La Cámara Nacional Electoral aprobó la creación de una plataforma para que la ciudadanía reúna firmas electrónicas en apoyo de proyectos de ley que se presenten ante el Congreso. El sistema será gratuito, estará bajo control del tribunal y convivirá con las adhesiones manuscritas en papel previstas hasta ahora para las iniciativas populares.

La medida fue resuelta este jueves mediante la acordada extraordinaria 173. El tribunal, presidido por Alberto Ricardo Dalla Via, deberá definir las condiciones operativas de una herramienta que podrán utilizar personas particulares, agrupaciones políticas y organizaciones de la sociedad civil.

La incorporación de este mecanismo digital no altera los requisitos de fondo de la iniciativa popular, incluida la cantidad de respaldos necesaria ni las materias que la Constitución y la ley excluyen de este procedimiento. Sí habilita una vía electrónica para registrar y verificar las adhesiones.

El artículo 39 de la Constitución Nacional, incorporado con la reforma de 1994, reconoce el derecho de los ciudadanos a presentar proyectos de ley ante la Cámara de Diputados. La norma dispone que el Congreso debe dar tratamiento expreso a esas propuestas dentro de los doce meses posteriores a su ingreso.

La Ley 24.747, sancionada en 1996, reglamentó ese derecho y estableció las condiciones para ejercerlo. A diferencia de las iniciativas impulsadas por legisladores o por el Poder Ejecutivo, estos proyectos nacen por fuera de las estructuras estatales y requieren reunir adhesiones ciudadanas antes de avanzar en el trámite parlamentario.

Para presentar una propuesta, los impulsores deberán obtener firmas equivalentes a al menos el 1,5 % del padrón electoral utilizado en la última elección de diputados nacionales. Además, los respaldos deberán provenir de un mínimo de seis distritos electorales.

En las iniciativas de alcance regional, el porcentaje se calcula únicamente sobre los padrones de las provincias incluidas en esa región. La nueva plataforma no modifica esas exigencias y podrá complementar las planillas tradicionales.

La legislación excluye de este mecanismo los proyectos sobre reforma constitucional, tratados internacionales, tributos, presupuesto y materia penal. Los promotores también tendrán que identificar a los responsables de la iniciativa, presentar el articulado con formato de ley, fundamentar la propuesta e informar los gastos y el origen de los recursos utilizados.

La Justicia Electoral administrará y controlará el sistema

La acordada fue firmada por Alberto Ricardo Dalla Via, los jueces Santiago Hernán Corcuera y Daniel Bejas, junto con los secretarios Hernán Gonçalves Figueiredo y Sebastián Schimmel. La resolución asignó la administración exclusiva de la plataforma a la Cámara Nacional Electoral.

La Oficina de Coordinación General de Sistemas Informáticos Electorales será la encargada de administrar, mantener y operar el servicio. También deberá realizar controles periódicos y fijar los resguardos técnicos para garantizar la identificación de los firmantes, la autenticidad de las adhesiones y la protección de los datos personales.

Quienes quieran utilizar la plataforma tendrán que solicitar previamente su habilitación ante esa oficina. El procedimiento no tendrá costo. La resolución todavía no estableció una fecha para la apertura pública del sistema ni detalló los pasos que deberá cumplir cada ciudadano para emitir su adhesión.

El tribunal consideró que las firmas electrónicas podrán respaldar las iniciativas populares si cumplen las condiciones técnicas exigidas. La decisión se apoya en la Ley 25.506 de Firma Digital y en antecedentes judiciales sobre la eficacia jurídica de modalidades electrónicas de suscripción documental.

La acordada diferenció la firma digital de la firma electrónica, aunque sostuvo que esta última puede equipararse a una rúbrica manuscrita cuando ofrece garantías de autenticidad, integridad y no repudio. Los magistrados citaron fallos comerciales y civiles para extender esos criterios al ámbito electoral, bajo las condiciones de seguridad y verificación correspondientes.

