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Yo coparticipo, tú coparticipas, ¿nosotros?

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*Por Cecilia Schneider

La pasada “medida cautelar” adoptada por la Corte Suprema de Justicia, una vez más, lejos de generar acuerdo, ha provocado posiciones contrapuestas sobre una pregunta fundamental para la convivencia política en un país de estructura federal: ¿quién pone qué (para qué) y cuánto recibe a cambio? Definir un régimen de solidaridad de recursos a respetar por los actores del pacto federal es clave, pues de ese modo se busca morigerar las fuertes asimetrías entre los diversos territorios que conforman la Nación y asegurar ciertos niveles de igualdad en la distribución de bienes y servicios estatales. Sí, otra vez hablamos de solidaridad.

Un breve recorrido sobre el largo y sinuoso derrotero que ha seguido el tema de la coparticipación puede dar cuenta del terreno fangoso en el que estamos situados. Son dos las leyes –y un sinnúmero de modificaciones y leyes conexas–, junto con la Carta Magna, las que estructuran el marco de lo que, hoy por hoy, se aplica en nuestro país. Primero la Ley 23.548 de Coparticipación Federal de Impuestos que estableció un régimen transitorio, aunque de una larga duración imprevista; y segundo, la Ley 25.570 que ratifica el acuerdo Nación-provincias-CABA. La primera es sancionada durante el gobierno de Alfonsín en 1988, con la vocación de dar respuesta a las demandas provinciales de pronto iluminadas por la transición democrática. Fue reformulada en ocasiones, aunque nunca a fondo, porque para poder hacerlo, la Constitución del 94 estableció en el artículo 75 (varios incisos) la necesidad de conformar una mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada cámara y el aval de todas las provincias. También, la Constitución establecía la aprobación de una ley convenio, con altas exigencias de mayorías y avales, en un lapso de dos años, tarea que nunca se consumó y que dibuja el laberinto resultante. Sí, otra vez hablamos de acuerdos básicos.

En segundo lugar, en mayo de 2002, en plena crisis posconvertibilidad y durante el gobierno de Duhalde, se promulga la Ley 25.570 que ratifica el acuerdo Nación-provincias sobre relación financiera y bases de un régimen de coparticipación federal de impuestos, recoge el esquema de distribución de la ley anterior, establece ciertos porcentajes de impuestos que el Estado nacional retiene para pagos previsionales y, en algunos impuestos, establece otros mecanismos de distribución específica.

Estas leyes tienen la triple función de definir una masa coparticipable, establecer la distribución primaria de impuestos (cuánto se destina al Tesoro nacional, cuánto a las provincias, y cuál es el resto para el Ministerio a cargo), y por último, una distribución secundaria, vale decir, de la torta provincial nomina a partir de ciertos criterios los porcentajes de distribución adjudicados a cada una. Estos criterios resultan claves para establecer una base de igualdad y equidad (siendo que estos conceptos no significan lo mismo) entre Nación, provincias y CABA; y estos criterios no son la Biblia propiamente dicha, probablemente puedan y deban ser rediscutidos a medida que se alcance un grado equivalente de desarrollo.

En el 2016, esta distribución se reformula y reduce lo destinado al Tesoro Nacional, estableciendo un 38,1% (antes 42,3%); aumenta lo destinado a las provincias más CABA, llegando al 61% (antes, 56,6%) y un 1% para ATN (el Fondo de Aportes del TN a las provincias). Cabe destacar que CABA, que no es un Municipio, pero que tampoco es una provincia (aunque tenga algunas facultades que la asemejan) ya fue incluida en el Acuerdo citado del 2002; pero que luego, en el 2016, al calor de los favores de un gobierno amigo, consigue que éste modifique por decreto su porcentaje de distribución estableciendo un incremento nada desdeñable: se pasó del 1,4% al 3,7%. En el 2020, y ya en actual gobierno, primero por decreto (735/20) y luego por ley, se vuelve a cambiar este monto estableciéndolo en un 2,3%, y llevándolo así a sus niveles históricos de participación.

Suele decirse poco que estas transferencias tienen un peso significativo dentro del presupuesto de muchas provincias: alcanzan en promedio el 71% del total presupuestario provincial, aunque varía por caso, por ej., en Formosa o La Rioja representan más del 90%, mientras que en la Ciudad de Buenos Aires sólo alcanzan un 26,68% aproximadamente.

