Conecta con nosotros

Destacado

Qué dice el duro informe de la CGT sobre el efecto perjudicial de la reforma laboral en las obras sociales

Publicado

en

La CGT equiparó la reforma laboral que impulsa el Gobierno con un “ataque” contra las obras sociales sindicales porque busca su “desfinanciamiento no como un efecto colateral sino como un objetivo político que apunta a desarticular uno de los principales soportes materiales de la organización sindical y del derecho a la salud”.

Según un informe del secretario de Acción Social de la CGT, José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), el proyecto oficial “no constituye una simple actualización normativa ni una modernización del mundo del trabajo sino que se trata, por el contrario, de una transformación estructural regresiva que impacta de manera directa y profunda sobre uno de los pilares históricos del modelo sindical argentino: el sistema de obras sociales sindicales”.

“Las obras sociales sindicales no son un privilegio corporativo ni un beneficio accesorio sino que son parte integrante del sistema de seguridad social y cumplen una función esencial de redistribución del ingreso y de garantía del derecho a la salud de millones de trabajadores y sus familias”. Y agrega que “su lógica es solidaria: quienes más aportan sostienen a quienes más necesitan, y su financiamiento está indisolublemente ligado al empleo formal, a la negociación colectiva y a la obligatoriedad de los aportes y contribuciones”.

“La reforma laboral avanza de manera explícita contra este sistema”, advierte el informe de la CGT, tras lo cual detalla: “El artículo 161 reduce la contribución patronal destinada a las obras sociales sindicales del 6% al 5%. Esta modificación, presentada como un alivio para los empleadores, implica en los hechos un desfinanciamiento directo del sistema de salud laboral. Las estimaciones oficiales indican que esta rebaja representa una pérdida de entre 679 y 700 millones de dólares anuales, equivalentes a aproximadamente el 0,1% del PBI”.

Para la CGT, “no se trata de un dato menor ni de un ajuste técnico: es una transferencia directa de recursos desde el trabajo hacia el capital, que se traduce en menos prestaciones, menor capacidad de cobertura y un deterioro progresivo de la calidad del sistema de salud para las personas trabajadoras; mientras se reducen los costos empresariales, se pone en riesgo un derecho humano fundamental”.

“Este ataque directo se complementa con mecanismos indirectos, pero no menos graves -asegura el informe cegetista-. La reforma elimina la ultraactividad de las cláusulas obligacionales de los convenios colectivos de trabajo. Entre ellas se encuentran los aportes y contribuciones con destino sindical y a las obras sociales. Al disponer que estas cláusulas cesan automáticamente al vencimiento del convenio, salvo acuerdo expreso, se introduce una inestabilidad estructural en el financiamiento del sistema, fortaleciendo la posición de los empleadores y debilitando la capacidad de negociación de las organizaciones sindicales”.

Asimismo, añade la central obrera, “la voluntarización de aportes y la eliminación de los mecanismos de retención automática fragmentan la recaudación y erosionan el carácter solidario del sistema. Las obras sociales sindicales dejan de contar con flujos previsibles y estables de recursos, quedando expuestas a un desfinanciamiento progresivo que afecta especialmente a aquellas que cubren a los sectores más vulnerables del mundo del trabajo”.

Según la CGT, “el impacto de la reforma se agrava si se lo analiza en conjunto con el resto de las medidas impulsadas: la expansión del monotributo; la exclusión de los trabajadores de plataformas del régimen laboral; la tercerización y la caída sostenida del empleo registrado reducen la base de aportantes al sistema”. Y enfatiza que “menos trabajadores formales implica menos recursos, pero también mayor presión sobre un sistema de salud que debe atender a una población cada vez más precarizada”.

“Nada de esto es casual -prosigue el informe-. La reforma laboral forma parte de una estrategia integral de debilitamiento del sindicalismo, de la negociación colectiva y de los mecanismos de protección social construidos a lo largo de décadas de lucha. El desfinanciamiento de las obras sociales sindicales no es un efecto colateral: es un objetivo político que apunta a desarticular uno de los principales soportes materiales de la organización sindical y del derecho a la salud”.

