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Con un ajustado apoyo y cambios en el texto original, el oficialismo define hoy el futuro de la reforma laboral en Diputados

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El bloque de La Libertad Avanza obtuvo ayer 44 firmas que le permitieron tener dictamen de mayoría y llamó a una sesión para hoy en la Cámara de Diputados con el objetivo de aprobar, con modificaciones, la ley de reforma laboral.

Ayer, mientras exponían representantes sindicales, gremiales y ejecutivos de empresas tanto a favor como en contra de la iniciativa, el oficialismo consiguió las firmas necesarias y presentó el pedido de sesión especial.

Alrededor de las 16, y tras dos horas de exposiciones en el plenario de comisiones y cuando aún faltaban exponer los diputados de los bloques, la presidencia de la Cámara de Diputados emitió el llamado a sesionar para hoy a las 14. El pedido fue realizado por el presidente del bloque libertario, Gabriel Bornoroni, quien busca dejar suficiente tiempo al Senado para que ratifique o revierta las modificaciones antes de que terminen las sesiones extraordinarias. El objetivo es que el presidente Javier Milei pueda incluir la reforma laboral en su discurso de apertura de sesiones, el 1 de marzo.

El llamado a sesionar indica que el oficialismo cuenta con el número suficiente para habilitar la sesión. En los pasillos del Congreso, tanto los libertarios como los bloques aliados aseguran disponer de “entre 132 y 134 diputados para el quórum”. No obstante, hay otros sectores que consideran que la cifra es más ajustada.

Entre quienes acompañaron el pedido de Bornoroni están Cristian Ritondo (PRO), Alberto Arrua (Innovación Federal), Pamela Verasay (UCR), Gladys Medina (Independencia), Oscar Zago (MID), Nancy Picón Martínez (Producción y Trabajo) y Karina Maureira (La Neuquinidad). Si se suman todos los diputados de estos bloques, alcanzarían 130 legisladores, uno más que el mínimo indispensable para el quórum.

El margen del oficialismo es muy estrecho, por lo que no puede permitirse ausencias ni llegadas tardías de sus aliados.

La diputada peronista María Teresa García advirtió en su cuenta de X: “Para estar atentos desde hoy -por ayer- al día de la sesión, esta ley se vota con el culo no con la mano. Quienes se sienten en el recinto ese día para dar quórum estarán votando a favor. Que no disimulen. Que no finjan. Que no expliquen. A mirar con atención.”

El oficialismo había logrado la media sanción del proyecto de ley la semana pasada en el Senado. La senadora Patricia Bullrich declaraba que no se aceptarían más cambios y difundía un video de tono épico sobre la media sanción. Horas después, el mundo libertario se enfrentó con fuertes críticas en torno al artículo referido a las licencias médicas.

La reacción fue tal que el Gobierno no solo no logró explicar ni identificar a los responsables de ese artículo, sino que primero aludió a un error y luego admitió que lo eliminaría. Fue el propio Bornoroni quien, minutos antes de que comenzaran las exposiciones en el plenario de comisiones, solicitó la palabra y anunció la eliminación del artículo 44.

Mientras tanto, aunque el jefe del bloque comunicó públicamente la baja del artículo, en privado hizo trascender su postura de que no se aceptarían cambios en el Fondo de Asistencia Laboral (FAL).

No resulta casualidad: así como el Gobierno comprendió que debía eliminar el artículo 44 para avanzar, un sector de la oposición dialoguista vio en este gesto una oportunidad para introducir nuevas modificaciones.

Fuentes de uno de los bloques opositores que buscan posicionarse como “racionales” sostuvieron ante Infobae que impulsarán “más modificaciones” al texto, con el Fondo de Asistencia Laboral como foco principal. “Estamos trabajando para cambiar la redacción de este artículo, hay movimientos con el bloque de Provincias Unidas y con el de Innovación”, precisaron.

Esto ya había quedado en evidencia durante la votación en el Senado, donde varios legisladores alineados con gobernadores manifestaron su desacuerdo con el Fondo de Asistencia. “Los números están muy finos. Esto más el capítulo que contiene la eliminación de los estatutos profesionales hoy están crujiendo”, agregaron las fuentes.

Un cálculo sencillo muestra que, si la oposición alcanza un acuerdo, las chances de modificar el FAL son concretas. Para lograrlo, además de manifestar su desacuerdo con la redacción, los 33 diputados de Provincias UnidasEncuentro Federal, la Coalición CívicaInnovaciónMarcela Pagano y Natalia De la Sota deberían votar en contra del texto.

