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Pese a la centralidad del Senado por la ley Bases, Diputados sostiene el ritmo de trabajo y discute agenda propia

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A pesar de que todas las luces de esta semana están puestas en lo que suceda el miércoles en el Senado con la media sanción de la ley Bases, la Cámara de Diputados sostiene un ritmo alto de actividad.

Lo que debería ser normal, que es una regularidad en el trabajo de las comisiones y un volumen de discusión parejo a lo largo del calendario, se convirtió en una rareza en la Cámara baja de los últimos años.

El mérito para que operara un cambio de esta naturaleza es compartido: el titular del cuerpo, Martín Menem, le imprimió dinamismo a la gestión de las comisiones, cuyas autoridades se integraron con bastante velocidad, y los bloques de la oposición instalaron agenda propia en los cuerpos de trabajo que encabezan.

Más allá de las diferencias de mirada, el riojano no fue un obstáculo para que muchos debates (muchos de ellos refractarios a los intereses del Gobierno) se pudieran llevar a cabo.

La agenda de comisiones de esta semana está concentrada entre hoy y mañana. Este martes la hoja de ruta se inicia a las 10 hs con un debate sobre el desmantelamiento de las instituciones de genero en la comisión de Mujeres y Diversidad, que tiene como presidenta la diputada kirchnerista Mónica Macha.

En paralelo a ese debate se va a estar iniciando la exposición de la Defensora nacional de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, Marisa Graham, en torno a la problemática de la ludopatía infantil.

Este tema vinculado a los consumos patológicos de juegos de azar y el mundo de las apuestas online será retomado por la tarde en la actividad central de la jornada ya que se abordará desde las 15 hs en un plenario de cuatro comisiones: Prevención de Adicciones, Comunicaciones e Informática, Salud y Legislación Penal.

La comisión de Acción Social y Salud Pública, había preparado un arsenal para apuntar contra la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, quien había sido convocada para que diera explicaciones por el escándalo de los alimentos sin repartir a comedores.

Sin embargo, la funcionaria declinó la invitación. De todas maneras, la comisión que preside Pablo Yedlin está citada a las 13.30 hs y servirá como catarsis para diputados opositores al Gobierno.

El miércoles a las 10 am se reanudará la acción en la Cámara baja con la intervención de la comisión de Defensa del Consumidor y de la Competencia, que encabeza la fueguina K Carolina Yutrovic, que se abocará al análisis de las tarifas energéticas y su impacto en la vida de la gente y en la actividad económica.

A las 14 hs, la comisión de Derechos Humanos que lidera la bullrichista Sabrina Ajmechet volverá a reunirse para recibir a familiares de víctimas de violaciones a los Derechos Humanos durante la cuarentena.

A las 15 hs será el plato fuerte del día con el plenario de las comisiones de Seguridad Interior y Legislación Penal para tratar el proyecto sobre regularización de la tenencia legítima de armas de fuego y la prórroga del Programa Nacional de entrega voluntaria de armas y municiones.

El dilema de la oposición en Diputados

Tras la media sanción de la nueva fórmula de movilidad jubilatoria quedó de manifiesto un cambio de comportamiento en la oposición dialoguista.

Hasta la ley Bases, el Gobierno desarrolló con relativo éxito una estrategia de seducción para sostener la alianza con estos sectores, más allá de que por momentos algunos exabruptos del presidente Javier Milei hicieron crujir estas alianzas coyunturales, que sólo sobrevivieron por un nivel de tolerancia a las agresiones descomunal por parte de los líderes opositores.

Miguel Pichetto (Hacemos Coalición Federal) y Rodrigo de Loredo (UCR) fueron aliados cruciales del Gobierno y lo seguirán siendo cuando la ley Bases retorne a la cámara de origen.

Ahora bien, la aprobación en Diputados de la Ley Bases marcó un punto de inflexión en sectores que tienen predisposición para colaborar pero que no son incondicionales del Gobierno ni le van a poner la alfombra roja al oficialismo para que avance sin límites.

