El Ministerio del Interior oficializó la designación de Gustavo Javier Coria, actual secretario de Interior, como representante de la cartera ante la Comisión Nacional de Ex-Combatientes de Malvinas y le otorgó también la función de director ejecutivo del organismo.

El organismo fue creado en 1994 bajo la cartera que ahora conduce Diego Santilli, según lo dispuesto por el Decreto N° 1741/94 y sus modificaciones, para articular políticas públicas en torno a los derechos y necesidades de los veteranos de la guerra del Atlántico Sur y sus familias. A su vez, está integrada por representantes seleccionados mediante el voto de los propios ex combatientes de distintas regiones del país.

“Cabe destacar la inconmensurable labor educativa y social que cumplen desde hace más de cuatro décadas las asociaciones de primer grado reivindicando en toda oportunidad, la legítima e imprescriptible soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes; al tiempo que brindan apoyo y acompañamiento diario a cada veterano de guerra y familiar de los héroes caídos en combate”, explica el texto en uno de sus párrafos.

La normativa vigente establece que el organismo debe contar entre sus integrantes con “un o una representante” del Gobierno, función que ahora asumirá Coria. La medida quedó establecida en Boletín Oficial bajo la Resolución 25/2026, firmada por el ministro del Interior.

La designación se adoptó luego de la intervención del servicio jurídico del Ministerio, que actuó en el marco de sus competencias para validar el nombramiento. En el artículo segundo del texto oficial, se determinó que el licenciado en Ciencia Política “también ejercerá la Dirección Ejecutiva de la aludida Comisión”.

Su paso como funcionario de la Ciudad de Buenos Aires

En diciembre pasado, el decreto 895/2025 publicado en Boletín Oficial lo había nombrado al frente de la Secretaría de Interior. Siendo un hombre de confianza de Santilli y un colaborador todoterreno, Coria ocupó roles clave en la administración del Gobierno de la Ciudad. A los pocos días de la asunción de Santilli como ministro, realizaron juntos una visita oficial a Entre Ríos para reunirse con el gobernador Rogelio Frigerio. El encuentro fue uno mas de los tantos que había emprendido el funcionario electo en el interior del país, durante esas semanas. También estuvieron con los mandatarios de Salta, Chubut, Catamarca, San Juan y Córdoba.

Entre 2019 y 2021, Coria se desempeñó como jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad porteño durante la gestión de Marcelo D’Alessandro.

De 2016 a 2018, el hombre oriundo de General Lavalle, Córdoba, presidió la Coordinadora Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE), donde entabló relaciones de trabajo con intendentes de distintos signos políticos del Conurbano bonaerense. En las elecciones bonaerenses del 7b de septiembre fue electo diputado provincial, en el quinto puesto de la lista de la Sexta Sección Electoral. Sin embargo, su banca fue ocupada finalmente por María Fernanda Coitinho, titular de ANSES, tras su incorporación al Ministerio del Interior.

En 2023, fue designado ministro de Seguridad y Justicia porteño por el entonces jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta, luego de la salida de Eugenio Burzaco en medio de la crisis que desencadenó el crimen del ingeniero civil, Mariano Barbieri, ocurrido en el barrio de Palermo en 2023.

Coria obtuvo la licenciatura en Ciencia Política en la Universidad Católica de Córdoba en 1991. Completó estudios de Defensa Nacional en la respectiva escuela y fue investigador en el Instituto de Teoría del Estado y Política Económica entre 1990 y 1991. En el sector privado, ejerció como secretario del Directorio de la Corporación Antiguo Puerto Madero S.A. y como jefe de Relaciones Institucionales de la misma empresa entre 2002 y 2008.

En una nueva acción orientada a intensificar el control del presidente Javier Milei y de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el Gobierno Nacional habilitó al Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a autorizar la habilitación de distintas erogaciones del Estado, según confirmó una inobjetable fuente a Infobae.

Hasta entonces, la gran mayoría de los desembolsos, como por ejemplo las transferencias de fondos a las provincias en concepto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), no alcanzaban al Jefe de Gabinete. Si bien intervenía previamente en los expedientes, el mencionado aporte era instrumentado por el Ministerio del Interior que, desde finales de noviembre, lidera Diego Santilli, y el Ministerio de Economía cuyo titular, Luis Caputo, se encarga de evaluar las solicitudes en función de la situación fiscal, las cifras de coparticipación recibidas, el impacto político y la disponibilidad del fondo.

