Luego de que el Gobierno evaluara sumar al temario una nueva norma que buscaría compensar lo establecido en la Ley de Financiamiento Universitario, se oficializó la prórroga de las sesiones extraordinarias del Congreso de la Nación. Así, el plazo se extenderá hasta el 28 de febrero.

Por medio de la publicación del Decreto 103/2026 en el Boletín Oficial, el presidente Javier Milei autorizó extender el plazo previsto para el príodo extraordinario. Así, se dictaminó: “Prorróganse las Sesiones Extraordinarias del Honorable Congreso de la Nación, convocadas por Decreto N° 24 de fecha 18 de enero de 2026, hasta el 28 de febrero de 2026″.

En este sentido, se sumará un día extra al cronograma previsto. El cambio busca satisfacer la norma interna de la Cámara de Diputados, que determina que, si restan diez días o menos para el fin de sesiones, la emisión de un dictamen particularmente carecería de efectos prácticos.

De la misma manera, el jefe de Estado confirmó que se sumará a la lista de asuntos a tratar “la consideración del Proyecto de Reforma de la Ley N° 27.795 sobre Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente”. Se trata de una propuesta que el Poder Ejecutivo Nacional enviará al recinto legislativo.

La decisión de incluir la cuestión de la actualización presupuestaria para universidades surgió después de que el Gobierno apelara la medida cautelar que los obligaba a aplicar el proyecto que fue aprobado a mediados de 2025.

Desde Balcarce 50, los funcionarios mostraron a Infobae optimismo respecto a los objetivos legislativos previstos para el receso de verano, pese a que el reglamento parlamentario formalmente exige que toda ampliación del temario se vote en el recinto. A pesar de esto, existen precedentes de proyectos incorporados por decreto, sin necesidad de acuerdo explícito en el Congreso, lo que allanaría el camino para instrumentar la nueva adecuación legal.

La crisis por el financiamiento universitario, que se registró entre 2024 y 2025, tuvo una escalada significativa, con protestas masivas y una segunda convocatoria federal en septiembre de 2025, tras el veto presidencial a la ley sancionada para el sector. Esta presión motivó al oficialismo a buscar una salida política que evite una profundización judicial del conflicto.

A raíz de esto, los altos funcionarios del Gobierno, entre ellos el secretario de Educación, Carlos Torrendel, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, se reunieron recientemente con Carlos Greco, presidente de la Comisión de Asuntos Económicos del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y miembro de su Comité Ejecutivo.

Según informó una fuente calificada a este medio, los encuentros apuntaron a consensuar una actualización del financiamiento universitario, con previsibilidad y resguardo jurídico para las casas de estudio. Asimismo, se buscaría impulsar una medida que no comprometa el equilibrio fiscal, que es defendido a capa y espada por el Gobierno nacional.

Desde el inicio del debate, la administración libertaria enfatizó que toda modificación del esquema financiero universitario debe enmarcarse en su política fiscal. En ese sentido, la intención sería consensuar una norma que reemplace la anterior y logre el respaldo necesario en el Congreso. “Trabajamos para implementar los cambios en la ley que nos permita hacerla implementable”, explicó una fuente referenciada por este medio.

Por este motivo, la Procuración del Tesoro presentó un recurso ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, donde el Ejecutivo solicitó que la apelación sobre la ley votada en 2024 tenga efecto suspensivo, permitiendo la discusión de una ley adaptada a las nuevas reglas fiscales, mientras se resuelve en la instancia judicial.

En línea con esto, el Presidente espera que la reforma laboral se sancione durante febrero, antes de la Apertura de Sesiones Ordinarias, prevista para el 1 de marzo, donde presentará la hoja de ruta anual en su tradicional discurso.

Hasta el momento, el Poder Ejecutivo ya obtuvo media sanción de la reforma laboral y avances en la Ley Penal Juvenil y el acuerdo con Mercosur. No obstante, consideraron crucial el tratamiento de un nuevo marco legal a medida para las universidades, con el objetivo de enfrentar el año con los temas centrales redefinidos en el Congreso.