Si a ese grupo se suman los 95 diputados de Unión por la Patria, se conformaría un bloque ocasional de 128 legisladores. Esta mayoría podría ampliarse si los tres diputados de Tucumán y los tres de Catamarca, que en el Senado votaron en contra del FAL, mantienen esa postura.

Las estimaciones apuntan a que la sesión podría extenderse por más de 10 horas, lo que implicaría, posiblemente, una finalización en la madrugada del viernes, agregando un desafío más al oficialismo para cumplir con los plazos de las sesiones extraordinarias, que ayer –mediante un decreto– se prorrogaron hasta el sábado 28 de febrero.

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La justicia habilitó el cierre definitivo del plan “Volver al Trabajo”, que beneficiaba a 900.000 personas

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La Cámara Federal de San Martín revocó la medida cautelar que obligaba al Estado a mantener los pagos del programa Volver al Trabajo, con lo cual el ministerio de Capital Humano quedó habilitado para discontinuar el programa, que entregaba unja prestación de unos $78.000 a unas 900.000 personas.

El fallo de la cámara anula una decisión previa del juez federal de Campana Adrián González Charvay, quien había ordenado continuar con los pagos tras un amparo colectivo de organizaciones sociales, presentada ante la decisión original del Ejecutivo de dar de baja este plan social.

Tras la decisión, la UTEP denunció que la Cámara Federal de San Martín priorizó la burocracia por encima del carácter alimentario de los programas sociales, cuya prestación –$78.000 mensuales por beneficiario– estaba congelada desde diciembre de 2023, una de las primeras decisiones del gobierno de Javier Milei.

La Cámara priorizó la burocracia de las políticas públicas y las facultades discrecionales del Ejecutivo por sobre el carácter alimentario de los ingresos de las familias más vulnerables”, afirmó la UTEP a través de un comunicado publicado en redes sociales.

“Desde la UTEP denunciamos que este fallo es un golpe criminal contra quienes sostienen la economía popular día a día en los barrios. Calificar este ingreso como una ‘asignación no remunerativa’ por capacitación, desconociendo su carácter alimentario, demuestra una desconexión total con la realidad social”, añadieron.

La organización apuntó con esos argumentos contra el fallo, firmado por los jueces Juan Pablo Salas, Marcos Morán y Marcelo Darío Fernández, porque avaló el planteamiento de Capital Humano en el sentido de que el programa tenía un “vencimiento de 24 meses” y habilitó al Gobierno a reemplazarlo por “vouchers de capacitación” para cada trabajador.

La UTEP denunció que “eliminar por completo el Volver al Trabajo implica empujar directamente a la indigencia a casi un millón de familias que lo usan como complemento indispensable para poner un plato de comida en la mesa”.

Alejandro Gramajo, secretario general de la UTEP, expresó que su organización va a acompañar el 22 de julio “a los jubilados que son un ejemplo de lucha” en su marcha al Congreso, y anticipó que “el 7 de agosto vamos a construir una gran jornada de lucha por Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo”.

Además, recalcó que como parte del plan de lucha de la CGT y las dos CTA la UTEP va a impulsar una movilización, sin fecha aún, “al Ministerio de economía para visibilizar la realidad de las familias”.

Fuente: Agencia DIB.

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Guiño del procurador para prohibir el cobro de tasas municipales en boletas de luz y gas

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La pelea entre los intendentes y el Gobierno en torno al cobro de tasas municipales en las facturas de luz y gas tuvo un nuevo capítulo y quedó más cerca de una resolución final. Es que la Procuración General de la Nación respaldó la decisión del Gobierno de prohibir que las comunas cobren tasas locales a través de las facturas de servicios públicos.

En dos dictámenes firmados en los últimos días, el organismo a cargo de Eduardo Casal concluyó que la medida no vulnera la autonomía municipal y que las comunas conservan la facultad de recaudar esos tributos mediante otros mecanismos. Y en ese sentido recomendó a la Corte Suprema rechazar los planteos judiciales impulsados por las municipalidades de Río Grande y José C. Paz.

Los expedientes analizan la validez de la Resolución 267/2024 de la entonces Secretaría de Industria y Comercio, que estableció que las facturas emitidas por proveedores de bienes y servicios “deberán referirse en forma única y exclusiva al bien o servicio contratado específicamente por el consumidor” y que no podrán contener “sumas o conceptos ajenos” a esa prestación.

