El Gobierno presidido por Javier Milei tiene la intención de que a lo largo de este año se concrete el proceso de privatización de algunas empresas públicas, en particular aquellas que ya tienen la habilitación legal para pasar por este procedimiento, como las comprendidas en la Ley Bases.
Hay una de ellas que tendrá novedades muy pronto. Una altísima fuente del Poder Ejecutivo indicó a Infobae que en el cortísimo plazo se iniciará la compulsa formal para que los privados puedan competir por el paquete accionario de Agua y Saneamientos Argentinos, más conocido como AySA, que tiene como presidente al ingeniero Alejo Maxit.
“Está muy cerca de lanzarse el pliego de la privatización”, afirmaron en Presidencia. Aunque no hay una fecha estimada, aseguran que para las próximas semanas será publicado en el Boletín Oficial. Aunque dicen que es seguro que estará antes de fin del primer trimestre, un funcionario marcó que podría llegar a salir en febrero.
Estos mismos plazos son los que se manejan al respecto de Belgrano Cargas y Logística, otra de las compañías que también fueron sujetas a privatización bajo la denominada Ley Bases. En esa legislación también fueron incluidas Corredores Viales, Enarsa, Intercargo, Nucleoeléctrica, Trenes Argentinos Operaciones (SOFSA) y Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT).
El último movimiento oficial del Gobierno sobre la privatización de Aysa se concretó en julio del año pasado con la publicación del Decreto 494/2025. Esta normativa habilitó la venta de la totalidad de las acciones en manos del Estado Nacional, que actualmente posee el 90% del capital social. En tanto, al igual que hoy, el 10% queda dentro de lo que es el programa de propiedad participada que le pertenece a los trabajadores de la compañía.
“Esta licitación sería para la venta del paquete mayoritario a un operador estratégico, es decir, quien tomaría las principales decisiones operativas. Y el remanente, iría a los mercados”, explicaron voceros oficiales a Infobae.

La venta debe ser, como mínimo, del 51% de las acciones para que alguien tenga la responsabilidad como agente mayoritario. El 90% funciona como un máximo posible. Todo lo que no se adquiera en el medio, será puesto a disponibilidad para que se pueda adquirir en el mercado mediante un esquema de free float.

Las autoridades de cerciorarse de que se cumplan las condiciones son el Ministerio de Economía y la Agencia de Transformación de Empresas Públicas (ATEP), la cual preside actualmente el abogado Diego Chaher. Estas áreas se encuentran haciendo las últimas evaluaciones legales junto al equipo de María Ibarzábal, la responsable de la Secretaría de Legal y Técnica que depende de la Presidencia de la Nación.

Para aplicar no hará falta que sean compañías específicas del sector de distribución y saneamiento de aguas. Podrán participar compañías que tengan experiencia acreditada en el ámbito de los servicios públicos en general. Una de las empresas que sonó como interesada en el último año y medio es SABESP, que es la sigla de Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo; la cual tiene una base aproximada de 27 millones de clientes.
Las entidades que controlarán el buen desempeño de la futura compañía será el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) y la Agencia de Planificación (APLA). La primera lo hará en el ámbito del control tarifario, la calidad del servicio y la atención de reclamos; mientras que la segunda se encargará de la planificación estratégica, las inversiones y los planes de expansión.

Para disponerla para la privatización, el Gobierno había aprobado un Plan de Acción de Transición para el período 2024-2026 a los fines de dejar la compañía en condiciones para la futura gestión privada y, a partir de eso, mejorar las posibilidades de que haya ofertas. Las inversiones contempladas por parte del Estado para ese período son de un total de $ 753.900 millones. Como parte de este proceso también se habilitó un aumento tarifario mayor que el que se hizo en bajo la administración anterior.

El Monitor de Transferencias de la Administración Nacional a Empresas Públicas que realiza la Oficina de Presupuesto del Congreso informó que desde abril a noviembre hubo transferencias de montos de capital (es decir, para la mejora de la infraestructura) de un total de $ 36.600 millones. La variación de transferencias en términos interanuales fue de -91%, debido a que el grueso de los primeros envíos de fondos superaron marcadamente a las que se hicieron en el 2025.

Otro de los pasos previos hechos por el Gobierno para adecuar las condiciones de la privatización fue la publicación del Decreto 805/2025 firmado por Javier Milei y todos sus ministros. Este puso en vigencia un nuevo marco regulatorio para AySA y, entre sus modificaciones legales, habilita a la futura compañía a realizar cortes de suministro por falta de pago.

AySA presta servicio para más de 11 millones de personas. Su alcance territorial y su competencia incluye a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los partidos de Almirante Brown, Avellaneda, Esteban Echeverría, Ezeiza, Escobar, Florencio Varela, General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, Lanús, Lomas de Zamora, Malvinas Argentinas, Merlo, Moreno, Morón, Pilar, Presidente Perón, Quilmes, San Fernando, San Isidro, San Miguel, Tigre, Tres de Febrero y Vicente López.

La inflación de diciembre marcó un pico de 2,8% y estuvo bien por encima del 2,3% que pronosticaban los analistas que participaron del último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Fue el séptimo mes al alza desde el piso de 1,5% de mayo y representa un desafío para la continuidad del proceso de desinflación en 2026.
La dinámica anual arrojó 31,5% en 2025, sustancialmente por debajo del 117,8% de 2024. Sin embargo, mantener la tendencia a la baja será ahora mucho más desafiante. Incluso el 20,1% que se proyecta en el REM para este año luce, en las actuales condiciones, muy optimista.