El oficialismo de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados quiere que el miércoles se consiga dictamen para tratar el jueves la reforma laboral en el recinto. De darse este panorama, la CGT llevará a cabo un paro nacional que tendrá la adhesión de los gremios estatales. Ante eso, el Gobierno avisa que le descontará el día a los empleados que no acudan a su lugar de trabajo o que no cumplan funciones esa jornada.

Lo confirmaron dos altas fuentes de Casa Rosada a Infobae. “Pueden hacer lo que quieran, pero están avisados de que les vamos a descontar el día a quienes se adhieran”, avisó uno de estos dos funcionarios.

Se trata de una medida que el Gobierno adoptó en los anteriores paros nacionales convocados por la central obrera. La diferencia que habrá respecto a la tercera y última movilización convocada en abril del 2025 es que esta vez no habrá colectivos, trenes, subtes ni taxis. Es decir, los sindicatos que nuclean a los principales medios de transporte de pasajeros de todo el país confirmaron que se sumarán a la medida de fuerza.

“Habrá que organizar a todos los empleados. Pero tienen que venir a trabajar sí o sí. Cómo sea”, indica un alto funcionario libertario sobre la logística que deberá ejecutar para que su planta llegue a su puesto de trabajo el día del paro nacional.

Mientras que la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN), liderada por Andrés Rodríguez, adhirió al paro pero no a la movilización; la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) confirmó que saldrá a las calles a marchar frente al Congreso el mismo día en que la Cámara de Diputados trate la reforma laboral. El día que se prevé para eso es el jueves, salvo que ocurra algo impensado.

La decisión de la movilización fue comunicada por el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, quien cuestionó con dureza el proceso legislativo y la postura del Gobierno frente a los reclamos sindicales. Consultado por Infobae en vivo, explicó que la decisión de convocar a un paro con movilización responde a la necesidad de evitar que el Congreso se quede sin la presión de la calle, lo que, según su visión, facilitaría el avance legislativo del oficialismo.

“No creemos que la mejor estrategia sea hacerle el juego al Gobierno, dejando vacío el Congreso en las calles para que los diputados ahora puedan actuar con mayor facilidad de la que actuaron los senadores”, consideró, haciendo referencia al debate en la Cámara Alta. El dirigente incluso ironizó sobre la dinámica parlamentaria, señalando que durante la votación en el Senado “hubo más valijas en el Congreso que en la estación de retiro durante las vacaciones”.

Por su parte, el secretario adjunto de la CGT, Andrés Rodríguez (UPCN) justificó el paro general anunciado para este jueves, mientras se trate la reforma laboral en Diputados, y dijo que “el principal motivo” de la medida de fuerza “es que el proyecto quita derechos y no va a crear ni un solo empleo”.

El disparador del llamado al paro nacional surgió a partir de la polémica por el artículo que reducía sustancialmente el régimen de licencias médicas. Tras la crecida mediática de ese asunto, el oficialismo se vio forzado a modificar esa parte del proyecto y lo anunciará mañana en la reunión de comisiones en la Cámara de Diputados. La reforma será aprobada con modificaciones en el recinto y volverá al Senado, donde LLA busca sancionarla el viernes de la semana que viene.

Que el Gobierno haya cedido con ese aspecto hace que la consigna del paro pierda fuerza, esgrimen en la Casa Rosada. Aun así, esto podría ser una verdad a medias: a raíz de la discusión de las licencias médicas, también se puso bajo el foco mediático otros aspectos de la llamada Modernización Laboral que antes no eran siquiera conocidos.

Rodríguez recalcó que, además de la redacción de las licencias tal y como salió del Senado, “hay otros artículos muy importantes para modificar” entre los cuales mencionó “la ultraactividad de los convenios, o que un convenio de empresa sea superador de uno por actividad”, o el que obliga a “pedir permiso para hacer una asamblea” en los lugares de trabajo.

