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Veto al aumento jubilatorio: “Hay recursos, lo que falta es voluntad política”

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El defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, cuestionó duramente la posibilidad de que el presidente Javier Milei vete la ley aprobada por el Congreso que contempla un aumento del 7,2% y la actualización del bono para jubilados. En diálogo con Rivadavia AM 630, Semino consideró que “sería un error” y advirtió que existen recursos suficientes para afrontar esa mejora en los haberes.

El argumento de que no hay dinero para financiar el 7,2% o el bono de 110.000 pesos es el mismo que se usó con el veto anterior y que también utilizaron otros gobiernos”, señaló. Según el defensor, esa justificación no se sostiene, ya que “los fundamentos del veto están cuestionados judicialmente en casi todo el país con buen éxito”.

Semino remarcó que el impacto de esta ley beneficiaría directamente a los sectores más vulnerables, especialmente a los jubilados de la mínima y a las personas con discapacidad. “Por todo concepto, lo que recibirían serían 60.000 pesos más. No varía su situación de fondo, pero es impagable no otorgarlo porque ese bolsillo ya no da para nada”, afirmó con crudeza.

El especialista también recordó que hace un año ya ocurrió una situación similar, donde un proyecto aprobado fue luego vetado por el Poder Ejecutivo y muchos legisladores “avalaron el veto después de haber apoyado la ley”. Frente a la posibilidad de que esta historia se repita, señaló: “Esperemos que no pase lo mismo”.

Finalmente, se mostró cauto pero esperanzado respecto a lo que pueda suceder esta vez con el Congreso: “Me parece que el veto no la tiene fácil. A partir del problema que hay con los gobernadores, que no están recibiendo lo que les corresponde por coparticipación, es probable que se junten los dos tercios y se anule el veto”.

En un mensaje dirigido a toda la dirigencia política, Semino fue claro: “Esperemos que haya sensatez y que todos los actores políticos se dediquen a ver cómo modifican la situación del jubilado, porque se está muriendo de hambre directamente. Ni más ni menos”.

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La nafta sigue en aumento y le mete presión a la inflación de marzo

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Como consecuencia de la guerra en Oriente Medio y la suba en el valor del petróleo, las compañías petroleras que operan en la Argentina extendieron un nuevo aumento a los surtidores, por lo que el litro de nafta Premium ya supera los $2.000 en casi todas las estaciones del país.

Según datos de EcoGo, ya que las empresas han dejado de informarlo hace tiempo, el incremento es en torno al 9% en lo que va de marzoy abarca a todas las petroleras. El impacto en los surtidores se refleja en el bolsillo de los consumidores y anticipa una mayor presión sobre la inflación de marzo.

Según la serie actualizada, el índice de precios promedio (un índice con base 100 en enero 2025) de las naftas y gasoil escaló de 136,3 el 26 de febrero a 148,2 el 16 de marzo, con base enero de 2025 igual a 100. Esto implica una suba del 8,67% desde que se profundizó el conflicto en Medio Oriente y el barril de Brent superó los 100 dólares.

Si se toman los valores de YPF en la Ciudad de Buenos Aires, la nafta Súper promedia los $1.833, la premium $2.015 y el gasoil Infinia $02.033. En el caso de Shell, que siempre es más alta, la Súper ronda $1.890, la Premium $2.081 y el gasoil Power $2.129. En el interior bonaerense, el precio es un poco más alto.

En la nafta Súper de YPF, que subió $145 en solo siete días, el avance representa un salto del 8,3%. El gasoil premium de Shell tuvo un incremento de $131, equivalente al 6,6%.

Más allá del impacto en el bolsillo del usuario, la suba de los combustibles trasciende los surtidores y alcanza a la inflación general. Según los modelos de GMA Capital, un ajuste del 10% en el precio de los combustibles se traduce en 0,37 puntos porcentuales adicionales de inflación. Pero el traslado de los mayores costos al consumidor dependerá de la estrategia comercial de las petroleras y de la evolución del conflicto internacional.

Cabe recordar que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó días atrás que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró en febrero de 2026 una variación mensual de 2,9%. Con este resultado, la inflación acumulada en el primer bimestre del año alcanzó el 5,9%, mientras que la comparación interanual se ubicó en 33,1 %.

