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Sigue la motosierra: el Gobierno prepara un decreto con un plan de retiros voluntarios para empleados públicos

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En cuestión de días, el Gobierno publicará un decreto que efectivizará un plan de retiros voluntarios para el personal civil de planta permanente, el cual abarcará tanto a los empleados públicos que integran la administración pública nacional centralizada y los organismos desconcentrados.

El objetivo de la medida no es otro que el de continuar reduciendo el número de trabajadores que trabajan en el Poder Ejecutivo y sus dependencias. Una estimación realizada por el propio gobierno arrojó que la actual gestión libertaria redujo en 74.332 personas la dotación entre noviembre de 2023 y agosto de 2026, una baja de 21,6% que incluyó a la administración pública y a las empresas estatales. El Gobierno estimó que la disminución representó un ahorro superior a USD 2.500 millones desde el inicio de la gestión.

Dos funcionarios del Gobierno confirmaron a Infobae que el decreto se publicará en cuestión de días y que ya terminó de confeccionarse y que las inscripciones para los retiros voluntarios arrancarán en noviembre. “Se va a comunicar en breve para que los que estén interesados puedan ir asesorándose”, afirmaron. La información fue revelada primero por la periodista Florencia Donovan de La Nación.

La medida fue trabajada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado que lidera Federico Sturzenegger, ya que es el área competente para la aplicación de medidas vinculadas a las reformas de la dotación estatal. Más específicamente, esas cuestiones competen al Secretario de Transformación del Estado y Función Pública, Maximiliano Fariña, que tiene a su cargo a la subsecretaria de Modernización del Empleo Público, Rosana Reggi, y el subsecretario de Reforma Estatal, Alejandro Tamer.

En el Gobierno esperan que la convocatoria sea amplia y que se anoten, de mínima, más de 1.000 personas. Explican que habrá tres grupos en particular a los que se les orientará el retiro:

  1. Empleados que están en edad para jubilarse y que tengan los años de aportes
  2. Empleados en edad para jubilarse pero a pocos años de cumplir con los aportes necesarios
  3. Empleados más jóvenes pero que quieren irse de la función pública

“A los primeros les permitiríamos iniciar los trámites y facilitar el proceso. A los segundos les puede llegar a servir porque con ese dinero se paga la moratoria y después se jubila. Y quienes todavía no tienen la edad para jubilarse pero se quiere ir, seguramente le sirva llevarse la plata. Para cada uno de estos grupos, el dinero que se va a llevar es diferente, por supuesto”, explica una fuente que vio el decreto.

Milei defendió su política de recorte en la dotación pública una semana atrás durante una entrevista con Bloomberg en Nueva York. Consultado por el aumento de la desocupación, el Presidente se defendió diciendo que “la economía argentina ha generado 520.000 puestos de trabajo y, si uno suma que además echó a 80 mil del sector público, la expansión es de 600 mil”.

Consultado por Infobae, el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, expresó el rechazo sindical que produce la inminente medida: “Para nosotros no existe el retiro voluntario. Se tratan de despidos encubiertos. Son medidas que buscan seguir el achique del Estado y la disminución de la planta del Estado. Desde ATE rechazamos y en el caso de que esto avance y se instrumente de manera generalizada, se alentará a los trabajadores para que no adhieran a cualquier régimen. No descartamos que en la asamblea se apliquen medidas de fuerza para repeler esta posibilidad”.

Asimismo, puntualizó que ya hubo aproximaciones para que se hiciera en organismos como el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), en la Administración de Parques Nacionales (APN), o en el PAMI. Ya se implementaron esquemas similares en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) o en la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES). “No están en condiciones de hacerlo en la administración pública porque depende en cada caso de los convenios colectivos sectoriales y de la Ley de Contrato de Trabajo, así como también la Ley de Empleo Público que rige en cada uno de los organismos”, agregó.

Cabe hacer la distinción. Al menos por lo que se comunicó por vías oficiales -pero de manera informal-, la medida no sería para los organismos descentralizados pero sí para los organismos desconcentrados. Estas últimas son dependencias públicas que pertenecen a la administración central, pero que no tienen personalidad jurídica propia, un aspecto determinante que los diferencia de los primeros.