Omar Maturano, secretario general de La Fraternidad, confirmó la decisión de paralizar completamente el transporte durante el paro nacional convocado por la CGT. “Todo el transporte va a paralizar su tarea por 24 horas. Como lo ordena la CGT, que lo va a notificar este miércoles en una conferencia de prensa a las 11 de la mañana”, anticipó el dirigente, en Infobae al amanecer, con la conducción de Nacho Girón, junto a Belén Escobar y Luciana Rubinska.

La dinámica en la que se producirá el paro del jueves también produce fricciones al interior del sindicalismo. Las diferencias no son solo entre ATE y UPCN, sino entre actores más amplios. El secretario general de la UOM de Córdoba, Rubén Urbano, definió como “bastante tibios” a los dirigentes de la CGT por no llamar a hacer un paro con movilización.

“No nos sirve un paro dominguero, un paro matero en estos momentos cruciales. No se trata de un acuerdo salarial, sino de algo gravísimo como quitar todas las leyes y derechos que tenemos los trabajadores”, remarcó, en diálogo con el periodista Eduardo Feinmann por radioMitre.

El Gobierno decidió retirar el artículo 44 de la ley de reforma laboral, tras la fuerte presión y rechazo de los bloques aliados a la limitación de las licencias médicas que había sido aprobada en el debate en la Cámara de Senadores. La decisión se tomó en las últimas horas, luego del rechazo que los bloques aliados habían expresado a sancionar la iniciativa sin hacer modificaciones.

Fuentes parlamentarias confirmaron a Infobae que el artículo será eliminado en la reunión plenaria de comisión que tiene que emitir dictamen mañana en Diputados, con el objetivo de garantizarse la aprobación en la sesión prevista para el jueves próximo. La Casa Rosada tiene por delante una carrera contra reloj para conseguir que la Cámara baja apruebe con modificaciones el proyecto y el Senado, el viernes de la semana próxima, lo convierta en ley.

El artículo en cuestión era el siguiente:

“CAPíTULO VII De la suspensión de ciertos efectos del contrato de trabajo

De los accidentes y enfermedades inculpables

Artículo 44.- Sustitúyese el artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificaciones, por el siguiente:

Artículo 208.- En caso de sufrir un accidente o una enfermedad que no sea consecuencia de la prestación de tareas derivadas del contrato de trabajo, y que impida dicha prestación, el trabajador tendrá derecho a percibir el CINCUENTA POR CIENTO (50%) de su remuneración que perciba al momento de la interrupción de los servicios si la imposibilidad de trabajar fuera producto de una actividad voluntaria y consciente del trabajador que implicara algún riesgo en la salud durante un período de TRES (3) meses si el trabajador no tuviera personas legalmente a su cargo, o de SEIS (6) meses si las tuviera. La recidiva de enfermedades crónicas no será considerada una enfermedad distinta, salvo que se manifestara una vez transcurridos los DOS (2) años.

Si la imposibilidad de trabajar no fuera producto de una actividad voluntaria y consciente del trabajador sobre el riesgo en la salud, percibirá el SETENTA Y CINCO POR CIENTO (75%) de tal remuneración, en cualquier caso, durante el mismo período de tiempo dispuesto en el párrafo precedente.

La suspensión por causas económicas o disciplinarias dispuestas por el empleador no afectará el derecho del trabajador a percibir la remuneración parcial por los plazos previstos, sea que aquélla se dispusiera estando el trabajador enfermo o accidentado, o que estas circunstancias fuesen sobrevinientes.”

La decisión del Gobierno nacional de retirar el artículo sobre licencias médicas del proyecto de reforma laboral marcó un giro en las negociaciones parlamentarias de los últimos días. La medida, resultado de una serie de reuniones intensas con bloques aliados, reflejó la tensión que generó este punto específico dentro de la iniciativa impulsada por el oficialismo. Las conversaciones, que se extendieron hasta última hora, pusieron en evidencia el delicado equilibrio que el Ejecutivo debe mantener para avanzar con su agenda en la Cámara de Diputados.

