El peronismo se abroqueló todo lo que pudo en la antesala del debate por la reforma laboral que tendrá lugar este jueves en la Cámara de Diputados. Hizo lo que pudo en un contexto de divisiones marcadas y gobernadores divididos. Algunos de ellos concentrados en ayudar a Javier Milei en su gestión. Otros plantados para enfrentar sus políticas y sus proyectos de ley.

Los gobernadores peronistas que empezaron a construir un núcleo de poder nuevo el año pasado, lanzaron ayer un duro comunicado, en el que manifestaron su pleno rechazo al proyecto libertario, y le pidieron a las fuerzas políticas opositoras que no acompañen la iniciativa en la tarde de hoy.

La misiva fue firmada por los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Gildo Insfrán (Formosa), Elías Suárez (Santiago del Estero), Ricardo Quintela (La Rioja) y Sergio Ziliotto (La Pampa), que fue el único convocado por la Casa Rosada para intentar acercar posiciones. El pampeano fue contundente y no dio lugar a especulaciones. En la visita al ministro del Interior, Diego Santilli, dejó en claro que no podían contar con su apoyo.

“La legislación laboral debe actualizarse frente a los cambios tecnológicos, productivos y sociales que atraviesan nuestras sociedades. Sin embargo, ninguna reforma puede orientarse al desmantelamiento de derechos conquistados ni a la reducción de protecciones, sino, por el contrario, a reconocer nuevas garantías en un mercado laboral crecientemente inestable”, remarcaron en el comunicado.

Los mandatarios advirtieron también que “la propuesta oficial —presentada como “modernización”— debilita derechos individuales y colectivos en un contexto nacional y mundial de creciente incertidumbre laboral”. En ese sentido, agregaron: “Se impulsa, además, en el marco de una política económica que ha provocado caída de la actividad, retracción del consumo, cierre de empresas y aumento del desempleo y la precarización”. Finalmente, sostuvieron que en este escenario económico, “lejos de resolver los problemas estructurales del empleo, el proyecto los agrava”.

Al abroquelamiento del peronismo le faltará, una vez más, el respaldo de los gobernadores Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Gustavo Sáenz (Salta), quienes van a apoyar al Gobierno. “Nuestra idea es ayudar”, precisó a Infobae uno de los gobernadores que forma el trío peronista, que se ha transformado en un importante aliado táctico de Milei.

Los diputados tucumanos firmaron el dictamen de mayoría de La Libertad Avanza (LLA), al igual que los legisladores de Inovacción Federal, que responden al salteño, quien en los últimos días sostuvo que los legisladores que están alineados a los tres mandatarios no iban a acompañar el artículo 44, sobre las licencias por enfermedades y el descuento del sueldo en esos casos. Artículo que el oficialismo, finalmente, decidió excluir para buscar un consenso más amplio entre los opositores dialoguistas.

Tal vez lo más extraño tenga que ver con lo sucedido un puñado de días atrás, cuando la reforma laboral se trató en el Senado y logró media sanción. En esa oportunidad dos Sandra Mendoza y Guillermo Andrada, legisladores que responden a Jaldo y Jalil votaron en contra, mientras que Flavia Royón, quien está alineada con Sáenz, votó a favor. Ahora, los legisladores tucumanos y catamarqueños tienen la voluntad de apoyar la reforma.

En el día de hoy hay que prestarle atención a quienes se sienten en sus bancas y den quórum. Ese es el mensaje que baja el peronismo por estas horas. Esos movimientos marcarán hasta donde llegaron las negociaciones del oficialismo, que ha buscado votos por todas las terminales opositoras. En el peronismo creen que si hoy los libertarios logran quórum, el camino a la aprobación estará completamente liberado.

“Para estar atentos desde hoy al día de la sesión, esta ley se vota con el culo, no con la mano. Quienes se sienten en el recinto ese día para dar quorum estarán, votando a favor. Que no disimulen. Que no finjan. Que no expliquen. A mirar con atención”, escribió en sus redes sociales la diputada cristinista Teresa García.

Uno de los nombres a los que le apuntan en la interna peronista es al de Alberto Arrúa, diputado misionero y dirigente del PJ provincial. El legislador firmó el dictamen de mayoría y dio una señal anticipada de respaldo. En el cristinismo recuerdan que dos semanas atrás el ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa, lo recibió para intentar acercar posiciones y sumarlo al armado federal que está construyendo Axel Kicillof.

