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“El memorando incluye la opción de considerar la posibilidad de reevaluar el apoyo diplomático de Estados Unidos a las posesiones imperiales europeas de larga data, como las Islas Malvinas”, marca el artículo. Sin esperarlo, el Gobierno de Javier Milei tuvo un viraje significativo en la agenda mediática, al cual se subió con mensajes reivindicativos sobre el reclamo argentino.
El mail revelado por la agencia periodística parece confirmar lo que -por lo bajo y desde el año pasado- venían asegurando diferentes fuentes de altísimo rango en la Casa Rosada y el Ministerio de Defensa: que el diálogo con Estados Unidos tenía más aristas que el económico y que impactaban directamente sobre asuntos geopolíticos que altísimo interés para la opinión pública.
Será interesante verificar si esta advertencia realizada por este alto asesor se verifica en los hechos cuando Trump y la primera dama Melania Trump reciban este lunes en Washingotn al rey Carlos III y a la reina Camila, la cual configura una visita de Estado que tendrá lugar hasta el jueves 30 de abril y que se realiza en ocasión del 250 aniversario de la independencia estadounidense. Ante todo, el vínculo entre ambos Estados precede a las pronunciamientos de las presidencias coyunturales.
A los ojos de los tomadores de decisiones del Gobierno, hay un aspecto que parece tener un consenso más transversal en el aparato político estadounidense: el apoyo a la construcción de la Base Naval Integrada de Ushuaia, Tierra del Fuego. “Va a avanzar. Estuvo parada porque los estadounidenses tuvieron idas y vueltas”, comenta una fuente gubernamental a Infobae. Al parecer, en los últimos meses hubo una reactivación de las conversaciones.
Una de las versiones más fuertes que circuló por estas semanas es que la base fueguina habría sido uno de los principales temas de conversación en la audiencia que el titular de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), Cristian Auguadra, mantuvo en marzo con el director de la Central Intelligence Agency (CIA), John Ratcliffe, en las oficinas que el organismo tiene en Langley, Virginia.
Pese a que no pudo dar cuenta de la veracidad de la información, otra fuente de altísimo calibre en el Poder Ejecutivo reconoció que la construcción de la base “es un tema que importa y mucho a los americanos”. “Les interesa todo lo que relegue la entrada de China a Latinoamérica. Ven que Gustavo Melella [gobernador de Tierra del Fuego] y los principales intendentes fueguinos son más tendientes a relacionarse con ellos”, marca este funcionario.
Esta fuente utiliza como argumento la visita que el embajador de China en Argentina, Wang Wei, hizo a la capital fueguina en marzo de este año, que tuvo como uno de sus puntos fuertes la visita a una usina de generación eléctrica que está siendo construida con participación de una empresa de capitales chinos. “Con el Embajador hace tiempo venimos trabajando para que vengan inversiones reales de empresas chinas que hoy son las que marcan el mercado”, marcó Melella, según declaraciones publicadas por la gobernación. Cabe la aclaración: no es ni será la excepción respecto a otras provincias, quienes también tienen proyectos estratégicos con capitales del país asiático.
Por el lado argentino, el desarrollo de una provincia como Tierra del Fuego es vista en clave estratégica, ya que tiene uno de los puertos de acceso al continente antártico. Hay otros tres en el mundo: el de Hobart, Australia; el de Punta Arenas, Chile; el que el Reino Unido está construyendo en las Islas Malvinas. Para los integrantes del Gobierno, la Base Naval Integrada debería ser uno de los puntos de desarrollo para los próximos años, sirviendo para incrementar las capacidades argentinas. Pero como trasfondo, un apoyo estadounidense a la construcción de esa base podría ser interpretado como un favoritismo respecto a otros.
La ejecución de los primeros estudios para comenzar las obras comenzaron en 2022, durante la gestión de Jorge Taiana en el Ministerio de Defensa; pero fue el presidente Javier Milei quien le dio una particular visión geopolítica vinculada con Estados Unidos cuando visitó las incipientes instalaciones junto a la generala del Comando Sur de los Estados Unidos, Laura Richardson, en abril del 2024.
“Hoy estamos aquí para ratificar nuestro esfuerzo en el desarrollo de nuestra base naval integrada. Se trata de un gran centro logístico que constituirá el puerto de desarrollo más cercano a la Antártida y convertirá a nuestros países en la puerta de entrada al continente blanco”, declaró Milei por ese entonces. La realización de este proyecto depende de la Armada Argentina, que estima que la inversión aproximada para construirla está entre los 400 y 500 millones de dólares. Ese dinero no está disponible actualmente, alegan; salvo que exista ayuda externa.
Más lejos están las posibilidades de poder adquirir submarinos como sí especuló el mismo Presidente a finales del año pasado. “Está en carpeta, pero no tenemos plata”, afirmó una fuente inobjetable de la Presidencia, que agrega que “en términos estratégicos en lo único que deberíamos invertir es en la Armada más poderosa del planeta”.