El programa de retiros voluntarios del INTA ofreció el pago equivalente a 1,5 salarios por cada año de servicio, con topes diferenciados según la edad del trabajador. El INTA contaba a principios de año con 5.750 trabajadores activos y el objetivo oficial era reducir la dotación a un promedio de 4.500 empleados, lo que implicaba una meta de 1.200 desvinculaciones, equivalentes a una baja de alrededor del 21% de la planta. El plazo debió extenderse porque las adhesiones no avanzaban al ritmo esperado y, finalmente, el programa cerró con 905 agentes adheridos, el 75,4% de la meta prevista y el 15,7% de la dotación total. De ese total, 377 ya recibieron la aprobación de su retiro, mientras que otros casos quedaron sujetos a un análisis particular del Consejo Directivo.

Los números del recorte estatal

La revisión de estructuras, los retiros voluntarios y la reorganización del gabinete modificaron el mapa laboral del sector público. Entre julio y agosto de 2026, 1.446 personas dejaron de trabajar para el Gobierno nacional, una contracción mensual de 0,5%.

La dotación estatal total pasó de 343.357 trabajadores en noviembre de 2023 a 269.025 en agosto de 2026. La administración pública nacional concentró 51.218 de esas desvinculaciones, al descender de 233.098 a 181.880 personas, equivalente a una merma de 22%.

Las empresas y sociedades del Estado redujeron su personal de 110.259 a 87.145 trabajadores. Ese bloque perdió 23.114 puestos, un 21% de su planta inicial.

La administración centralizada, integrada por los ministerios, la Presidencia y la Jefatura de Gabinete, registró el recorte proporcional más alto dentro de la administración nacional. Su dotación cayó de 55.858 a 37.543 personas, con 18.315 empleados menos y una reducción de 32,8%.

La administración descentralizada perdió la mayor cantidad de personas en términos absolutos: pasó de 136.763 a 109.988 trabajadores, una baja de 26.775 puestos. La administración desconcentrada se redujo de 24.932 a 21.123 personas, mientras que otros entes descendieron de 15.545 a 13.226.

La reducción más pronunciada en términos porcentuales ocurrió en Télam, reconvertida en Agencia de Publicidad del Estado, cuya planta pasó de 810 a 167 trabajadores: una caída de 79,4%. Educar bajó de 446 a 167 empleados, Contenidos Públicos de 234 a 103 y Casa de Moneda de 1.411 a 694.

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El trabajo silencioso de Bullrich, los plazos electorales que evalúa y el conflicto que evita Javier Milei

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Desde hace algunos meses, cada vez que Patricia Bullrich marcó una diferencia con el resto de la cúpula de La Libertad Avanza o insinuó tener ambiciones de competir por la Presidencia, en el Gobierno, e incluso el propio Javier Milei, buscaron minimizar la situación, negar cualquier tipo de tensión y enfocarse en solucionar el conflicto y fortalecer el vínculo con una de las figuras más fuertes que tiene el oficialismo actualmente, aunque en privado esos gestos molestan y crece la desconfianza.

A mediados de este año, especialmente luego de la salida de Manuel Adorni del Gabinete, a la senadora se la comenzó a mencionar como la posible candidata en la ciudad de Buenos Aires, pero con el tiempo empezó a circular nuevamente la versión de que sería la compañera de fórmula del jefe de Estado el año que viene.

“Sin comentarios”, le responde ella a su círculo íntimo cada vez que le consultan si le entusiasma esa idea de estar en la boleta como aspirante a vice, lo cual la mantendría dentro de la Cámara alta que ya conoce, aunque con un rol más importante.

El objetivo de la dirigente es claro: quiere llegar a lo más alto del Poder Ejecutivo para continuar con el proceso de apertura económica, ordenamiento de la macro y reformas que comenzó Milei, aunque evita especificar a partir de cuándo.

“Nunca pensé que tuviera aspiraciones presidenciales inmediatas. Ella dijo ‘en el 2031′, fue muy clara. No sé por qué lo distorsionan tanto”, sostuvo a Infobae una persona de extrema confianza del líder libertario.

