En medio de la reestructuración del Gobierno nacional tras la salida de Manuel Adorni, el Ejecutivo nombró a tres funcionarios que ocuparán roles claves en la Jefatura de Gabinete, así como en los ministerios de Seguridad Nacional y Justicia.

El primero en ser designado fue Gonzalo Martín Del Huerto, quien se encargará de la Subsecretaría de Relaciones Parlamentarias en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros. La medida fue oficializada por el Decreto 668/2026 publicado hoy en el Boletín Oficial.

De acuerdo con lo dispuesto, su nombramiento responde a la necesidad de fortalecer la articulación institucional entre el Poder Ejecutivo y el Congreso de la Nación, para facilitar el tratamiento de iniciativas impulsadas por el Ejecutivo y promoviendo el diálogo entre bloques parlamentarios.

En tanto, a través del Decreto 663/2026, el Gobierno nacional designó al abogado Matías Axel Manfredi al frente de la Subsecretaría de Relaciones con el Poder Judicial y la Comunidad Académica de la Secretaría de Justicia del Ministerio de Justicia.

Manfredi fue nombrado para desempeñar funciones en una subsecretaría que tiene como misión central la articulación y coordinación de vínculos entre el Ministerio de Justicia, el Poder Judicial y el ámbito académico.

La decisión responde a la necesidad de fortalecer los canales de diálogo y cooperación entre el Ejecutivo y los actores del sistema judicial, así como con universidades y centros académicos dedicados al estudio y la investigación en materias jurídicas. La Subsecretaría de Relaciones con el Poder Judicial y la Comunidad Académica cumple un rol clave en la construcción de consensos y la elaboración de propuestas que requieren el aporte de diferentes sectores.

Entre sus funciones principales se encuentra la gestión de asuntos vinculados a la cooperación interinstitucional, la promoción de actividades académicas conjuntas y el seguimiento de iniciativas que requieran la participación de operadores judiciales y miembros de la comunidad universitaria.

Finalmente, a partir del 24 de junio de 2026, el Gobierno nacional dispuso la designación de Enrique Braun de Corral en el cargo de subsecretario de Articulación Federal, del Ministerio de Seguridad Nacional.

Braun de Corral asumirá las funciones en una área estratégica para la coordinación y vinculación entre las distintas jurisdicciones y el Estado nacional en materia de seguridad pública.

La designación responde a la necesidad de fortalecer los mecanismos de articulación federal en el ámbito de la seguridad, promoviendo el trabajo conjunto entre el Ministerio y las autoridades provinciales y locales.

El subsecretario de Articulación Federal tiene como responsabilidad principal la gestión de políticas y programas orientados a mejorar la cooperación interjurisdiccional y optimizar la implementación de estrategias de prevención y respuesta frente a situaciones de riesgo.

La incorporación de Braun de Corral apunta a reforzar la capacidad operativa del área y mejorar la respuesta institucional ante hechos que demandan intervención conjunta.

Y su llegada se formaliza en el marco del fortalecimiento institucional promovido desde el Ministerio de Seguridad Nacional, con la expectativa de optimizar la articulación entre los diferentes niveles de gobierno y mejorar la capacidad de respuesta ante los desafíos que presenta el escenario de la seguridad pública en todo el país.

Pasada la convulsión que generó el caso Adorni, el Gobierno definió las tres claves con las que busca marcar la segunda mitad del año: avanzar en la sanción de la mayor cantidad posible de proyectos de ley enviados al Congreso, profundizar el operativo reelección de Javier Milei rumbo a 2027, ya lanzado, y fortalecer el vínculo con las provincias aliadas, según expresó a Infobae una fuente oficialista.

“Para el segundo semestre impera una lógica legislativa y la definición político-electoral previa a 2027. La mesa política tiene discusión en función del tema”, sintetizó un integrante de la mesa política para definir las prioridades del Poder Ejecutivo para los próximos meses.

La Casa Rosada ordena los planes para, tras el “reseteo” del Gabinete, como lo llaman, encontrar el equilibrio necesario que le permita cumplir con todos los objetivos trazados sin tener que declinar ninguno. “El desafío es ver cómo amalgamamos los intereses del partido con la política que implementaremos en el vínculo con los aliados”, se sinceró una voz oficial.

La hoja de ruta diseñada por la administración libertaria apuesta a avanzar en la aprobación de la mayor cantidad de leyes necesarias para dar lugar al “año más reformista de la historia”, que prometió el presidente Javier Milei el 1° de marzo en el marco de la Asamblea Legislativa. “Trabajamos en una agenda de reformas con el Presidente a la cabeza. Es un Gobierno que tiene la libido puesta ahí”, graficó un funcionario en tema.

Con el Congreso en pleno receso invernal, el Poder Ejecutivo tiene pendiente el envío de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, en la que trabaja el propio Milei y que presentará el jueves en cadena nacional, pero además los proyectos de Inviolabilidad de la Propiedad Privada e Inocencia Fiscal II, un paquete de proyectos económicos y la tan ansiada reforma electoral, clave para consolidar los planes electorales, pero aún sin los apoyos suficientes.

En la búsqueda de los respaldos necesarios para la sanción de los proyectos previstos para este año figura el vínculo del oficialismo con las provincias, política que se sometió a profundos cambios en lo que va de la gestión. Si bien inicialmente las terminales violetas se mostraban reticentes a acordar con los representantes provinciales, con una nueva elección presidencial en el horizonte y en pos de concretar los deseos reeleccionistas del libertario, admiten la necesidad de entablar un diálogo más amplio.

En ese escenario, en Casa Rosada hablan de un esquema de 13 provincias aliadas, con las que mantienen permanente comunicación y con las que acordarán de diferente manera en función de las necesidades de cada territorio. “Hay una mayor vocación para acordar. El primer objetivo es la reelección de Milei y no con todas se tendrá el mismo criterio”, expresó un alfil violeta.

En Balcarce 50 identifican entre los aliados a Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Mendoza, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca, Chaco y San Luis. También suman a la Ciudad de Buenos Aires, distrito complejo, atravesado por la interna existente entre los primos Mauricio y Jorge Macri.

Pese a la voluntad expresa, aclaran que los entendimientos se materializarán de diversas formas y pueden ir desde compartir listas a habilitar únicamente la competencia legislativa. Tampoco descartan acordar términos de coexistencia pacífica en territorios liderados por gobiernos de otro signo político, pero de sintonía libertaria. “Los gobernadores están viendo que en sus provincias hay anuencias para hacer acuerdos”, celebró un funcionario que se muestra expectante por los cierres de listas que tendrán lugar en 2027.

No obstante, en el armado son cautelosos y evitan dar definiciones en torno a los posibles entendimientos que negociarán “provincia por provincia”, aunque admiten que las conversaciones se definirán en función de los apoyos legislativos que el oficialismo reciba en el Congreso Nacional. “Falta más de un año, no hay criterios definidos. Hacerlo sería un suicidio”, aclaró una fuente del sector a este medio.

A la tarea está abocada la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, secundada por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien recibe casi a diario a los mandatarios provinciales para escuchar sus reclamos, y los primos Martín y Eduardo “Lule” Menem, quienes cumplen un papel activo en el armado.