En todo caso, estarán abiertos para negociar, ceder en algunos puntos y en otros no. La discusión por la ley de presupuesto universitario y FONID pondrán a prueba hasta qué punto la oposición amigable está dispuesta a tensionar con el Gobierno.

Hay quienes aseguran que la UCR, después de haber ayudado a emplazar a las comisiones para tratar estos temas, recalculó y ahora no le quiere servir el escenario al kirchnerismo para que instale su agenda.

En el bloque liderado por De Loredo preferirían que el Gobierno selle rápido un acuerdo con el Consejo Interuniversitario Nacional por el financiamiento universitario antes que dirimir las posiciones en el recinto. Paradójicamente, fueron diputados de la UCR quienes pidieron una sesión especial con estos fines para el 3 de julio.

En todo caso, la idea de convocar para dentro de casi un mes se enmarca en una estrategia dilatoria de correr el arco para darle aún más tiempo al Gobierno para que arregle con los rectores.

Si el radicalismo sigue alimentando escenarios que son desfavorables o incómodos para el Gobierno corre el riesgo de pagar un costo político con su propio electorado que le pide despegarse del kirchnerismo, que vendría a ser -aún hoy y de acuerdo a esta mirada particular de un sector de la política- una especie de mancha venenosa que corrompe y contamina todo lo que toca a su paso.

En este sentido, el desafío que tiene por delante Unión por la Patria es, como viene sugiriendo desde hace mucho la vicepresidenta Cristina Kirchner, ir construyendo desde el Parlamento mayorías parlamentarias en base al eje Milei-antiMilei. Es decir, correr las fronteras de la discusión y que ya no sea la antinomia kirchenrismo-antikirchnernismo el eje ordenador de la política como lo fue en las últimas dos décadas. Todavía pesa sobre el kirchnerismo una sombra estigmatizante que consideran que puede ser apartada a un costado solamente por el espanto que suscita Milei.

El dilema del oficialismo

A seis meses de haber iniciado el ciclo político, el oficialismo atraviesa a nivel parlamentario un momento crítico, que puede salir bien o mal. Mientras las urgencias de la sociedad empiezan a golpear la puerta de la Cas Rosada a medida que se profundiza la recesión, el Gobierno puede conseguir un bálsamo de tranquilidad si consigue en el Senado y luego en Diputados la aprobación definitiva de la Ley Bases.

Milei se enfrenta a la disyuntiva de hierro: acordar con la oposición dialoguista cediendo a cuestiones que hacen al corazón de la ley como la privatización de Aerolíneas Argentinas, o morir en la suya, caiga quien caiga, y apostar a fortalecer la épica de la derrota digna.

Fuente: Noticias Argentinas.

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Tras el paro, la CGT advirtió que judicializará la reforma laboral si es aprobada

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En una entrevista con Infobae en vivo, el secretario general de la CGTJorge Sola, confirmó que la organización sindical irá a la Justicia si el Congreso aprueba la reforma laboral. “La vamos a judicializar. Hay dos principios constitucionales que están conculcados: el 14 bis y el de no regresividad de los derechos sociales”, afirmó Sola al ser consultado sobre los próximos pasos del gremio tras la medida de fuerza.

Durante la charla con el equipo de Infobae al Regreso, integrado por Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos, Matías Barbería y Martín Tetaz, Sola defendió la estrategia de la central obrera: “Nuestra responsabilidad es gremial y es la de oponernos a un programa económico y político que no tiene en cuenta a los trabajadores como centro de escena, sino que los pretende como engranaje de un mecanismo de producción”.

La postura de la CGT frente a la reforma: rechazo total y advertencia judicial

El dirigente fue terminante al explicar el motivo del paro nacional y el rechazo a la reforma: “No estamos hablando de un artículo. Estamos hablando del rechazo absoluto a la reforma. Teníamos decidido que cuando se tratara esta reforma, porque la rechazamos en su totalidad, íbamos a llevar adelante la medida de fuerza”.

