A poco más de dos meses del triunfo en las elecciones de medio término, La Libertad Avanza (LLA) empieza a diseñar el tablero de alianzas para el 2027. Además de la reelección de Javier Milei, el año próximo, el espacio que conduce la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, deberá cerrar listas para renovar bancas en las Cámaras de Diputados y Senadores, pero también para competir en los comicios provinciales y municipales.
Con ese objetivo en mente, y luego de articular con varios sectores frente a los compromisos legislativos, en el espacio violeta se muestran abiertos a profundizar las negociaciones electorales que tuvieron curso en 2025. El mapa de alianzas fue limitado, pero con posibilidad de ampliación.
De esta forma, desde el partido se debate la posibilidad de presentar candidatos propios en las provincias opositoras y acompañar las aspiraciones de reelección de varios de los aliados, según confirmó una fuente a Infobae.
“La idea es competir contra el peronismo en todos los lugares en los que esté y acompañar a los aliados que quieran ir por la reelección”, confesó una voz en tema a este medio. Es que el triunfo en 15 de las 24 jurisdicciones en octubre esperanzó al espacio que augura ampliar su representación en el interior del país, hoy una cuota pendiente.
Aun con tiempo de sobra y discusiones por dar, desde el partido se inclinan a garantizar -a priori- el respaldo a los oficialismos de Chaco (Leandro Zdero) y Entre Ríos (Rogelio Frigerio). Algo similar ocurre en San Luis, donde no cuentan con un referente de peso. Si bien otra de las provincias a apoyar es Mendoza (Alfredo Cornejo), podría encontrar un limitante en la voluntad expresa del diputado libertario, el exministro de Defensa Luis Petri, quien mantiene deseos de hacerse de la gobernación si la UCR no logra sintetizar sus debates internos.
Hasta entonces, la idea es disputarle el territorio a los referentes de la oposición, con especial interés arrebatarle la provincia de Buenos Aires a Axel Kicillof. El ministro del Interior, Diego Santilli, es uno de los nombres con más posibilidades para representar al espacio en la contienda, pero no el único. Completan la nómina a enfrentar los oficialismos de Formosa (Gildo Insfrán), La Rioja (Ricardo Quintela), La Pampa (Sergio Ziliotto), y Tierra del Fuego (Gustavo Melella), con limitado o nulo vínculo con la gestión de Milei.

Sin embargo, la segmentación de los aliados encuentra matices en provincias importantes como Córdoba, Santa Fe, Chubut y Jujuy, donde LLA conquistó un importante resultado en octubre con candidatos de bajo perfil. Nadie se atreve a arrojar nombres de manera anticipada, pero los legisladores Gabriel Bornoroni y Romina Diez son dos de los referentes que pican en punta para la disputa.

A los intereses por “teñir de violeta” el territorio se suma la resistencia que detecta el Poder Ejecutivo en las figuras de Martín Llaryora, Maximiliano Pullaro, Ignacio Torres y Carlos Saidr, todos integrantes de Provincias Unidas, que aspira a presentar candidato presidencial. “En 2027 ponemos un presidente federal para cambiar la Argentina”, anticipó Llaryora algunos meses atrás.
También persiste la voluntad por presentar candidatos propios, aunque con menos expectativas de triunfo, en Misiones, luego de la performance del extenista Diego Hartfield, que se impuso por sobre Oscar Herrera Ahuad; en Salta, producto del abultado resultado, pero también de la compleja relación con Gustavo Sáenz, y en Santa Cruz que conduce Claudio Vidal, donde LLA quedó a un puñado de votos de la Fuerza Santacruceña, mientras que todavía hay debates respecto a la definición que adoptarán en Río Negro.

Pese a la buena sintonía expresa por Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca) en lo que va de la administración libertaria, también deberá enfrentar al sello fundado por Javier Milei en sus respectivas tierras. Es que en Balcarce 50 deslizaron la posibilidad de acompañar al catamarqueño, pero hay quienes descartan que vaya a presentarse en búsqueda de la reelección, lo que los habilitaría a competir.