Hoy en día, Argentina no tiene un solo submarino pese a tener una de las extensiones marítimas más grandes del mundo el ARA Santa Cruz está en los talleres de Tandanor, pero sin previsiones de salir; y el ARA Salta está amarrado en Mar del Plata y solo se utiliza para adiestramiento. Ambas fueron adquiridas en el siglo pasado. Brasil es el país de la región con la flota de submarinos más poderosa de Latinoamérica junto con Chile y Perú.
El objetivo es que la base tenga las capacidades suficientes para recibir a los buques que se dirigen al continente antártico y a los diferentes buques logísticos que circulan por la zona. “Esto compite con el puerto de Punta Arenas, de Chile, que se oponen al desarrollo de nuestra base junto a los ingleses. La cuestión es que hay otros países que nos alientan a desarrollarnos como Australia o Brasil, porque Punta Arenas les cobra muchísimo”, cuenta un funcionario del ámbito de la defensa. Para el caso argentino, la idea es conectar la Base Naval con la Base Petrel, algo en lo que trabajan desde el Ministerio de Defensa con la Secretaría de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, a cargo de Paola Di Chiaro.
El malestar es fuerte entre los diplomáticos argentinos que están esperando sus ascensos en el Senado desde mitad del año pasado. Son un total de 43 que fueron remitidos al Presidente por parte del entonces canciller Gerardo Werthein. Tanto en la Cámara Alta como en la Casa Rosada afirman que no hay consenso para avanzar con las postulaciones. Un importante senador del oficialismo que participa de estas charlas reconoce que los diplomáticos “tienen razón en estar molestos”. Esto podría solucionarse en los próximos días.
Es en el mismo ámbito en donde el Poder Ejecutivo envió los proyectos de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y de Reforma Electoral.
El primero podría avanzar en un dictamen en las próximas semanas. El catalizador de esto serían cambios significativos en la redacción de la Ley de Tierras y en las modificaciones que se pretendían sobre la Ley 27.453, que declara de interés público la integración socio-urbana de los barrios populares registrados en el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap).
Mayores son las incertidumbres que se plantean sobre la capacidad de cambio que puedan imprimir sobre el sistema electoral. Al menos en el corto plazo. “Esto no va a ser corto y nos va a llevar muchísimo tiempo”, afirma un integrante del bloque de LLA en el Senado. El PRO y otros bloques aliados no están en favor de suspender o eliminar las PASO.
El motivo es político más que ideológico: a diferencia de los libertarios, todo el ecosistema opositor está desordenado y podría ver en esas primarias una forma de poder armar alianzas para el año próximo. “Otra forma de verlo es que no les vamos a regalar una modificación electoral a su semejanza. No les vamos a hacer fácil la reelección porque, ante todo, ellos se quieren expandir a las provincias”, afirma un gobernador en diálogo con Infobae.
El cronograma de las reformas libertarias dista de tener la potencia reformista que el Presidente le imprimió en su discurso ante la Asamblea Legislativa el 1 de marzo. Días antes de ese discurso, Infobae le contaba a un integrante de la mesa política que el Presidente planeaba decir que impulsaría 10 reformas por ministerio, 90 en total. “Si es así, está diciendo algo que va a ser literalmente imposible”, respondió. Otra figura, contenta por la sanción de la reforma laboral, decía por esos días que no todo iba a ser color de rosas: “Los aliados se nos van a retobar cada vez más con el pasar de los meses. Si conseguimos 3 o 4 reformas de fuste este año, yo estoy hecho”. ¿Profético?
Mientras tanto, en el Gobierno vieron como un buen síntoma que hayan podido instalar en la agenda que se iba a enviar al Congreso el proyecto de Reforma Electoral. Pero se sinceraban que la iniciativa tampoco tenía un impacto concreto e inmediato para el llamado “ciudadano de a pie”. “Hoy nos está costando poder armar ese tipo de políticas. Estamos abrazados esperando a que la economía mejore. Porque no tenemos mucho más”, marcaba un colaborador libertario.
En ese sentido, es esperable que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sea el principal foco mediático-político de la semana por el Informe de Gestión que presentará en la Cámara de Diputados: tanto por la expectativa que se generará en la previa como en el post. Infobae adelantó que en el entorno del ministro coordinador no descartan hacer “la gran Francos”: que una vez brindado el discurso técnico y de gestión, se retire del recinto si se siente agraviado por algunos de los legisladores opositores. No se espera que dé grandes explicaciones respecto de su situación patrimonial porque considera que lo debe tratar en la Justicia si es que lo convocan.
Resultó llamativo cómo importantes integrantes del Gobierno salieron a disparar contra un funcionario que fue noticia por estos días (y no por los buenos motivos). Se trata del secretario de Coordinación en Infraestructura, Carlos Frugoni, quien ante la revelación realizada por los periodistas Nicolás Wiñaski y Santiago Fioriti en A24 admitió públicamente que no declaró siete propiedades que se le encontraron en Miami y dos sociedades comerciales.
Dos altos funcionarios de la Casa Rosada lo rasparon diciendo que “es un escándalo en serio” y que debe dar explicaciones. Otros prefieren ser más cautos. “Me parece un delirio. En el extremo del argumento, el Presidente está a favor de la evasión tributaria. Dicho eso, es cierto que en este contexto el impacto público es un problema. Pero es un tipazo y labura bien”, justificó.
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