En el documento de la CGT se precisa cómo funciona en nuestro país el sistema de salud en general y las obras sociales sindicales en particular. “Mucho se ha dicho sobre las obras sociales sindicales, que se constituyen en columna vertebral de un sistema de salud colapsado”, asegura, luego de lo cual detalla que “en nuestro país la salud se aborda de tres maneras: 1) A través de un sistema privado de empresas prepagas (donde las personas se introducen como clientes y abonan una cuota en función de la cantidad de carga de familia que tienen); 2) Un sistema de salud pública constituido por los Hospitales públicos, nacionales, provinciales, municipales completamente desfinanciados; y 3) El sistema de las obras sociales sindicales que se sostiene con un aporte establecido y fijado en función del salario de la persona trabajadora (más allá de cuántas personas comprendan su grupo familiar; o sea, el porcentaje es el mismo ya sea una sola persona o una familia numerosa). Ese porcentaje es de un 3 por ciento a cargo del trabajador y un 6 por ciento a cargo del empleador. El 3 por ciento se deriva a las obras sociales sindicales (quienes tienen auditorías periódicas; controles y no pueden gastar más de un mínimo porcentaje en gastos administrativos; el aporte deben utilizarlo para brindar servicios a sus asociados) y un 6 por ciento que se deriva a un Fondo Solidario de Redistribución que se encarga de cubrir los gastos derivados de las enfermedades más graves y costosas y de la discapacidad (donde, de los 55 millones del Fondo, 50 se los lleva solamente la discapacidad)”.

En el informe se puntualiza que “las obras sociales sindicales además deben integrar entre el 15 y el 20 por ciento (según su naturaleza) a este fondo solidario; tienen a su cargo la obligatoriedad del PMO (Programa Médico Obligatorio) y están obligadas a recibir, a su cargo, monotributistas y personas jubiladas, cosa que las empresas prepagas no, por lo menos hasta el momento (con la desregulación que propuso el Gobierno pueden inscribirse para competir con las obras sociales); hoy, muchos sindicatos están derivando fondos propios a las obras sociales para poder mantener y preservar los servicios”.

“El sistema de salud en general está en crisis, sufre una situación crítica derivada de su desfinanciamiento -sostiene-. De no mediar cambios conducirán a la quiebra. Como bien lo difundieron los medios de comunicación, esta realidad se hizo evidente cuando las empresas de medicina prepaga intentaron duplicar sus tarifas. En ese momento, la sociedad en su conjunto, se preguntó por la gravedad de la situación. Si las prepagas manifiestan que entrarán en quiebra, ¿qué queda para las obras sociales que tienen ingresos que dependen directamente de un porcentaje del salario?”.

“Porque además sumémosle los despidos, la licuación de los salarios, tanto por la pérdida de su poder adquisitivo como por el aumento de los pagos no remunerativos, sin aportes, que golpeó duramente a las obras sociales sindicales. Estas últimas perciben un porcentaje sobre los sueldos devaluados y deben enfrentar gastos bajo la lógica del mercado, donde los medicamentos han triplicado su valor. Los salarios se han convertido en la nueva variable de ajuste, afectando no sólo a las obras sociales, sino también a la capacidad financiera de los sindicatos, la principal ayuda económica”.

Para finalizar, el informe destaca: “Desde el movimiento sindical sostenemos con claridad que no hay modernización posible si se construye sobre la pérdida de derechos. Defender las obras sociales sindicales es defender el derecho a la salud, la solidaridad y la dignidad de quienes viven de su trabajo. La reforma laboral, tal como está planteada, avanza en sentido contrario y profundiza las desigualdades sociales, transfiriendo recursos desde quienes trabajan hacia quienes concentran el poder económico”.

Advertisement

Destacado

Magario frena el avance libertario en el Senado, pero asoma una puja en el PJ por el Consejo de la Magistratura

Publicado

en

La vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires y presidenta del Senado bonaerense, Verónica Magario, convocó a sesionar en la Cámara alta provincial en lo que será la primera sesión ordinaria del 2026. La dilación en las reuniones se da como producto de la compleja convivencia dentro del peronismo que aún persiste por las designaciones en las vicepresidencias del cuerpo, la integración de las comisiones y ahora los futuros representantes del Poder Legislativo dentro del Consejo de la Magistratura bonaerense. Pese a ello, con la jornada del próximo miércoles, la presidencia de Cámara logró posponer el pedido de sesión especial que pergeña realizar La Libertad Avanza en acuerdo con otros bloques, tal como sucedió -y se llevó adelante- semanas atrás en la Cámara de Diputados bonaerense, cuando la oposición buscó sesionar para votar proyectos referidos al funcionamiento de IOMA.