A excepción de Santiago del Estero y Corrientes que celebraron sus elecciones el pasado 2025, el próximo 2027 se elige al jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y a las autoridades de 21 provincias. El oficialismo que lidera Gerardo Zamora ha dado algunas muestras de apoyo a La Libertad Avanza, pero nunca abrió la posibilidad de sellar una alianza electoral. Distinto fue el caso de Gustavo Valdés, quien negoció hasta última hora con el armador del interior, Eduardo “Lule” Menem, y finalmente postuló a su hermano Juan Pablo Valdés que ganó por una diferencia de más de 30 puntos ante una magra elección libertaria.

Asimismo, el Gobierno deberá seguir de cerca la voluntad de varios gobernadores que, algunos por obligación, otros por determinación propia, desdoblarán las elecciones de las nacionales del próximo año. En paralelo, la menor de los Milei apuesta a instalar el debate por la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP) en todo el país.

En el mientras tanto, los interlocutores del Poder Ejecutivo deben articular con los representantes provinciales para concretar los ambiciosos objetivos legislativos que fijó el mandatario. Es por eso que el ministro del Interior, Diego Santilli, estableció un cronograma que alcanza al menos 10 provincias durante el mes de enero.

“Si no quieren entrar, solo avísenme, porque tengo 25 personas que no están aquí y que están dispuestos a reemplazarlos”. Frente a casi una decena de cámaras, Donald Trump presionó el viernes a varios ejecutivos de compañías petroleras para que inviertan de manera inmediata en Venezuela. La mayoría de ellos no se comprometió de inmediato. Según relató una crónica del WSJ, cuando la reunión pasó a ser privada, uno de ellos alegó: “Nos han confiscado nuestros bienes allí dos veces. Imagínense volver a entrar una tercera vez. Requeriría cambios bastante significativos con respecto a lo que hemos visto históricamente y a lo que es ahora”.
Aunque con las respectivas diferencias del caso, el que hace tiempo hizo ese razonamiento para el caso argentino fue el mismo gobierno de Milei. O al menos de manera retórica. “Las reformas van a salir sea de la manera que sea. Con artículos que muestren mayor profundidad o menos. Pero tenemos que dar el gesto de que acá pasan cosas y que es un cambio con pretensiones disruptivas”, afirma un miembro del entorno presidencial a Infobae.
En ese sentido, después del período vacacional de varios altos integrantes del oficialismo, la Casa Rosada está comenzando a calentar motores para movilizar las diversas reformas que se pondrán a debatir en el Congreso en el próximo llamado a sesiones extraordinarias, el cual irá del 2 de febrero hasta finales de mes.
En un escenario optimista, el Gobierno apunta a sancionar la reforma laboral antes de la Apertura de Sesiones Ordinarias del 1 de marzo. Aun así, admiten que son estimaciones hechas “en el aire”, porque todavía no se adoptó una estrategia política clara sobre cómo proceder respecto a las concesiones o no del proyecto.

En el Senado, particularmente en las filas que responden a Patricia Bullrich, hicieron trascender que la intención es mantener el texto como entró al Congreso. O cuanto menos, hacerle la menor cantidad de cambios posibles. “Lo que dice es cierto. Por ahora estamos así. Queda un tiempo para que arranquen las extraordinarias. Y decir desde ahora que estamos dispuestos a modificar el texto, nos deja medio regalados”, explican una fuente gubernamental.
A pesar de que mermó su agenda, Bullrich no dejó de estar activa. Días atrás mantuvo un encuentro con Milei, quien la recibió vestido con su mameluco de YPF en la Quinta de Olivos. El jueves también se la vio entrar y salir rápidamente de la Casa Rosada. Más específicamente al despacho del asesor presidencial Santiago Caputo. No se quedó mucho tiempo porque la tumultuosa agenda vinculada a Venezuela impidió realizar la audiencia que tenía prevista para afinar la estrategia respecto a la reforma del Código Penal. Es muy probable que ese encuentro frustrado se realice al comienzo el lunes o el martes.

