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En los últimos dos años, medio millón de trabajadores salieron del sistema laboral registrado

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El empleo desplazó del primer puesto a la inflación en el ranking de preocupaciones sociales, según coinciden las mediciones de distintas consultoras. Una de ellas, Opinaia, relevó en su Termómetro Ciudadano que la desocupación se ubica a la cabeza (56%) de esas preocupaciones, seguido de la pobreza (51%), la corrupción (49%), la inseguridad (48%) y, recién en quinto lugar, la inflación (44%).

La pérdida o falta de empleo encendió alarmas esta semana al conocerse que la tasa de desocupación trepó al 7,5% en el cuarto trimestre de 2025, y alcanzó a casi 1,7 millones de personas, según los últimos datos del INDEC. Ese porcentaje representa un incremento de 1,1 puntos porcentuales respecto al mismo período del año anterior, y una suba de 0,9 puntos porcentuales respecto del trimestre anterior de 2025.

Estos indicadores son reflejo de la salida del sistema laboral registrado de medio millón de personas, entre diciembre de 2023 y el mismo mes del 2025. Cuando Javier Milei llegó a la Casa Rosada, los trabajadores en blanco sumaban 13.365.678. Dos años después eran 12.865.096, una reducción del 4%, sin considerar la estacionalidad para eliminar variaciones predecibles, como contrataciones en el verano o en Navidad.

Así surge del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), con datos actualizados a diciembre de 2025 que analizó Infobae. La base incluye la cantidad de trabajadores registrados, es decir aquellos que cuentan con acceso a las prestaciones contributivas del sistema de seguridad social y de los que hay constancia en la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), tanto en el sector público y privado (incluyendo casas particulares), así como quienes son independientes inscriptos en la categoría de autónomos y el monotributo.

“En el cuarto trimestre del 2025 directamente no hubo creación de empleo. O sea, subió el cuentapropismo, pero para compensar la caída del empleo formal. O sea, no hubo un aumento neto del empleo. Y eso llama la atención porque lo que siempre se veía es que el empleo subía y crecía de la mano del cuentapropismo. Pero ahora parecería que hasta el cuentapropismo se saturó y la gente no tiene otro trabajo”, advirtió Jorge Colina, economista del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA), en diálogo con Infobae.

En el análisis por sector, la mayor baja – un 60% – se dio en los monotributistas sociales. En diciembre de 2023 eran 637.406 y, dos años más tarde, 253.014. La caída fue de 384.392 trabajadores inscriptos menos en esta categoría. Se trata de un régimen tributario subsidiado que le permite a trabajadores independientes de bajos ingresos poder formalizar su actividad, con una exención del pago de componentes impositivos y previsionales, y una reducción del 50% de la obra social.

“Una gran masa de los monotributistas sociales pertenecían a las organizaciones piqueteras y el gobierno actual dejó de pagarlo. Entonces, toda esa gente pasó a ser cuentapropista informal, fuera de la base del SIPA”, señaló Colina, investigador en el Departamento de Economía de la Universidad Católica Argentina (UCA) y de la Universidad Austral.

Le siguen los trabajadores en relación de dependencia del sector privado con una merma de 189.845 puestos de trabajo: pasaron de 6.360.948 en diciembre de 2023 a 6.171.103 en el mismo mes del año pasado (un 4% menos).

En cuanto al sector público, la reducción fue de 78.617 empleados estatales menos. Sumaban 3.476.198 en la órbita del Estado cuando llegó Milei a la Casa Rosada, y dos años después eran 3.397.581 (un 3% menos). El SIPA registra al total de asalariados de la Administración Pública Nacional y de los estados provinciales que transfirieron sus cajas previsionales al sistema nacional.

Con una caída similar del 3% figuran las empleadas de casas particulares, aunque es un sector mucho más reducido: había 461.964 registradas hace dos años, y en diciembre eran 446.899, o sea 15.065 menos. Esto responde a una caída en su contratación por la pérdida salarial y en los ingresos familiares, aunque también puede reflejar una mayor informalidad en este rubro.