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Economía y ley de Tierras: el Gobierno, frente a los daños por sus propios giros y un discurso sin límites

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Mensajes en las redes, un nuevo viaje internacional, platea de empresarios: todo vale para exponer un discurso que oscila entre el reciclado de promesas de bienestar y un discurso sin límites que atribuye a la acción de enemigos los datos de la economía que deshacen pronósticos anteriores. En proceso acelerado de campaña, con indisimulables internas que juegan en contra, Javier Milei marca los picos de la línea libertaria, que difunden -y en algunos casos amplifican- funcionarios, legisladores y tuiteros. El discurso incluye ya sin vueltas un corrimiento de plazos para las promesas económicas, acompañado por una profundización del relato sobre intentos desestabilizadores -sin soporte, algo agravado porque es dicho desde el máximo escalón del Gobierno- y algunos giros que también enredan al oficialismo.

En ese último sentido, el más reciente sacudón fue producido por una inesperada decisión de la Corte Suprema de Justicia que, al rechazar un amparo de ex combatientes de Malvinas -ingrediente significativo en el actual contexto-, dejó vigente el artículo del decreto presidencial que permite la venta de tierras a extranjeros sin límite alguno. El cambio de clima político/social explica en buena medida el impacto. Pasaron casi tres años desde la presentación de aquél recurso y más de dos desde la primera resolución judicial favorable. Otros momentos. En todo caso, ese artículo en particular no asomaba como el principal foco de tensión por el famoso DNU 70.

El punto es que en los últimos meses, especialmente después de la bandera por Malvinas en el Mundial, la cuestión de la soberanía fue creciendo en el temario público. Existen consideraciones diferentes entre consultores sobre la intensidad del hecho, pero está claro que todo vuelve a ir de la mano con las prevenciones sobre su uso político. Y el agregado significativo es que en el caso del mileismo, no representa una línea sino un giro. También, en las consideraciones más amplias sobre la cuestión de la soberanía.

La movida en este terreno fue atribuida por entero a Santiago Caputo, que, en lo personal, habría recuperado terreno doméstico frente a Karina Milei. La primera señal estuvo alimentada por el imaginario -más amplio que lo estrictamente futbolero, pero asociado a la huella mundialista- sobre una enorme y organizada campaña antiargentina. El Gobierno había quedado descolocado frente a la repercusión del episodio del “trapo” con la leyenda por Malvinas que bajó de una tribuna y terminó desplegado por jugadores de la Selección.

El Presidente avanzó entonces en la nueva línea. Se hizo cargo personalmente de potenciar el tema: llegó a acusar directamente a Brasil y apuntó con menos intensidad a México. En el primer caso, fue otra señal de su apuesta directa en la campaña brasileña: este domingo se enfrentan en primera vuelta Lula da Silva y Flávio Bolsonaro.

Como sea, y por variados intereses propios -no sólo la apuesta regional alineada con Donald Trump-, el oficialismo colaboró con el clima que se venía insinuando. Curioso, tal vez no lo advirtió cuando, a contramano, se cerró en la intención de avanzar sin cambios con el proyecto original de la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que incluía entre otros puntos sensibles la venta de tierras a personas y capitales extranjeros. Hizo más que ruido y afectó las alianzas en el Congreso. Finalmente, el Gobierno debió aceptar en el Senado la poda de ese capítulo -también de Manejo del Fuego- para aprobar la iniciativa. El debate había quedado dominado por la ley de Tierras.

Por entonces, y en medio de los cruces con los críticos del proyecto -no sólo opositores duros, sino una amplia gama de espacios no libertarios-, Pablo Quirno dejó una frase con posterior eco político: dijo que el concepto de soberanía territorial era “anticuado”. Resultó un punto de arrastre para el canciller por la sucesión cronológica de los hechos: aquella votación del Senado fue el 7 de agosto y menos de un mes después, el 3 de septiembre, Milei realizaba la cadena nacional por Malvinas.

Está claro que todos tomaron nota de lo ocurrido en el terreno legislativo y, además, el recorrido violeta siguió adelante. Esa combinación de política y clima más amplio alimenta ahora el oleaje generado por la referida decisión de la Corte, al punto que el propio tribunal decidió difundir una comunicado –algo inusual– para explicar que no se pronunció sobre la cuestión de fondo. Dijo que rechazó el amparo por una cuestión de legitimidad de los impulsores -con criterio restrictivo, según sus críticos- y que siguen abiertas instancias judiciales, además del camino legislativo.

