El Reino Unido declaró este jueves que las acusaciones y sanciones de Argentina contra empresas que operan en las Islas Malvinas son “inaceptables” y “carecen de justificación legal”, y comprometió el respaldo pleno a quienes hacen negocios en el archipiélago. El comunicado oficial se publicó horas después de conocerse los detalles del proyecto de Ley de Soberanía Nacional que el gobierno argentino elevó al Congreso.

En su declaración, Kumaran reafirmó la posición histórica de Londres sobre las Islas: “Son británicas, sus habitantes tienen derecho a desarrollar sus recursos naturales como lo consideren conveniente, y ese derecho forma parte inseparable de su autodeterminación”.

Y amplió: “En las últimas semanas, Argentina ha continuado amenazando a empresas e individuos que suministran bienes y servicios, directa e indirectamente, a las Islas, incluyendo en el sector de hidrocarburos”. En esta línea, la funcionaria remarcó que los cargos “contra empresas e individuos son inaceptables, sin justificación legal”, según el comunicado difundido por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Commonwealth y Desarrollo (FCDO, por sus siglas en inglés).

Kumaran también recordó que Argentina ya recurrió en otras ocasiones a presiones económicas similares contra los isleños, “sin embargo la economía de las Islas Malvinas continúa prosperando”. “El Reino Unido está en plena sintonía con la comunidad internacional y cualquier intento de politizar mecanismos internacionales contra individuos por hacer negocios con Islas es ilegítimo. Estos cargos contra empresas e individuos son inaceptables, sin justificación legal. Hay enormes oportunidades disponibles para los negocios”, concluyó.

Esta postura oficial de gobierno británico se inscribe en una secuencia de movimientos que arrancó el 15 de septiembre, cuando publicaron conjuntamente el documento “titulada “Haciendo negocios con las Islas Malvinas”. La guía, dirigida a empresas que operen en el archipiélago o que suministren bienes y servicios de forma directa o indirecta, fijó la posición oficial de Londres ante las acciones legales que Buenos Aires viene ejecutando contra compañías del sector hidrocarburífero.

Ese documento apareció nueve días después de que Argentina presentara denuncias penales contra cinco firmas ligadas al proyecto petrolero Sea Lion, ubicado a unos 220 kilómetros (140 millas) al norte de las islas, en la Cuenca Malvinas Norte.

En el núcleo de esa guía, el gobierno británico sostiene que Argentina no ejerce soberanía ni jurisdicción sobre el archipiélago y que su legislación interna no se aplica dentro de las islas ni sobre las compañías que desarrollan actividades allí. Además, advierte que no ve base jurídica para que tribunales fuera de Argentina ejecuten las medidas que Buenos Aires adopte contra esas firmas.

El gobierno británico, además, ofreció intervención directa para respaldar a subsidiarias o proveedores bajo presión en terceros países, y recomendó a quienes reciban comunicaciones de las autoridades argentinas que busquen asesoramiento legal independiente. El documento también recordó que sanciones impuestas por administraciones argentinas anteriores estuvieron vigentes durante años sin frenar el crecimiento de la economía insular —Rockhopper Exploration ya había sido inhabilitada por veinte años mediante una resolución de 2013, lo que convierte la situación actual en una segunda vuelta de sanciones para la compañía británica.

La reacción de Buenos Aires fue inmediata. El Ministerio de Relaciones Exteriores expresó su “más enérgico rechazo” al documento y convocó a los embajadores del Reino Unido y de Israel —país de origen de Navitas Petroleum, una de las licenciatarias del proyecto Sea Lion— para entregarles notas de protesta formal. En su comunicado, la Cancillería reafirmó que los archipiélagos “se encuentran ilegítimamente ocupados por el Reino Unido” y acusó a Londres de pretender promover “actividades comerciales e hidrocarburíferas ilegítimas”.

“Ninguna guía gubernamental extranjera ni decisión comercial privada puede situarse por encima del derecho nacional argentino y del derecho internacional”, advirtió el gobierno.

En otro escalón de la tensión, ayer se conoció la Ley de Soberanía Nacional. La iniciativa, firmada por Javier Milei y también por los ministros de Economía, Luis Caputo, Defensa, Carlos Presti y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, busca reemplazar la Ley 26.659 de 2011 por un régimen más amplio que ya venía siendo aplicado a través del Decreto 868/2026.