El bloque de Fuerza Patria en la Cámara alta provincial tiene quórum propio. Sin embargo, las diferencias entre el kirchnerismo y el Movimiento Derecho al Futuro, también se trasladan a la dinámica legislativa, al punto que el presidente de la bancada, Sergio Berni, exterioriza sus diferencias con Magario en cada oportunidad que considera pertinente. “Estamos ante una situación inédita, hace sesis meses que no sesionamos”, decía la semana pasada ante periodistas en un desayuno al que convocó por el Día del Periodista. La línea argumentativa fue ratificada esta semana por el senador libertario Diego Valenzuela. El intendente en uso de licencia de Tres de Febrero, asumió la presidencia de la comisión de Asuntos Municipales el miércoles último. Su designación como presidente fue cuestionada por la senadora cristinista, María Inés Laurini, al considerar que Valenzuela había sido puesto al frente de esa comisión mientras estaba en licencia como senador -ya que el dirigente libertario también se había pedido reserva de cargo en la Cámara alta para asumir un rol dentro del gobierno nacional, en Migraciones, aunque finalmente nunca fue designado y entonces regresó al Senado-. También sugirió que la comisión debía ser presidida por alguien del peronismo, pues el PJ gobierna la mayor cantidad de distritos de la provincia de Buenos Aires. En la reunión de comisión, Valenzuela, planteó que debía ser hacer el reclamo ante las autoridades de la Cámara.

Luego del encuentro, enfatizó que “si bien hoy pusimos en marcha la comisión y hay algunas que ya arrancaron, estamos muy demorados. Estamos peor que en la pandemia. Así que estamos considerando desde el lugar nuestro, que somos 10 senadores de La Libertad Avanza, quizá en diálogo con otros bloques que tienen afinidades con lo que hay que hacer con la Provincia, poder avanzar con algún pedido de sesión especial o, bueno, mover la rueda”. Ese día, la vicepresidenta de la Cámara convocó a sesionar para el miércoles próximo. También regresará la apertura de los palcos de prensa en el recinto.

Sin embargo, hay un tema que ronda en el marco de acuerdos no resueltos en la Cámara alta. Son los representantes del Poder Legislativo para el Consejo de la Magistratura provincial. El Senado debe designar siete representantes, de los cuales cuatro serían para el bloque de Fuerza Patria. Hay un problema: en la bancada solo cuentan con tres abogados, condición excluyente para ser parte del órgano que define las ternas para cargos judiciales a cubrir en la Provincia. Los tres abogados son los senadores Sergio Berni —presidente del bloque y referente del cristinismo—, Fernando Coronel —del MDF— y Marcelo Feliú —que se mueve de manera autónoma—. A finales del año pasado, a sabiendas de esta situación, la Legislatura modificó la ley que ordena el funcionamiento del Consejo de la Magistratura. Allí dispuso que la representación fuera por órgano, más allá de si se tratase de la Cámara de Diputados o de la Cámara de Senadores.

Entonces, lo que se pergeñó semanas atrás para cubrir la cuarta vacante del Senado es que la Cámara de Diputados vote la designación del diputado Mariano Cascallares (cercano a la estructura política de Kicillof). El tema se puso en consideración en la reunión de labor parlamentaria previa a la sesión en Diputados y estaba avanzado que así sería; sin embargo, en medio de la sesión se decidió posponer esa votación, producto de la presión que se ejerció desde el Senado para retener su representatividad. Desde Diputados, las miradas apuntaron al Poder Ejecutivo por haber frenado el preacuerdo alcanzado, en particular a la Secretaría General de Gobierno, Agustina Vila, quien se ocupa de las negociaciones con la Legislatura en nombre del Ejecutivo.

“No creo que los lugares para el Consejo de la Magistratura se vayan a resolver en la sesión de este miércoles. No queda claro cómo es el procedimiento en estos casos. El Senado debería designar a sus representantes y, si falta uno, comunicarlo a Diputados para que cubra la vacante”, planteó un senador de la oposición ante la consulta de este medio.

