*Por Carlos Heller. Diputado nacional por el Frente de Todos y presidente del Partido Solidario.

Luego de participar en la Cumbre Iberoamericana en República Dominicana y de reunirse en Washington con el presidente de los Estados Unidos, Joseph Biden, el primer mandatario argentino, Alberto Fernández, afirmó: “estos viajes sirven para entender lo que pasa en el mundo y cuánta conexión hay entre los conflictos internacionales y la política local. La verdad es que la influencia de lo global en la suerte de los países es cada día más grande (…). La globalización terminó promoviendo un capitalismo financiero que, trabajando sobre la base de los derivados financieros, generó la crisis de 2008 y ahora otra que no sabemos hasta dónde va a llegar”.

De regreso al país, el Presidente informó que su colega estadounidense se comprometió a apoyar las demandas de la Argentina ante los organismos internacionales de crédito dado, entre otras razones, el impacto de la sequía en la economía de nuestro país.

Finalmente, el Directorio del FMI aprobó este viernes la cuarta revisión del acuerdo con la Argentina y, de ese modo, el gobierno cerró con éxito las recientes negociaciones con el organismo internacional de crédito. El acuerdo viene acompañado por un desembolso inmediato de U$S 5.400 millones. La decisión flexibiliza la meta de acumulación de Reservas Internacionales a la que Argentina se había comprometido, la que se ha vuelto imposible debido a la peor sequía en 60 años.

Cuando se firmó el acuerdo en marzo de 2022, se incluyó en el memorándum un párrafo que afirma: “nuestro escenario base está sujeto a importantes incertidumbres, lo que implica que es posible que las políticas tengan que recalibrarse según corresponda (…). Los shocks relacionados con el clima podrían afectar nuestras exportaciones, con repercusiones negativas en la entrada de divisas y los ingresos fiscales”. Esta cláusula abrió la posibilidad de que la Argentina pidiera la revisión sobre la acumulación de Reservas.

En paralelo, el miércoles pasado el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, expuso su primer informe de gestión ante la Cámara de Diputados de la Nación.

En su intervención, se refirió a los discursos de odio y, más específicamente, al atentado contra Cristina Fernández de Kirchner: “El intento de magnicidio de la Vicepresidenta es un acto de violencia política que hubiese merecido una respuesta más contundente de la totalidad de la dirigencia política”. Y agregó que el intento de asesinato “no fue producto de la casualidad” y que “para que haya existido alguien que le pusiera un revólver en la cabeza tuvo que existir antes una campaña de discursos de odio”.

Luego se refirió, entre otros temas, a la inflación: “Voy a hablar de la inflación. Esa que Macri iba a resolver en cinco minutos. No la resolvió. La dejó en 54 por ciento”.

Cuando en esa misma sesión me tocó intervenir me concentré, entre otros ejes, en complementar lo que había señalado el jefe de ministros sobre la inflación y sus causas.

Destaqué que la emisión monetaria entre febrero del año pasado y febrero de este año llegó al 39,76%, bastante menos que la mitad de la inflación. Paralelamente, el tipo de cambio oficial, el que se utiliza para las operaciones de comercio exterior, se incrementó en un 80,5% interanual, también por detrás de la inflación. El dólar ilegal, en tanto, aumentó un 78,6%, menos que el oficial, a pesar del bombardeo mediático que atiza su permanente suba. Lamentablemente, los salarios tampoco le pudieron ganar a la inflación y las tarifas aumentaron por debajo del incremento del resto de los precios. Es decir: ni la emisión monetaria, ni el tipo de cambio, ni los salarios, ni las tarifas actuaron como causantes del proceso inflacionario. Las causas restantes son la puja distributiva y la especulación. En una economía que crece, la torta a distribuir también crece y la pelea por esas porciones más grandes se produce a través del aumento de los precios.

A continuación, me referí al canje de bonos en dólares de la Anses a bonos en pesos. Sostuve que más del 50% del gasto previsional en la Argentina es cubierto con impuestos. De todo lo que la ciudadanía aporta con sus tributos, una parte se destina a sostener un sistema previsional que no es sustentable en sí mismo. Son muchas las razones de esa no sustentabilidad: entre otras, el aumento del promedio de vida de la población y la disminución de la cantidad de trabajadores activos con relación a los pasivos. No sucede sólo en la Argentina. Es un fenómeno global.

La mayor sustentabilidad del sistema previsional reside en que el país siga creciendo y, consecuentemente, siga aumentando sus ingresos. Si sucediera lo contrario, el sistema previsional colapsaría. No por el canje de bonos sino por la insostenibilidad de las políticas públicas que no garantizan los recursos fiscales para hacer sustentable al sistema. En ese marco, algunos referentes de la oposición señalan que van a recortar drásticamente el gasto previsional para, de ese modo, hacer posibles las bajas de impuestos que proponen. No se pueden bajar impuestos sin recortar gastos. Y, en la Argentina, no se puede recortar gastos sin afectar el sistema previsional. No hay mayor sustentabilidad para el sistema previsional que una economía en crecimiento, que produzca empleo de calidad y que aumente los ingresos. Si hoy el país no tuviera altos grados de informalidad, no tendría los problemas fiscales que tiene.

En otro orden de cosas, la Cámara de Diputados aprobó y envió al Senado esta semana, entre otros proyectos, el Fortalecimiento de la Justicia Penal Federal en la provincia de Santa Fe para acelerar las causas contra el narcotráfico. La iniciativa crea 27 fiscalías federales, 15 de ellas en Rosario, 9 defensorías y 6 juzgados federales, así como otros 6 cargos de juez penal federal.

También dio media sanción a la creación de un régimen simplificado y cambiario para pequeños contribuyentes tecnológicos que fue enviado para su consideración al Senado. El proyecto de ley propone un nuevo esquema tributario para que los y las profesionales que facturan en dólares en pequeñas escalas puedan cobrar sus trabajos en esa moneda. De este modo, la ley permite incorporar al mercado formal a muchos profesionales argentinos, en general jóvenes, que hoy están fuera del sistema registrado.

En un contexto en donde los altos índices de pobreza e indigencia continúan siendo una herida abierta para todo el sistema político, el gobierno batalla en todos los frentes impulsando y debatiendo políticas que les mejoren la vida a los argentinos y las argentinas.

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