertir sus excedentes transitorios de liquidez, mediante la suscripción de Letras precancelables emitidas por el Tesoro Nacional a un plazo que no exceda los 180 días, excepto los bancos públicos y los poderes Legislativo y Judicial.

El DNU destacó que la crisis sanitaria mundial generada por la pandemia del coronavirus alteró los plazos previstos oportunamente en el Cronograma de acciones para la gestión del Proceso de Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Externa.

Además, subrayó que la dinámica de la pandemia y su impacto sobre la salud pública sumado a la situación económica y social imperante hace imposible seguir el trámite ordinario para la sanción de las leyes.

A este contexto de deterioro de la situación económica y social, producto de la emergencia sanitaria, se le adiciona la inminencia de próximos vencimientos de los servicios de la deuda pública, por lo cual “la presente medida se ajusta a la razonabilidad que exige el ejercicio responsable de la función de gobierno”, indican los fundamentos.

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SUBE: nuevo saldo negativo y siguen los beneficios sociales

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Desde el Ministerio de Economía confirmaron que algunos usuarios, incluidos los de nuestra ciudad, podrán acceder a la tarifa social de SUBE para obtener un descuento en sus viajes en colectivos, trenes y subtes. La información surgió luego del aumento de tarifas de transporte en el AMBA y de la eliminación de los subsidios a las empresas provinciales de transporte. Por otro lado se informó que el nuevo saldo negativo de la tarjeta SUBE es de $1080 pesos.

“Las personas que utilizan el servicio y que necesiten del aporte del Estado Nacional, seguirán contando con el Atributo Social en todo el territorio nacional donde funciona la tarjeta SUBE. Se trata de una asistencia que es igual para todos, vivan en el lugar que vivan, y que implica un descuento del 55% de la tarifa del boleto del transporte público. La decisión del Estado Nacional es que los fondos lleguen directamente a los ciudadanos, sin intermediarios de ningún tipo, y beneficiando así a las personas que más lo necesitan”, se informó oportunamente

¿Quiénes pueden acceder a la tarifa social de la SUBE?

La personas que pueden acceder a la la tarifa social de la Tarjeta SUBE son:

  • Jubilados y/o pensionados
  • Personal del Trabajo Doméstico
  • Veteranos de la Guerra de Malvinas
  • Monotributistas Sociales

Además, aquellos que sean beneficiarios de:

  • Asignación Universal por Hijo
  • Asignación por Embarazo
  • Programa de Jóvenes con Más y Mejor trabajo
  • Seguro por desempleo
  • Seguro de Capacitación y Empleo
  • Programa Promover Igualdad de Oportunidades
  • Programa PROGRESAR
  • Programa “Potenciar Trabajo”
  • Pensiones No Contributivas

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De Leo y Moirano le piden a Provincia que explique por qué se suspendieron las obras en la Ruta 51

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Continua el malestar en referentes de la politica bahiense a nivel bonaerense, tras el anuncio por parte de Provincia de suspender la licitación en un tramo de la Ruta 51.

Al malestar manifestado por la diputada del GEN, Natalia Dziakowski, se sumó la de los senadores provinciales de Juntos, Andrés De Leo y Nidia Moirano.

En las últimas horas, ambos presentaron un pedido de informes para que la “Provincia explique por que suspendieron las obras en la Ruta 51, en el tramo que une el dique Paso de las Piedras con Bahía Blanca”.

Según publicó De Leo en sus redes sociales, el pedido se debe “ante la falta de información oficial clara” sobre los motivos de la suspensión.

“Luego de publicarse en el Boletín Oficial de PBA, Vialidad dío de baja la licitacion con sólo un ‘suspendida hasta nuevo aviso’, sin embargo la licitación figura en el Boletín Oficial. Necesitamos saber cuál será el destino de las obras, tan necesarias para toda la región”, afirmó el legislador.

 

Cabe recordar que la licitación fue anunciada el lunes por la tarde, con un presupuesto superior a los 7,8 mil millones de pesos, pero horas más tarde se confirmó su postergación.

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Pampa Energía construirá otro parque eólico en Bahía Blanca

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Con una inversión de más de 500 millones de dólares, la empresa Pampa Energía construirá un nuevo parque eólico en el distrito de Bahía Blanca, que permitirá casi duplicar generación de electricidad que la firma realiza en nuestra región.