Diputados sesionó la semana pasada, pero la designación de Cascallares quedó frenada por el momento. Aparece otro tema: “La verdad es que no se sabe cuándo vamos a volver a sesionar en Diputados, cuando tengamos sesión insistiremos de nuevo para votar al representante de la Magistratura, salvo que el gobernador tenga otra idea”, remarcó un diputado del peronismo. El mismo legislador, cercano a Cristina Kirchner, consideró: “Es un problema del MDF, de hecho nosotros que somos La Cámpora íbamos a votar a un diputado del gobernador, son ellos los que se tienen que poner de acuerdo”. Por lo pronto, el miércoles hay sesión en el Senado bonaerense. Fue convocada a las 13 horas y se pautó como hora de finalización las 23:59, con lo cual nadie descarta que -de mínima- se solicite una prórroga sin hora al momento de dar inicio al encuentro legislativo.

Continue leyendo

Destacado

La crisis de Adorni destapó una unión entre Bullrich y el kirchnerismo en el Senado por un artículo clave

Publicado

en

La crisis política vigente en el Congreso por las tropelías del jefe de Gabinete, el ya indefendible Manuel Adorni, terminaron de ratificar el mega tapón generalizado sobre toda la gestión de Javier Milei -ni un solo logro de la Casa Rosada queda encima del escándalo actual- y una agonía que, por ahora, se estiraría. En el Senado, la radiografía de las horas más álgidas de la semana que finaliza destapó una insólita jugada en la que coincidieron los titulares del oficialismo y kirchnerismo, Patricia Bullrich y José Mayans, respectivamente, que dejará un muy riesgoso antecedente a futuro para cualquier persona que se encuentre al comando de la administración central.

Que Bullrich sea la única política que aprovechó rápido las penurias del Gobierno -al que dice defender- es más que conocido. Nadie del arco opositor le sacó tanto jugo como ella. Un puñado de supuestas pinceladas republicanas le dieron primeras planas. No obstante, la estrategia de jugar siempre al fleje -y que, sin temor, algunas pelotas piquen fuera del mismo- le jugó una mala pasada durante la reunión de Labor Parlamentaria del miércoles pasado. Allí, la sacó del estadio. Para comprender esto, es imprescindible realizar una cronología de cómo se inició y finalizó dicha jornada.

La ex ministra de Seguridad comenzó el día con una imagen subida a la red X para celebrar la primera victoria de la Argentina en el mundial de fútbol. Todos desean un cuarto campeonato. Sin embargo, la experimentada política salió con una camiseta y un tres generado con los dedos del medio de su mano izquierda. Curioso. Por la mañana, diversas bancadas se reían de la picardía de la legisladora, siempre bien acompañada en los pasillos por un grupo de personas que supera, en varias ocasiones, los cinco empleados que dice tener en su oficina, según la web oficial de la Cámara alta.

Previo a Labor Parlamentaria, Bullrich se reunió con aliados para definir si la sesión sería al día siguiente o el jueves 25. Y, por esa vía, anticiparse al ya instalado pedido de Mayans para votar una interpelación a Adorni que implicaría, a los siete días, la asistencia del jefe de Gabinete al recinto y una potencial moción de “censura”. No sorprendió su apuro para dar por liquidado al funcionario, aunque se demoró tanto esa cumbre que, mientras otros aguardaban en la oficina de la vicepresidenta, Victoria Villarruel, el convite no finalizaba. Tras minutos de incertidumbre, uno de los participantes cantó “humo blanco”.

Ya en Labor, el punto principal y conocido tanto por Bullrich y el resto de presentes era si lo impulsado por el formoseño precisaba, al ser un proyecto de resolución no dictaminado, los dos tercios para que fuese habilitado en una sesión que, al final, se pospuso. Parecía más que claro el asunto -y validado por el reglamento- y hasta había sido charlado durante horas. No ocurrió. De manera llamativa, la reinterpretación de la ex ministra fue acompañada por Mayans, ante una pasividad extrema entre los oficialistas sentados en esa mesa. De hecho, la senadora hasta tuvo que improvisar una mini cumbre con otros compañeros de bloque que objetaron este punto. Es decir, los muy pocos que jugaron a favor de Balcarce 50. A esta altura, una situación delirante.

