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El foco de la política se corrió hacia Luis Caputo: última negociación por la reforma laboral y el impacto del INDEC

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El oficialismo y la oposición dialoguista dan por hecho que habrá sanción de la reforma laboral en el Senado, la semana que viene. El acuerdo, se sabe, incluye modificaciones al texto original. Expone los alcances de las tratativas con buena parte de los gobernadores -radicales, del PRO, peronistas aliados, líberos- y por eso mismo se destaca el capítulo sin cerrar: una baja puntual del impuesto a las Ganancias que impactaría negativamente en los fondos para las provincias por coparticipación. Hay dudas incluso sobre la posición final del Gobierno. Y en cualquier caso, las miradas apuntan a Luis Caputo. El foco político se corrió hacia el ministro, en un clima tensionado además por el sacudón de la marcha atrás con el índice de precios que elabora el INDEC.

Patricia Bullrich le puso un número al nivel de entendimiento con los socios y dialoguistas del Senado. “Un 95%”, dijo después de reunirse con jefes de bancadas y legisladores de espacios de menor peso y hasta unipersonales. La jefa política de los violetas en la Cámara alta fue precisa además al señalar que la resolución del tema Ganancias está en manos de Diego Santilli y del ministro de Economía, es decir, el que negocia con los jefes provinciales y el que maneja la lapicera de los números.

El artículo impositivo alimenta todo tipo de especulaciones y una de ellas, con origen en provincias, hasta pone en duda la decisión oficial de sostener la rebaja de Ganancias –sin distinción del porte de las empresas y con aplicación inmediata-, porque tampoco las cuentas nacionales estarían en el mejor momento para esa poda. Sería algo así como una combinación de necesidades. “No hay síntomas de mejora de la recaudación. Viene mal desde los últimos meses del año pasado y se repitió la baja en enero. El discurso del Gobierno si cambia de decisión podría descargar las culpas sobre las provincias”, resume una fuente atenta a las últimas señales de la larga negociación.

El Gobierno celebró que se fuera desarmando la posibilidad de una cita del conjunto de los gobernadores en el CFI. El impulso de los jefes provinciales del peronismo duro la había alentado como un rechazo global a la reforma, aunque en rigor el punto en común es la reacción por Ganancias y su efecto negativo en la coparticipación federal. El grueso del proyecto cosecha apoyo, aunque con matices y cambios. Un caso notorio de reclamo de algunos mandatarios fue la fijación de diferencias entre grandes empresas y pymes para la aplicación de artículos como el fondo para atender indemnizaciones, bajo la poco feliz sigla de FAL.

Fuentes cercanas a gobernadores vienen señalando que existe una baja de recaudación que afecta a sus distritos –por coparticipación federal e impuestos propios-, como resultado de diversos factores, empezando por la caída o freno del consumo. Y ya antes de la convocatoria formal a sesiones extraordinarias circulaba una versión -con origen en gobernadores cercanos a Olivos- sobre la alternativa de escalonar entre este año y el próximo la aplicación de la baja en Ganancias para empresas. Otros hablan directamente de dejar el tema para el 2027. Y esperar que para entonces se note el crecimiento del empleo formal que pronostica el Gobierno.

Caputo, con aval presidencial, se convirtió en la pieza más gravitante de la negociación. Lo fue también en las tratativas por el Presupuesto 2026, que debió dejar en el camino un capítulo de peso para garantizar la sanción en el Senado. Curioso, pero ahora hay quienes comparan los fondos logrados por las provincias (ATN, compensaciones variadas, alguna obra, según el caso) con el “costo” que tendría el renglón impositivo de la reforma laboral, capaz de desdibujar o revertir lo logrado a fines de diciembre.

El ministro convive y trata de evitar las internas en el círculo más estrecho de Olivos, es decir, con Karina Milei y Santiago Caputo, aunque a veces se producen roces, incluso con los dos al mismo tiempo. Pero está claro el respaldo de Javier Milei, esgrimido en estas horas frente al oleaje generado por la decisión de frenar el cambio de IPC. Esa modificación era explicada hasta hace apenas días como un avance en sintonía con el FMI y con los cambios reales en materia de consumo. No sólo lo difundía así el INDEC, para el debut en la medición de enero, sino también el Banco Central y comunicadores formales e informales del oficialismo.

La precipitada renuncia de Marco Lavagna, más allá del rápido movimiento para reemplazarlo, provocó un fuerte impacto público, aunque no es el primer caso de un funcionario que deja el cargo como consecuencia de tensiones con Economía. El antecedente más reciente fue la salida, hace dos semanas, de Paul Starc. El entonces titular de la UIF emigró hacia otro cargo por sus diferencias sobre la implementación de la ley de “inocencia fiscal”.