Las rencillas internas del peronismo de la provincia de Buenos Aires se cuelan por cualquier lado, incluso por los debates legislativos. Arrúa fue uno de los dirigentes más critícos que apuntaron contra Cristina Kirchner cuando la ex presidenta, a cargo del PJ Nacional, decidió intervenir el PJ misionero, y desató la furia del peronismo disidente en la provincia.

“Con estos personajes la corren después a CFK, diciendo que hay que ampliar”, se quejaron cerca de la ex presidenta, quien ha intervenido algunos PJ como el de Misiones y Salta, porque legisladores del peronismo de esas provincias acompañaron a Milei en algunas leyes claves como la ley Bases.

El peronismo afronta un escenario de debilidad en la sesión de esta tarde en la Cámara baja. Tiene un panorama muy difícil por delante. Si no logra revertir la situación a través de los aliados tácticos que suelen tener, tratarán de dejar bien expuestos a los legisladores que acompañaron con su voto o con su quórum la iniciativa oficialista.

Es muy probable que la adhesión total del transporte al paro dispuesto por la CGT para este jueves permita que el efecto de la protesta contra la reforma laboral sea “contundente”, como anticipó el triunvirato cegetista.

La decisión de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) de paralizar los colectivos será una de las claves de una postal del país distinta a la del paro general del 10 de abril pasado, cuando el sindicato que lidera Roberto Fernández trabajó normalmente porque estaba dentro del período de conciliación obligatoria en su conflicto salarial y debilitó así el impacto de la huelga de la CGT.

Ahora, también rige esa medida del Gobierno, que obliga a las partes a retrotraer la situación al estado previo al conflicto durante 15 días, sólo en el interior, pero la UTA ratificó el paro de 24 horas en todo el país.

El dilema para la CGT será el día después. El paro se hará en coincidencia con el debate de la reforma laboral en la Cámara de Diputados. Hasta ahora, todo indica que el proyecto se aprobará y volverá al Senado para que se convierta en ley, algo que, según el oficialismo, sucederá el viernes 27 de febrero, antes de la Asamblea Legislativa del 1° de marzo, en la que Javier Milei quiere tener lista una de sus reformas más ambiciosas para inaugurar las sesiones ordinarias del Congreso.

¿Quiere decir que la CGT subirá la apuesta y decidirá un paro general de 48 horas cuando se realice la sesión en la Cámara Alta? ¿Y que si se aprueba la reforma laboral puede anunciarse un paro de 72 horas, 96 horas o por tiempo indeterminado, como plantea el ala dura?

A esta CGT de signo mayoritariamente dialoguista no le quedó otra alternativa que endurecerse. Los referentes moderados de la central obrera no querían hacer otro paro general y buscaban presionar al Gobierno, a los gobernadores y a los diputados para tratar de introducir más modificaciones en el texto aprobado en el Senado, pese a que habían conseguido dejar a salvo las cuotas solidarias y los fondos de las obras sociales.

Pero todo cambió luego de que se hizo público el polémico artículo 44 de la reforma laboral, incluido sigilosamente en el proyecto (y sin que sepa aún por iniciativa de quién), que rebaja el pago de los sueldos a quienes se accidenten o se enfermen y que hasta aliados del Gobierno como el PRO consideraron “inhumano”.

Por eso la CGT pegó un volantazo el fin de semana pasado y los 3 cotitulares anticiparon una reunión del Consejo Directivo, e incluso la ampliaron porque iba a ser sólo de una mesa chica de 8 0 10 dirigentes, para avanzar con el cuarto paro general contra Javier Milei.

Los rivales internos de Octavio Argüello (Camioneros), Jorge Sola (Seguros) y Cristian Jerónimo (empleados del vidrio) aseguraron que la medida fue decidida cuando se dieron cuenta de que podían quedar descolocados ante una creciente cantidad de sindicalistas que iba a proponer una medida más dura que una movilización. En el triunvirato lo desmintieron y afirmaron que el paro general fue idea de sus integrantes ante el malestar social contra la reforma laboral por el artículo 44.

La controversia por las licencias médicas fue un error político de los libertarios que opacó el éxito de haber logrado la sanción del proyecto en el Senado tras fuertes concesiones a los gobernadores, los bancos y la CGT.