En la acción, el Poder Ejecutivo intensificó el control de las acciones que implican giro de dinero o la habilitación de recursos a través de la ampliación del esquema de firmas y dotó de “mayor poder de gestión” al ministro coordinador al que definen como el “más mimado” del Gabinete.

De esta forma, se instrumentó la implementación de los cambios internos que rigen desde la semana pasada en la previa al viaje del Presidente y funcionarios a Estados Unidos.

Como algunas otras erogaciones, los ATN son de administración discrecional, por lo que, a diferencia del resto de los fondos coparticipables, no se otorgan de forma automática. Es la propia administración libertaria la que determina en qué plazos y a quién asignarlos, lo que despierta tensiones con varios de los gobernadores que reclaman fondos para sus provincias.

En Balcarce 50, descartan de raíz que se trate de una limitación a los dos ministros involucrados sino -aclaran- que la decisión responde a la necesidad de sumar una tercera instancia de validación para intensificar el control. “La idea es poner un embudo para aumento de control. Nada más”, sintetizó una fuente en tema.

Lo cierto es que Luis Caputo es de los funcionarios más respaldados por el mandatario, quien lo califica como “el mejor ministro de Economía de la historia”, y Santilli, que integra la mesa política, logró ganarse la confianza de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y trabaja en tándem con el propio Manuel Adorni en el diálogo con las provincias.

“Trabajamos todos juntos. La mesa política funciona con todos sus integrantes y estaban todos al corriente y de acuerdo con los cambios”, destacaron a Infobae desde las filas libertarias.

Si bien la idea no es realizar una supervisión del paso a paso de las carteras, con la incorporación de la firma del ministro coordinador, el Gobierno suma una nueva instancia de control y una validación en términos políticos más allá de los aspectos técnicos para instrumentar las transferencias. “La idea es ordenar el procedimiento, que consigne el aval de la mesa política. La validación debe contemplar también la estrategia parlamentaria”, sintetizó a Infobae un integrante de la mesa política.

En los últimos meses, Manuel Adorni se transformó en los ojos y la voz de Javier y Karina Milei, por lo que su presencia en las instancias de debate y decisión, como lo son las reuniones de la mesa política, se tornó obligatoria.

Luego de haber desembarcado en el cargo, y de barrer con los vestigios de su antecesor Guillermo Francos, Adorni oficia de principal espada de la secretaria general de la Presidencia y divide sus días entre la gestión y la coordinación política del equipo reducido equipo que designó el libertario para la sanción de proyectos que darán forma al segundo tramo de la gestión.

La Justicia federal volvió a frenar el intento del Gobierno de avanzar con la transformación del Banco de la Nación Argentina en una sociedad anónima. El juez federal de La Plata, Alejo Ramos Padilla, resolvió prorrogar por seis meses la medida cautelar que suspende los efectos del Decreto 116/2025, norma dictada por el Poder Ejecutivo nacional que dispuso el cambio en la estructura jurídica de la principal entidad bancaria pública del país.

La decisión judicial mantiene bloqueada la implementación de la reforma al menos hasta septiembre de 2026 y obliga al Poder Ejecutivo a abstenerse de adoptar cualquier medida administrativa o reglamentaria tendiente a avanzar con la conversión del banco estatal en sociedad anónima, mientras se mantenga vigente la cautelar.

El Banco de la Nación Argentina es la mayor entidad financiera pública del país y uno de los actores centrales del sistema financiero argentino. Según datos del propio banco, su participación en el financiamiento productivo alcanza sectores estratégicos como el agro, las pequeñas y medianas empresas y el comercio exterior. Por el volumen de activos y su rol en la economía, cualquier modificación en su estructura jurídica impacta directamente en la política financiera nacional.

La resolución fue dictada en el marco de una causa iniciada por trabajadores del Banco Nación que cuestionan la legalidad de distintas decisiones vinculadas a un eventual proceso de privatización o transformación institucional de la entidad. El expediente continúa en trámite, con recursos pendientes ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por lo que el conflicto judicial sigue abierto.

La medida cautelar que frena el decreto del Gobierno fue dictada originalmente el 13 de marzo de 2025 por Ramos Padilla, quien suspendió los efectos de la norma durante seis meses. Posteriormente, la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata confirmó la decisión el 5 de junio de 2025, rechazando los planteos del Estado nacional y del Banco Nación para revertir el fallo de primera instancia.

