Este jueves, a partir de las 15, tendrá lugar una sesión clave en el Senado bonaerense para confirmar si existe una tregua entre el Axel Kicillof y la familia Kirchner, que empezó con las negociaciones para la articulación del nuevo PJ Bonaerense y que siguió durante los últimos días, en formato de diálogo y sin ruido de guerra, donde se buscó acordar las autoridades de la Cámara alta de la provincia de Buenos Aires.

Hay cuatro puestos importantes que están encima de la mesa política en la que se intentan gestionar acuerdos: la vicepresidencia primera, las secretarias administrativa y legislativa, y la jefatura del bloque peronista. Además, deben ordenarse las otras cinco vicepresidencias, pero no tienen el peso específico que el resto de los cargos.

Kicillof quiere quedarse con la vicepresidencia primera a toda costa. Es un hueso que no tiene pensado soltar, lo que demuestra, una vez más y al igual que en la negociación por el PJ, que el kicillofismo, aglutinado en el Movimiento al Futuro (MDF), ha decidido imponer condiciones en base a su peso territorial y el rol que el Gobernador ha tomado, abriendo paso a la construcción de una candidatura presidencial.

“Falta una alternativa y es una obligación nuestra organizarla”, sostuvo el mandatario bonaerense durante una entrevista en el streaming Cenital. Además, dejó en claro su vocación de competir en las próximas elecciones nacionales: “Yo no estoy diciendo vengan todos y vótenme a mí, es un momento de construcción. Yo estoy dispuesto”. Kicillof ya movió las primeras fichas del tablero 2027.

El Gobernador juega cada día un poco más fuerte. Sin perder su ritmo, menos vertiginoso que el de otras figuras políticas, pero con una tenacidad superior a la que ha tenido un puñado de años atrás. Desde que decidió despojarse de la conducción política de Cristina Kirchner, empezó a dar peleas más intensas y corrosivas con el cristinismo, con el objetivo central de consolidar su liderazgo y alejarse de los condicionamientos del kirchnerismo.

En La Plata dan por descontado que la conducción del bloque peronista quedará en poder de La Cámpora y que pueden perder el control de una de las secretarias. Durante todo el día de ayer no hubo acuerdo. A partir de la media mañana se intensificarán las conversaciones para lograr un acercamiento y sellar la continuidad de la tregua.

Kicillof construye poder en distintos puntos cardinales de la política bonaerense. En la Legislatura le ha costado hacer pie. Tal es así que las autoridades en la Cámara de Diputados están repartidas entre el cristinismo y el massismo. La presidencia es de Alejandro Dichiara, cercano a CFK, y la vicepresidencia pertenece a Alexis Guerrera, del Frente Renovador de Sergio Massa. La conducción del bloque está en manos del camporista Facundo Tignanelli. El Gobernador no tiene peso en la Cámara baja.

En esta negociación que se llevó adelante por las autoridades del Senado, el kicillofismo bloqueó con decisión el desembarco del intendente – en uso de licencia – de José C. Paz, Mario Ishii, que tiene el aval del cristinismo para ocupar un lugar importante en el esquema de sucesión que enlaza el Poder Ejecutivo con el Poder Legislativo.

Para ese lugar promocionó a la senadora de Bahía Blanca Ayelén Durand. En el kicillofismo piensan que La Cámpora pelea por ese lugar para “hacer alguna maldad” ante un hipotético corrimiento de las autoridades. “Si Axel se toma licencia el año que viene por una eventual campaña electoral, Verónica (Magario) tiene que asumir su rol y la conducción del Senado tiene que quedar en manos de alguien que responda al gobernador”, argumentaron cerca del mandatario provincial.

Kicillof piensa en el futuro inmediato anclado en la desconfianza que tiene su relación con La Cámpora. Ya no habla directamente con Cristina y Máximo Kirchner. Esos vínculos están rotos y solo son activados en casos muy específicos de negociación política. Si el peronismo termina teniendo a Kicillof como candidato a presidente, la relación con el cristinismo será un tema a resolver para construir un proyecto político consistente.