Algunos creen que no fue la única equivocación del Gobierno. ¿Los funcionarios se enteraron del cierre de Fate, con 920 trabajadores en la calle, el mismo día que se anunció esa medida tan drástica? Parece imposible de creer. Si estaban al tanto, lo más llamativo es que no hubo reacción para que el dueño de la empresa postergara el traumático anuncio por lo menos unos 15 días, hasta que la reforma laboral fuera convertida en ley.

En estas horas, los trabajadores de Fate sin empleo se convirtieron en otro ingrediente del cóctel inflamable en que se convirtió la reforma laboral por el artículo 44 sobre las licencias médicas. Son dos temas distintos, pero emparentados. De alguna forma, que una empresa importante baje las persianas sintoniza con los reclamos de la CGT respecto de la economía y de los cambios en la legislación del trabajo impulsados por Milei.

Después de todo, algunos de los artículos de la reforma laboral parecen escritos a medida para ponerles límites a dirigentes como los del Sindicato Unico del Neumático (SUTNA), liderado por el trotskista Alejandro Crespo, que se convirtió en una verdadera pesadilla para los empresarios del sector por sus posiciones radicalizadas.

Aun así, el cierre de Fate amenaza con transformarse en un dolor de cabeza para Milei y también para Axel Kicillof. En el primer caso, es evidente porque el Presidente terminó avalando una serie de ataques de los tuiteros libertarios contra Javier Madanes Quintanilla, dueño de Fate. En el segundo, porque llueven las críticas dentro del PJ (azuzadas por el kirchnerismo) y la izquierda por la actuación de la policía bonaerense luego de que se anunció que cerraba Fate y se temía la toma de la planta.

Por eso tanto el gobierno nacional como el bonaerense se apuraron en dictar la conciliación obligatoria, aunque ¿qué se puede conciliar cuando una empresa de esa envergadura toma semejante medida? Ganar tiempo no es poco: hay 15 días, prorrogables por otros 5, para negociar sin que haya medidas de Fate ni del gremio.

Mientras, en la noche del miércoles se produjo una reunión cumbre de sindicalistas del ala dura: Abel Furlán (UOM) y Daniel Yofra (Aceiteros), que crearon el Frente de Sindicatos Unidos (Fresu) con las dos CTA y otros gremios para protestar contra la reforma laboral en forma autónoma de la CGT, se encontraron con Omar Maturano (La Fraternidad), el dirigente ferroviario ultraopositor, que propuso un paro por tiempo indeterminado si no se cambia el proyecto oficial y dejó una frase inquietante: “La situación puede ser compleja y se puede asemejar al 2001 y no es lo que queremos“.

Acordaron hablar con los líderes de la CGT para profundizar las medidas de fuerza contra el Gobierno y este jueves darán una conferencia de prensa para explicar su posición, que, en los hechos, significa mucha más presión sobre el triunvirato cegetista para acentuar la ofensiva del sindicalismo contra la reforma laboral.

El día después del paro general de la CGT pondrá a prueba la verdadera consistencia del sector dialoguista. ¿Podrá eludir la jugada de un ala dura que se extiende y empuja por protestas extremas? ¿Logrará consensos internos para evitar una ruptura interna? ¿Cómo seguirá manifestando su rechazo a la reforma laboral sin tomar un camino con aroma destituyente?

Aunque este jueves consiga paralizar el país, la CGT se enfrenta a un desafío muy complejo. El viejo lema del metalúrgico Augusto Timoteo Vandor de “golpear para negociar”, clave en la estrategia pragmática del sindicalismo, puede convertirse hoy en “golpear sin negociar” o, peor aún, en “golpear por golpear” si la central obrera no sale de la confrontación sin fin.

El bloque de La Libertad Avanza obtuvo ayer 44 firmas que le permitieron tener dictamen de mayoría y llamó a una sesión para hoy en la Cámara de Diputados con el objetivo de aprobar, con modificaciones, la ley de reforma laboral.

Ayer, mientras exponían representantes sindicales, gremiales y ejecutivos de empresas tanto a favor como en contra de la iniciativa, el oficialismo consiguió las firmas necesarias y presentó el pedido de sesión especial.