Sola subrayó que la acción sindical no se limita al Ejecutivo nacional: “No es un paro en contra de un gobierno en particular, sino por este proyecto, que está en un momento de humor social donde la gente está reclamando por el rompimiento del tejido social”.

Consultado sobre si el objetivo de la huelga es influir en el voto de los legisladores, Sola respondió: “Precisamente buscamos llamar la atención a un gobierno que no nos ha aceptado en el diálogo en ningún momento. Hicimos 12 movilizaciones, 4 paros, y no están sentados los trabajadores en un proyecto donde se tratan sus propios intereses”. Defendió la legitimidad de la protesta: “Uno puede expresarse, claro. Lo hemos hecho manteniendo la paz social”.

Los puntos más conflictivos: indemnizaciones, banco de horas y derechos sindicales

Sola detalló los aspectos que la CGT considera más regresivos de la reforma: “No es una modernización, es un título romántico que tiene porque no moderniza. Deroga la ley de teletrabajo, no habla de tecnología ni de robótica, baja derechos, licúa indemnizaciones, limita el derecho de huelga y restringe la militancia del delegado gremial. Además, hay una gran transferencia de recursos por parte de los trabajadores a los empleadores, alrededor de seis mil millones de dólares”.

El secretario general también cuestionó la habilitación de convenios por empresa por debajo del convenio colectivo: “Ese principio de no regresividad de derechos es constitucional. Todo puede ir para arriba, pero no para abajo. Hoy, un empleador puede generar un sindicato por empresa y negociar a la baja. Eso debilita la posición de los trabajadores”.

Sobre el banco de horas, Sola advirtió: “Permite que el empleador, en acuerdo con el trabajador, decida: ‘No te pago horas extra, te las tomás cuando baje la producción’. ¿Quién define cuándo se toman? El empleador. Así el trabajador pierde plata y previsibilidad sobre su vida”.

El futuro del plan de acción y la vía judicial

Al evaluar el resultado del paro, Sola sostuvo: “Fue el más importante de los cuatro que se han hecho en este gobierno. El acatamiento fue muy alto, sobre todo de los trabajadores formales, los nueve millones que tienen representación gremial. Recibimos el acompañamiento de muchas pymes en contra de este proyecto”.

En cuanto al futuro, Sola fue claro: “No termina con esto. La profundización del plan de acción implica decirle al Gobierno y al poder político que lo que han hecho va en contra de cualquier derecho manifestado en la Constitución. Por lo tanto, la vamos a judicializar a esta ley”.

El dirigente fundamentó la decisión de acudir a la Justicia: “Hay dos principios constitucionales que están conculcados: el principio protectorio del derecho del trabajo y el principio de no regresividad de los derechos sociales. El Pacto de San José de Costa Rica lo dice claramente: una vez que tenés un derecho, no podés bajar de ese nivel”.

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Con apoyos clave de algunas provincias, el Gobierno aprobó la reforma laboral en Diputados pero sin el artículo 44

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El oficialismo logró aprobar en la Cámara de Diputados el proyecto de modernización laboral que llegó con media sanción del Senado. El texto sufrió una modificación -la eliminación del artículo sobre licencias médicas- por lo que deberá volver a la Cámara alta para su aprobación definitiva. Ahora el objetivo de La Libertad Avanza es convertirlo en ley la semana que viene para que el presidente Javier Milei pueda tener una importante victoria legislativa antes de su discurso de apertura de sesiones ordinarias del Congreso, el 1 de marzo.

El proyecto de modernización laboral obtuvo 135 votos afirmativos115 negativos y ninguna abstención en su tratamiento en general. Los libertarios consiguieron el apoyo de sus habituales aliados del PRO, la UCR y el MID. A los que se sumaron los diputados de Salta y Misiones enrolados en Innovación Federal, las dos sanjuaninas de Producción y Trabajo, que responden al gobernador Marcelo Orrego; el santacruceño José Garrido, la representante de La Neuquinidad, con línea directa con el gobernador Rolando Figueroa, los tucumanos de Independencia y una parte de Provincias Unidas (dos cercanos a Llaryora y dos a Pullaro).