Ayer, durante una entrevista en Infobae en vivo, el jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, dejó en claro, una vez más, cuál es la postura en La Plata. “Hay un problema de conducción, hay un problema de fragmentación. Esto es real, es visible, se ve todos los días en los diarios, en la tele”, afirmó el funcionario.

“No podemos estar echándole la culpa a otro todo el tiempo, los peronistas. Nos tenemos que hacer cargo de esta situación, de que somos hoy una fuerza que está en fragmentación, entender eso y construir con todos, con todos los sectores”, precisó durante la entrevista. Esa idea expresada por Bianco marca dos líneas de pensamiento que hay en el kicillofismo: la discusión en el peronismo nacional es totalmente horizontal y, para Kicillof y sus leales, el ciclo de CFK está terminado.

El artículo 44 relativo a la modificación de las licencias médicas, incorporado y posteriormente excluido de la reforma laboral, continúa oficiando de parteaguas en las filas oficialistas. Luego de que el presidente previsional del Senado, Bartolomé Abdala, anticipara en Infobae en Vivo que el Gobierno Nacional planeaba insistir con el tratamiento de un proyecto que ponga en debate el pago de las licencias médicas durante las sesiones ordinarias, en Casa Rosada desacreditaron su versión y aseguraron que no está en los planes del presidente Javier Milei para el año legislativo.

“Nunca fue una determinación del Poder Ejecutivo. No hay posibilidad”, planteó una importante fuente con acceso al despacho presidencial. Al menos tres integrantes de la mesa política coincidieron en la determinación el día después de que el senador hiciera públicos los deseos del bloque para este 2026.

Lo cierto es que la inclusión a último momento del artículo, que habilitaba la reducción del salario de hasta el 50% por licencias, en la redacción de la reforma laboral dio lugar a una serie de debates internos que fueron sintetizados con la posterior eliminación del item, a pedido de los legisladores aliados, para avanzar en la media sanción del proyecto en la Cámara de Diputados en cumplimiento de las voluntades del mandatario libertario. En un gesto poco habitual, la mesa política que coordina el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, resolvió dejarlo afuera pese a haber conquistado la aprobación del Senado.

Tras una primera instancia de desconocimiento colectivo, en Balcarce 50 señalaron al ministro del Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzengger, como el principal responsable de haber sumado el artículo al proyecto enviado por el Ejecutivo, pero con las horas los cañones fueron direccionados a la titular del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, quien logró hacer pasar el polémico artículo durante la sesión de la Cámara de Senadores.

A la espera de revalidar la modificación nuevamente este viernes tras la aprobación de las dos cámaras, la exministra de Seguridad hizo eco de la situación al admitir que la administración libertaria se hacía “cargo del error” que -aseguró- pasó por la Secretaría de Legal y Ténica a cargo de María Ibarzabal Murphy. La apreciación fue rechazada por un alfil libertario al tanto de la cronología: “Legal y Técnica estaba en contra de sumarlo. Se dijo mucho, pero incluso la Secretaría alertó que iba a generar la polémica que generó”, retrucó ante este medio.

En la previa a la sesión de este viernes, Bartolomé Abdala garantizó que con el correr del año la Casa Rosada insitiría en “corregir el tema” para revisar si los trabajadores mantendrían el derecho a cobrar la totalidad de su sueldo ante un accidente o una enfermedad no relacionada con su empleo. “Para nosotros también es importante que las licencias exageradas, abusivas, como son algunas que se sufren tanto en lo privado como en el sector público. Los certificados médicos truchos. Hay que hacer algo”, explicó.

Este medio consultó a una fuente inobjetable del círculo del mandatario al respecto que no solo negó la posibilidad sino que además desacreditó al legislador violeta. “Abdala no es una referencia”, sentenció horas más tarde de que el Senado lo ratificara como presidente previsional de la cámara. Sin embargo, hay quienes creen que detrás del blanqueo del senador se esconde la voluntad expresa de Patricia Bullrich de insistir con la determinación.