Dos sectores mostraron leves aumentos. Por un lado, las personas inscriptas como autónomos ante ARCA, con una suba de 14.888 trabajadores independientes en esta categoría (el 4%): pasaron de 384.348 en diciembre de 2023 a 399.236 el último mes de 2025.

Por el otro, los monotributistas. En dos año se sumaron 152.449 nuevos inscriptos en este sistema impositivo simplificado, un aumento del 7%, el mayor de toda la serie.

La suba de los trabajadores independientes refleja una migración del empleo en relación de dependencia a trabajos de menor calidad, con mayor precariedad y menor protección social y beneficios, ya que no cuentan con vacaciones pagas, licencia por enfermedad, aguinaldo, o indemnización por despido.

Los datos del SIPA contienen información desde enero de 2012. En los 14 años desde esa fecha hasta diciembre del 2025 el empleo privado sólo creció 2%, el sector público el 33%, las casas particulares el 15%, y los monotributistas el 57%. La única baja fue en autónomos, del 2%.

Empleo privado por actividad

Del análisis de los trabajadores del sector privado, los que más perdieron puestos de trabajo registrado en los últimos dos años, en porcentaje, fueron la construcción (-11,4%), la explotación de minas (-9%) y la industria manufacturera (-5%).

Pero en números absolutos, el ranking de caída en el empleo lo lideran las industrias manufactureras, con 63.902 trabajadores menos. Los empleados registrados en esta rama de la economía pasaron de 1.192.185 a 1.128.283 en dos años de la gestión libertaria. Los números se explican en la caída en la actividad económica.

En tanto, por ese motivo y el parate en la obra pública, en la primera mitad del mandato de Milei se perdieron 48.671 empleos en la construcción. Los obreros registrados pasaron de 427.197 el primer mes de LLA en el poder, a 378.526 en diciembre último, un descenso del 11%.

En pérdida de personas empleadas, siguen las actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler que empleaba a 902.515 en diciembre de 2023 y dos años después, registraba 22.953 trabajadores menos en blanco (879.562 personas), una caída del 2,5%.

A continuación, se ubica el transporte, almacenamiento y comunicación, que sufrió una disminución de 17.989 trabajadores: en diciembre de 2023 eran 528.961 y, dos años después, sumaban 510.972 (-3,4%).

El top five de la caída de empleos registrados lo completan los servicios comunitarios, sociales y personales, con una reducción de 16.380 personas: de 379.389 que había apenas Milei llegó al Gobierno, al cierre de 2025 eran 363.009 (-4.3).

Como contracara, los únicos sectores con aumento de empleo registrado en el período de diciembre 2023 a diciembre 2025, según los datos del SIPA, fueron la pesca; la agricultura, ganadería, caza y silvicultura; la enseñanza; y el comercio y reparaciones.

Si bien el comercio aparece con un aumento ínfimo (0,18%) en los últimos dos años, registró una caída en el último semestre de 2025. En efecto, entre junio y diciembre del año pasado, fue la segunda actividad que más trabajadores registrados perdió (19.913), precedida por la industria.

Análisis por provincia

La dinámica del empleo asalariado en diciembre de 2025 comparada con el mismo mes de 2023 muestra que las caídas del empleo fueron generalizadas a nivel nacional. En los últimos dos años, apenas dos jurisdicciones registraron aumentos en el nivel de empleo y 22 mostraron variaciones negativas.

Las mayores caídas del empleo registrado se observaron en Santa Cruz (-16%), La Rioja (-13%), Catamarca (-10%), Misiones (-9%), y en Formosa, Chaco y Chubut: todas, con una merma del 8%.

Las únicas dos provincias con crecimiento de trabajadores en blanco fueron Neuquén ( 4,61%) y Río Negro ( 0,42%), por la actividad de explotación petrolera.