Una prueba piloto antecedió a la decisión del tribunal

La decisión se basó, entre otros elementos, en una experiencia piloto autorizada por la Cámara el 21 de mayo de 2026. En aquella oportunidad, el tribunal habilitó una plataforma propuesta por una organización no gubernamental para complementar la recolección de respaldos en iniciativas populares.

Las verificaciones posteriores concluyeron que existían condiciones técnicas para vincular de manera unívoca a cada firmante con el documento que apoyaba. También se evaluaron procedimientos para autenticar las adhesiones, identificar a los usuarios y preservar su información personal.

A partir de esos resultados, la Cámara resolvió avanzar con una herramienta de alcance general que quedará administrada de forma directa por la Justicia Electoral y podrá emplearse en distintas propuestas ciudadanas.

La resolución además mencionó experiencias de Alemania, España, Estonia, Finlandia y Letonia con modalidades electrónicas para reunir apoyos ciudadanos. Según el tribunal, esos sistemas ofrecen antecedentes favorables en participación, trazabilidad y validación de identidad.

La validación de las adhesiones seguirá bajo control judicial

La digitalización no reemplazará la revisión institucional prevista por la Ley 24.747. La norma dispone que la Justicia Electoral debe verificar las adhesiones mediante un procedimiento de muestreo, con un plazo máximo de veinte días que puede extenderse a través de una resolución fundada.

Ese control determinará si cada iniciativa cumplió las condiciones legales para ser presentada. La plataforma apunta a facilitar la recepción y comprobación de los respaldos, pero no modifica la intervención judicial ni el posterior trámite legislativo.

Una vez verificados los requisitos, los proyectos ingresarán a la Cámara de Diputados de la Nación para su tratamiento parlamentario. La obligación constitucional de tratarlos dentro de los doce meses permanece vigente, aunque no implica que el Congreso deba aprobarlos.

La Cámara Nacional Electoral dispuso comunicar la acordada a la Cámara de Diputados y a los jueces federales con competencia electoral de todo el país. La puesta en marcha del sistema quedará sujeta a las definiciones técnicas que adopte el área informática del tribunal.

La Iglesia lanzó una advertencia por el avance del narcotráfico en los barrios populares y vinculó ese fenómeno con el retroceso de la presencia estatal. El obispo de San Justo, Eduardo García, sostuvo que la falta de servicios, oportunidades y respuestas institucionales favorece a las redes criminales. Sus palabras fueron escuchadas por funcionarios bonaerenses, jueces, fiscales y organizaciones sociales.

“La ausencia del Estado permite que el narcotráfico ocupe su lugar al ofrecer una falsa salida que destruye vidas”, alertó García durante la Jornada de Acceso a la Justicia, que se realizó el martes en la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM), y que llamativamente no contó con la presencia ni del intendente local, Fernando Espinoza, ni de la vicegobernadora y ex mandataria, Verónica Magario. Allí, el prelado describió un circuito que resumió con una fórmula: “Las tres C de la muerte: calle, cárcel y cementerio”. Como contrapartida, reclamó fortalecer “las tres C de la vida: colegio, capilla y club”.

El planteo excedió a un distrito específico y apuntó a una problemática presente en numerosos barrios del conurbano bonaerense: la combinación de exclusión social, economías delictivas y dificultades de acceso a derechos. García relacionó la expansión del narcotráfico con la falta de educación, atención sanitaria, cloacas y oportunidades de desarrollo.

También cuestionó el momento en que las instituciones judiciales toman contacto con esas realidades. Según afirmó, la Justicia ordinaria en los barrios populares “suele llegar tarde, interviniendo únicamente cuando el daño ya está hecho y el delito se ha cometido”. La observación expuso la tensión entre la respuesta penal ante hechos consumados y la prevención de las condiciones que facilitan el ingreso de adolescentes y jóvenes a circuitos criminales.

El encuentro se realizó en el Salón de las Américas de la UNLaM y reunió a representantes de la Iglesia, el Poder Judicial, el gobierno de Axel Kicillof y organizaciones territoriales. Participaron el ministro de Justicia y Derechos Humanos bonaerense, Juan Martín Mena; el juez federal de Morón Jorge Rodríguez; la fiscal general Patricia Ochoa; el diputado provincial Facundo Tignanelli y el rector de la universidad, Daniel Martínez.

