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Reforma laboral: pese al abroquelamiento de los gobernadores, el peronismo enfrenta un escenario de debilidad en Diputados

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El peronismo se abroqueló todo lo que pudo en la antesala del debate por la reforma laboral que tendrá lugar este jueves en la Cámara de Diputados. Hizo lo que pudo en un contexto de divisiones marcadas y gobernadores divididos. Algunos de ellos concentrados en ayudar a Javier Milei en su gestión. Otros plantados para enfrentar sus políticas y sus proyectos de ley.

Los gobernadores peronistas que empezaron a construir un núcleo de poder nuevo el año pasado, lanzaron ayer un duro comunicado, en el que manifestaron su pleno rechazo al proyecto libertario, y le pidieron a las fuerzas políticas opositoras que no acompañen la iniciativa en la tarde de hoy.

La misiva fue firmada por los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Gildo Insfrán (Formosa), Elías Suárez (Santiago del Estero), Ricardo Quintela (La Rioja) y Sergio Ziliotto (La Pampa), que fue el único convocado por la Casa Rosada para intentar acercar posiciones. El pampeano fue contundente y no dio lugar a especulaciones. En la visita al ministro del Interior, Diego Santilli, dejó en claro que no podían contar con su apoyo.

“La legislación laboral debe actualizarse frente a los cambios tecnológicos, productivos y sociales que atraviesan nuestras sociedades. Sin embargo, ninguna reforma puede orientarse al desmantelamiento de derechos conquistados ni a la reducción de protecciones, sino, por el contrario, a reconocer nuevas garantías en un mercado laboral crecientemente inestable”, remarcaron en el comunicado.

Los mandatarios advirtieron también que “la propuesta oficial —presentada como “modernización”— debilita derechos individuales y colectivos en un contexto nacional y mundial de creciente incertidumbre laboral”. En ese sentido, agregaron: “Se impulsa, además, en el marco de una política económica que ha provocado caída de la actividad, retracción del consumo, cierre de empresas y aumento del desempleo y la precarización”. Finalmente, sostuvieron que en este escenario económico, “lejos de resolver los problemas estructurales del empleo, el proyecto los agrava”.

Al abroquelamiento del peronismo le faltará, una vez más, el respaldo de los gobernadores Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Gustavo Sáenz (Salta), quienes van a apoyar al Gobierno. “Nuestra idea es ayudar”, precisó a Infobae uno de los gobernadores que forma el trío peronista, que se ha transformado en un importante aliado táctico de Milei.

Los diputados tucumanos firmaron el dictamen de mayoría de La Libertad Avanza (LLA), al igual que los legisladores de Inovacción Federal, que responden al salteño, quien en los últimos días sostuvo que los legisladores que están alineados a los tres mandatarios no iban a acompañar el artículo 44, sobre las licencias por enfermedades y el descuento del sueldo en esos casos. Artículo que el oficialismo, finalmente, decidió excluir para buscar un consenso más amplio entre los opositores dialoguistas.

Tal vez lo más extraño tenga que ver con lo sucedido un puñado de días atrás, cuando la reforma laboral se trató en el Senado y logró media sanción. En esa oportunidad dos Sandra Mendoza y Guillermo Andrada, legisladores que responden a Jaldo y Jalil votaron en contra, mientras que Flavia Royón, quien está alineada con Sáenz, votó a favor. Ahora, los legisladores tucumanos y catamarqueños tienen la voluntad de apoyar la reforma.

En el día de hoy hay que prestarle atención a quienes se sienten en sus bancas y den quórum. Ese es el mensaje que baja el peronismo por estas horas. Esos movimientos marcarán hasta donde llegaron las negociaciones del oficialismo, que ha buscado votos por todas las terminales opositoras. En el peronismo creen que si hoy los libertarios logran quórum, el camino a la aprobación estará completamente liberado.

“Para estar atentos desde hoy al día de la sesión, esta ley se vota con el culo, no con la mano. Quienes se sienten en el recinto ese día para dar quorum estarán, votando a favor. Que no disimulen. Que no finjan. Que no expliquen. A mirar con atención”, escribió en sus redes sociales la diputada cristinista Teresa García.

Uno de los nombres a los que le apuntan en la interna peronista es al de Alberto Arrúa, diputado misionero y dirigente del PJ provincial. El legislador firmó el dictamen de mayoría y dio una señal anticipada de respaldo. En el cristinismo recuerdan que dos semanas atrás el ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa, lo recibió para intentar acercar posiciones y sumarlo al armado federal que está construyendo Axel Kicillof.