Al acercarse el vencimiento de ese plazo, en septiembre de 2025 el juzgado prorrogó la cautelar por otros seis meses, extensión que también fue revisada y confirmada por la Cámara Federal en octubre del mismo año. Ante el próximo vencimiento, los demandantes solicitaron una nueva extensión, argumentando que el litigio principal aún carece de una resolución definitiva y que el decreto sigue formalmente vigente. Ramos Padilla concedió la prórroga solicitada.

Los fundamentos de la prórroga

En su resolución, el magistrado explicó que las medidas cautelares buscan evitar que el paso del tiempo o la ejecución del acto cuestionado frustren el resultado práctico del proceso judicial. Señaló que la implementación del decreto podría generar consecuencias institucionales o jurídicas de difícil reversión si la Justicia finalmente resolviera en contra de la decisión del Poder Ejecutivo.

El juez precisó que el análisis sobre la continuidad de la cautelar debe considerar el estado actual del expediente y el riesgo de que el acto impugnado produzca efectos irreversibles. En este caso, subrayó que el proceso principal aún no cuenta con una sentencia firme y que existen recursos en trámite ante instancias superiores, lo que demuestra que el litigio continúa bajo revisión judicial. Por ese motivo, concluyó que levantar la cautelar en este momento podría tornar ilusorio el resultado del proceso, especialmente dada la magnitud institucional de las decisiones sobre el Banco Nación.

El expediente judicial se inició en junio de 2024, cuando un grupo de trabajadores del Banco Nación presentó una acción declarativa de inconstitucionalidad contra el Estado nacional y contra la propia entidad bancaria. Los demandantes objetaron una resolución del directorio del banco que había contratado al estudio jurídico Liendo & Asociados para asesorar en un proceso de reestructuración institucional, que incluía la posibilidad de transformar el banco en sociedad anónima.

En septiembre de 2024, el juzgado de primera instancia dictó que ni el DNU 70/2023 ni la resolución del directorio habilitaban por sí solos un cambio en la naturaleza jurídica del Banco de la Nación Argentina. Según ese fallo, una modificación de ese tipo solo podría realizarse mediante una ley formal aprobada por el Congreso de la Nación.

El Gobierno planteó que el debate había quedado abstracto tras la sanción de la Ley Bases, que excluyó al Banco Nación del listado de empresas sujetas a privatización. No obstante, el escenario cambió a comienzos de 2025 con la emisión de un nuevo decreto.

La reactivación del conflicto por el DNU 116

El 20 de febrero de 2025, el Gobierno nacional dictó el Decreto 116/2025, que dispuso la transformación del Banco de la Nación Argentina en sociedad anónima. Los demandantes consideraron esta norma un “hecho nuevo” dentro del expediente judicial, lo que motivó el pedido de una nueva medida cautelar para frenar su aplicación.

Ese planteo dio origen al incidente judicial que terminó con la suspensión del decreto. El expediente atravesó distintas instancias de apelación y recursos presentados por el Estado nacional y el Banco Nación. Esos recursos fueron rechazados por la Cámara Federal de La Plata, pero las partes presentaron quejas ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que aún se encuentra evaluando esas presentaciones.

Qué implica la nueva decisión judicial

La resolución firmada por Ramos Padilla no resuelve el fondo del conflicto, pero extiende el bloqueo judicial sobre el decreto del Gobierno por seis meses más. Durante ese período, el Poder Ejecutivo no podrá avanzar con la implementación del Decreto 116/2025 ni adoptar medidas para ejecutar la transformación institucional.

El juez sostuvo que las condiciones que justificaron la cautelar original se mantienen y que no se registraron conductas dilatorias por parte de los demandantes que pudieran justificar su levantamiento. En este contexto, concluyó que preservar la situación actual es la alternativa que mejor resguarda el interés público mientras la causa sigue en revisión judicial.

En la práctica, la decisión mantiene congelado el plan oficial para modificar la estructura jurídica del Banco Nación hasta que exista un nuevo pronunciamiento judicial o hasta que se cumpla el plazo de la nueva prórroga. Mientras tanto, el expediente continuará su curso en los tribunales y podría resolverse finalmente en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que tiene en estudio los recursos del Estado y del Banco Nación.