Caputo forma parte del ala del Gobierno que mayor cantidad de terminales y diálogos tiene con los sindicatos. También dicen estar dispuestos al diálogo el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem, que durante la semana pasada recibió al titular de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), Claudio Stivelman, un área que oficia de control de las obras sociales sindicales, entre otras entidades sanitarias. La reunión, sin embargo, no habría tenido que ver con asuntos ligados los gremios.

Pese a los enfrentamientos palaciegos que mantuvieron en 2025, caputistas y menemistas habían coincidido a finales de diciembre en la necesidad de parar la pelota y negociar con mayor margen todo el articulado de la reforma laboral. Tal y como publicó Infobae, el Gobierno se resistirá a modificar el artículo que elimina la obligatoriedad de que los empleados sean agentes de retención de la cuota de afiliación. Sí están abiertos a liberar las cuotas solidarias y eliminar los artículos que limitan el pago de estos aportes, a suavizar la reglamentación del derecho de huelga y, como mínimo, a debatir el Fondo de Asistencia Laboral (FAL).

Hay miembros del Gabinete que consideran seriamente no habilitar diálogos en ese sentido. “No debería haber demasiada charla porque nosotros no estamos haciendo una reforma anti-sindicatos: estamos haciendo una reforma pro-generación de empleo”, afirma uno de ellos, que agrega: “Lo que sea sindical y pueda hacerlos mierda a ellos, pero no necesariamente te generen trabajo, va a quedar para la reforma sindical y otras reformas más que van a venir durante el año”.
La estrategia política comenzó a delinearse de manera preliminar con la agenda de reuniones con gobernadores que comenzó a elaborar el ministro del Interior, Diego Santilli. Su primer viaje se dio días atrás al visitar a Ignacio Torres (Chubut) a los fines de escuchar sus reclamos y poder avanzar en las tratativas para conseguir los votos de las dos legisladoras que le responden, Edith Terenzi (Despierta Chubut) y Andrea Cristina (PRO).

El lunes visitará a Leandro Zdero (Chaco), el martes recibirá en Casa Rosada a Sergio Ziliotto (La Pampa), el miércoles volverá al sur a recorrer las zonas damnificadas por los incendios junto a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva; y el jueves viajará a ver a Alfredo Cornejo (Mendoza).

La jornada inaugural de las negociaciones políticas será el viernes. Allí comenzará a trabajar una comisión técnica en el Senado que tendrá a la abogada laboralista Josefina Tajes como principal asesora del Gobierno. Además, ese mismo día se reunirá en Casa Rosada la Mesa Política. En principio, el que la presidirá será el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Varios de los asistentes habituales de ese encuentro creían que los hermanos Milei no estarán porque para ese día tenían que irse a Jesús María, Córdoba, a presencial el Festival Nacional de Doma y Folklore.

En la mesa chica presidencial también planean definir cuánta prioridad le darán a otros de los proyectos que presuntamente serían incluidos en el segundo llamado a extraordinarias: aparecen como pendientes la Ley de Compromiso Nacional por la Estabilidad Fiscal (la cual prohíbe el déficit fiscal y la emisión monetaria sin respaldo, así como penas para funcionarios que incumplan estas reglas), el nuevo Código Penal y las modificaciones a la Ley de Glaciares. De todas ellas, la única que tiene chances concretas de salir en el cortísimo plazo es la última, ya que tiene la adhesión de diversos gobernadores y de bloques numerosos de ambas cámaras.

No hay que descartar que se inserte el inminente acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea en la agenda parlamentaria de febrero. Por el momento, altísimas autoridades del Congreso marcaron que todavía no se definió, pero que es algo plausible. El acuerdo pasará al Parlamento Europeo para su aprobación. Al mismo tiempo, los gobiernos de cada país del bloque latinoamericano debe comenzar el proceso de ratificación de acuerdo a sus procedimientos nacionales: en el caso argentino, aprobarlo por ambas cámaras del Congreso.