¿Cuál es el problema de la reinterpretación del artículo 101? Si bien el pleno es soberano y la decisión final, de ser avalada, no podría ser objetada, lo cierto es que el precedente que dejará marcado tendrá una magnitud negativa descomunal. Aquí coincidieron varios despachos consultados por Infobae. Por caso, desde uno se oyó: “Es una torpeza lo que están haciendo. Si llegamos a ese punto, a partir de allí, cualquiera podrá reclamar eso. Otros jefes de Gabinete de otros gobiernos fueron igual de impresentables que Adorni, pero si tengo que ser realista por el país en el que vivo, algo así te dejaría a las puertas de lo que hace el Congreso peruano con sus presidentes y funcionarios. Un nivel de irresponsabilidad absoluta”.

En otro, reconocieron: “Es simple. Al kirchnerismo le sirve mantener en la parrilla a Adorni, más allá de que se quieran colgar la medalla de ser los primeros en reventarlo. Si es una máquina de malas noticias. Ojo, también es útil para el resto. No queremos ser los que tapemos con diarios al jefe de Gabinete. Pero parece será eso, ya que el Ejecutivo lo defiende sin cesar. El asunto es tan grave que la unanimidad ya no se acerca sólo en los propios que sugieren, por lo bajo, un paso al costado, sino también en el Congreso y, sobre todo, en la sociedad. Ahí está lo más delicado: pega en la base social por la vara que dijeron tener en cuanto a transparencia en la función pública. No hay grieta. Un verdadero papelón”.

Un detalle del pedido de Mayans que pasó desapercibido. En la iniciativa de resolución, habla de moción de “censura”. Esto es muy distinto a una remoción, ya que sería una especie de apercibimiento y nada más. Ambas necesitan mayoría absoluta del Cuerpo, 37 voluntades. Por supuesto que nadie cree que ocurra lo primero, sino lo segundo, que luego deberá ser refrendado por Diputados. El resultado parece cantado y lo que muchos desean saber, de acá hasta el 2 de julio, es qué pirueta harán los estrategas de la Casa Rosada ante una eventual eyección de Adorni, bajo la premisa de ganar aún en la derrota. Allí abundaría la libertad de opinión, el odio al periodismo y acusaciones de golpismo. Sería una jungla de operaciones. Como los meses de penuria de 2024 y 2025. Esta receta fue copiada a la perfección por Bullrich. Se la comieron, de manera olímpica, el propio Gobierno y sus diseñadores. La gran pregunta es si hay más soldados o generales en tándem con ella.

Durante la noche del jueves, apareció un indicio de racionalidad. Se convocaría a una nueva reunión de Labor Parlamentaria para pasado mañana para analizar, una vez más, la interpretación del artículo 101 de la Constitución. Hay dialoguistas a los que no le cierra en absoluto la idea de Bullrich. Entonces, ya no logra contener a su bancada -que votó de tres formas distintas un simple pliego judicial agitado por ella-, no convence suficiente a aliados -que le despluman todos los proyectos que impulsa Balcarce 50- y lima la otrora confianza que había en el corazón del mileísmo. Ganar aún en la derrota, o perder aún en la victoria. O todos contentos, como cuando se consumó la Labor del miércoles último. No todo es lo que parece.

En caso de volver hacia atrás en los próximos días, una discusión en el recinto sobre la habilitación por dos tercios ayudaría a ganar más tiempo a La Libertad Avanza y a dejar a Adorni en la parrilla, como “prefiere” el kirchnerismo. La tarea no será sencilla: como contó días atrás este medio, requerirá tener sentados a sus 21 soldados y convencer a tres o cuatro ajenos -en principio, según quienes estén presentes- para llegar a 24 o 25. Así, bloquearía cualquier intento opositor. El embrollo continuará. Por ende, para avanzar, será obligatorio que se junte la comisión de Asuntos Constitucionales. La preside el oficialista Agustín Coto (Tierra del Fuego), que mandó al cajón la reforma política para que los friendly no separen Ficha Limpia. En paralelo, el ministro del Interior, Diego Santilli, colecta álbumes de fotos con gobernadores para sostener, como sea, el supuesto interés del Gobierno en la iniciativa libertaria.