El problema para el Gobierno con el caso del INDEC es más amplio. Incluye y supera la lectura sobre las internas, porque golpea sobre la credibilidad del principal organismo de estadísticas, con interrogantes hacia el frente externo, y porque alimenta sospechas en un terreno especialmente significativo como es la contención de la inflación. Un capital político central para la gestión violeta.

El Gobierno buscó bajarle el volumen al tema, con dos líneas discursivas. La primera dice que, en rigor, la decisión presidencial siempre fue modificar el IPC una vez que estuviera afirmado el “proceso de deflación”. Y la segunda agrega que el registro de enero con la nueva medición no hubiera sido muy diferente al número del índice ratificado: algo por encima de los 2 puntos porcentuales. Más aún: que podría estar incluso una décima por debajo.

Por supuesto, esa comparación entra ahora en el terreno de las especulaciones y de las operaciones, al punto de que la versión oficial sobre el frustrado estreno del “nuevo” IPC se enfrenta con versiones que lo colocan por encima de los tres puntos. No falta algún señalamiento sobre la alternativa de publicar las dos mediciones para cerrar el tema. En cualquier caso, de mínima, resulta llamativo el nuevo capítulo de costos autoprovocados. En este caso, con Economía en el foco político.

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Pilar Ramírez cruzó a Jorge Macri por el cambio en la gestión porteña: “No somos celosos, pero tiene que ser por convicción”

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A poco más de un año para las elecciones en la Ciudad de Buenos Aires, y con las negociaciones iniciadas entre La Libertad Avanza y el PRO, la legisladora libertaria Pilar Ramírez apuntó contra el cambio en las políticas que llevó a cabo Jorge Macri.

En diálogo por Splendid 990, la titular de LLA en la Ciudad respondió ante la pregunta sobre si el jefe de Gobierno porteño copia las políticas de la administración nacional y dijo: “A veces le falta reconocernos el copyright. Pero el orden para este gobierno es una prioridad, pero por convicción”

Este presidente fue el que terminó con los piquetes, el que terminó con los acampes. El PRO gobierna la ciudad de Buenos Aires hace veinte años. Y si no hubiera sido porque este presidente o porque este espacio político, que es La Libertad Avanza, decidió terminar con esos desórdenes, nada de eso hubiera pasado”, agregó.

Y siguió: “Jorge Macri no sé si tiene el orden como prioridad, no sé si es una convicción o es un focus groups o es una foto, porque el orden tiene que primar en todos los aspectos de la ciudad de Buenos Aires. Pero si él entiende que las políticas de La Libertad Avanza que nosotros impulsamos son el camino correcto y que así lo expresaron los porteños el año pasado, bienvenido sea, porque va a mejorarle la vida a los porteños. Nosotros en ese sentido no somos celosos, pero tiene que ser por convicción”.

Las declaraciones de Ramírez se producen en el marco de una estrategia territorial que LLA viene desplegando en el distrito gobernado por sus aliados del PRO. Esta semana, la legisladora recorrió junto a Karina Milei la fábrica de muebles Fontenla, en Villa Lugano, donde conversaron con sus dueños sobre producción industrial, empleo y obstáculos para invertir. La semana anterior, el ministro de Economía, Luis Caputo, la había acompañado en una visita a la cadena de heladerías Lucciano’s en Las Cañitas, donde el cofundador y CEO, Christian Otero, ponderó el avance económico de los últimos años: la compañía casi duplicó sus tickets, de 3,5 a 6,5 millones, durante el año pasado.

En ese marco, sobre la posibilidad de un acuerdo electoral más amplio con el PRO de cara a 2027, Ramírez fue clara en sus condiciones. Señaló que todavía hay temas en los que ambos espacios no coinciden, como la reforma política, la suspensión de las PASO y la ley de bases porteña, sobre las que el jefe de Gobierno no se pronunció. “Yo lo que sostengo es para qué un acuerdo, porque todavía hay cosas en las que no nos hemos puesto de acuerdo”, planteó, y añadió que cualquier entendimiento deberá esperar al año electoral.

También identificó los principales problemas que observa en la gestión de la Ciudad: el contrato de recolección de residuos sin relicitar desde hace veinte años, basado en un modelo que Barcelona utilizó en los años 2000 y que hoy considera superado, y la demora de más de ocho meses para abrir un comercio. Como alternativa, propuso avanzar hacia la termovalorización y señaló que el Estado porteño presenta estructuras duplicadas, como el caso del Ministerio de Espacio Público y las mismas facultades replicadas bajo la Jefatura de Gabinete.