“No entiendo por qué pagaríamos nuevamente ese costo político. En la justificación, Patricia había dicho que había quedado mal redactado, lo que pervertía el espíritu de lo que se había pensado. Al principio intentó que fuera un cambio, no derogarlo, no fue viable porque no salía la ley”, desarrolló otra voz del ecosistema libertario, y completó: “Se podría intentar trabajar en esa redacción. La veo difícil, con la polémica que se armó, con esta composición de la cámara. En el Senado puede pasar, pero se nota que los números en Diputados no están finos”.

A la espera del tratamiento de mañana sobre la reforma laboral y el Régimen Penal Juvenil, el pleno del Senado realizará hoy su penúltima sesión extraordinaria para sancionar el acuerdo Mercosur-Unión Europea y aprobar las modificaciones a la vigente ley de glaciares, la cual deberá ser girada luego a Diputados.

El encuentro, citado para las 11, comenzará con la discusión del pliego que propone al exdiputado libertario Fernando Iglesias como embajador -político- argentino en Bélgica y la Unión Europea. Previo a ello no se descartan cuestiones de privilegio desde la oposición y, como suele ocurrir, algún homenaje.

Bajo un juego que rozó el secretismo durante varias semanas, el dictamen de mayoría -firmado en diciembre pasado- sobre la ley de glaciares es el que presenta más interrogantes a la hora de la votación. Según un sondeo realizado por Infobae, hasta anoche proyectaba que varias bancadas se dividirán, llegado el momento de la definición.

Algo que sí podría derivar en curioso e interesante, ante un eventual empate, es que tuviera que inclinar la balanza la vicepresidenta y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel, siempre y cuando esté presente en el recinto. “Creemos que eso, por suerte, no ocurrirá”, respondieron a este medio desde La Libertad Avanza. En algunas horas se comprobará.

Un artículo observado por algunos espacios es el séptimo del despacho, que permite a cada provincia determinar la autoridad de aplicación -salvo áreas protegidas por la ley 22.351, de Parques Nacionales-, que estará encargada de identificar, “basándose en elementos técnico-científicos, los glaciares y el ambiente periglacial ubicados en su territorio que cumplan con alguna de las funciones hídricas previstas” en la norma, es decir, que “actúen como reservas estratégicas de recursos hídricos o como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas”.

Quienes defienden la norma recuerdan que los recursos son de los distritos -únicos dueños- y desestiman vicios futuros, como suele pasar. Todo esto se desarrolla tras meses de decisiones del Gobierno libertario para conseguir -junto a gobernadores- inversiones mega millonarias para la Argentina, con todo lo que ello implica para reactivar la economía. En dicha área, los procesos son extensos, no inmediatos.

En tanto, los que defenestran el proyecto desde lo ambiental critican el poder que tendrá cada mandatario local para influir ante el interés de empresas. Y, en las últimas horas, insistieron en otro punto: el articulado chocaría con pautas escritas en el convenio Mercosur-Unión Europea.

A diferencia de otras iniciativas, el tratado entre el Mercosur y la UE no puede sufrir modificaciones. Debe ser validado o rechazado en su totalidad, lo que simplifica la discusión. Cuando el Poder Ejecutivo lo sumó al temario de las sesiones extraordinarias, explicaron que el objetivo es que Argentina sea el primer país de la región en ratificarlo parlamentariamente para aventajar a sus socios regionales.

Esto se debe a que el mismo se divide en una parte política y otra económica. La primera quedó frenada, debido a que el Parlamento Europeo lo remitió al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que revise su compatibilidad con los convenios comunitarios. Esta decisión fue interpretada como un revés, ya que se deberá aguardar hasta que dichos magistrados lleguen a una conclusión, lo que podría demorar el proceso hasta dos años.

Sin embargo, las facultades para avanzar con algunos procesos de integración económica ya fueron delegadas en el Consejo Europeo y éste comenzaría a negociar con las naciones que ratifiquen el tratado, por ejemplo, para ser los primeros en cubrir cuotas de exportación de carne. Tanto Brasil como Uruguay enviaron todo al Congreso y aceleran también para llegar activar, cuanto antes, los beneficios del nuevo sistema.