Comenzó la cuenta regresiva para las sesiones extraordinarias que el Congreso tendrá entre el 10 y 30 de diciembre, con el tratamiento del Presupuesto 2026 en Diputados y la reforma laboral en el Senado, como el grueso de una agenda ambiciosa para un oficialismo recargado, pero sin mayoría propia. En la Cámara alta, la flamante ex ministra de Seguridad y futura jefa de la bancada libertaria, Patricia Bullrich, quiere ponerse el hombro la norma y hasta analizaría pujar por la titularidad de la comisión de Trabajo, donde se iniciará la discusión de la ley en cuestión.

Bullrich aún no comenzó su mandato como legisladora y, no obstante, ya dejó más que claro, semanas atrás, que será la única interlocutora válida en el Senado. Tiene la venia de la Casa Rosada, que prefiere evitar cualquier intromisión de Victoria Villarruel, quien días atrás no tuvo mejor estrategia política y comunicacional que organizar un acto junto a enemigos libertarios de la Secretaria General de Presidencia de la Nación, Karina Milei, frente a desafíos que precisarán a una LLA en modo de reloj suizo. En paralelo a lo que ocurra allí, con el plan de gastos para el año próximo estará ocupado en Diputados Martín Menem. El mandatario vio desde un palco del recinto la ratificación de Menem, como líder de la Cámara baja. Hace dos meses, el riojano era velado por políticos que hoy le acarician las orejas, junto a infaltables operadores extraoficiales más vigentes que nunca.

En una nueva reunión que el oficialismo consumó en el anexo del Senado -en la oficina de la puntana Ivanna Arrascaeta– los citados oyeron de Bullrich su intención de presidir la comisión de Trabajo. Así confiaron desde dos despachos a Infobae el jueves pasado. Por ahora, la titularidad está en manos de la reciente violácea Carmen Álvarez Rivero (Córdoba), que se quitó lo que restaba de acuarela PRO en su anatomía. Sin embargo, el entorno de Bullrich dijo ayer a este medio no haber “oído nada” en relación con esa jugada. Otros fueron más allá y remarcaron que la exministra habría solicitado eso sólo para la ley y nada más. Esto sería -de mínima- descabellado, pero no imposible.

Más allá de lo que suceda con el comando de la comisión, será trascendental el inicio del debate para que se blanquee, tras un sinfín de promociones sin sustento real, el cronograma que pretende el Gobierno. Es decir, cuándo se estimaría la firma de un dictamen para ir al recinto, si es que se arriba a dicha instancia antes de fin de año. Allí se verá, balanza en mano, si rindió frutos la labor ejecutada en las últimas dos semanas con legisladores, gobernadores y cúpulas partidarias.

El apuro para acelerar el proyecto no choca, pero ya roza con incomodidad a un puñado de dialoguistas, que no encuentra una razón clara para semejante inmediatez. Tiempo atrás, delegados de Balcarce 50 sentenciaron, en visitas al Congreso, que la votación de leyes en diciembre ayudaría a una disminución del riesgo país hacia los 500 puntos, una zona que sueña el Gobierno para poner el moño al lema “generar confianza”, que le pide el mercado.

También será interesante ver a cuántas comisiones irán direccionados las normas que el Ejecutivo incluyó en las sesiones extraordinarias, cuyo temario es resuelto por el primer mandatario. Con mayor volumen en ambas Cámaras, la ecuación cambiaría y se apuntaría a involucrar a las menos posibles. Esto implica, por ejemplo, que para un texto que toque la interpretación de la Carta Magna deba intervenir la de Asuntos Constitucionales, que el último trimestre casi se dedicó a querer modificar la ley que regula los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU). Por suerte, el equipo parlamentario del Senado -salvó a la Casa Rosada de algunos dramas legislativos en estos dos años- es un gran activo que Villarruel tiene -y aún no devaluó- para acompañar y aportar.