Consultada sobre una eventual candidatura a jefa de Gobierno, Ramírez descartó estar pensando en eso. Definió a Karina Milei como “el corazón de La Libertad Avanza” y la describió como una persona que “llega a las ocho de la mañana y son las once de la noche y sigue trabajando”. Sobre las perspectivas electorales nacionales, fue categórica: “Obviamente que va a ganar el presidente Milei y va a seguir profundizando este modelo que va a llevar a la Argentina a ser grande otra vez”.

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Senado: qué propone el régimen de incentivos a inversiones que la UCR le pide al Gobierno

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La Unión Cívica Radical (UCR) en el Senado empezó a ajustar algunas tuercas en su relación legislativa con el oficialismo libertario y consiguió, por ahora, que un plenario de tres comisiones comience a debatir la propuesta de un Régimen de Incentivo para Inversiones Relevantes (RIIR), que apunta a proyectos desde los USD 12 millones para grandes empresas. La discusión se dará durante una jornada que continuará -horas de diferencia- con el Súper RIGI que quiere la Casa Rosada y que habla de beneficios para emprendimientos desde los USD 1.000 millones destinados a “industrias del futuro”.

El texto en cuestión fue presentado por el jefe de la bancada, Eduardo Vischi (Corrientes), y acompañado por Mariana Juri (Mendoza) y Daniel Kroneberger (La Pampa), entre otros. El primer desafío será obtener un dictamen en las tres comisiones a las que fue girado el articulado: Presupuesto y Hacienda; Legislación General, y Economías Regionales, Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana Empresa. Se estiman un par de encuentros, de mínima.

“Se consideran inversiones productivas a aquellas destinadas a la adquisición, elaboración, fabricación y/o importación de bienes muebles nuevos -excepto automóviles-, amortizables en el impuesto a las ganancias, así como a la realización de obras, a ser afectadas directamente al desarrollo de actividades productivas en el territorio de la República Argentina”, reza el cuarto artículo.

Además, quedan “expresamente excluidas” las “inversiones en activos financieros, de portfolio y bienes de cambio”. Y se agrega que “sin perjuicio de los compromisos relativos a los montos mínimos establecidos”, las “inversiones productivas efectuadas en sistemas y/o equipos de riego, bienes de alta eficiencia energética, mallas antigranizo para el sector agropecuario y en bienes semovientes, serán susceptibles de promoción, independientemente del monto de la inversión involucrada, en cada caso”.

En cuanto a los beneficios, la amortización en Ganancias estaría direccionada, “para inversiones en bienes muebles amortizables”, en “dos cuotas anuales, iguales y consecutivas”. Sobre obras, será “como mínimo en la cantidad de cuotas anuales, iguales y consecutivas que surja de considerar su vida útil reducida, al sesenta por ciento (60%) de la estimada”; y en “equipos de riego agrícola y/o equipos de alta eficiencia energética, una cuota”, al igual que en “bienes semovientes amortizables” y “mallas anti granizo”. También se contempla la devolución de créditos fiscales en el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Vischi fundamentó en la iniciativa que la misma “complementa lo dispuesto en el RIMI -que se disparó con la reglamentación de la ley de reforma laboral-, ofreciendo beneficios de inversión diferenciados según el tamaño de la unidad económica”, y que “desde esta perspectiva, los beneficios a las inversiones irán desde micro empresas (con un piso de USD 150.000) hasta grandes firmas (más de USD 12.000.000). Esto garantiza una democratización del incentivo, adaptándose a la realidad financiera de cada sector productivo”.

El convite para analizar este tema está programado para las 16. Una hora más tarde otro plenario, el de las comisiones de Presupuesto; Economía Nacional; y Legislación General tiene agendado seguir con el Súper RIGI, que la oposición dialoguista -e incluso algún oficialista- le frenan al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. La semana pasada amagó con exponer -horas antes, avisó sobre su ausencia- el secretario de Hacienda, Carlos Guberman. Lo reclamaba mucho la oposición, aunque ninguno de los que lo pedían protestó después por el faltazo.

La puja que se da está relacionada con la resistencia de la Casa Rosada a abrir el juego en el articulado, debido a que el texto ya fue aprobado por Diputados y la Cámara alta podría sancionar. Una de las ideas de la jefa libertaria, la porteña Patricia Bullrich, es avanzar con el RIIR de los radicales para blindar, con los diez votos de dicha bancada, el Súper RIGI. No obstante, nadie asegura que todo esto se acelere en el corto plazo, aunque la convivencia en el Senado varía según la semana y ya nadie anticipa resultados legislativos.

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Javier Milei vuelve a colocarse al frente de la pelea legislativa, antes de poner a prueba el nuevo vínculo con el PRO

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En la antesala de las sesiones en las que el oficialismo intentará salir del letargo parlamentario y empezar a aprobar las próximas reformas, el presidente Javier Milei se volverá a poner al frente de la reunión con los legisladores de La Libertad Avanza en la Casa Rosada, mientras que su equipo se prepara para la primera prueba de lealtad, en el marco de la nueva relación con el PRO de cara a las elecciones del año que viene.