En contra votaron Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, la Coalición Cívica, Encuentro Federal, Elijo Catamarca, Primero San Luis y el resto de Provincias Unidas.

Minutos antes de la votación, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, ocupó un palco del primer piso junto con el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Interior, Diego Santilli. Fueron ovacionados por los diputados libertarios.

En la previa de la sesión, el “poroteo” de votos ya anticipan una victoria del oficialismo. Por esa razón, desde el peronismo concentraron sus esfuerzos en dejar la sesión sin quórum. “Si los libertarios consiguen el quórum y arranca el debate, se van a llevar toda la ley. Estas son las leyes que se votan con la mano y con la cola sentándose en la banca. Dar quórum es lo mismo que votar”, advertían antes de a la sesión desde la bancada que conduce Germán Martínez.

Pasadas las 14, cuando los diputados del oficialismo comenzaron a ocupar sus bancas para dar inicio al debate, todo los ojos estaban puestos en los bloques dialoguistas. Los libertarios lograron sumar 130 presentes, uno más del mínimo necesario.

A los 95 diputados de LLA, se sumaron los 12 del PRO, 6 de la UCR y 2 del MID. Los votos restantes los aportaron los espacios provinciales. El gobernador misionero Mario Pasalacqua aportó cuatro presentes (Daniel Vancsik, Yamila Ruiz, Oscar Herrera y Alberto Arrúa), mientras que su par salteño Gustavo Sáenz sumó otros tres (Bernardo Biella, Pablo Outes y Yolanda Vega). Todos integrantes del bloque Innovación Federal.

El gobernador peronista de Tucumán, Osvaldo Jaldo, ordenó dar quórum a sus tres diputados del bloque Independencia (Elía Marina Fernández, Gladys Medina y Javier Nogueira. Lo mismo hizo el catamarqueño Raúl Jalil con sus tres referentes (Fernanda Ávila, Fernando Moguillot y Sebastián Nóblega). En tanto, el sanjuanino Marcelo Orrego apoyó con las dos diputadas de Producción y Trabajo (Nancy Picón y Jaime Quiroga), y el santacruceño Claudio Vidal hizo lo propio con José Garrido, su único representante en Diputados. Por último, el único integrante del bloque Provincias Unidas que colaboró con el quórum fue el rionegrino Sergio Capozzi, aunque no tiene una terminal directa en una provincia.

Curiosamente, algunos de los diputados que ayudaron al Gobierno a dar inicio a la sesión luego rechazaron el proyecto. Por ejemplo, Sebastián Nóblega, de Elijo Catamarca, planteó en su discurso que la reforma “vulnera y afecta derechos y garantías constitucionales”. “Creemos que este proyecto no constituye una respuesta integral a los desafíos del mundo del trabajo. Es más, creemos que es regresivo. Esta ley no garantiza más trabajo, vulnera principios como la justicia social”, sintetizó. Sin embargo, tanto él como sus dos compañeros de bloque, que responden al gobernador Jalil, dieron quórum.

Los gobernadores peronistas fueron blanco de muchas acusaciones por parte de los diputados de Unión por la Patria y la izquierda. “No voy a hablar de La Libertad Avanza, ni siquiera del PRO. A los diputados que asumieron en nombre de la bandera de justicia social, les pido de corazón: no sean verdugos de su pueblo, no sean verdugos de los débiles, no sean verdugos de los trabajadores. Recuerden que nuestra obligación es proteger a los frágiles”, les recriminó Juan Grabois.

A su turno, Máximo Kirchner aludió directamente al catamarqueño Nóblega: “Un diputado decía que votaba en contra de esta ley por su padre y por su madre. Lo que me llevó a preguntarme qué fue lo que lo llevó a dar quórum. Está claro que no fue su voluntad sino que fue una instrucción de su gobernador”.