En el centro del debate se ubicó la propuesta original que establecía modificaciones en el régimen de ausencias justificadas por cuestiones de salud. La eliminación del artículo, confirmada por fuentes oficiales, surgió como respuesta directa a los reclamos de espacios políticos que consideraron que la redacción ponía en riesgo derechos adquiridos de los trabajadores. De acuerdo con lo informado, la postura que adoptó el bloque de Innovación Federal fue determinante para forzar el retiro del texto, ya que anticipó que no acompañaría la medida si no se revisaba su contenido.

Este escenario evidenció el peso político que adquirió el tema en las últimas jornadas, ante la proximidad de la sesión extraordinaria convocada para tratar la reforma. La urgencia por alcanzar consensos puso de relieve la fragilidad de la mayoría oficialista y la importancia estratégica de cada voto. Funcionarios del Ejecutivo, según trascendió, consideraron que priorizar la aprobación general del paquete de cambios era más relevante que insistir en un punto que generaba resistencias insalvables.

El debate por las licencias médicas se intensificó tras la difusión de la letra chica del proyecto, que proponía limitar la cantidad de días de ausencia por motivos de salud y endurecer los controles sobre los certificados expedidos. Legisladores de sectores dialoguistas manifestaron su preocupación ante la posibilidad de que estas restricciones afectaran a trabajadores con enfermedades crónicas o situaciones especiales. En este contexto, la presión pública de organizaciones gremiales y asociaciones médicas sumó un factor adicional de tensión, acelerando la necesidad de revisar el texto.

La reacción sindical se manifestó en comunicados y pronunciamientos que reclamaron respeto por los convenios colectivos de trabajo y advirtieron sobre eventuales retrocesos en materia de derechos laborales. Voceros de la Confederación General del Trabajo (CGT) señalaron que cualquier intento de limitar las licencias representaba “un ataque a conquistas históricas”. La postura de la central obrera fue replicada por representantes de otros gremios, que coincidieron en la defensa de los marcos legales vigentes.

En paralelo, desde el oficialismo se intentó instalar la idea de que la reforma general no perdería fuerza por la exclusión del artículo en cuestión. Fuentes del Ministerio de Trabajo remarcaron que el objetivo central sigue siendo “modernizar las relaciones laborales y dotar de mayor flexibilidad a las empresas”, pero reconocieron que “la búsqueda de consensos es prioritaria”. La voluntad de allanar el camino para la aprobación del resto de los artículos fue compartida también por los bloques aliados, que destacaron la importancia de avanzar en los aspectos vinculados a la formalización del empleo y la simplificación de trámites administrativos.

El retiro del artículo no implicó, según se explicó, la renuncia definitiva a debatir cambios en materia de licencias. Algunos referentes legislativos anticiparon que el tema podría ser retomado en futuras discusiones, bajo un formato más acotado y negociado. Por el momento, la atención se centra en la votación convocada para las próximas horas, en la que el oficialismo aspira a obtener el respaldo necesario para aprobar el grueso de la reforma.

El escenario parlamentario se mantuvo en estado de máxima incertidumbre, con negociaciones abiertas y contactos permanentes entre los distintos bloques. La dinámica de los acuerdos reflejó el carácter fragmentado de la Cámara de Diputados y la necesidad del Ejecutivo de construir mayorías caso por caso. La eliminación del artículo sobre licencias médicas se convirtió, así, en un gesto de flexibilidad orientado a evitar el naufragio de una reforma considerada clave por el Gobierno.

El futuro de la iniciativa dependerá ahora del resultado de la sesión y de la capacidad del oficialismo para sostener el apoyo de sus socios coyunturales. Mientras tanto, actores sindicales y empresariales se mantienen atentos al desarrollo de los acontecimientos, conscientes de que cualquier modificación en la legislación laboral tendrá impacto directo sobre millones de trabajadores y empleadores en todo el país.