Alrededor de las 16, y tras dos horas de exposiciones en el plenario de comisiones y cuando aún faltaban exponer los diputados de los bloques, la presidencia de la Cámara de Diputados emitió el llamado a sesionar para hoy a las 14. El pedido fue realizado por el presidente del bloque libertario, Gabriel Bornoroni, quien busca dejar suficiente tiempo al Senado para que ratifique o revierta las modificaciones antes de que terminen las sesiones extraordinarias. El objetivo es que el presidente Javier Milei pueda incluir la reforma laboral en su discurso de apertura de sesiones, el 1 de marzo.

El llamado a sesionar indica que el oficialismo cuenta con el número suficiente para habilitar la sesión. En los pasillos del Congreso, tanto los libertarios como los bloques aliados aseguran disponer de “entre 132 y 134 diputados para el quórum”. No obstante, hay otros sectores que consideran que la cifra es más ajustada.

Entre quienes acompañaron el pedido de Bornoroni están Cristian Ritondo (PRO), Alberto Arrua (Innovación Federal), Pamela Verasay (UCR), Gladys Medina (Independencia), Oscar Zago (MID), Nancy Picón Martínez (Producción y Trabajo) y Karina Maureira (La Neuquinidad). Si se suman todos los diputados de estos bloques, alcanzarían 130 legisladores, uno más que el mínimo indispensable para el quórum.

El margen del oficialismo es muy estrecho, por lo que no puede permitirse ausencias ni llegadas tardías de sus aliados.

La diputada peronista María Teresa García advirtió en su cuenta de X: “Para estar atentos desde hoy -por ayer- al día de la sesión, esta ley se vota con el culo no con la mano. Quienes se sienten en el recinto ese día para dar quórum estarán votando a favor. Que no disimulen. Que no finjan. Que no expliquen. A mirar con atención.”

El oficialismo había logrado la media sanción del proyecto de ley la semana pasada en el Senado. La senadora Patricia Bullrich declaraba que no se aceptarían más cambios y difundía un video de tono épico sobre la media sanción. Horas después, el mundo libertario se enfrentó con fuertes críticas en torno al artículo referido a las licencias médicas.

La reacción fue tal que el Gobierno no solo no logró explicar ni identificar a los responsables de ese artículo, sino que primero aludió a un error y luego admitió que lo eliminaría. Fue el propio Bornoroni quien, minutos antes de que comenzaran las exposiciones en el plenario de comisiones, solicitó la palabra y anunció la eliminación del artículo 44.

Mientras tanto, aunque el jefe del bloque comunicó públicamente la baja del artículo, en privado hizo trascender su postura de que no se aceptarían cambios en el Fondo de Asistencia Laboral (FAL).

No resulta casualidad: así como el Gobierno comprendió que debía eliminar el artículo 44 para avanzar, un sector de la oposición dialoguista vio en este gesto una oportunidad para introducir nuevas modificaciones.

Fuentes de uno de los bloques opositores que buscan posicionarse como “racionales” sostuvieron ante Infobae que impulsarán “más modificaciones” al texto, con el Fondo de Asistencia Laboral como foco principal. “Estamos trabajando para cambiar la redacción de este artículo, hay movimientos con el bloque de Provincias Unidas y con el de Innovación”, precisaron.

Esto ya había quedado en evidencia durante la votación en el Senado, donde varios legisladores alineados con gobernadores manifestaron su desacuerdo con el Fondo de Asistencia. “Los números están muy finos. Esto más el capítulo que contiene la eliminación de los estatutos profesionales hoy están crujiendo”, agregaron las fuentes.

Un cálculo sencillo muestra que, si la oposición alcanza un acuerdo, las chances de modificar el FAL son concretas. Para lograrlo, además de manifestar su desacuerdo con la redacción, los 33 diputados de Provincias Unidas, Encuentro Federal, la Coalición Cívica, Innovación, Marcela Pagano y Natalia De la Sota deberían votar en contra del texto.

Si a ese grupo se suman los 95 diputados de Unión por la Patria, se conformaría un bloque ocasional de 128 legisladores. Esta mayoría podría ampliarse si los tres diputados de Tucumán y los tres de Catamarca, que en el Senado votaron en contra del FAL, mantienen esa postura.

Las estimaciones apuntan a que la sesión podría extenderse por más de 10 horas, lo que implicaría, posiblemente, una finalización en la madrugada del viernes, agregando un desafío más al oficialismo para cumplir con los plazos de las sesiones extraordinarias, que ayer –mediante un decreto– se prorrogaron hasta el sábado 28 de febrero.