El segundo síntoma lo constituye la incomodidad del Gobierno, que queda otra vez frente a un tema que ya le produjo costos y enfrenta una inesperada alteración de sus planes legislativos. La oposición volvió a apuntar contra el DNU y decidió impulsar una sesión especial en Diputados para mediados de este mes. La suerte de esa movida es un interrogante. Pero alcanza para que el oficialismo analice alternativas. Necesita sumar aliados y provinciales detrás de alguna propuesta que deje de lado el artículo 154 de aquel decreto presidencial. Por ahora, ideas variadas: impulsar una nueva ley, retomar el texto de propiedad privada con cambios, incluir el tema en el texto de la ley por Malvinas.

Los tiempos corren y en el plano judicial, para salvar el límite marcado por la Corte, asoman posibles jugadores legítimos. Puede ser alguna provincia en manos de gobernadores que no suelen responder a Olivos. Y también, legisladores. Por lo pronto, ya lo hicieron Miguel Angel Pichetto y Nicolás Massot, que dejaron planteada la intención de recurrir directamente a la Corte si se demora la primera instancia judicial.

No es este el único que coloca a la gestión libertaria frente a contradicciones en su propio discurso. Es notable en materia económica. Y lo exponen Milei y Luis Caputo, protagonistas centrales de esta especie de costo autoprovocado en materia narrativa. El Presidente viene utilizando hasta escenarios internacionales para tratar de sostener el viraje en sus pronósticos, considerados al menos inoportunos en filas propias.

El ejemplo más notorio tiene que ver con la evolución de la economía, que alguna vez el Presidente graficó con una frase soez sobre la velocidad del crecimiento. Y que el ministro definió, en abril, como el inicio de los “mejores” dieciocho meses de la economía. Cambiaron los tiempos y también las condiciones que demandaría ese vuelco. Primero desde Nueva York y esta semana desde París, Milei ató todo al resultado de los comicios del año que viene. “Si somos reeelectos, el 2028 será el mejor año económico de la historia argentina”, dijo.

Pero no sólo eso. En la mirada de Olivos, los problemas tienen origen ajeno. Y los cambios de proyecciones -por ejemplo, la inflación con un cero adelante- son atribuidos a movimientos desestabilizadores. Milei repitió en estos días que enfrentó siete intentos de golpe, cuarenta proyectos en contra del equilibrio fiscal y hasta apuestas de algunos operadores de los mercados. Agregó otro ingrediente: “Gente haciendo actos terroristas en la calle”. Eso último, asociado a sus dichos sobre la expulsión o freno unos treinta mil “terroristas” que pretendían ingresar al país.

Está claro que ese cuadro carece de datos que lo sostengan. Asoma como parte de la acelerada carrera electoral, jugada desde el primer día a la polarización extrema con el kirchnerismo: una batalla que no deje espacio para ninguna propuesta diferente. Es una estrategia básica, con pinceladas cada vez más visibles de lo que suele calificarse como “campaña del miedo”.

“El kirchnerismo es el infierno y Kicillof es el anticristo”, llegó a anatematizar Luis Caputo. ¿Suma o resta con ese tipo de declaraciones? La respuesta asoma en el doble ensayo de hacer campaña en esos términos y transmitir un mensaje de otro tono al mundo empresarial. Resulta difícil el intento de hacer equilibrio entre alarmar sobre riesgos ciertos de un triunfo opositor y, al mismo tiempo, negar esa posibilidad para no generar un efecto contractivo.

Ese es un riesgo. Y en cualquier caso, efecto directo de los giros y desmesuras del discurso. No se trata sólo de una cuestión de estilo.

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Con los números ajustados para el quórum, la oposición apela a la presión social para derogar el DNU 70

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“Dependemos del clima social para empujar a algunos bloques”. A dos semanas de la sesión especial en la que se tratará la derogación del mega DNU 70, la emergencia en discapacidad y los proyectos sobre mora y endeudamiento, la oposición todavía está lejos de tener el quórum garantizado y varios bloques provinciales especulan con su silencio.

Al igual que sucederá con otros debates clave, como la eliminación de las PASO y el Presupuesto 2027, los gobernadores -especialmente los del norte- tendrán la palabra final. Pero muchos de ellos estuvieron recorriendo París junto al presidente Milei y en las filas del oficialismo reina el optimismo.