La firma del acuerdo se producirá el 17 de enero en Asunción. No participarán de la ceremonia los presidentes del Mercosur porque ya se acordó que la rúbrica será hecha por los cancilleres de cada uno de los Estados Miembro, Pablo Quirno (Argentina), Rubén Ramírez Lezcano (Paraguay), Mauro Vieira (Brasil) y Mario Lubetkin (Uruguay). “(Javier) Milei, (Santiago) Peña, Lula (da Silva) y (Yamandú) Orsi podrán ir si quieren, pero en todo caso será de manera testimonial”, marcó una fuente diplomática del bloque.
En Casa Rosada no afirmaron ni negaron que Milei tenga entre sus planes viajar ese sábado a la capital paraguaya. El presidente Peña es con quien primero forjó una alianza en la región y es con quien mejor se lleva dentro del Mercosur. Ese bloque de países virados al ámbito de la centroderecha y derecha se amplió a cerca de diez: a los dos anteriores se le suman Perú, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Panamá, República Dominicana y Trinidad y Tobago.

En caso de que vaya y de que también lo decida Lula, sería un nuevo encuentro presencial entre dos jefes de Estado que tienen un vínculo cada vez más tirante. Ayer trascendió que Brasil se retiró de la representación de la Embajada Argentina en Venezuela después de un año y medio de acudir en ayuda a pedido de la Casa Rosada.

En el Gobierno admitieron que no se esperaban esa decisión de Brasil. “Es un tema sensible”, se limitó a decir una fuente gubernamental. En el transcurso del jueves, Quirno recibió una nota diplomática de parte del embajador en Argentina, Julio Bitelli, en la que comunicaba que su administración se iba a retirar de la gestión de la Embajada, la Residencia Oficial y de la custodia de los locales de la misión argentina. Esa nota también fue enviada al régimen que ahora preside Delcy Rodríguez.

Hace una semana Infobae había adelantado el malestar de la administración de Lula da Silva por la posición argentina sobre el operativo de Estados Unidos en Venezuela y, en particular, por posteos de parte de Milei en la que se lo veía al presidente brasileño abrazando a Nicolás Maduro y una foto de un mapa de Sudamérica en la que se veía al bloque de países que suscribe Milei como “desarrollados” y a Brasil, Colombia y Venezuela como sitios en emergencia.

También molestó que los embajadores argentinos Carlos Cherniak (OEA) y Francisco Tropepi (ONU) no mencionaran las gestiones que Brasil realizó en asistencia de Argentina por el año y medio que tomó las riendas de la Embajada.

“Hubo mucha energía de Brasil. Tuvimos cinco refugiados que habían sido alojados por Argentina, asistimos en trámites consulares y gestiones para ciudadanos argentinos. Tuvimos que solucionar los problemas de luz y servicios que había en la Embajada. Con todo lo que sucedió recientemente, hubo la sensación de que nunca se dio importancia a esas tareas”, explicó una fuente de Brasilia a Infobae.

Otro funcionario marcó: “Con el cambio en Venezuela y las diferencias de posiciones entre ambas administraciones, sentimos que el ciclo se había terminado”. En Brasil busca comunicar que esperan que este clima actual con Argentina sea algo transitorio dado que “la agenda común es demasiado grande”.

Esta semana, el Gobierno dispuso la disolución definitiva del Grupo Especial Antinarcotráfico Rosario (GEANRO), una fuerza creada en 2024 para reforzar el combate contra el narcotráfico y el crimen organizado en la provincia de Santa Fe. La medida, formalizada por la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, generó la reacción del kirchnerismo, que pidió explicaciones en el Congreso por desarticular el dispositivo de seguridad.

La diputada nacional de La Cámpora por Santa Fe, Florencia Carignano, presentó en el Congreso un pedido de informes para que el Ejecutivo explique las razones de la eliminación de este grupo operativo.

“Esta decisión es preocupante, sobre todo cuando hace pocos días el oficialismo logró sancionar una ley que le permite a cualquier persona (incluso los narcos) blanquear plata sin explicar su origen”, señaló la legisladora, al vincular la medida con la ley de inocencia fiscal, que deja de lado la presunción de culpabilidad de los contribuyentes en el lavado de activos.