El nuevo salto inflacionario coincide justamente con el inicio de la fase 4 del plan monetario. A partir de enero, el BCRA comenzó a acumular reservas a través de la compra de dólares. La contrapartida es la emisión de pesos que luego no son luego absorbidos o esterilizados.
La pregunta es si es factible continuar y acelerar este plan, que en principio apunta a la compra de alrededor de USD 10.000 millones. El peligro es que los pesos que se emitan no tengan demanda suficiente, lo que llevaría a una mayor presión cambiaria y finalmente a un repunte mayor de la inflación.
Por lo pronto, la autoridad monetaria volvió a comprar ayer USD 55 millones, misma cifra del lunes, y ya acumula USD 328 millones en las últimas siete ruedas hábiles.
El dato de diciembre no sorprende tanto, pese a los pronósticos fallidos, porque se trata de un mes de alta estacionalidad en materia de precios por los gastos relacionados a las fiestas y las vacaciones.

En esta oportunidad, pesaron los aumentos de tarifas de servicios públicos, transporte y combustible. Además, la carne aumentó arriba de 7% y arrastró al rubro alimentos y bebidas, que avanzó 3,1%. Los precios regulados subieron finalmente 3,3%, pero los estacionales solo lo hicieron 0,6%. Más preocupante es que la inflación núcleo, que presenta la evolución general de los precios sin productos regulados ni estacionales, subió hasta 3%.

Un informe de Balanz indicó que “pese a la aceleración puntual de diciembre, esperamos que la inflación retome una trayectoria descendente durante el primer trimestre de 2026, en la medida que se diluya el impacto del aumento de la carne y del transporte”.
La elevada marca del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes pasado repercute directamente en el ajuste de las bandas cambiarias de febrero. Al ajustar 2,8%, el nuevo techo para finales del mes próximo ya será de 1.607 pesos. No significa que la cotización vaya a subir, pero sí que hay mayor espacio para que lo haga sin necesidad de intervención.

En principio, el pico inflacionario del mes pasado parece estar mucho más vinculado al ajuste de tarifas que a un exceso monetario. Sobre todo teniendo en cuenta que el Gobierno destrabó algunos incrementos luego de las elecciones legislativas, a fines de octubre.

La tranquilidad cambiaria luce como el principal indicador para medir si efectivamente hay más dinero del que demandan el público y las empresas. La respuesta parece negativa, teniendo en cuenta que el dólar se mantuvo con escasos cambios en las últimas jornadas. Incluso la cotización está por debajo del nivel de los últimos comicios.
Un informe de la Fundación Mediterránea estableció un rango amplio para la inflación del 2026, que va del 18% al 30%, distribuido en tres escenarios. En el optimista, aumenta fuerte la demanda de pesos, el tipo de cambio se mantiene muy estabilizado y el riesgo país cae. En este caso, es factible que el índice anual se ubique por debajo del 20%.

A pesar de la suba mensual, en el Gobierno festejaron que la medición anual tuvo una caída sustancial. “La inflación más baja en ocho años, en medio de reacomodamiento de precios relativos, salida del cepo con flotación cambiaria y en medio de un golpe de Estado por parte de la oposición”, posteó Felipe Núñez, jefe de asesores de Luis “Toto” Caputo.

El ministro de Economía también festejó el dato anual y omitió referirse puntualmente a diciembre. “El programa de estabilización basado en el superávit fiscal, el estricto control de la cantidad de dinero y la capitalización del BCRA seguirán siendo pilares para continuar con el proceso de desinflación”, señaló en la red social X.

El presidente Javier Milei viajará a Asunción, Paraguay, para estar presente el sábado próximo en la firma del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea prevista para ese día. Quien todavía no confirma su presencia es el presidente de Brasil, Lula da Silva.
El Consejo Europeo autorizó el 9 de enero último a la Unión Europea a firmar el tratado con el Mercosur, que se había anunciado en 2019 pero no había podido implementarse por objeciones de algunos de los países del viejo continente.

Para el Gobierno de Javier Milei, el convenio permitirá aumentar las exportaciones y la llegada de inversiones.

La administración libertaria tomó como un logro propio la firma del acuerdo: el canciller Pablo Quirno destacó que “la Argentina liderada por el Presidente Javier Milei decide competir, producir y crecer con reglas claras y en libertad”. El funcionario destacó que la Unión Europea “ eliminará aranceles para el 92% de nuestras exportaciones y otorgará acceso preferencial para otro 7.5%. De esta forma, el 99% de las exportaciones agrícolas del Mercosur se verán beneficiadas”, describió.

“La Argentina y los países del Mercosur accederán de manera preferencial a la UE, la tercera economía global, un mercado de 450 millones de personas, que representa cerca del 15% del PBI mundial”, destacó Quirno en sus redes sociales.

Macri también apoyó
El expresidente Mauricio Macri, que había bregado por ese acuerdo durante su gestión, celebró en su oportunidad que se “abre una etapa inmejorable para la región ”.

El acuerdo fue respaldado por la Unión Europea y ahora debe ser ratificado por el Mercosur y los parlamentos de cada país que conforman cada bloque regional.

Por eso motivo, el Gobierno argentino esperará a que el Mercosur se expida sobre este convenio para poder avanzar en la ratificación parlamentaria.

Fuente: Agencia DIB.