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Política Nacional

Un proyecto que salda las deudas de la Ley de Cannabis aguarda tratamiento

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Un proyecto que establece “un marco regulatorio integral al acceso, el cultivo, la producción y comercialización del cannabis para uso medicinal” fue presentado en el Congreso Nacional con el apoyo de familias y organizaciones no gubernamentales que apuestan a saldar la “deuda” que quedó pendiente durante el gobierno de Cambiemos.

Se trata de la iniciativa de “Regulación de Cannabis para la Salud”, presentada por la diputada Carolina Gaillard (FdT), quien explicó a Télam que la propuesta apunta también a que los usuarios “tengan una sustancia segura y de calidad”, a través tanto de la compra en farmacias como del autocultivo y la producción “solidaria”.

Calificado como “un proyecto soñado”, por Valeria Salech, presidenta de Mamá Cultiva, la iniciativa, a su entender, salda “las deudas que dejó la ley actual, la 27.350 que no sólo siguió criminalizando a las madres sino que dejó afuera a los pacientes que no sufren de epilepsia refractaria”, los únicos que en la actualidad están amparados para el consumo.

Gaillard, expresidenta de la Comisión de Salud, destacó el “enfoque integral” del proyecto que, por ejemplo, prevé que Fabricaciones Militares “tenga las licencias para producir” y el Ejército “la facultad de producir y elaborar todo para abastecer la demanda del sistema público”.

“Igualmente podrán hacerlo personas físicas o jurídicas, públicas o privadas”, contó la diputada quien aseguró que el enfoque integral apunta a que el Estado acompañe cada una de las acciones que tienen que ver con el acceso y la comercialización de la planta.

Consultada sobre cómo surgió el proyecto, la legisladora respondió que la idea nació “como consecuencia de las limitaciones que tuvo la ley actual, que dejó un sabor amargo en los pacientes y eso hizo imperioso buscar una solución”.

Si bien tanto Gaillard como Salech estiman que con la reglamentación de la ley 27.350 -que está a la espera de la firma del Poder Ejecutivo-, cuenta con graves falencias podrán saldarse, “el nuevo proyecto contempla un abordaje más profundo” porque “fue realizado por especialistas en la materia, entre ellos organizaciones como Mamá Cultiva Argentina, la Red de Cannabis Medicinal del CONICET (RACME) y la Cámara Argentina de Cannabis”.

El proyecto regula todos los accesos al producto, desde el autocultivo, la producción solidaria, a través de la compra en farmacias y también mediante la adquisición de semillas en tiendas de cultivo.

En tanto, Salech opinó que sigue existiendo una “criminalización” y “persecución” porque hubo una “mala ley” que dejó “afuera al autocultivo”.
“Esa ley, aprobada en el 2017, se hizo en un contexto donde fue peor que tener un Estado ausente, porque era un Estado que nos criminalizaba con una ministra de Seguridad (Patricia Bullrich), sacándose fotos en operativos con dos plantitas, a la vez que se recortaban derechos”, recordó.

En este contexto, dijo que “durante esos cuatros años de macrismo” las organizaciones como la que ella integra la “pasaron muy mal”. “Fue doloroso, muy difícil, había más miedo que nunca”, agregó.
“Cuando esas cosas suceden, surge la comunidad y trabajando en comunidad hemos logrado cosas increíbles, desde que nacieran otras asociaciones hasta el apoyo de las universidades públicas que nos median el aceite a escondidas. Se generó así una red que contenía la crueldad”, contó.

En contraposición con aquel escenario, la diputada Gaillard explicó: “El Gobierno tiene hoy un compromiso muy fuerte en este tema” y agregó que la norma abrirá también la posibilidad de que “farmacéuticos hagan preparados así como los laboratorios donde el usuario podrá elegir”.

El proyecto regula todos los accesos al producto, desde el autocultivo, la producción solidaria, a través de la compra en farmacias y también mediante la adquisición de semillas en tiendas de cultivo.
“Queremos que el cannabis medicinal deje de ser ilegal en todas sus formas y que quien sea usuario lo haga con tranquilidad de que el Estado lo acompaña y lo protege”, expresó Gaillard.