Desde Unión por la Patria rechazaron por completo la reforma. “La experiencia indica que va a fracasar. Es votar un nuevo fracaso, como fue el RIGI para las inversiones extranjeras o como el capítulo laboral de la Ley Bases. Es un nuevo capricho del FMI. Esta ley daña a los argentinos”, afirmó Kirchner. En esa línea, el diputado tucumano y dirigente del gremio La Bancaria, Carlos Cisneros advirtió: “Lo que hoy estamos perdiendo lo vamos a recuperar en las calles, en la Justicia y con la lucha, a los trabajadores nunca nadie les regaló nada”.

El jefe del bloque peronista, Germán Martínez, planteó que el Gobierno busca generar una falsa dicotomía entre los derechos de los trabajadores y la generación de empleo. “Es llamativo tener una normativa tan anti obrera. Esta ley pone toda la carga negativa en el trabajador”, dijo. Y adelantó que cuando el peronismo vuelva al poder derogaría la ley.

Del otro lado, el radical Diógenes González explicó que su bloque acompañaría el proyecto porque así se lo piden las Pymes. “Las Pymes generan el 70% del empleo privado y para ellas es fundamental reducir la litigiosidad. Pues al no poder competir, no pueden cumplir los convenios colectivos de trabajo. Es triste porque en muchas localidades de pocos habitantes trabajan codo a codo el empleado y el empleador. Nosotros creemos en la cultura del trabajo. Y la incidencia de las Pymes en la generación de empleo”, detalló.

Tenemos la posibilidad de dejar atrás al status quo que acepta como regla la informalidad y la baja productividad. Es un gran paso, significativo, en pos de una primera capa de modernización laboral que permita a Argentina ser, junto con un orden macroenconómico, un país más próspero, más productivo”, agregó su compañero de bloque Lisandro Nieri.

Sobre el final de la sesión, el jefe del bloque Gabriel Bornoroni optó por no hacer su discurso de cierre para pasar a la votación. Al inicio del debate, el libertario Lisandro Almirón había planteado que “la legislación laboral existe para proteger a los trabajadores y tutelar las relaciones de trabajo”. “Y para poder hacer eso, primero tiene que haber trabajo. ¿De qué sirve una biblioteca entera de legislación laboral si al final no sirve para generar empleo? Hoy tenemos un marco regulatorio que no hace otra cosa que expulsar a las personas de la formalidad”,reflexionó.

Uno de los puntos más álgidos de la sesión transcurrió minutos antes de las 22. Al ver que la mayoría de los diputados libertarios y sus aliados se habían retirado del recinto, un diputado de Unión por la Patria pidió someter a votación una moción de orden para que el proyecto vuelva a la comisión de Asuntos Constitucionales.

Como los diputados oficialistas no estaban presentes, la sesión quedó técnicamente sin quórum, por eso la oposición reclamó a los gritos que se terminara el debate. Luis Petri buscó demorar la votación hasta que los libertarios volvieran a ocupar sus lugares. Luego llegó Martín Menem para volver a conducir la sesión y abrió la votación cuando el oficialismo volvió a tener mayoría.

Como represalia, la bullrichista Silvana Giudici propuso una moción propia para que la votación en general de la reforma laboral se hiciera en 30 minutos. Esto generó indignación en el peronismo que se abalanzó sobre el estrado de Martín Menem.

Finalmente, en lo que calificó como “un acto de pacificación”, Giudici anunció que retiraba su moción y el debate continuó con la lista de oradores original.

¿Qué cambios tuvo el texto que llegó del Senado?

La principal modificación que concedió el oficialismo fue la eliminación del artículo 44, que reducía los plazos de licencias pagas y el porcentaje de la remuneración que recibirían los trabajadores.

