Un nuevo ajuste contra los trabajadores que no debemos dejar pasar

* Por Nestor Conte referente del PO y FDI de Bahía Blanca

La semana pasada se conoció la noticia de que el gobierno municipal pretende privatizar el servicio de recolección de residuos (La Nueva 22/08/2020). En 2012 el servicio fue estatizado luego de ser prestado por Covelia. En la actualidad, el servicio está a cargo de una empresa de gestión municipal, Bahía Ambiental Sapem. Los argumentos que el gobierno local manifiesta sobre la privatización se basan en excusas legales: advertencias del Tribunal de Cuentas provincial sobre una supuesta inadecuación de la figura legal de la empresa. Es que la figura de Sapem (Sociedad Anónima de Participación Estatal Mayoritaria) elude controles que alcanzarían a órganos clásicos de gobierno y pueden ser fuente de administración fraudulenta, tanto para recaudar dinero de orígenes desconocidos como para destinarlo a fines cuestionables. Pero se trata de una excusa legal; si hubiese voluntad de rendir cuentas y mostrar transparencia, sólo sería necesario que Sapem Ambiental publique sus cuentas siguiendo el mecanismo de cualquier organismo público y ello zanjaría el problema. En todo caso, la cuestión sería cómo ejercer un mayor control del servicio público por parte de los trabajadores y los vecinos, lo que a todas luces sería más dificultoso con una privatización.

Según datos del diario, Bahía Ambiental requiere unos 70-80 millones de pesos por mes para prestar el servicio, emplea a 311 trabajadores efectivos y 91 eventuales y posee una flota 20 camiones compactadores de los cuales 16 fueron adquiridos en 2018, además de otros equipos (lavadora, barredora, volcador, camionetas, etc) (Fuente: datos abiertos de bahía.gob.ar). En los medios donde se difundió la noticia de la decisión de privatización se señala que la recolección de la basura absorbe más fondos de lo que se recauda por ABL.

No hay elementos para juzgar la veracidad de ese balance porque los datos de transferencias a Sapem Ambiental son de 2020 y la recaudación municipal de 2020 está afectada por la pandemia. En 2019 se percibieron 976 millones de pesos por ABL, lo cual arroja 81 millones mensuales pero desconocemos cuánto requirió Sapem para prestar el servicio. Si hoy se recaudase lo mismo que en 2019 diríamos que las cuentas todavía cierran. En el presupuesto de  2020 se esperaba recaudar 106 millones mensuales, 32% por encima de los recursos que que demanda Sapem Ambiental. Es cierto que, por la pandemia, la recaudación de ABL se redujo (esa previsión se ajustó luego a 68 millones de pesos mensuales) pero en tanto el período fiscal no concluyó no hay todavía elementos para prever el balance ni se sabe si ese posible déficit podría ser definitivo. Caracterizar al servicio como deficitario y que ello justifique su traspaso a manos privadas no tiene suficiente respaldo, en tanto este supuesto déficit es todavía eventual y probablemente afecte a todas las áreas del sector público.

Por otro lado, considerando las últimas cifras disponibles sobre los gastos operativos del operador estatal, en 2018 Sapem Ambiental requirió unos 350 millones de pesos por el servicio de recolección de residuos y de barrido de calles (se excluye la desobstrucción de sumideros u otros servicios especiales requeridos especialmente por las autoridades del área ambiental, para los cuales puede haber financiamiento municipal de otras fuentes). Ese mismo año el municipio recaudó 806 millones de pesos, indicando que los recursos disponibles para financiar el servicio no sólo alcanzaron sino que el excedente fue muy superior a lo necesario para que el servicio funcione. Como se ve, la pregunta entonces es ¿dónde ha ido a parar el superávit?

Por otra parte, ¿en qué medida una privatización mejoraría la situación actual del servicio?

Hemos visto que la posibilidad de auditar las cuentas de Sapem Ambiental no es una condición necesaria ni suficiente para su pase a manos privadas, que escaparían aún más de cualquier control en tanto el Tribunal de Cuentas ni siquiera puede acceder a registros de empresas privadas.

Pero ¿qué capacidad tiene hoy el estado municipal de controlar el efectivo cumplimiento de las condiciones del servicio ante una eventual privatización? ¿cómo controlaría que el barrido y limpieza de calles se haga en todos los barrios, tiempo y forma? ¿sólo mediante las denuncias de vecinos?

Por otro lado, hemos visto que si hay desbalance entre recursos requeridos por la Sapem y fuentes de financiamiento se trata de una situación eventual impuesta por la pandemia pero que no se ha sostenido en años previos, donde Sapem Ambiental ha requerido solamente 40% de la recaudación de ABL.

Pero supongamos que la situación financiera cambió en 2019, antes de la pandemia. ¿Bajo qué condiciones ingresaría un operador privado?

Desde la gestión municipal anticiparon que incluirán en el pliego de licitación la inclusión de los trabajadores del plantel, pero si el nuevo prestador pretende cubrir todos los gastos del servicio y aspirar a una ganancia y el municipio sólo está dispuesto a pagar por el servicio lo que recauda de ABL, esto sólo se lograría con i) reducción del plantel en este punto, corren más peligro los puestos de trabajo de los 91 operarios eventuales o ii) se reduzcan los salarios nominales. No hay otra forma de cerrar la ecuación. Excepto que el municipio accediese a pagar al operador una suma superior a la recaudación de ABL para solventar que el operador pague salarios, insumos, mantenimiento de equipos y obtenga un rédito. Pero en ese caso, ya estaríamos frente a un escándalo que iría en contra de la tan aspirada eficiencia de los programas liberales pro-mercado; privatizar para gastar más. No hay que descartar que el gobierno intente descargar el aumento sobre los vecinos mediante un tarifazo en el ABL.

Todo esto sin mencionar que la flota de camiones que hoy dispone la Sapem Ambiental para operar el servicio tiene apenas 2 años de antigüedad; si el nuevo operador recibiese esa flota ingresaría a un negocio con inversión nula, como advirtió el secretario general del sindicato de camioneros Roberto Arcángel. Hay que agregar que por ley la Sapem debe hacerse cargo del costo de las indemnizaciones, estimadas en 180 millones de pesos, de modo relevar a la nueva empresa de hacerlo.

No hay elementos concretos que justifiquen hoy una privatización del servicio. La decisión tomada por el municipio sin duda acarreará despidos (que probablemente recaerán sobre el personal eventual) o recortes salariales. Si hoy los recursos apenas alcanzan a pagar salarios, no se entiende cómo en el futuro podrían además generar ganancias para el nuevo operador sin sacrificio de puestos de trabajo o de ajustes salariales. Si nada de ello ocurriese (ni despidos ni menos salarios) entonces la privatización sería directamente un despilfarro de los recursos municipales.

Para terminar, advertimos sobre la posible maniobra del gobierno de Gay de avanzar primero en la privatización de Bahía Ambiental Sapem para despejar el camino luego a la privatización de Bahía Transporte Sapem, cuyo servicio y manejo de las cuentas está más cuestionado.

Los trabajadores debemos oponernos a estas medidas de avance contra nuestros puestos de trabajo y salarios.