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El Gobierno denunció irregularidades en la entrega de pensiones por discapacidad

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El Gobierno, a través de su vocero presidencial Manuel Adorni, denunció irregularidades y desmanejo de fondos en la entrega de pensiones por discapacidad durante las gestiones anteriores: “Se estima que solo en el último año se desviaron fondos equivalentes a u$s 3.400 millones”.

En su habitual conferencia de prensa, el funcionario detalló los números irregulares que, según denunciaron, corresponden a los gobiernos de Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández.

“A modo ilustrativo, entre 2003 y 2015, los tres gobiernos kirchneristas, la cantidad de pensiones no contributivas por invalidez laboral pasaron de 79.000 a 1.045.000. Entre 2015 y 2019, esta cifra bajó marginalmente hasta 1.026.000 y luego, el dato a diciembre de 2023, esta cifra de pensiones se ubicó en 1.222.000 beneficiarios”, explicó.

“Este número estratosférico no corresponde ni siquiera a un país que haya sufrido guerras militares o catástrofes naturales”, agregó. Adorni detalló en su explicación el tipo de “incompatibilidades” presentadas por parte de los beneficiarios.

“Del total de pensiones otorgadas, hay 25.000 personas pensionadas que actualmente están trabajando, 60.000 personas que presentan incompatibilidad de requisitos, por ejemplo, cobran la pensión y tienen varios autos, propiedades, embarcaciones y hasta se detectaron algunos con aviones privados”, señaló.

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La Provincia ya confecciona su propio presupuesto y le contesta a Milei: “No va a ser de ajuste”

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El presidente de la Nación, Javier Milei, le dejó un mensaje a los gobernadores provinciales durante la presentación de su presupuesto para el año que viene. Concretamente, les pidió un “ajuste adicional” de 60 mil millones de dólares. La provincia de Buenos Aires ya le respondió.

A la espera de los detalles, Bianco anticipó que “no va a ser un presupuesto de ajuste como nos pide el presidente”. Retomando la idea de Milei, el funcionario indicó que “la gente no nos pide que le pongamos un cepo al Estado“. “A dónde vas te piden más patrulleros, más medicamentos, más hospitales, que agrandes la escuela. Eso es más Estado”, consignó.

Al igual que Nación, la provincia de Buenos Aires atraviesa el 2024 con el presupuesto de 2023 prorrogado. El proyecto venía avanzando en la Legislatura, pero la falta de acuerdos y la sorpresiva victoria electoral de Milei impidieron su aprobación.

La idea de este año es llevar el trámite legislativo hasta el final. Según Bianco, “una vez que lo valide el gobernador lo vamos a trabajar con nuestro bloque y con las autoridades de la Legislatura“. Posteriormente, será presentado y defendido por funcionarios como Pablo López o el titular de ARBA, Cristian Girard. Habrá que ver si las internas del oficialismo frenan el expediente o no.

Fuente: Infocielo.

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Recambio de cañerías: ABSA afirmó que ya repararon el 60% de las veredas intervenidas

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ABSA detalló cómo avanza la obra de recambio de cañerías y, en particular, qué porcentaje de veredas y calles intervenidas han sido reparadas.

La prestataria aseguró que el 61% ya fue arreglado. Se trata de 42.278 metros lineales de obra civil realizada luego del paso de 69.000 metros de cañerías ya instaladas.

El avance general de la obra es del 58%, sin embargo, algunos trabajos como la instalación de cañerías, ya alcanza el 82%.

Se trata de nuevos conductos de Polietileno de Alta Densidad (PEAD) en diámetros desde 90 a 250 milímetros para las áreas con cañerías más antiguas de la ciudad, como el macrocentro y los barrios Universitario, Kilómetro 5, Pedro Pico, Villa Mitre, Tiro Federal y Villa Harding Green.

La obra comprende la instalación de las cañerías, la fusión de piezas, la instalación de cada uno de los servicios domiciliarios y de accesorios.

Además, la empresa aclaró que deben realizarse pruebas hidráulicas sobre los tramos instalados para comprobar la hermeticidad, sometiendo todo el conjunto de piezas a altas presiones para verificar que no haya fugas.

Antes de la reconstrucción de veredas y pavimentos también se concreta una desinfección de la cañería, se ejecutan los empalmes a la red existente y la anulación de la cañería anterior.

El paso final, en ese sentido, es la ejecución de la obra civil. “Esto es, la reconstrucción de veredas y pavimentos tal como estaban antes de iniciar la intervención. Sin los pasos previos cumplidos es imposible llevar adelante esta última tarea. Para cumplimentarla, se utiliza un registro fotográfico previo realizado bajo escribano público que permite cotejar que la obra civil sea coincidente con el aspecto anterior a la intervención”, enumeraron.

Fuente: Frente al Cano.

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Ofrecerán capacitación jurídica en los PEC municipales

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Un convenio para implementar un Taller de Promotores Jurídicos en los Puntos de Encuentro Comunitario (PEC) se firmó recientemente entre la Universidad Nacional del Sur y el Municipio.

El taller tiene como propósito capacitar a líderes comunitarios para identificar y canalizar problemáticas legales dentro de sus comunidades, según se indicó desde la casa de estudios.

Este año participarán 20 estudiantes y 16 referentes comunitarios y atenderán temas como derecho de familia, seguridad social, laboral, reclamos administrativos, acceso a tierras y cuestiones ambientales, junto a otros, para garantizar el acceso a la justicia y proteger los derechos de los ciudadanos.

Los PEC son espacios de capacitación y encuentro para los vecinos, que fueron diseñados este año por la cartera social de la comuna y están distribuidos en diferentes barrios.

En la firma participaron la directora decana del Departamento de Derecho de la UNS, Pamela Tolosa, junto a los profesores Guillermo Garay Semper y Nora Alaggio, y por el ejecutivo comunal el jefe de Gabinete, Luis Alberto Calderaro y la secretaria de Políticas Sociales, Romina Pires.

El curso es presencial y consta de 14 encuentros de 2 horas cada uno. Para poder obtener el certificado de haber participado se requiere un mínimo del 70% de asistencia.

“El Taller es un proyecto de la Clínica Jurídica del Departamento de Derecho que comenzó en 2021, cuando la clínica se presentó a un concurso nacional llamado Pro Bono”, explicó Garay Semper.

“Busca trabajar con referentes territoriales para mejorar sus destrezas en términos de identificación de un problema como un problema legal, reconocer el derecho vulnerado y la oficina que tendría la responsabilidad de solucionar ese problema”, dijo.

Agregó: “No pensamos esto como una transferencia de conocimientos desde quienes saben Derecho hacia quienes no, sino que son espacios donde estudiantes y docentes conversan con las personas para construir un diagnóstico concreto y realista, y se co-construye una posible vía de solución”.

“Estamos muy contentos con este convenio que nos va a permitir dar herramientas y conocimientos a los referentes comunitarios, a quienes a veces les llegan dificultades y problemas y es necesario que estén capacitados para acompañar a los vecinos en los canales correctos para derivar o los espacios para reclamar”, dijo Pires.

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