En medio de la crisis social y política que atraviesa el país, el Gobierno postergará por un mes la segmentación de tarifas con quita de subsidios al sector de mayores ingresos de la población y a quienes no se hayan anotado en el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE), con excepción de quienes cuentan con el beneficio de la tarifa social, a cargo de las provincias.
Esto tendrá un costo fiscal en pesos equivalente a entre 85 y 100 millones de dólares para septiembre, según calcularon especialistas energéticos. El argumento que dan es que las distintas resoluciones de la Secretaría de Energía, del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) establecían aumentos retroactivos de las tarifas, que podrían fácilmente ser rechazados por la Justicia.
Aunque también preocupa al Frente de Todos que unos 5 millones de hogares -aproximadamente el 35% de la población- no se inscribieron para la segmentación, y se presume que gran parte de esos usuarios necesiten los subsidios, por lo que cuando lleguen las facturas en los próximos meses les sea imposible pagarlas. Cerca de un 40% de esos hogares no inscriptos podrían ingresar a los subsidios, advierten desde el Gobierno, aunque evidentemente se necesitarán gestiones para ir a buscar a esa población activamente no esperar a que se anoten a pedir subsidio.
La secretaria de Energía, Flavia Royón, envió el miércoles pasado una nota administrativa a la Compañía Administrativa del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) una instrucción para aplicar “de manera excepcional y por única vez” los precios estacionales de la energía vigentes desde junio para toda la demanda residencial, tras la última actualización. Y restará que el ENRE oficialice los nuevos cuadros tarifarios que se implementarán en octubre.
La segmentación de tarifas de luz para hogares se implementará también este mes, por lo que comercios y usuarios residenciales mantendrán el aumento de tarifas de septiembre. Esto implicaría un incremento cercano al 50% en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde operan Edenor y Edesur; aunque el porcentaje es marcadamente menor en el resto del país, ya que el alza promedia los $800 por hogar de nivel 1.
En declaraciones a AM 750, Royón señaló que “la segmentación tarifaria ya comenzó y se aplicará en octubre o noviembre según el período de facturación, si es mensual o bimestral. Se retirará el subsidio a quien no lo haya solicitado o a quien quede calificado como ‘ingresos altos’, la quita comenzará a aplicarse a partir del 1 de octubre”. “La línea del Gobierno es que la actualización de tarifas esté correlacionada con el coeficiente de variación salarial. Este criterio se mantendrá el año que viene. Es difícil estimar en dinero cuánto será el aumento tarifario. Lo que sí sabemos es que serán aumentos accesibles”, sumó la funcionaria en una entrevista con el programa Toma y Daca.
Con la segmentación, la idea era obtener un ahorro fiscal en subsidios de $ 50.000 millones en los últimos cuatro meses del año ($ 47.500 millones en luz y gas y otros $ 2500 millones en agua), además de otro de $ 500.000 millones en todo 2023, equivalentes a 0,7% del Producto Interno Bruto (PIB), para cumplir con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
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