“Necesitamos saber por qué se castiga así a los rosarinos, cuando todos sabemos que la lucha contra el narcotráfico no termina nunca y es clave no abandonar a Rosario ahora”, manifestó Carignano este sábado, en su cuenta personal de X.

Según la comunicación oficial del Ministerio de Seguridad Nacional, mediante la Resolución 4/2026 publicada en el Boletín Oficial, la decisión de disolver el GEANRO se basó en que se cumplieron los objetivos al momento de su creación, entre los que se destaca la reducción considerable de los homicidios y heridos por armas de fuego en Santa Fe y, en particular, en Rosario. Además, el Gobierno señaló que existen dispositivos federales permanentes que pueden cubrir las tareas que desempeñaba el grupo.
En el texto de la resolución, la ministra Monteoliva derogó la política implementada durante la gestión de Patricia Bullrich, que había dado origen al GEANRO en el marco del Plan Bandera.

El GEANRO tenía como objetivo colaborar con la Justicia Federal, el Ministerio Público Fiscal y la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) en hechos vinculados al narcotráfico y delitos conexos. Para ello, contaba con la participación de representantes de la Policía Federal, la Prefectura Naval, la Gendarmería Nacional, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y el Servicio Penitenciario Federal.

La estructura y el método de funcionamiento del grupo habían sido definidos el 11 de mayo de 2024, que ahora quedó derogada. Tras la reversión de la medida, el Ministerio de Seguridad Nacional remarcó que la intervención federal tuvo su punto más alto durante el año 2024, cuando se alcanzaron cifras récord en procedimientos antidroga y aprehensiones.
De acuerdo con los datos del Observatorio de Seguridad Pública de Santa Fe, entre enero y diciembre de 2023 se registraron 398 víctimas de homicidio en la provincia, mientras que en 2024 esa cifra cayó a 176, lo que representa una disminución superior al 55%. En el departamento Rosario, la baja fue más marcada: de 261 homicidios en 2023 a 90 en 2024, una reducción mayor al 65%. El descenso también se reflejó en el número de heridos con armas de fuego en la ciudad, que pasó de 801 en 2023 a 353 en 2024, es decir, más del 55% menos.

En el balance presentado por el Gobierno, se destaca que la implementación de programas de seguridad en puertos, aeropuertos, terminales ferroviarias y pasos fronterizos contribuyó de forma determinante a la baja de la criminalidad en Santa Fe, especialmente en Rosario.

Desde la Casa Rosada consideraron que, tras el cierre de la etapa inicial del Plan Bandera y el surgimiento de dispositivos permanentes como el Grupo Operativo de Lucha Contra el Narcotráfico Región Centro (GOC-CENTRO), la reasignación de funciones y la redistribución de recursos estatales no implica una disminución del esfuerzo en la lucha contra el narcotráfico, sino una optimización de la eficiencia de las fuerzas federales en el territorio.

Que dice el proyecto con el pedido de informes

Florencia Carignano presentó un proyecto de resolución en la Cámara de Diputados, en el que solicita información precisa sobre “las razones políticas, operativas y presupuestarias” que motivaron la medida, así como sobre la evaluación de impacto previa, los dispositivos y recursos que reemplazarán al GEANRO, y la coordinación con el gobierno provincial.

También se exigen detalles sobre los informes técnicos que respaldaron la decisión, la cantidad de efectivos que integraban el GEANRO, las fuerzas de origen y destino de esos efectivos tras la reestructuración, y las funciones concretas que cumplirán en adelante. Además, se consulta si la eliminación del grupo implica una reducción de la presencia federal en la provincia y si existen planes alternativos o sustitutivos con igual o mayor nivel de intervención en el territorio.

En relación a las funciones específicas del GEANRO, la solicitud parlamentaria apunta a conocer qué rol cumplió durante la vigencia del Plan Bandera y cuáles fueron los resultados operativos alcanzados, que según los fundamentos oficiales fueron considerados óptimos. Se exige, además, que el Ejecutivo precise qué indicadores objetivos se usaron para concluir que el grupo “cumplió su rol” y que su permanencia ya no resultaba necesaria.