Continue leyendo

Destacado

La indefinición sobre Adorni agrava la parálisis de La Libertad Avanza y erosiona su agenda en el Congreso

Publicado

en

La paralización es total. La falta de definición sobre el futuro de Manuel Adorni y su continuidad o no como Jefe de Gabinete dejó a los bloques parlamentarios de La Libertad Avanza en un estado de parálisis total y sin una brújula que les permita entender el camino a seguir.

En el Senado de la Nación el oficialismo llegó a un acuerdo con la oposición y logró postergar una semana la sesión. A cambio, no va a discutir el tratamiento y habilitaría los dos tercios para tratar sobre tablas el llamado a interpelación al funcionario nacional investigado por enriquecimiento ilícito.

La intención del bloque que conduce Patricia Bullrich —no sin cierta tensión con algunos de los propios, como Nadia Márquez— es avanzar con un temario propio que incluye pliegos de Cancillería y del Poder Judicial. Además, buscará darle media sanción al proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada, la ley Hojarasca y varios convenios internacionales.

“Si no avanzamos hacia algún lado con Adorni no podemos avanzar con ningún otro tema. Está todo frenado”, reconoció un senador libertario. “Estamos esperando directrices de la Casa Rosada”, agregó.

Este punto es fundamental para entender el estado de situación de los legisladores libertarios. A los bloques en varias oportunidades les explicaron que su rol es el de acompañar los proyectos del Ejecutivo -tanto en Diputados como en el Senado- y seguir a rajatabla la estrategia que surja del interior de Balcarce 50.

“Vamos a ver en estos días, estamos viendo si vamos solo con holdouts o sumamos otros temas”, dijo una alta fuente libertaria de Diputados.

La espera tiene que ver con que la mesa política no se reúne hasta la semana siguiente y en el Congreso aguardan definiciones de ese encuentro. Con Martín Menem ya de regreso de su viaje por Israel desde este jueves, están todos los miembros de ese gabinete político que conforman junto a Lule Menem, Manuel Adorni, Patricia Bullrich, Ignacio Devitt y Karina Milei.

“Si abrís el recinto, te meten piñas por todos lados. En el Senado ya saben que Adorni va a una interpelación porque así lo acordaron. Acá —en Diputados— tenemos una luz porque hay un debate respecto a la forma en que se tiene que hacer el trámite parlamentario”, explicó un diputado libertario.

“Pero de todas formas sabemos que el final es el mismo. Además, a esto se le suma que hay sectores del karinismo que no lo defienden. No es lo mismo el posicionamiento de Lemoine que el de Pilar Ramírez o el propio Menem, por ejemplo. Lilia lo defiende, Pilar lo destroza y Menem hace silencio”, agregó ese legislador, que suele participar de los encuentros libertarios.

El debate al que hace referencia tiene que ver con cómo será el trámite parlamentario por el pedido de interpelación al jefe de Gabinete. Mientras el mundo libertario entiende que debe ir a las comisiones, lograr dictamen y volver al recinto para aprobar el pedido, en la oposición señalan que el mismo día que se abra el recinto se vote la interpelación.

“La próxima semana debemos abrir el recinto, reunir a 129 diputados y votar su interpelación con moción de censura y obligar a que Adorni venga al recinto a dar explicaciones sobre su patrimonio, que hasta hoy no ha podido justificar frente a millones de argentinos. No hace falta ni comisiones ni dictámenes, hay que reunir el quorum y votar la interpelación. Luego de ella, se votará si conserva la confianza política necesaria para seguir ocupando el cargo”, dijo Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica.

“Todo lo que no se logre antes de mitad de año se comenzará a complicar. Las provincias van a adelantar sus elecciones y sus legisladores van a empezar a jugar otro juego. Todo será más difícil”.

En ese contexto, el escenario parlamentario que los estrategas de La Libertad Avanza se habían imaginado meses atrás empieza a diluirse. En esos despachos la preocupación crece porque entienden que, tras el receso, las dificultades para avanzar con un temario legislativo se multiplicarán.

Continue leyendo
Advertisement

Trending