La discusión se originó a mediados de 2024, cuando el Gobierno nacional dispuso eliminar de las boletas de luz, gas, agua y otros servicios el cobro de tasas e impuestos municipales que numerosas comunas percibían junto con la factura. Pese a la decisión que impulsó Luis Caputo, varios municipios fueron a la Justicia y obtuvieron fallos a favor. De hecho, la Justicia Federal de San Nicolás declaró la inconstitucionalidad de la resolución.

En este contexto, La Libertad Avanza salió a impulsar más de 100 proyectos en concejos deliberantes para reducir o eliminar tasas en la provincia. Esta medida, le valió una crítica del gobernador Axel Kicillof, quien aseguró que el impacto de las tasas municipales es mínimo medido en términos del PBI.

La resolución del Procurador sobre las tasas

En el caso de Río Grande, la Procuración sostuvo que la resolución fue dictada por la autoridad competente en ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor y que su finalidad fue proteger los derechos de los usuarios previstos en el artículo 42 de la Constitución Nacional. Según el dictamen, la Secretaría de Industria y Comercio estaba habilitada para establecer reglas generales sobre la facturación de los servicios públicos en el marco de las relaciones de consumo. El dictamen también descartó que exista una afectación de la autonomía municipal.

En el expediente iniciado por la Municipalidad de José C. Paz, el procurador agregó otro fundamento vinculado con el régimen eléctrico nacional. Señaló que el servicio de distribución prestado por Edenor se encuentra sometido a regulación federal y recordó que la Ley 24.065, modificada por el Decreto 450/2025, establece que las facturas “no podrán incluir tributos de orden local o cargos ajenos a los bienes y servicios facturados”.

Aunque los dictámenes no son vinculantes, suelen funcionar como una suerte de “recomendación” hacia la Corte Suprema. Si el máximo tribunal adopta el criterio propuesto por la Procuración, quedaría convalidada la potestad del Gobierno nacional.

Fuente: Agencia DIB

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Prórroga de las concesiones: la discusión en el Concejo pasa por el plazo

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El presidente de la comisión de Tránsito y Transporte del Concejo Deliberante, Fernando Compagnoni, afirmó que los sorprendió el ingreso la semana pasada del expediente en el que el Ejecutivo solicita la prórroga de las concesiones del transporte público de pasajeros.

“Nos encontramos con un expediente que vino de un momento a otro con el pedido de prórroga de una concesión ya vencida, ya caída, porque tenía plazo hasta el 1° de julio”, planteó en primer término esta mañana en diálogo con Radio Altos.

Desde una mirada política, el edil de Alianza La Libertad Avanza tildó de nuevo fracaso la necesidad de la gestión de Federico Susbielles de pedir una prórroga de las actuales concesiones debido a que aún no concluyó con el diseño de los pliegos de la nueva licitación del servicio.

“De aquellas famosas 500 páginas en las que se ofrecía una gestión de gobierno (presentado por el entonces candidato a intendente Federico Susbielles durante la campaña electoral de 2023), uno de los pilares era un moderno cambio en el sistema de transporte público que incluía no solo modificaciones en los recorridos, sino un anillo en la periferia y el macrocentro, un transporte multimodal, con tren urbano y demás, y todo eso finaliza con un pedido de un nuevo año de prórroga”, cuestionó.

Expuso que dentro de un año tanto oficialismo como oposición estarán en campaña electoral y no será momento para discutir un tema “de tamaña importancia para la ciudad”.

Más allá de la mirada política, Compagnoni enfatizó que el sistema de transporte público de pasajeros debe ser tratado con seriedad y prudencia y por eso como presidente de la comisión de Tránsito y Transporte se comunicó con integrantes de todos los bloques para darle tratamiento al expediente.

Según señaló, todos los sectores se mostraron predispuestos a tratar la prórroga, aunque no hay unanimidad en cuanto a los plazos. “Hay inclusive declaraciones públicas del intendente diciendo que prácticamente tienen todo listo, si es así, pedir un año de prórroga es demasiado”, remarcó.

El edil libertario entendió que el debate se centrará en ese punto: cuánto tiempo se extenderá la prórroga de los actuales contratos.

El expediente podría estar en la próxima sesión, el jueves 23 de julio, aunque recalcó que “la última palabra la tiene el oficialismo, que es quien decide cuándo bajará el expediente al recinto”.

Fuente: Frente al cano.

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