A diferencia de la norma vigente, limitada a la actividad de hidrocarburos, el nuevo texto extendería las restricciones a cualquier aprovechamiento de recursos naturales, renovables o no renovables, en zonas que Argentina considera bajo su soberanía. Las penas previstas podrían llegar a los 20 años de prisión para determinadas conductas, con multas, inhabilitaciones y prohibición de operar en el país para los sancionados.

Más allá del régimen sancionatorio, la iniciativa incorpora la creación de un Sistema de Seguridad Nacional coordinado por un Consejo de Seguridad Nacional presidido por el jefe de Estado e integrado por los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, más los titulares de las secretarías de Inteligencia y Legal y Técnica. El esquema apunta a articular de forma permanente las herramientas diplomáticas, económicas, militares, jurídicas y de inteligencia del Estado.

El pasado miércoles, en tanto, la Justicia Federal de Río Grande ordenó a Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum Development and Production Limited que se abstengan de iniciar o continuar obras vinculadas con el proyecto petrolero Sea Lion. La decisión cautelar, dictada por la jueza federal Mariel Borruto, alcanza perforaciones, instalaciones submarinas y el comienzo de la extracción comercial.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, usará el acto de este sábado en Avellaneda para exhibir un discurso de matiz federal, al que sumará algunas presencias de dirigentes por fuera del territorio bonaerense, luego de las distintas recorridas que hizo en otras provincias en lo que va de este año. Más allá del ya conocido y utilizado aparato que aportarán los intendentes del conurbano, el sindicalismo o las organizaciones sociales que hoy forman parte del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), hasta Avellaneda llegarán, en pequeñas comitivas, referentes de otras provincias.

La expectativa de reunir delegados de las 24 jurisdicciones tendrá como antecedente una serie de seis recorridas que Axel Kicillof realizó fuera de Buenos Aires desde abril. El gobernador busca que el acto de este sábado 19 de septiembre, previsto en la Universidad Tecnológica Nacional de Avellaneda, exhiba una estructura federal para el Movimiento Derecho al Futuro y consolide vínculos que empezó a tejer con dirigentes territoriales, gobernadores y sectores sindicales. Desde la organización avisaron que para el encuentro del sábado se registraron hasta el momento 7.300 personas para participar de las diferentes mesas temáticas divididas en Comunidad y Organización, Educación Pública, Salud Pública, Ciencia y Universidad, Trabajo y Producción, Mujeres y Diversidades, Juventudes, Seguridad y Justicia, Obra Pública y Hábitat, y Cultura y Deportes. Luego habrá un documento final.

Todo se da en medio de la discusión interna que atraviesa el peronismo y que en la última semana, en la provincia de Buenos Aires, volvió a asomar. Hubo fuertes declaraciones de la intendenta interina de Quilmes y diputada provincial por la Tercera sección electoral. La dirigente que responde a Crisitina Kirchner habló de deslealtad y desagradecimiento de aquellas personas que hoy se mostraban lejos del esquema de CFK, sobre todo mientras la expresidenta se encuentra detenida en el marco de la causa Vialidad. Mendoza también planteó que con la conformación del MDF, Kicillof decidió “dividir al peronismo”.

En lo que va del año, Kicillof se movió fronteras afuera del territorio bonaerense. La primera escala fue Tierra del Fuego, el 1 y 2 de abril, cuando participó de la vigilia y los actos por Malvinas junto al gobernador Gustavo Melella y al mandatario riojano Ricardo Quintela. Luego viajó a Córdoba, el 8 de mayo, donde se reunió con el intendente de Cosquín, Raúl Cardinalli, y participó de una actividad sindical con Héctor Daer. No hubo encuentro con el gobernador Martín Llaryora. Esta semana, sin embargo, se mostró con el intendente de la ciudad de Córdoba, Daniel Passerini, uno de los referentes del llamado cordobesismo. El jefe comunal no dio indicios de un respaldo electoral público hacia Kicillof aunque sí se mostró crítico con la gestión de Javier Milei y habló de convocar a distintos sectores en vistas al año que viene.

