El gobernador Maximiliano Pullaro confirmó que dialogó con el ministro de Economía, Luis Caputo, quien le solicitó que Santa Fe ingresara de inmediato los USD 800 millones correspondientes a un crédito internacional obtenido por la provincia. La administración provincial rechazó el pedido y argumentó que, bajo las condiciones actuales, no puede asumir un riesgo financiero que implique pérdidas para las arcas santafesinas.

Los fondos provienen de un bono emitido en los mercados internacionales a principios de este mes, por un monto de USD 800 millones, con un plazo de nueve años y una tasa de interés anual del 8,10%. La colocación fue ampliamente demandada tanto por inversores internacionales como locales, lo que desde la gobernación se interpretó como una señal de confianza en la calidad crediticia de la provincia.

“El crédito es para obra pública, no para gastos corrientes”, señaló el gobernador durante una entrevista con Cadena 3 de Rosario. “Los dólares los tenemos afuera, y los vamos a ir trayendo en función del pago de certificados de obras. Nación pretendía que los trajésemos ya, pero es muy difícil encajarlos con lo que va aumentando el dólar”, expresó Pullaro al describir el intercambio con Caputo.

Precisó que la evolución del tipo de cambio entre el momento de la adquisición y las cotizaciones actuales podría implicar una pérdida para Santa Fe si los fondos ingresan sin cobertura adecuada.

Pullaro sostuvo que, si existiera “algún instrumento financiero que asegure que si el dólar aumenta Santa Fe estaría cubierta, desde luego que los traemos”. Dejó así abierta la posibilidad de coordinar con Nación la llegada de los fondos si se logra un mecanismo de cobertura cambiaria satisfactorio para la provincia.

El diálogo entre Pullaro y Caputo ocurre mientras el gobierno de Javier Milei enfrenta un próximo vencimiento de deuda del orden de los USD 4.300 millones. Hasta el momento, el Poder Ejecutivo no ha detallado públicamente de dónde provendrán los dólares para ese pago, lo que mantiene la discusión sobre las reservas y la disponibilidad de divisas.

Pullaro remarcó que la decisión de Santa Fe responde a criterios técnicos enfocados en la preservación del valor de los recursos y su destino exclusivo a las obras para las cuales fueron obtenidos. “Queremos que al país le vaya bien y, si podemos colaborar con el Gobierno nacional, lo vamos a hacer. Siempre lo hicimos”, afirmó Pullaro, aunque aclaró que la provincia no puede asumir un riesgo de pérdida al ingresar los fondos sin un mecanismo que proteja su valor.

Desde la gobernación santafesina enfatizaron en diálogo con Infobae que la postura provincial no constituye un desafío político al Gobierno nacional. Fuentes del Ejecutivo provincial, en diálogo confidencial con Infobae, afirmaron: “No hay ningún desafío al Gobierno ni se puede tomar la conversación con Caputo como una presión para que Santa Fe traiga los dólares”. Destacaron que la relación institucional con la Casa Rosada continúa “buena, más allá de que tenemos reclamos que todavía no encontraron una respuesta satisfactoria”.

Entre los reclamos planteados, desde la provincia subrayó dos cuestiones prioritarias: la reparación y mantenimiento de rutas nacionales, considerada urgente, y la restitución del flujo por parte de la Caja de Jubilaciones interrumpido en enero de 2024, situación que afecta las cuentas provinciales y que, según Santa Fe, sigue sin resolverse.

La emisión de deuda de Santa Fe, concretada en diciembre pasado, representó uno de los hitos financieros de la provincia. Según el comunicado oficial, la salida al mercado internacional fue exitosa: se recibieron ofertas por 1.800 millones de dólares, más del doble del monto emitido, con la participación de más de 111 grandes inversores internacionales y más de 1.200 minoristas, incluidos ochocientos inversores locales argentinos. La gobernación interpretó esto como un respaldo a la gestión fiscal y a la capacidad de financiamiento internacional de la provincia.

El destino de los recursos fue definido por Santa Fe como la financiación de obras estratégicas: proyectos energéticos, mejoras en infraestructura vial —especialmente rutas clave para la circulación de bienes—, inversiones en seguridad pública y obras sociales. La provincia sostiene que los ingresos de divisas deben acompañar la ejecución efectiva de certificados de obra, principio que motiva su rechazo a anticipar el ingreso total de los fondos.

La discusión entre Nación y Santa Fe expone una tensión técnica, no política. El Gobierno nacional busca ordenar el flujo de dólares para afrontar compromisos de deuda sin afectar su estrategia financiera. Por su parte, la provincia administra recursos obtenidos en condiciones de mercado internacional, con compromisos contractuales para infraestructura, y aplica una interpretación estricta que prioriza la ejecución de obras y la preservación del valor de los fondos.

La postura de Pullaro se inscribe en un contexto político más amplio: a diferencia de otros gobernadores no alineados con el kirchnerismo, el mandatario santafesino no participó en la ronda de reuniones que el Gobierno nacional mantuvo recientemente con mandatarios provinciales encabezadas por el ministro del Interior, Diego Santilli, ni con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Este dato fue interpretado como una señal de una relación distante pero institucional entre la provincia y la Casa Rosada.

La posición de Santa Fe ante el pedido de Caputo se fundamenta en argumentos financieros y técnicos, con una visión de coordinación que no compromete la autonomía ni la administración de los recursos provinciales. Pullaro dejó en claro que la decisión responde a los objetivos de ejecución de obra pública para los que se tomaron los fondos, sin perjudicar el patrimonio provincial. Al mismo tiempo, manifestó su disposición a colaborar con el Gobierno nacional siempre que existan condiciones para proteger el valor de los recursos.

La definición sobre cómo y cuándo ingresarán los USD 800 millones al país será clave en las próximas negociaciones entre la provincia y la Nación, en un escenario donde cada flujo de divisas adquiere relevancia para la política económica nacional y provincial.