El texto que había sido aprobado en el Senado establecía que un empleado que sufriera un accidente o una enfermedad que no estuviera relacionada con su trabajo percibiría el 50% de su salario básico si fuera consecuencia de una actividad que realizó voluntariamente (por ejemplo, jugar un partido de fútbol). En cambio, recibiría el 75% si no fue consecuencia de una actividad voluntaria (por ejemplo, sufrió un accidente en la calle). Por otro lado, recibiría esta compensación durante 3 meses si el trabajador no tuviera personas legalmente a su cargo, o durante 6 meses si las tuviera.

Ese punto generó cierta polémica en los medios y redes sociales, especialmente después de una entrevista que concedió Federico Sturzenegger, donde utilizó el ejemplo de los partidos de fútbol que luego se viralizó. Por esa razón, bloque aliados presionaron para que el oficialismo hiciera modificaciones. Finalmente, al inicio de la reunión de comisión del miércoles, el jefe del bloque libertario, Gabriel Bornoroni, confirmó que retirarían el artículo completo para ampliar los consensos.

Los principales puntos de la reforma

Convenios colectivos: el proyecto busca darle prioridad a los acuerdos colectivos por empresa o región, por encima de los convenios sectoriales o por rama. Además, se eliminó la ultraactividad, es decir, la prórroga automática de los convenios vencidos si no hay acuerdo para firmar un nuevo convenio.

Fondo de Asistencia Laboral (FAL): El fondo asistirá a las empresas con el pago de las indemnizaciones y estará nutrido de contribuciones mensuales obligatorias: las grandes empresas deberán aportar el 1% de las remuneraciones brutas de cada trabajador, mientras que las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) aportarán el 2,5%. Pero esos aportes patronales hoy se destinan a mantener el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), por lo que la medida podría impactar en el financiamiento de las jubilaciones

Vacaciones: el proyecto habilita el fraccionamiento de las vacaciones, siempre que cada tramo no sea menor a siete días corridos. Los períodos de descanso deberán concederse entre el 1 de octubre y el 30 de abril del año siguiente. No obstante, empleadores y empleados podrán, de común acuerdo, fijar la fecha de inicio fuera de ese período. La notificación escrita al trabajador deberá realizarse con al menos 30 días de antelación, salvo que un convenio colectivo disponga otro plazo.

Indemnizaciones por despido: el proyecto mantiene el criterio de un mes de sueldo por año de servicio o fracción mayor a tres meses, calculado sobre la mejor remuneración mensual, normal y habitual de los últimos doce meses. Pero a diferencia de la normativa vigente, se excluyen del cálculo conceptos no mensuales, como el Sueldo Anual Complementario (aguinaldo) y premios extraordinarios. El monto máximo no podrá superar tres veces el salario promedio previsto en el convenio colectivo correspondiente y no podrá ser menor al 67% de la remuneración mensual habitual, ni inferior a un mes de sueldo. Si el trabajador no está amparado por un convenio, se aplicará el tope más favorable del establecimiento. También se contempla el pago en cuotas de las indemnizaciones fijadas por sentencia judicial: hasta seis cuotas mensuales para grandes empresas y hasta doce para micro, pequeñas y medianas empresas, ajustadas por inflación más un 3% de interés anual.

Además, el proyecto establece que la indemnización será la única reparación por despido sin causa y fija un nuevo esquema de actualización de créditos laborales que contempla el IPC más un 3% anual.

Banco de horas: se permite que el empleador y el trabajador acuerden por escrito la compensación de horas extraordinarias, con un límite de 12 horas por jornada y respetando las 12 horas de descanso. El acuerdo puede prever el uso de horas extra, banco de horas o francos compensatorios y debe respetar los descansos mínimos legales, garantizando la protección de la salud del trabajador. También es posible que estos acuerdos se celebren con la representación sindical. El sistema habilita a compensar jornadas más extensas en algunos días con otras más breves, siempre que no se exceda el máximo semanal legal o el que establezca el convenio colectivo. En materia de jornada reducida, la reforma dispone que solo podrá implementarse si así lo prevén leyes, contratos individuales, convenios colectivos o acuerdos firmados con la representación sindical. Estos instrumentos pueden establecer el cómputo de la jornada máxima sobre promedios, siempre que los descansos legales sean respetados.