El 3 de junio, el mandatario bonaerense estuvo en Corrientes con el gobernador radical Juan Pablo Valdés, con quien firmó convenios de cooperación. El 19 de agosto llegó a Chaco para una jornada de actividades políticas y gremiales que compartió con el senador y exgobernador Jorge Capitanich y con el secretario de Interior de la CGT y titular del gremio de Sanidad, Héctor Daer. En ambos casos, Kicillof combinó la agenda institucional con reuniones junto a dirigentes locales y presentaciones de su libro. De hecho, para este sábado se estaba preparando “una gran movilización” desde Chaco según marcaban armadores del espacio. A Avellaneda irán intendentes, legisladores provinciales, militantes y referentes. Una de ellas será la diputada provincial Analía Flores, que participará de la comisión de Educación del encuentro. Tras esta movida, la próxima semana habrá un acto de lanzamiento formal del MDF Chaco. Flores será una de las protagonistas.

Desde Corrientes también partirá una comitiva rumbo a Avellaneda. En la provincia del payé, el axelismo tiene dos vertientes. En una está el ex Cámpora José “Pitín” Aragón y en la otra el ex senador provincial Martín Barrionuevo. En La Plata avalan a los dos, pese a que el PJ Correntino (controlado por la cristinista Ana Almirón) quiere echar a Barrionuevo por haber sido candidato a vicegobernador del ex gobernador Ricardo Colombi el año pasado.

Este jueves la Jefa de Asesores del mandatario bonaerense, Cristina Álvarez Rodríguez, estuvo en Corrientes con algunos referentes del MDF de esa provincia para inaugurar la “Casa Peronismo con Axel-MDF Corrientes”. Por estos días, la funcionaria que es una de las armadoras políticas del gobernador también estuvo en Chaco y compartió una actividad con el ex diputado nacional, Juan Manuel Pedrini. “Acá y en todo el país, con Kicillof estamos construyendo una alternativa federal, inclusiva y de abajo hacia arriba, que vuelva a poner en el centro el trabajo, la producción y una vida digna para nuestro pueblo”, dijo en su paso por las provincias del nordeste.

El recorrido de Kicillof por fuera de Buenos Aires, continuó el 31 de agosto en La Pampa, donde mantuvo un encuentro con el gobernador Sergio Ziliotto, aunque sin mayores movimientos de carácter político o con tintes electorales. Algo que sí sucedió el 9 de septiembre en Misiones, cuando se reunió con su par Hugo Passalacqua.

En Posadas también tuvo contactos con autoridades del Partido Justicialista (PJ) provincial, intendentes y referentes peronistas y brindó un discurso con contenido electoral: “Cuento con ustedes, cuenten conmigo”, cerró su alocución. Un posicionamiento que podría repetirse este sábado. En Misiones, según supo Infobae, el presidente del PJ misionero, Christian Humada, organizó una comitiva de personas para que saliera del partido. También hay grupos de misioneros que irán en autos particulares.

Además de lo que buscó “sembrar” Kicillof en las provincias que recorrió, ministros y dirigentes también intentarán aportar el resultado de sus recorridas por otras provincias.

En Entre Ríos, por ejemplo, hay un grupo de intendentes que llegarán este sábado a Avellaneda. El armado contó con el ok del ministro de Gobierno, Carlos Bianco, quien tiempo atrás encabezó un encuentro en la localidad de San José, contra la costa del río Uruguay. El intendente de ese municipio, Gustavo Bastián, confirmó presencia. Forma parte de un grupo llamado “intendentes jóvenes”, que rondan los cuarenta años. También están allí Damián Arévalo, (San José de Feliciano) y Laura Rupp (El Pingo). Los tres merodean el MDF.

De la región oeste también se espera presencia. Tiempo atrás el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, junto al intendente en uso de licencia de Avellaneda, Jorge Ferraresi, estuvieron en la provincia de Mendoza. El armador allí es el diputado nacional Martín Aveiro. Además, estará la intendenta del Departamento de Santa Rosa, Flor Destéfanis.

Otros intendentes que estarán son Martín Pérez, Río Grande (Ushuaia); Pablo Graso, Río Gallegos (Santa Cruz); Karina Paniagua, Humahuaca (Jujuy); Pablo Corsalini, Pérez (Santa Fe).

El Senado avanzó este jueves con la media sanción de la nueva ley de biocombustibles, que aumenta los cortes obligatorios de bioetanol del 12% al 15% para las naftas y de biodiésel del 7% al 10% en gasoil.

El proyecto, impulsado principalmente por las provincias del norte del país, fue incluido en el temario tras una negociación con La Libertad Avanza, que obtuvo a cambio apoyo político para avanzar con la sanción definitiva de la ley de Inocencia Fiscal II.