Mena coincidió en ubicar a la desigualdad en el centro de la discusión. “Hablar de justicia en la región es hablar fundamentalmente de desigualdad”, afirmó. También se refirió a la relación entre los sectores más postergados y las instituciones: “La mayoría de los ciudadanos vulnerables conocen el sistema judicial a través de su peor cara, que es la Justicia Penal”.

El ministro defendió la necesidad de modificar ese vínculo y ampliar los mecanismos para resolver conflictos antes de que deriven en un expediente penal. Como ejemplo, destacó las visitas de integrantes del Ministerio Público Fiscal al barrio Puerta de Hierro, donde reciben las inquietudes de los vecinos.

Además, valoró la apertura de espacios de los Hogares de Cristo dentro de la Unidad 43 del Servicio Penitenciario Bonaerense. Esos ámbitos buscan acompañar a personas privadas de la libertad y ofrecer herramientas para reconstruir sus proyectos de vida.

El debate giró en torno a cómo evitar que el sistema penal se convierta en la única presencia estatal reconocible en los sectores marginados. Para los organizadores, acercar la Justicia supone garantizar la intervención de jueces y fiscales, facilitar el acceso a dispositivos de acompañamiento y promover la cooperación entre organismos públicos y organizaciones comunitarias.

La convocatoria fue organizada por áreas académicas de la UNLaM, el Obispado de San Justo, Cáritas, la Federación Familia Grande Hogar de Cristo, la Pastoral Judicial y la Asociación de Magistrados y Funcionarios de La Matanza. También participaron el defensor general Marcelo García, el presidente del Colegio de Abogados local, Martín Rivas, y el juez Franco Fiumara, entre otros referentes judiciales.

Durante la apertura, el rector Martínez sostuvo que el debate sobre los tribunales debe partir de las condiciones materiales de vida de la población. “Cuando hablamos de Justicia, lo primero que tenemos que hablar es de vida, de la gente”, expresó. También aludió a la decisión judicial que ordenó al Poder Ejecutivo Nacional cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario y vinculó la educación pública con la garantía de derechos.

Uno de los anuncios políticos de la jornada estuvo a cargo de Tignanelli, vicepresidente del Consejo de la Magistratura bonaerense. El legislador anticipó que impulsará la incorporación de las denominadas “Reglas del Papa Francisco” como material obligatorio en la Escuela Judicial provincial. La propuesta busca que quienes aspiren a integrar la magistratura conozcan principios orientados a una Justicia cercana a las personas vulnerables y atenta a las desigualdades que condicionan el ejercicio de los derechos.

Tignanelli a su vez destacó el trabajo de la Iglesia a través de los Hogares de Cristo en los barrios más vulnerables de La Matanza: “La Iglesia es el gran articulador de toda esta actividad, es quien convoca a todos los actores que pueden hacer algo para poder dar una respuesta clara a las necesidades que están viviendo hoy los vecinos y vecinas de la Matanza”.

“Es muy importante el trabajo que vienen haciendo en distintos barrios de La Matanza, ahí dónde es más urgente y el Estado abandonó”, afirmó.

La jornada incluyó mesas de trabajo sobre adicciones en el sistema penal juvenil, violencia de género y derecho a la identidad en contextos de marginalidad. Los debates serán sistematizados en un documento académico con conclusiones y propuestas. Según informó la universidad, el material será remitido al papa León XIV y servirá de insumo para continuar el intercambio entre las instituciones participantes.

Los organizadores proyectan conformar una Mesa Territorial de Acceso a la Justicia de La Matanza. La iniciativa busca establecer un ámbito permanente de coordinación para identificar obstáculos, compartir experiencias e impulsar respuestas conjuntas entre los equipos judiciales y las organizaciones que trabajan en los barrios.