Trabajadores de plataforma: se crea la figura del repartidor independiente y se habilita la libertad de formas de contrato. Específicamente se establece que ese vínculo no constituye una relación laboral, sino un contrato de servicio independiente.

Derecho a huelga: los servicios declarados esenciales deberán asegurar un funcionamiento del 75% mientras que la nueva categoría de trascendentales deberán mantener una cobertura del 50%. El listado de servicios esenciales se expande para incluir más actividades, como la educación en sus tres niveles. Además, las asambleas en los lugares de trabajo deberán contar con autorización previa del empleador.

Blanqueo laboral: para regularizar la situación de los trabajadores informales se eximirá de hasta un 70% de las deudas por aportes y contribuciones a la seguridad social. Por otro lado, el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL), reducirá las cargas patronales para empleadores que registren nuevos trabajadores, con un 8% de descuento en los tributos sociales.

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Paro en Bahía Blanca: la izquierda corta la Ruta 3 y marchará en la Plaza Rivadavia

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En el marco del paro nacional de 24 horas convocado por las centrales sindicales para este jueves, sectores de izquierda en Bahía Blanca llevan adelante un corte en uno de los principales accesos a la ciudad y anunciaron una movilización en el centro.

Daniela Rodríguez, referente local de la izquierda y secretaria de Derechos Humanos de SUTEBA, llamó a “todxs lxs trabajadores a sumarse y construir un paro activo”.

A través de un comunicado, el PTS en el Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad convocó “a todas y todos los trabajadores al paro nacional de 24 horas convocado por las centrales gremiales en rechazo a todo el proyecto de Ley de Reforma Laboral impulsada por el gobierno de Milei y las grandes patronales y los bancos”.

En el texto, el espacio cuestionó la iniciativa oficial al señalar que “como han dicho los diputados Myriam Bregman y Nicolás del Caño esta ley está hecha a medida de los grandes empresarios del país que quieren explotar aún más a los trabajadores aumentando la jornada laboral, fraccionando vacaciones, facilitando el despido, entre otros ataques”.

Además, afirmaron que “este ataque no creará nuevos puestos de trabajo sino que facilitará el cierre de empresas producto de la política económica del gobierno y los empresarios que, luego de ganar millones, ahora quieren descargar su crisis sobre las familias trabajadoras de nuestro país”. Como ejemplo, mencionaron “el caso de la empresa FATE del multimillonario Madanes Quintanilla que deja a cerca de 1000 familias en la calle”.

En relación con la convocatoria nacional, el comunicado sostuvo que “la medida convocada por la CGT llega sin una convocatoria a movilizarse. A pesar de los límites de esta constituirá una medida de fuerza”. Por ese motivo, desde el PTS llamaron “a todos los trabajadores de Bahía Blanca a usar la legítima herramienta del derecho a huelga y construir un paro activo”.

En el plano local, junto a las secretarías de Derechos Humanos y Promoción Social y Turismo de SUTEBA y las secretarías de Derechos Humanos, Cultura y Pro-Biblioteca del Centro de Estudiantes de Humanidades de la Universidad Nacional del Sur, un grupo de alrededor de 30 personas llevan adelante un corte en la rotonda de la intersección de la Ruta N° 3 y calle Colón desde las 7 de la mañana.

Asimismo, indicaron que “desde las 10 seremos parte de la movilización convocada por el SUTEBA y ADUNS junto a la Asamblea Abierta, el Frente de Izquierda, la Multisectorial de Jubilados, ATE, y las CTA en la Plaza Rivadavia (Moreno y Estomba)”.

“Abajo la reforma laboral esclavista de Milei” y “abajo los despidos en FATE”, concluyeron en el comunicado.

Fuente: La Nueva.

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