Las rencillas internas del peronismo de la provincia de Buenos Aires se cuelan por cualquier lado, incluso por los debates legislativos. Arrúa fue uno de los dirigentes más critícos que apuntaron contra Cristina Kirchner cuando la ex presidenta, a cargo del PJ Nacional, decidió intervenir el PJ misionero, y desató la furia del peronismo disidente en la provincia.

“Con estos personajes la corren después a CFK, diciendo que hay que ampliar”, se quejaron cerca de la ex presidenta, quien ha intervenido algunos PJ como el de Misiones y Salta, porque legisladores del peronismo de esas provincias acompañaron a Milei en algunas leyes claves como la ley Bases.

El peronismo afronta un escenario de debilidad en la sesión de esta tarde en la Cámara baja. Tiene un panorama muy difícil por delante. Si no logra revertir la situación a través de los aliados tácticos que suelen tener, tratarán de dejar bien expuestos a los legisladores que acompañaron con su voto o con su quórum la iniciativa oficialista.

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La justicia habilitó el cierre definitivo del plan “Volver al Trabajo”, que beneficiaba a 900.000 personas

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La Cámara Federal de San Martín revocó la medida cautelar que obligaba al Estado a mantener los pagos del programa Volver al Trabajo, con lo cual el ministerio de Capital Humano quedó habilitado para discontinuar el programa, que entregaba unja prestación de unos $78.000 a unas 900.000 personas.

El fallo de la cámara anula una decisión previa del juez federal de Campana Adrián González Charvay, quien había ordenado continuar con los pagos tras un amparo colectivo de organizaciones sociales, presentada ante la decisión original del Ejecutivo de dar de baja este plan social.

Tras la decisión, la UTEP denunció que la Cámara Federal de San Martín priorizó la burocracia por encima del carácter alimentario de los programas sociales, cuya prestación –$78.000 mensuales por beneficiario– estaba congelada desde diciembre de 2023, una de las primeras decisiones del gobierno de Javier Milei.

La Cámara priorizó la burocracia de las políticas públicas y las facultades discrecionales del Ejecutivo por sobre el carácter alimentario de los ingresos de las familias más vulnerables”, afirmó la UTEP a través de un comunicado publicado en redes sociales.

“Desde la UTEP denunciamos que este fallo es un golpe criminal contra quienes sostienen la economía popular día a día en los barrios. Calificar este ingreso como una ‘asignación no remunerativa’ por capacitación, desconociendo su carácter alimentario, demuestra una desconexión total con la realidad social”, añadieron.

La organización apuntó con esos argumentos contra el fallo, firmado por los jueces Juan Pablo Salas, Marcos Morán y Marcelo Darío Fernández, porque avaló el planteamiento de Capital Humano en el sentido de que el programa tenía un “vencimiento de 24 meses” y habilitó al Gobierno a reemplazarlo por “vouchers de capacitación” para cada trabajador.

La UTEP denunció que “eliminar por completo el Volver al Trabajo implica empujar directamente a la indigencia a casi un millón de familias que lo usan como complemento indispensable para poner un plato de comida en la mesa”.

Alejandro Gramajo, secretario general de la UTEP, expresó que su organización va a acompañar el 22 de julio “a los jubilados que son un ejemplo de lucha” en su marcha al Congreso, y anticipó que “el 7 de agosto vamos a construir una gran jornada de lucha por Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo”.

Además, recalcó que como parte del plan de lucha de la CGT y las dos CTA la UTEP va a impulsar una movilización, sin fecha aún, “al Ministerio de economía para visibilizar la realidad de las familias”.

Fuente: Agencia DIB.

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Guiño del procurador para prohibir el cobro de tasas municipales en boletas de luz y gas

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La pelea entre los intendentes y el Gobierno en torno al cobro de tasas municipales en las facturas de luz y gas tuvo un nuevo capítulo y quedó más cerca de una resolución final. Es que la Procuración General de la Nación respaldó la decisión del Gobierno de prohibir que las comunas cobren tasas locales a través de las facturas de servicios públicos.

En dos dictámenes firmados en los últimos días, el organismo a cargo de Eduardo Casal concluyó que la medida no vulnera la autonomía municipal y que las comunas conservan la facultad de recaudar esos tributos mediante otros mecanismos. Y en ese sentido recomendó a la Corte Suprema rechazar los planteos judiciales impulsados por las municipalidades de Río Grande y José C. Paz.