Los datos de la economía preocupan en la Casa Rosada, pero el oficialismo está convencido de que un escenario de crispación social no es hoy un potencial peligro. En medio de las especulaciones sobre la continuidad de Luis Caputo —que en Economía niegan a rajatabla—, en el mileismo se esmeran en mostrar tranquilidad y generar expectativas.

Le bajan el precio al impacto de los temas sociales sensibles que la oposición tomó como emblemas contra el Gobierno—. Esto a pesar de esos ejes sensibles sacuden la agenda desde la semana pasada. Las protestas por el incumplimiento del fallo sobre los fondos para las universidades o el recorte para discapacidad en el Presupuesto del año que viene coparon los canales de TV y probablemente ocupen las primeras planas la semana que viene con la marcha federal universitaria.

Con todo, no creen que esos temas, por más tangibles y cercanos que sean, puedan influir en la inclinación hacia el Gobierno ni volcar a la masa de indecisos hacia la fragmentada oposición. Están convencidos de que Milei aún puede generar expectativa. Si bien admiten que la paciencia podría acabarse por el famoso “metro cuadrado”, por ahora ven un escenario estable.

No todo es negación. Aunque defienden a muerte el modelo económico, les preocupan los efectos de la caída de la actividad y admiten que está muy complicado el Conurbano. “Antes todos teníamos un amigo que se iba del país o mandaba a sus hijos afuera. Hoy todos tenemos un conocido que cerró el negocio o se quedó sin trabajo”, dijo un referente violeta.

Aun así, no ven un escenario de crispación social. Creen que los intendentes no tienen el poder de fuego para organizar revueltas y que el terreno no está fértil para incidentes espontáneos. Un armador libertario que conoce y recorre el conurbano analizó: “La gente sale a la calle a romper todo cuando no tiene para darle de comer a los hijos. Hoy no estamos en esa situación”, dijo.

El Gobierno se ocupa de mantener actualizadas las partidas para asistencia social que canaliza Capital Humano. “Los endeudados no se endeudan para comer”, dicen, muy por lo bajo. Saben que es políticamente incorrecto, pero aseguran con confianza: “Las importaciones suben, Temu y Shein están a full. La gente en los barrios tiene ropa nueva gracias a este Gobierno. Parece un dato menor, pero la gente lo valora”.

Pero no dejan de deslizar una autocrítica. “Hace falta el látigo, pero también de vez en cuando una caricia. Y hoy todos quieren imitar a Milei”, dijo un estratega en relación con el modo agresivo que muestran los (pocos) ministros o referentes violetas que hablan.

Por último, confían en la capacidad del Presidente para generar conversación sobre sí mismo y “no aburrir”. Un atributo que podría considerarse clave solo en campaña, pero que los libertarios creen crucial también para perdurar con buena imagen durante la administración. “Milei no es estático, es entretenimiento”, dijo un hombre del círculo presidencial, consultado por la caída de todos los oficialismos en la última decena de elecciones en otros países. “De Lula se aburrieron. De Petro se aburrieron. De Javier no se van a aburrir”, sumó.

En esa lógica, mientras amplios sectores del país viven la actualidad laboral, de ingresos y de vivienda como una crisis, el Presidente publicó un spot de “Milei Media” con el anuncio del lanzamiento de un video del recital que brindó en el verano, pero “remasterizado”. Un trabajo del funcionario Santiago Oría, realizador audiovisual de la Presidencia, muy cercano a Karina Milei, que navega a diario las aguas de las redes sociales.

Milei lanzará el video el 13 de este mes. Lo que aún no pudo concretar es la convocatoria a un nuevo recital, que prometió hace algo más de un mes para festejar el 0,8% de inflación mayorista de julio. Los guarismos no se lo permitieron.. Y es posible que los datos de septiembre —que se conocen la semana próxima— registren un Índice de Precios al Consumidor con una suba que, si bien sería mínima, contradice la narrativa oficial.

De todas formas, en Balcarce 50 creen en el modelo de Luis Caputo y aseguran que el IPC más temprano que tarde volverá a bajar. “El dólar está estable. La gente se está yendo de viaje. El dólar está barato. Podés proyectar”, dijeron en el Gobierno.