De acuerdo con lo que precisaron a Infobae fuentes del espacio, el encuentro se realizará este martes a partir de las 17:30 en el Salón Héroes de Malvinas, como ocurrió a mediados de julio pasado, cuando el mandatario nacional presentó el proyecto para la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Será un único acto en el que estarán tanto los integrantes del bloque de diputados como el de senadores, que esta semana buscarán avanzar con varias de las iniciativas que el Poder Ejecutivo tiene en carpeta.

El encuentro se realizará tan solo unas horas después de que, a pocos metros, en las oficinas del extinto Ministerio del Interior, se junte la mesa política para definir los pormenores de la estrategia en el Congreso.

Allí estarán, además, la secretaria general, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y su segundo, Ignacio Devitt; el titular de la Cámara baja, Martín Menem, y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem.

En el entorno de los funcionarios que asistirán a la cita celebran que este tipo de convocatorias con la presencia del propio jefe de Estado y remarcan que “son charlas profundas sobre ideas”, en las que “se marca un poco el norte” de lo que la cúpula libertaria busca en el Congreso.

En Diputados, la bancada liderada por Gabriel Bornoroni tiene la meta de conseguir este miércoles la media sanción para la mencionada medida del BCRA e Inocencia Fiscal II, que aparecen hoy como las normas que más obsesionan al Presidente.

Quienes están detrás de esta tarea confían en que, “a priori, están los votos” para que estos proyectos salgan, aunque hay expectativa sobre cómo acompañará el PRO, con el que están iniciando una etapa de fuerte acercamiento.

Aunque se había acordado una mesa de diálogo cada 15 días, en esta oportunidad no se adelantó para que se diera antes de la sesión y, según reconocieron algunos de los involucrados, “lo más probable es que se haga el jueves por la tarde”.

Así lo terminará de definir en estos días Santilli, que es quien se encarga de estas negociaciones, junto con un viejo conocido del macrismo, Cristian Ritondo, con quien todavía no se comunicó para coordinar.

Con una posible alianza en la mayor parte del país en el horizonte, las partes decidieron juntarse periódicamente para ir creando una “confianza mutua”, basada no solo en reglas de juego claras para el armado de las listas, sino también en una sintonía a nivel legislativo.

A diferencia de noviembre del 2025, cuando se estaba por producir el recambio parlamentario luego del triunfo de La Libertad Avanza en los comicios de medio término, a esta reunión en Casa Rosada no fueron invitados los miembros del PRO.

Uno de los puntos en conflicto entre los dos partidos sigue siendo la Ciudad de Buenos Aires, donde el actual jefe de Gobierno, Jorge Macri, piensa ir por la reelección, pero todavía no tiene el respaldo de los libertarios.

De hecho, recientemente la titular de LLA porteña, Pilar Ramírez, puso en duda el cambio de postura en la gestión del alcalde, que se muestra más “mano dura”, y se preguntó si ese cambio fue por “convicción o es solo un focus group y la foto”.

“¿Para qué un acuerdo? Hay cosas que nosotros queremos ir a fondo como la reforma política y el jefe de Gobierno todavía no se ha pronunciado, como la ley de libertad comercial, la ley bases…”, señaló la legisladora en una entrevista radial.

Por su parte, además de la Carta Orgánica del BCRA e Inocencia Fiscal, Bonoroni también quiere convertir en ley el Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y Singapur y el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), aunque este último debería volver al Senado, porque sufrió cambios.

En ese rencinto, Patricia Bullrich espera convocar a una sesión para el jueves con la intención de debatir Hojarasca, 60 pliegos judiciales que continúan pendientes y proyectos sobre “zonas frías” y “zonas cálidas”, entre otras cuestiones.

Todavía no hay fecha para la discusión de la reforma electoral, que continúa generando cierta tensión interna en el Gobierno, debido a que no hay un consenso claro entre los miembros del oficialismo sobre la viabilidad de aprobar algunos de sus puntos, principalmente la eliminaión de las PASO.

Tal como anticipó este medio, en el entorno de la ex ministra de Seguridad observa con pesimismo el avance de la medida y considera que no reúne los votos necesarios para su aprobación en la Cámara alta. Desde la Casa Rosada, en cambio, sectores cercanos a Karina Milei sostienen que siguen trabajando en la búsqueda de apoyo.

Ambas facciones coinciden en que el debate sobre las primarias podría celebrarse entre septiembre y octubre, aunque es probable que este tema termine discutiéndose en el marco de la mesa política, donde están tanto la secretaria general como Bullrich.

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