Arrancan este jueves 48 horas intensas en el Senado. Con algún cambio de temario para atender últimos pedidos presidenciales, el oficialismo avanza sobre terreno firme para coronar proyectos destacados de su agenda -reforma laboral y régimen pernal juvenil-, pero no ocurre lo mismo con la modificación de ley de glaciares. Llega con inquietud en este caso y eso altera la difundida idea de un tejido que aseguraría número de sobra para toda iniciativa del Gobierno. Olivos tiene para celebrar, aunque no cuenta con una alianza inalterable que garantice alineamiento mecánico. Los votos se negocian proyecto por proyecto.

El panorama del Congreso termina de exponer así un cuadro que explota el Gobierno, con beneficios y también con costos, y que a la vez puede provocarle algún disgusto. La crisis de partidos -esta semana, con capítulo fuerte del peronismo en el Senado- opera a favor de Olivos, en general. Al mismo tiempo, es un ejercicio costoso de acuerdos -especialmente, con los gobernadores- y cada tanto, por eso mismo, expone una realidad complicada por razones de interés provincial o sectorial, antes que por posicionamiento político/ideológico.

Es el caso del proyecto para modificar la ley de glaciares, que en caso de avanzar este jueves en el Senado integrará la lista de Diputados en sesiones ordinarias. Es probable que la votación esté marcada por fisuras en casi todos los espacios, incluido el interbloque del peronismo/K, golpeado por las últimas deserciones. La posibilidad cierta de sumar un par de votos de esas filas mantiene abierta la expectativa del oficialismo.

Según fuentes de buen olfato, jugarían a favor de la sanción –más allá de su origen o encuadramiento político– representantes de provincias que empujan y consideran favorable a sus economías la modificación de la ley. Corre para todos. El oficialismo apuesta al caso de senadores del San Juan y Catamarca que integran el interbloque peronista. Al revés, por cuestiones de fondo pero también por razones locales, descontaría votos de aliados. Un ejemplo: socios de LLA de provincias como La Pampa, que anota cruces de facturas con Mendoza.

En un tablero marcado por cuestiones de esa naturaleza, el oficialismo registra dificultades serias para contar con apoyo en bloque o al menos mayoritario de la UCR y también del PRO. Suma provinciales diversos y también el finalmente consagrado espacio del peronismo disidente, un logro que anota la operación violeta -y en especial, Patricia Bullrich– y que significó la vicepresidencia de la Cámara para Carolina Moisés.

Esa movida en dos tiempos -la fractura del interbloque del peronismo/kirchnerismo y la consagración de la legisladora jujeña sin atender a la primera minoría- alimentó un estado de celebración, casi de euforia, por los resultados que viene cosechando el oficialismo en esta etapa de sesiones extraordinarias. La votación de autoridades fue contundente. Y la reforma laboral, luego de negociar puntos o dejarlos de lado -lo más reciente, la baja del artículo sobre licencias por enfermedad- se impuso de manera sobrada en Diputados y mañana sería sancionada con comodidad en la otra ala del Congreso.

Esos resultados -también, el régimen penal juvenil- generaron una lectura por encima incluso del impacto político de tales logros legislativos. En el imaginario violeta, algunos anotaron la proyección de una mayoría sólida y garantizada para avanzar con todos los proyectos del Ejecutivo y también, con las ambiciones, entre ellas la ampliación e integración de la Corte Suprema. Desde el circuito próximo a Olivos se hicieron trascender especulaciones en ese sentido.

En lo inmediato, desde el Gobierno ya anticipan algunos títulos de los proyectos para después del 1° de marzo. Y en esa lista por ahora informal se destaca una iniciativa sobre fondos o presupuesto para las universidades públicas y un texto para sobre licencias médicas, algo que en su versión original fue desechado para allanar el camino de la reforma laboral. En los dos casos, parece difícil el trámite legislativo si no es en base a acuerdos con socios y aliados y, en cuanto a los reclamos universitarios, sin un entendimiento con el consejo de rectores.

Son temas singulares. El de las licencias médicas tiene el antecedente mencionado: la poda y, al mismo tiempo, las internas en el propio oficialismo por la letra y la oportunidad del artículo. No parece razonable el sentido casi de revancha que tiñe la versión de algunas fuentes del oficialismo, en base a la lectura sobre el “envalentonamiento” violeta por los últimos éxitos legislativos. Esos avances fueron expresión de negociaciones y las votaciones, notables, sumaron apoyos pero no mayoría al estilo de la “escribanía” K.

El otro ejemplo tiene capítulo previo y tiempos diferentes. El Gobierno necesita resolver en algún momento su respuesta frente a la ley de financiamiento universitario, vigente luego del rechazo legislativo al veto presidencial. El tema está en la Justicia, sin buena perspectiva para el Gobierno más allá de recursos de abogados. Por supuesto, si los negociadores coronan un acuerdo con las universidades, pasaría sin sobresaltos la prueba del recinto.

En un punto, los resultados del Congreso aportan al discurso del oficialismo, que busca fundir avances plenos y hasta logros matizados en un todo triunfal. Acaba de ocurrir con los números del EMAE, que muestran un global desempeño positivo y también renglones preocupantes, como la sostenida baja o frío en actividades como la industria y el comercio. La reacción oficialista frente a tales señalamientos es descalificarlos por K.

La intención de mostrarse avasallante y con un armado uniforme en el Congreso coloca en lugar destacado, como contrapartida, cualquier sobresalto legislativo. El tratamiento de la reforma a la ley de glaciares viene teñido por esa pincelada, que por lo demás relega la discusión de fondo sobre un tema delicado como los presupuestos de protección de glaciares y ambiente periglacial. El último señalamiento sobre los cuidados del caso fue hecho por la Iglesia Católica. No es un tema menor y supera la economía inmediata. Como sea, si se limita al número de votos, aún una aprobación ajustada expondría el mal cálculo -y discurso- que confunde alianzas con mayoría automática.