Los expedientes analizan la validez de la Resolución 267/2024 de la entonces Secretaría de Industria y Comercio, que estableció que las facturas emitidas por proveedores de bienes y servicios “deberán referirse en forma única y exclusiva al bien o servicio contratado específicamente por el consumidor” y que no podrán contener “sumas o conceptos ajenos” a esa prestación.

La discusión se originó a mediados de 2024, cuando el Gobierno nacional dispuso eliminar de las boletas de luz, gas, agua y otros servicios el cobro de tasas e impuestos municipales que numerosas comunas percibían junto con la factura. Pese a la decisión que impulsó Luis Caputo, varios municipios fueron a la Justicia y obtuvieron fallos a favor. De hecho, la Justicia Federal de San Nicolás declaró la inconstitucionalidad de la resolución.

En este contexto, La Libertad Avanza salió a impulsar más de 100 proyectos en concejos deliberantes para reducir o eliminar tasas en la provincia. Esta medida, le valió una crítica del gobernador Axel Kicillof, quien aseguró que el impacto de las tasas municipales es mínimo medido en términos del PBI.

La resolución del Procurador sobre las tasas

En el caso de Río Grande, la Procuración sostuvo que la resolución fue dictada por la autoridad competente en ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor y que su finalidad fue proteger los derechos de los usuarios previstos en el artículo 42 de la Constitución Nacional. Según el dictamen, la Secretaría de Industria y Comercio estaba habilitada para establecer reglas generales sobre la facturación de los servicios públicos en el marco de las relaciones de consumo. El dictamen también descartó que exista una afectación de la autonomía municipal.

En el expediente iniciado por la Municipalidad de José C. Paz, el procurador agregó otro fundamento vinculado con el régimen eléctrico nacional. Señaló que el servicio de distribución prestado por Edenor se encuentra sometido a regulación federal y recordó que la Ley 24.065, modificada por el Decreto 450/2025, establece que las facturas “no podrán incluir tributos de orden local o cargos ajenos a los bienes y servicios facturados”.

Aunque los dictámenes no son vinculantes, suelen funcionar como una suerte de “recomendación” hacia la Corte Suprema. Si el máximo tribunal adopta el criterio propuesto por la Procuración, quedaría convalidada la potestad del Gobierno nacional.

Fuente: Agencia DIB

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Prórroga de las concesiones: la discusión en el Concejo pasa por el plazo

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El presidente de la comisión de Tránsito y Transporte del Concejo Deliberante, Fernando Compagnoni, afirmó que los sorprendió el ingreso la semana pasada del expediente en el que el Ejecutivo solicita la prórroga de las concesiones del transporte público de pasajeros.

“Nos encontramos con un expediente que vino de un momento a otro con el pedido de prórroga de una concesión ya vencida, ya caída, porque tenía plazo hasta el 1° de julio”, planteó en primer término esta mañana en diálogo con Radio Altos.

Desde una mirada política, el edil de Alianza La Libertad Avanza tildó de nuevo fracaso la necesidad de la gestión de Federico Susbielles de pedir una prórroga de las actuales concesiones debido a que aún no concluyó con el diseño de los pliegos de la nueva licitación del servicio.

“De aquellas famosas 500 páginas en las que se ofrecía una gestión de gobierno (presentado por el entonces candidato a intendente Federico Susbielles durante la campaña electoral de 2023), uno de los pilares era un moderno cambio en el sistema de transporte público que incluía no solo modificaciones en los recorridos, sino un anillo en la periferia y el macrocentro, un transporte multimodal, con tren urbano y demás, y todo eso finaliza con un pedido de un nuevo año de prórroga”, cuestionó.

Expuso que dentro de un año tanto oficialismo como oposición estarán en campaña electoral y no será momento para discutir un tema “de tamaña importancia para la ciudad”.

Más allá de la mirada política, Compagnoni enfatizó que el sistema de transporte público de pasajeros debe ser tratado con seriedad y prudencia y por eso como presidente de la comisión de Tránsito y Transporte se comunicó con integrantes de todos los bloques para darle tratamiento al expediente.

Según señaló, todos los sectores se mostraron predispuestos a tratar la prórroga, aunque no hay unanimidad en cuanto a los plazos. “Hay inclusive declaraciones públicas del intendente diciendo que prácticamente tienen todo listo, si es así, pedir un año de prórroga es demasiado”, remarcó.

El edil libertario entendió que el debate se centrará en ese punto: cuánto tiempo se extenderá la prórroga de los actuales contratos.

El expediente podría estar en la próxima sesión, el jueves 23 de julio, aunque recalcó que “la última palabra la tiene el oficialismo, que es quien decide cuándo bajará el expediente al recinto”.

Fuente: Frente al cano.

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