La diputada confió además que la iniciativa tiene “todo el apoyo del jefe de bloque, Máximo Kirchner” y se mostró esperanzada en que los primeros meses del año próximo pueda ser “tratada y sea ley”.

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Milei comparó su salario con el de los rectores de universidades: “Cobran 4 veces más”

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El Presidente Javier Milei utilizó sus redes sociales este miércoles para expresar su postura tras la masiva movilización en defensa de la universidad pública. Lejos de buscar un acercamiento con los sectores que protestaron en Plaza de Mayo, compartió una publicación que comparó su salario con el de los rectores de las casas de estudio.

De acuerdo al posteo que el jefe de Estado compartió en X, el jefe del Poder Ejecutivo cobra de $4 millones brutos por mes. Mientras que los rectores cobran “hasta cuatro veces más que el Presidente, hasta $18 millones por mes».

En su jornada en la red social de microblogging, Milei siguió compartiendo críticas contra la convocatoria del martes por la tarde. Insistió que la jornada no respondió únicamente a un reclamo académico, sino a intereses partidarios.

En su descargo, Milei lanzó duras acusaciones contra los sectores de la oposición que participaron de la marcha federal. El jefe de Estado sostuvo que los dirigentes opositores están intentando proteger «sus cajas» políticas y que, para lograrlo, utilizan la defensa de la educación pública como una suerte de «bandera» o escudo mediático que oculta sus verdaderas intenciones financieras.

Desde el oficialismo, la narrativa se mantuvo alineada con las declaraciones del Presidente. En ese sentido, la cuenta oficial de La Libertad Avanza había emitido un comunicado subrayando que la administración nacional cumple con sus obligaciones económicas.

En dicho texto, aseguraron que el Gobierno transfirió mensualmente el presupuesto asignado, intentando desactivar la idea de un desfinanciamiento deliberado por parte del Poder Ejecutivo. Algo que también dejó en claro la subsecretaria de Políticas Universitarias que lidera Alejandro “Profe” Álvarez, a lo largo de la jornada.

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El Gobierno cubrirá el costo del gas importado durante el invierno para evitar un salto en las tarifas

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El Gobierno aplicará este invierno un esquema transitorio para evitar que el fuerte aumento en el costo del gas importado por barco (GNL) se traslade de manera inmediata a las tarifas residenciales durante los meses de mayor consumo. Lo postergará al menos hasta noviembre.

La Secretaría de Energía financiará durante el invierno las compras de GNL -cuyo costo promedia cinco veces más que el gas local- que las distribuidoras le harán a Enarsa.

El esquema apunta a que amortiguar las tarifas de gas de los usuarios prioritarios (hogares, hospitales y escuelas) durante el invierno, cuando la demanda es muy alta, y su efecto en la inflación. Va en línea, además, con la decisión de bonificar el 75% del precio del gas durante mayo para quienes tienen asistencia estatal en el marco de los subsidios focalizados.

Así Energía financiará la compra de GNL que las distribuidoras hagan entre este mes y octubre. Representa entre 150 y 200 millones de dólares, según calculó la consultora Inviú.

La idea oficial es que gran parte del GNL importado lo compren las industrias y grandes usuarios (entre ellos las generadoras de electricidad) a precio internacional para evitar restricciones. Pero, si hay que cubrir los picos de demanda prioritaria, parte de los cargamentos se utilizarán para ese fin.

El mecanismo que se utilizará es el de las Diferencias Diarias Acumuladas (DDA’s), por el cual cada dos meses las distribuidoras trasladarán a los usuarios las variaciones en los costos. En mayo, ese factor incidió en que las tarifas de gas subieran 5,6%.

Cuánto gas se consume en la Argentina en invierno

En los últimos años, el consumo de hogares y otros sectores prioritarios promedió los 60 millones de metros cúbicos diarios desde mayo. Y los picos que pueden superar los 120/150 mm3 en los días más fríos del invierno.