Ya puestos en el 2023, donde cumpliremos cuarenta años de vida democrática, el resolver esta insuficiencia histórica del sistema de reparto de competencias y recursos pueda y deba ser una tarea insoslayable.

*Investigadora Undav/UNQ/Unpaz.

(Perfil)

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2023: ¿el final de las reelecciones indefinidas?

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*Por Hernan Rodriguez Vagaría

En la Facultad de Derecho nos enseñan y enseñamos siempre a respetar las sentencias de los jueces porque ello es un pilar fundamental del sistema constitucional argentino y porque ello es una de las lecciones más contundentes que aprendió la humanidad en su lucha universal contra la arbitrariedad. En esa misma clase aprendemos también a apreciar a los precedentes judiciales (la jurisprudencia) como piedra de toque del sistema y como cimiento luminoso sobre el que busca sosiego la seguridad jurídica. Es justamente en esas primeras clases cuando cala hondo el principio de supremacía de la ley y cuando comenzamos a comprender el control que ejercen los jueces en nuestro sistema para garantizar la constitucionalidad de las normas que dicta el Congreso (leyes) o el Poder Ejecutivo (decretos).

Forjados bajo esas premisas, los Jueces son, por regla general, reacios a los cambios y propenden a administrar justicia sin levantar polvareda y muchas veces ello mismo los lleva a resolver con una parsimonia que exaspera. Los jueces son conscientes de ello y probablemente encuentran mayor confort resistiendo a los cambios pero saben también que administrar justicia en una sociedad abierta, cambiante y democrática les impone, a la corta o a la larga, adoptar un cambio de criterios.

El ejemplo más claro de esta puja entre lo viejo y lo nuevo, lo vemos hoy con la reelección indefinida de los cargos ejecutivos (presidente, gobernadores e intendentes). Si dejamos de lado el caso de los presidentes, porque nuestra constitución se ha encargado de vedarlo expresamente, la sociedad y la justicia argentina ha admitido históricamente la validez de las reelecciones indefinidas de gobernadores e intendentes pero ya no quedan argumentos para sostenerlo y los debates legislativos en la provincia de Buenos Aires durante los últimos años lo han dejado de manifiesto. Por ello resulta deseable y esperable que durante el 2023, una vez definidos los candidatos, la sociedad y la justicia impugnen a todos los candidatos a gobernadores e intendentes que pretendan continuar antirrepublicanamente en sus cargos so pretexto de las constituciones o normas provinciales que los habilitan a presentarse nuevamente.

La Opinión Consultiva OC-28/21 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) del 7 de junio de 2021 versa sobre el caso de la reelección indefinida de los presidentes pero sus conclusiones se irradian y proyectan con perfecta analogía a los gobernadores e intendentes del sistema federal argentino.

No es aquí el lugar para reproducir todos los argumentos vertidos por la mayoría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (ni tampoco los del voto en minoría de Zaffaroni) pero la conclusión fue categórica. De una lectura sistemática de la Convención Americana, incluyendo su preámbulo, la Carta de la OEA y la Carta Democrática Interamericana, concluyeron que la habilitación de la reelección indefinida (más de dos mandatos) es contraria a los principios de una democracia representativa y, por ende, a las obligaciones establecidas en la Convención Americana y Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.

En el año 2023 la sociedad y los jueces tendremos la oportunidad de dar un salto de calidad en nuestras instituciones. Y como dijo Fayt en el caso “Rodríguez Pereyra” no hay que temerle a los cambios en la jurisprudencia: “… la autoridad de los precedentes debe ceder ante la comprobación del error o de la inconveniencia de las decisiones anteriormente recaídas (…). Estar a lo que se ha decidido previamente es un principio básico de recta judicatura y de necesidad de certeza en la aplicación de la ley. No obstante, esta regla conduce a soluciones injustas cuando su aplicación mecánica prescinde de elementos relevantes como los apuntados ut supra con el consiguiente menoscabo de los derechos constitucionales en juego…”.