El anuncio fue realizado hoy durante la recorrida del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, por las obras del Parque Eólico Pampa Energía IV en el municipio Coronel Rosales.

Este nuevo proyecto contará con una potencia instalada de 300 MW. Será el quinto de la compañía en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires y se estima que para mediados del año que viene podría estar operativa la primera etapa, que sumará 94,5MW de energía.

En ese sentido, el presidente de Pampa Energía, Marcelo Mindlin, recordó que “en 2015, por unanimidad y con el apoyo de todas las fuerzas políticas, se sancionó la ley 27.191 que establece que para 2025 el 20% de la matriz energética debe provenir de fuentes renovables.

“Desde Pampa ya invertimos cerca de 600 millones de dólares para contribuir al cumplimiento de este objetivo. Hoy estamos anunciando nuestro sexto parque, que tendrá una potencia de 300 MW, y nos permitirá alcanzar una capacidad de generación de energía renovable total de 687 MW”, aseguró.

Esta mañana, el gobernador visitó la construcción del Parque Eólico Pampa Energía IV, donde la compañía se encuentra instalando 18 aerogeneradores con una inversión de más de 128 millones de dólares y una potencia instalada de 81 MW, equivalentes al consumo de 100.000 hogares. Allí, estuvo acompañado por los intendentes de Coronel Rosales, Mariano Uset, y de Bahía Blanca, Héctor Gay, además de funcionarios nacionales, provinciales y municipales.

Al respecto, Mindlin aseguró que “este nuevo parque que habilitaremos en unas pocas semanas más -NdR: por el visitado hoy-, sumado al que anunciamos, nos permitirá abastecer con energía renovable a más industrias”.

“Estamos orgullosos de la concreción de estas inversiones que le permiten al país diversificar y ampliar su matriz energética con un horizonte de mayor sostenibilidad”, afirmó.

Actualmente la empresa opera el Parque Eólico Mario Cebreiro, que aporta 100 MW de energía renovable al Sistema Argentino de Interconexión; los Parques Eólicos Pampa Energía II y III, ambos de 53 MW, ubicados en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, y el Parque Eólico Arauco II situado en la provincia de La Rioja de 100 MW.

“Con eso somos el tercer generador de energía renovable del país además de ser el primer generador de energía eléctrica de todo el sector privado”.

Midlin agregó que esto no solo fue posible por el esfuerzo inversor de las empresas, sino también por una decisión del gobierno.

“En 2015, en el último año del mandato de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, cuando Axel Kicillof era todavía ministro de Economía, a pesar de que la situación política no era la más cómoda, tuvieron el coraje y la decisión de mandar al Congreso y aprobar la ley de Energía Renovable, sin esa ley no hubiese sido posible todo este desarrollo”, afirmó.

Tras señalar que la ley fue aprobada por unanimidad, dijo que esto determinó la puesta en marcha de una política de Estado.

“Después pasaron varios gobiernos, pero el sector privado respondió a esa previsibilidad y todo el sector privado construyó 5 mil MW de energía renovable y hay otros mil en construcción”, precisó.

Kicillof, por su parte, dijo que el origen de estos molinos se remonta a una decisión política que se tomó durante el gobierno de Cristina Kirchner para acelerar la transformación de la matriz energética argentina.

Y luego profundizó en las cuestiones vinculadas con el calentamiento global y la necesidad de reducir las emisiones de dióxido de carbono.

“Aquellos países que se desarrollaron antes y se desarrollaron más en base a veces a la depredación del ambiente y la puesta en riesgo de todo el planeta, hoy exigen estándares iguales para países que han quedado atrás en esa carrera del desarrollo.

“Entonces uno tiene los dos problemas, los costos de cuidar el ambiente, pero al mismo tiempo, los costos de ser subdesarrollado”, opinó.

A su entender, Buenos Aires es la principal provincia energética de la Argentina, y en ese aspecto debe sumarse la perspectiva de hallar hidrocarburos costas afuera.

“Y esta es una región tremendamente vinculada a la cuestión energética. Originalmente vinculada al petróleo y al gas, con su industria petroquímica, con la generación, con el transporte y ahora con las energías renovables”.

(LaNueva)

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