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Batalla con las universidades: la cerrazón del Gobierno tensiona a la Corte y no destraba el tema en el Congreso

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La cerrazón del Gobierno -que tiene máxima expresión en el caso Adorni- terminó de instalar la batalla con las universidades públicas como cuestión de impacto en los otros dos poderes del Estado. Después de la masiva marcha de esta semana en reclamo del financiamiento dispuesto por ley, el oficialismo se mostró intransigente, aunque enredado en su propio juego. La tensión se corrió a la Corte Suprema de Justicia, que debe resolver sobre una cautelar, sin plazos pero con renovado foco sobre sus pasos: intercambio interno de opiniones y reuniones formales, como la de este jueves. Y todo indica que su definición sería gravitante para las chances de una negociación efectiva del oficialismo con los rectores, mientras el tema sigue sin pulso en el Congreso.

Al menos de momento, la pelea con las universidades empató los temores o inquietudes del Gobierno por otras señales que pueden llegar desde la Justicia. En el caso del jefe de Gabinete, los capítulos se suman a diario y se fue añadiendo la especulación sobre una citación al funcionario. Y en cuanto a las universidades, algunos hasta dan casi por seguro una decisión de la Corte que imponga, de hecho, la obligación de girar fondos en función de la ley que el Ejecutivo no cumple argumentando que la norma no incluye el recurso presupuestario.

En el máximo escalón judicial, como es tradición, incomoda quedar en el centro de una disputa que no pudo ser superada en el terreno político. Horacio RosattiRicardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz, además, fueron apuntados por el Gobierno debido a su condición de docentes universitarios, lo cual fue interpretado como una chicana para tratar de estirar los tiempos. Como se sabe, el recurso extraordinario del Ejecutivo intenta extender el freno a la ley de financiamiento de las universidades públicas.

El Gobierno descalificó antes y después la marcha. Lo hizo además en un contexto de nuevo ajuste de cuentas para mantener superávit. Y eso mismo, entre otras interpretaciones, ratificó el peso de Economía sobre cualquier área a la hora de negociar. Es un dato, cuando desde el Gobierno surgen mensajes informales sobre la posibilidad de retomar las conversaciones con representantes del Consejo Interuniversitario Nacional.

Alejandro Alvarez, subsecretario de Políticas Universitarias, volvió a jugar como voz oficial en este terreno. Después de días repitiendo que el reclamo en la calle era una movida “política” -nada original, escuchado en otras gestiones-, dijo que más allá del número de personas que se movilizaron el martes, el límite sigue siendo presupuestario. “La ley nació muerta”, dijo. La versión sobre la posibilidad de negociar apuntó a que antes corran algunos días. Se verá, por supuesto, si se espera la decisión de la Corte.

Cualquier movimiento debería tener correlato en el Congreso. Es significativo: el intento de negociar una nueva ley de financiamiento universitario debería contar con consenso amplio para encontrar una fórmula que destrabe el conflicto. Hasta ahora, el intento inicial del Gobierno quedó en la nada, paralizado en Diputados.

La nueva tanda de poda presupuestaria volvió a marcar el eje del Gobierno. Y ese es un dato central a la hora de negociar. Una decisión de la Corte será determinante en ese plano, porque según su sentido podría acelerar o estirar los tiempos para sentarse a negociar con los rectores.

El panorama legislativo está cruzado por incertidumbres en el oficialismo y en la amplia franja de la oposición más dura, los dialoguistas y hasta los socios de LLA. Un paño en el que también juegan los gobernadores, que en su mayoría buscan sostener los puentes con el Gobierno, pero están complicados por la caída de la coparticipación, de otros fondos nacionales y de la recaudación local. El nuevo ajuste sorprendió por su alcance a los jefes provinciales: algunos ven tambalear acuerdos alcanzados trabajosamente como parte de las tratativas por la reforma laboral.

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Tras la imputación de su hermano y las nuevas revelaciones de un testigo, Adorni sostiene su agenda política e interviene en los armados de Karina Milei

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El Gobierno hizo mutis por el foro ayer por la tarde, después de las nuevas complicaciones que surgieron en la Justicia para el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. En la Casa Rosada no dieron opiniones ni respuestas sobre el más reciente testimonio de un nuevo testigo en la causa, que complicó a Adorni. Tampoco sobre el hecho de que su hermano, Francisco Adorni, resultara imputado por supuesto enriquecimiento ilícito. En cambio, ratificaron que el ex vocero se mantendrá activo hoy en un acto de gestión en Mendoza con ribetes políticos electorales y que baraja brindar una tercera conferencia de prensa desde Balcarce 50, mañana.