(*) El autor es Abogado, Magister en Derecho Empresarial y Profesor de Derecho Constitucional

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Ruta 3 vieja: o se arregla o se cierra

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*Por Enrique Iommi

La ruta asesina no existe. La vieja ruta 3 desmiente la anterior afirmación. Los reiterados pedidos de los distintos legisladores, Lorenzo Natali fue el último, caen en oídos sordos. Baches por todos lados y un pozo más grande que el otro. Adiós a los trenes delanteros, neumáticos y amortiguadores.

Lo más terrorífico, el estado de la ruta confabula para que una frenada improvista, querer esquivar un pozo o un despiste pueda terminar con la vida de los pasajeros que ven en este trayecto la suerte de una ruta de menor tránsito y con algunos kilómetros menos.

¿Estaremos esperando la muerte de personas para tomar una determinación?

El estado de la vieja ruta 3 no merece mayor análisis. O se clausura y permite que los dueños de campos puedan ingresar o se arregla definitivamente.

Días atrás el titular de Vialidad Nacional de esta región, Gustavo Trankels, explicó que ese tramo pertenece a la Provincia y por ende ellos no pueden actuar. Vialidad Provincial parece, de momento, solo bachear esa ruta y las chances de accidente son cada vez mayores.

En tiempos de alcohol cero para la prevención de accidentes , bien vendría un responsabilidad 100 de quienes deben de ejercerla.

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¿Feliz 2023 para Todos?

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*Por Marcelo Falak

Ya se sabe que Cristina Fernández de Kirchner está condenada en primera instancia por administración fraudulenta, que Mauricio Macri debería rendir cuentas en varios temas por los que nunca deberá decir ni mu, que la relación entre Patricia Bullrich y su mano derecha Gerardo Milman deja mucha tela para cortar, que Marcelo D’Alessandro sembró dudas enormes sobre la integridad del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, que la relación entre la política y el Poder Judicial da asco y que este solo investiga al peronismo. Con esas certezas terminó 2022.

Este domingo, cuando comienza un nuevo año, todas las preguntas convergen en el impacto que esas y otras cuestiones pueden tener en las urnas, en las cuales se definirá el futuro de quienes vivimos, trabajamos y soñamos en la Argentina. ¿Cuánto pesarán aquellas certezas? ¿Podría presumirse, en contrario, que no serán ellas las que le den forma a la borra del café y que “el primer metro cuadrado” de siempre, es decir las condiciones de vida materiales, será lo que defina el pleito?

Seguramente así será y, para el peronismo gobernante, eso es todavía peor que hablar de viejas corruptelas. Como se sabe, la actividad –incluso con números todavía positivos– se enfría poco a poco y la inflación agobia. Solo eso explica que las recetas de Juntos por el Cambio, eyectadas en su momento por la sociedad, tengan tantas chances de volver a aplicarse, esta vez a la velocidad de la luz.

¿Es realmente la inflación el problema mayor de la sociedad? Sí y no. El asunto figura al tope de las preocupaciones en cualquier encuesta, pero la gente contesta lo que se le pregunta. Sería interesante que esos relevamientos plantearan el interrogante simplemente en términos de si los ingresos alcanzan o no. La diferencia no es inocente: el primer modo de preguntar pone el foco en las políticas oficiales, el segundo en estas y, además, en la actitud de una parte del empresariado que se ha entregado en la pospandemia a un frenesí de recomposición de márgenes de ganancia. En eso radica la conocida fábula del crecimiento y los cuatro vivos…

Resulta evidente que las dos cosas –inflación e ingresos– están vinculadas estrechamente porque es el aumento de los precios, que por poco no llegó al 100% pronosticado en el año pasado, lo que erosiona los salarios. Sin embargo, el problema real es la falta de dinero.

El Círculo Rojo político, económico, mediático y social se entretiene con las chanchadas de sus principales protagonistas. Hace bien, ya que son temas importantes, incluso a nivel institucional, como se ha visto en las últimas semanas.

El detalle es que el país tiene ya a la vista el proceso electoral y que la realidad de las condiciones de vida golpea con furia.

Aristóteles y Perón, un solo corazón
Este es un drama existencial para el ADN peronista, al punto que una de las sentencias más recordadas del general –en rigor, un cover que le hizo a Aristóteles– indica que “la única verdad es la realidad”.