Eso fue lo que sucedió en 2024, cuando hubo cortes a mediados de mayo y en julio, en medio de la escasez del producto -tanto nacional como importado-. En ese momento, se activó un comité de crisis para evitar cortes a hogares.

Para este año, el Gobierno confía en que los privados actuarán para satisfacer la demanda, dadas las medidas que se fueron aplicando y aun cuando todavía el país tiene que importar GNL para cubrir los picos de consumo invernales.

En ese contexto, el monitoreo se focaliza en que no falte gas en momentos en que con la llegada del frío se registró un salto en la demanda prioritaria que pasó de un promedio de 40/45mm3 diarios a casi 60 en apenas días.

Algunas distribuidoras habían cortado a fines de abril el servicio de manera temporal a estaciones de GNC e industrias con contratos interrumpibles.

Fuentes del sector consultadas por TN remarcaron que esas restricciones no tuvieron que ver con faltantes en la oferta de gas. Sino que se dieron más porque las previsiones de consumo se quedaron cortas: hubo un salto en la demanda prioritaria muy por encima de lo que tenían contratado las distribuidoras, lo que obligó a ajustes puntuales, aclararon.

Fuente: TN

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El fiscal Guillermo Marijuan ordenó medidas de prueba para investigar a Francisco Adorni, hermano del jefe de Gabinete

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Manuel Adorni

El fiscal Guillermo Marijuan ordenó medidas de prueba para investigar a Francisco Adorni, el hermano del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en la causa que investiga un presunto enriquecimiento ilícito.

Entre otras solicitudes, pidió el levantamiento del secreto fiscal y bancario de Francisco Adorni y otras medidas para conocer detalles sobre viajes y bienes.

A partir de la denuncia de la diputada Marcela Pagano, el fiscal abrió una investigación al hermano del jefe de ministros por presunto enriquecimiento ilícito. Busca investigar las declaraciones juradas de Francisco Adorni, funcionario del Ministerio de Defensa, sobre unas diferencias entre 2023 y 2024. Lo que sostiene la denuncia es una investigación sobre un crédito por $60 millones que pagó en 12 meses y que pasó de una declaración patrimonial de poco más de $40 millones a una de $80, ahí puso el foco la Justicia.

Si bien se trata de una investigación distinta a la que pesa sobre Manuel Adorni, la Justicia también podrá pedir información sobre bienes heredados compartidos con el jefe de Gabinete.

De esta manera, son varios los integrantes de la familia del jefe de ministros investigados: el propio Manuel Adorni, su hermano Francisco Adorni y su esposa Bettina Angeletti.

Cómo sigue la investigación sobre Manuel Adorni

Esta manñana, el fiscal federal Gerardo Pollicita tomó declaración a José Luis Rodríguez, el propietario de una casa del country Indio Cuá que fue alquilada por Manuel Adorni en el marco de la causa que investiga un presunto enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete. Durante su testimonio, el hombre aportó nuevos datos sobre gastos vinculados al alquiler de la vivienda y sobre otros contratos temporarios celebrados con Adorni.

Según trascendió, Rodríguez confirmó que el funcionario había pagado US$15.600 para instalarse 13 meses junto a su familia en una propiedad del barrio privado mientras avanzaban las refacciones de la casa que compró en Exaltación de la Cruz por US$120.000. La obra estaba a cargo del contratista Matías Tabar y, de acuerdo con la declaración, sufrió demoras que obligaron a extender la estadía prevista inicialmente.

La declaración de Rodríguez se suma a la de Tabar, que aseguró ante Pollicita que las obras demandaron alrededor de US$245.000 y que fueron abonadas en efectivo y sin factura.

En sus últimas apariciones públicas, Manuel Adorni negó haber cometido irregularidades y aseguró que puede justificar el dinero destinado tanto a la compra de inmuebles como a las reformas realizadas en sus propiedades. El presidente Javier Milei también lo defendió y rechazó cualquier posibilidad de alejarlo de su cargo.

Fuente: TN

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