“No tienen los números, de ninguna forma”, calculan los libertarios. La convocatoria estuvo respaldada por Unión por la Patria (92), un sector de Provincias Unidas (8), el Frente de Izquierda (4), Primero San Luis (2), la Coalición Cívica (2), Encuentro Federal (2), Defendamos Córdoba (1) y Coherencia (1). Una base de 112 a la cual los más optimistas suman tres diputados misioneros de Argentina Federal y otros cinco cordobeses de Provincias Unidas que responden al gobernador Martín Llaryora. “Están complicados para no dar quórum porque la senadora Vigo -del mismo espacio- estuvo muy activa con el tema de la venta de tierras y en Córdoba la movilización fue tremenda”, señalaron.

Por su parte, el oficialismo también ronda las 120 voluntades: La Libertad Avanza (95), PRO (12), UCR (6), MID (2), Producción y Trabajo (2), Por Santa Cruz (1), La Neuquinidad (1) y Adelante Buenos Aires (1).

Ante este panorama, los votos definitorios serán los de Independencia (3), que responden directamente al gobernador de Tucumán Osvaldo Jaldo, Elijo Catamarca (3), con terminal en Raúl Jalil, y Argentina Federal (5), donde pisa fuerte el salteño Gustavo Sáenz. Por eso en la oposición observaron con preocupación el clima amistoso y las selfies que Jaldo y Sáenz se tomaron con Milei y Luis Caputo en París, durante la Argentina Week. “¿Vos pensas que los que están en Francia con Milei van a volver para ir en contra del Gobierno?”, planteó un diputado que ponía en duda que la oposición llegue al quórum.

Si bien los libertarios aclaran que la estrategia parlamentaria se terminará de definir el próximo martes en la reunión de la Mesa Política, entre las opciones disponibles se destacan volver a incluir un capítulo de Tierras en la ley de Propiedad Privada que tuvo media sanción del Senado o presentar un texto aparte que se trataría en una eventual sesión el 21 de octubre, junto a los proyectos de endeudamiento y discapacidad.

El oficialismo consiguió quedarse con los dictámenes de mayoría tanto en endeudamiento como en discapacidad y con algunas concesiones podría asegurarse una mayoría en ambos temas, esto también serviría para desinflar la sesión opositora.

De hecho, entre los bloques que apoyaron con disidencias la propuesta de LLA en Discapacidad no ocultaban su enojo con la oposición más dura por haber mezclado los temas en una misma sesión. “Están usando una causa noble para asegurarse el quórum”, lamentaron.

Por otro lado, los libertarios consideran que la discusión sobre la venta de tierras a extranjeros perderá intensidad a raíz de una novedad anunciada por el Gobierno desde Francia.

Según explicaron, el Programa de Ciudadanía por Inversión de Argentina, a través del cual los extranjeros que acrediten haber realizado inversiones relevantes en el país podrán solicitar la ciudadanía argentina, hace que la ley de tierras “no tenga sentido”.

Esta iniciativa, presentada por Luis Caputo y Diego Santilli durante un encuentro de Argentina Week, habilitará trámites desde el cuarto trimestre de 2026 y destinará los recursos recaudados a reforzar la posición fiscal y financiera nacional. Quienes completen el trámite también obtendrán el pasaporte argentino.

Los solicitantes podrán optar entre realizar un aporte directo, no reembolsable, al Tesoro Nacional de USD 350.000 o suscribir un título público a tasa cero creado específicamente para el programa por USD 800.000.

“Con esta medida cualquier extranjero podría tener nuestra ciudadanía y comprar tierra de manera ilimitada. Además le significará un problema a los argentinos que viajen a Europa. La Unión Europea ya había advertido que de suceder esto, impondría un visado a los argentinos, porque nacionalidades que hoy no pueden entrar sin visa a Europa, lo podrían hacer comprando nuestra ciudadanía”, publicó en sus redes sociales la diputada peronista Florencia Carignano, ex directora nacional de Migraciones.

A partir de este martes, el oficialismo comenzará a mostrar sus cartas y la oposición enfrentará el desafío de mantener el tema candente en la opinión pública para fomentar la movilización social.

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