Fuente: Agencia DIB

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La Provincia dio otro paso clave para hacer la revisión tarifaria de la luz

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La medida formaliza el Anexo III del acuerdo celebrado con el Centro de Estudios de la Actividad Regulatoria Energética (Ceare), dependiente de esa Facultad, que brinda servicios de consultoría para el desarrollo técnico y económico de la revisión tarifaria que comenzó en 2024. En este caso, el anexo establece en detalle las fases, contenidos, hitos y porcentajes de pago correspondientes a la Etapa 2 del proceso.

El proceso de RTI había sido iniciado por la Provincia mediante la Resolución N° 1133/2024 y contempla distintas instancias de análisis técnico, económico, tarifario y jurídico del sistema de distribución eléctrica provincial. El objetico es conocer en detalle los costos de la distribución de energía de las cuatro compañías de energía: Edelap, EDES, EDEA y EDEN.

En concreto, con este proceso se busca definir un plan de inversiones que garantice un servicio eléctrico de calidad, actualice la infraestructura según la demanda actual, y reafirme el rol activo del Estado provincial en el control de las empresas.

Según informaron desde la Provincia, otra de las metas que persigue la RTI es mejorar los parámetros de calidad del servicio y al mismo tiempo garantizar a los usuarios tarifas asequibles y geográficamente homogéneas.

El análisis de los costos de la energía elécrtrica

De acuerdo con lo previsto en el acuerdo, la Etapa 1 está vinculada a la valuación física de los activos de las distribuidoras y a la recopilación de información técnica para garantizar la prestación del servicio en condiciones adecuadas. En tanto, la Etapa 2 comprende el análisis económico y regulatorio, incluyendo la valorización de la base de capital, la determinación del requerimiento de ingresos de cada distribuidora, la definición del plan de inversiones obligatorio y la propuesta de estructura tarifaria.

Según la documentación oficial, esta etapa es fundamental para todo el proceso porque va a culminar en un informe final en el cual el Ceare va a sugerir un nuevo cuadro tarifario a aplicar. El cronograma contiene numerosas tareas específicas subdivididas en distintas fases y un plazo total de 15 meses para llegar hasta las conclusiones.

La resolución también establece que los pagos vinculados a la consultoría serán gestionados por la Subsecretaría de Energía, una vez verificado el cumplimiento de los hitos establecidos para esta segunda etapa del proceso.

La decisión se adoptó con intervención de los organismos de control provinciales y en el marco de las facultades previstas en la Ley de Ministerios, el marco regulatorio eléctrico provincial y la normativa administrativa vigente.

Fuente: Agencia DIB

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Taxistas reclamaron en el Municipio por una flexibilización a la norma que regula a Uber

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Un grupo de taxistas se manifestó esta mañana en la Municipalidad para reclamar por una flexibilización de último momento en la reglamentación de la ordenanza de Uber que había sido aprobada semanas atrás en el Concejo Deliberante.

En las últimas horas y a través de un decreto, el intendente Federico Susbielles le otorgó a los choferes de aplicación un año de prórroga para registrarse en la comuna y eso desató la ira de los taxistas.

“Hay una necesidad laboral de estos choferes de apps que nosotros no podemos desconocer y por eso se decidió flexibilizar la reglamentación anterior”, explicaron fuentes del Municipio.

Según los manifestantes, esa flexibilización los deja en desventaja respecto de los conductores de Uber.

Luego de media hora de gritos y pedidos de una reunión con el intendente, se hicieron presentes el jefe de Gabinete y la secretaria de Gobierno, Luis Calderaro y Florencia Molini, quienes dialogaron con los taxistas y los invitaron a una conversación en privado. También apareció el representante regional del Ministerio de Seguridad provincial, Federico Montero.

“Nos mandaron al muere a 1.400 familias, a ustedes no les importa porque cobran igual su sueldo”, les dijo el dirigente del Centro de Propietarios de Taxis, Roberto de Barrenechea, antes de pasar a la reunión.

El mes pasado se aprobó una ordenanza que establece, entre otras cosas, que los choferes de apps deben contar con carnet profesional y autos que no superen los 13 años de antigüedad, para asimilar los requisitos con los taxistas.

Asimismo, tienen que enviar una nota dirigida al intendente y certificada con firma ante Escribano o Notario Público, solicitando la autorización para la prestación del Servicio de Transporte Privado con la intermediación de Plataformas Independientes (STPPI).

Fuente: La Nueva.

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