El texto en general fue aprobado con 41 votos positivos, y 25 en contra. Los rechazos fueron del peronismo, del radical bonaerense Maximiliano Abad y los dos senadores de Santa Cruz, Natalia Gadano y José Carambia.

La senadora de Salta Flavia Royón fue la encargada de presentar el proyecto al inicio del debate y también encabezó las negociaciones con otros bloques provinciales para introducir las modificaciones necesarias para destrabar la aprobación.

“Esta iniciativa busca potenciar las cadenas de valor del interior del país, atraer inversiones y generar fuentes de trabajo. Propone un marco integral nuevo para una industria en la que nuestro país ya ha invertido y hoy necesita reglas nuevas. Busca preservar y dar previsibilidad a las capacidades productivas existentes, pero también crear una transición hacia un marco más competitivo. Vamos a pasar de un esquema más regulado donde el Estado determina quién produce, cuánto y a qué precio, a uno donde sea el mercado el que determine los precios”, resumió la senadora cercana al gobernador Gustavo Sáenz.

En el caso del Bioetanol, el corte obligatorio subiría del 12% al 15% dentro de los 12 meses posteriores a la sanción. Pero se reservará un 6% para el etanol elaborado con caña de azúcar y 6% para el producido con maíz; el 3% restante quedaría sujeto a competencia entre los productos habilitados.

En el caso del Biodiésel, el corte obligatorio pasaría del 7,5% al 10% en el mismo plazo. A su vez, el proyecto prevé una transición con segmentos diferenciados para firmas “integradas” (vinculadas a grupos aceiteros) y plantas “no integradas” (pymes regionales que no producen la materia prima).

Para llegar al 10% de corte, las no integradas tendrían inicialmente reservado el 6,5% del mercado. Esa proporción bajaría a 5,5% en 2029, a 5% en 2030 y a 4% desde 2031 hasta 2036. Así, una parte creciente del mercado de biodiésel quedaría abierta a la negociación entre empresas integradas y no integradas.

“En el caso del biodiesel, se levanta el corte, se establece una transición hasta el 2036 y eso asegura que la apertura no va a ser abrupta”, señaló Royón.

Sin embargo, las pequeñas y medianas empresas (“no integradas”) presionaron para mantener su participación del 7,5% del mercado, bajo el argumento de que no podrán competir con las grandes aceiteras de Santa Fe y Córdoba, por lo que el mercado terminará concentrándose en muy pocos grandes jugadores.

“Este proyecto tal como está perjudica a La Pampa, San Luis, Entre Ríos, parte de la provincia de Buenos Aires, donde están instaladas las pymes regionales de biodiesel. Se perjudican porque no tienen un segmento específico, porque tienen un problema logístico de distancia de los puertos. Si corresponde segmentar entre caña y maíz el bioetanol, ¿por qué no se puede segmentar entre las pymes alejadas del puerto y las grandes aceiteras?”, planteó el pampeano Daniel Pablo Bensusán (Justicialista).

En la misma línea, el jefe del bloque Justicialista, José Mayans, llamó a posponer la votación para continuar con la negociación sobre Biodiésel. “El pez más grande se va a comer al pez más chico. Nosotros no podemos permitir que eso pase. Nosotros queremos votar la parte de Bioetanol, donde hay acuerdo, pero no podemos votar la parte de Biodiesel por solidaridad con los sectores a los que le van a cerrar la empresa. Esto perjudica al 50% de los pequeños productores, los dejamos en manos de los grandes, que los van a reventar”, dijo José Mayans y pidió que el debate pase a un cuarto intermedio para seguir negociando y llegar a un texto consensuado que sea aprobado por unanimidad. No obstante, la moción de Mayans para pasar a un cuarto intermedio de cinco minutos salió rechazada por amplia mayoría.

El cierre de los libertarios quedó a cargo de Patricia Bullrich, que destacó la necesidad de una transición hacia un mercado más abierto y competitivo, sin producir “un salto al vacío”. “No le estamos diciendo a una pyme que se arregle sola: le estamos dando tiempo, previsibilidad y capacidad de integración”, señaló.

Entre las últimas modificaciones se destaca una cláusula antimonopolio que impide que una empresa o grupo se quede con más del 10% del biodiesel comercializado, con un techo máximo absoluto de cincuenta mil toneladas anuales por firma.

Finalmente, el proyecto fue aprobado en la votación en general por 41 votos positivos y 25 negativos. Ahora el texto será girado a la Cámara de Diputados donde no hay un cronograma previsto para su tratamiendo.