El INDEC acaba de señalar que el Índice de salarios creció en octubre 5,1% en relación con el mes precedente –en promedio, porque el cada vez más numeroso sector privado no registrado sufrió con un apenas un 3,1%–. Así, acumuló una suba del 69,5% en el año y del 80,7% en los 12 meses previos

¿”Creció”, se dijo? Solo en términos nominales, pero no en lo real, es decir cuando se toma en cuenta la inflación. Dado que se habla de octubre, conviene regresar al IPC de ese mes: 6,3%, 76,6% y 88%, respectivamente.

Alberto Fernández se toma de lo que puede y saca pecho con las estadísticas de generación de empleo. Podemos discutir frenéticamente sobre “modelos”, pero la verdad es que ciertas condiciones estructurales, subyacentes, dan lugar a procesos históricos de larga duración que explican, en el tema que tratamos, que los puestos de trabajo que se crean son cada vez de menor calidad y peor remunerados.

El macrismo se emocionaba hasta las lágrimas al ponderar el espíritu emprendedor de quienes perdían el empleo y se ponían un chulengo a las puertas de sus casas para vender ricas bondiolas –sin factura, claro–. Ya se sabe que no hay allí nada que festejar.

Lo anterior corre en paralelo con las cifras de pobreza del cierre de 2022 que, cuando se conozcan, probablemente incrementen en un par de puntos porcentuales el 36,5% del primer semestre. Para peor, los números espantosos de los ingresos populares no se limitan al período comprendido entre los octubres de 2021 y de 2022. La decadencia de los mismos data de unos cinco años, algo que habrá que tener en mente en la noche en que se cuenten los votos y, acaso, haya que dar cuenta de ciertos fenómenos políticos monstruosos que serían frutos de la desesperación.

De acuerdo con un trabajo del economista Nadin Argañaraz, director del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), “en los 58 meses que transcurrieron entre enero de 2018 y octubre de 2022, los trabajadores privados formales perdieron el equivalente a 7,9 sueldos, los públicos 9,8 sueldos y los informales 12,9 sueldos (más de un año de ingresos)”.

En porcentajes, calculados en base a salarios promedio, el informe de Argañaraz arroja, respectivamente, pérdidas del 18,9%, 21,9% y un pavoroso 37,9% en la Argentina más postergada, la que, se supone, es la base principal del peronismo.

Si de larga duración se habla, sería injusto pasar por alto que Fernández recibió una herencia muy mala –como le había pasado antes a Mauricio Macri– y que, sobre llovido, mojado, luego tuvo que lidiar con una pandemia. El confinamiento que nadie cuestionó hasta que efectivamente se hizo demasiado prolongado llevaba entonces incluso a los economistas ortodoxos a exigir que se gastara y emitiera todo lo necesario para evitar el colapso del tejido productivo y un cataclismo social. “Después vemos qué se hace con esos pesos que sobren”, era la definición.

Bueno, los pesos que sobraron terminaron en manos de los cuatro vivos y para el resto quedó la inflación de –casi– el 100%. Nadie recuerda ya haber recomendado gastar y emitir a destajo.

Aunque lo anterior es un descargo para el presidente de la mala estrella, no deja de ser frustrante para el peronismo que su paso por el poder deje semejante efecto sobre los ingresos populares. Quienes votaron en 2019 al Frente de Todos pensando en un futuro mejor saben hoy que habrán invertido cuatro años de su vida en la nada misma.

¿Podría tener redención el peronismo –justo el peronismo– en semejantes condiciones? Mientras que para Cristina es todo desencanto, el Presidente y, con mucha más cautela, Sergio Massa creen que sí. Si la inflación bajara hacia abril o mayo al “tres y pico” mensual que se fijó como objetivo el superministro y las paritarias que se cierren para entonces generaran el espejismo de una recomposición de los salarios, ¿quién sabe? Sin embargo, que eso pase no es para nada seguro, el camino económico hacia ese objetivo es empinado y el ruido de la política –el habitual en el país de la grieta y el esperable en el año electoral– no va a ayudar.

Se discuta lo que se discuta, al final será el salario. Querida dirigencia, no digas después que nadie te avisó.

(LetraP)

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