A pesar del hartazgo que se generó incluso en las filas del propio gobierno por los más recientes hallazgos del caso, Adorni sostiene sin modificaciones la actividad que prevista para este mediodía en Las Heras para inaugurar el Parque Solar El Quemado. Y se mantienen firmes a su lado sus dos acompañantes: el ministro de Economía, Luis Caputo y el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín.

También, el gobernador radical, Alfredo Cornejo, anfitrión, que se comprometió a recibirlo y acompañarlo en el la visita y ayer ultimaba detalles de la bienvenida. De hecho, está previsto que hablen los cuatro, en sendos discursos. A Marín le toca el discurso inaugural. Lo seguirán el titular de Hacienda y Cornejo, en ese orden. Y Adorni, que fue respaldado con creces por Javier y Karina Milei la semana pasada, incluso en la reunión de Gabinete, estará encargado del cierre.

Ávidos por mostrar normalidad, en la administración nacional señalaron que no encuentran motivos para suspender o modificar el acto, que se transmitirá en vivo. “Es el primer proyecto del RIGI que se termina y es el parque solar más importante del país”, dijeron anoche, mientras festejaban la postergación de la sesión que intentaba impulsar la oposición en Diputados para tratar la interpelación de Adorni, hoy.

La causa judicial sobre el patrimonio de Manuel Adorni volvió a complicar al Gobierno ayer, cuando el propietario de la casa que alquiló el funcionario en el country Indio Cuá reveló que el ex vocero le pagó 21 mil dólares en efectivo. Además, el diputado bonaerense Francisco Adorni fue imputado por supuesto enriquecimiento ilícito a raíz de una denuncia presentada por Marcela Pagano, ex libertaria devenida férrea opositora al Gobierno.

Con todo, Adorni sostiene su actividad tal y como estaba prevista antes de la declaración del testigo José Luis Rodríguez en el caso que investigan el fiscal Gerardo Pollicita y el juez federal Ariel Lijo.

La visita a Mendoza es una exhibición de gestión en medio de la parálisis administrativa que atraviesa el Gobierno (entre otros motivos, por el caso Adorni). Pero también una señal política sobre la voluntad de acuerdo de La Libertad Avanza con el radicalismo local en medio de las especulaciones electorales de cara a 2027 y las intrigas sobre los planes de Karina Milei para la relación con las provincias.

“Falta un montón”, dijeron ayer, para evitar adelantar posiciones, en el oficialismo. Pero admitieron que las proyecciones de la estrategia para armar el mapa político nacional ya empezaron a diseñarse en conversaciones entre Karina Milei y los hermanos Menem. También, con Adorni, a pesar de que la causa que investiga sus gastos y esmerila la imagen del Gobierno.

En la cúpula libertaria planean esperar que pase el Mundial para empezar a definir cuáles serán los distritos en donde competirán contra los líderes locales -o sus delfines-, así como los bastiones en donde buscarán alianzas y, por último, los terruños donde evitarán las disputas. Tomarán el paréntesis de la agenda pública para analizar pros y contras de cada territorio, y piensan en septiembre como mes ideal para empezar a perfilar los diálogos.

Como en el caso de Mendoza, adelantan que en Chaco también se orientan a un acuerdo con el también radical Leandro Zdero; mientras que en CABA se presenta como “apuesta segura” un enfrentamiento con el PRO de Jorge Macri.

En Córdoba y Santa Fe es muy probable que los libertarios decidan plantarse frente al justicialista antikirchnerista Martín Yaryora, que quiere la reelección; y al radical Maximiliano Pullaro.

El año pasado Santiago Caputo había recomendado no disputar en las provincias que se daban por perdidas para evitar costos políticos, especialmente en el Congreso. Fue uno de los motivos de disputa con el ala de los Menem, que se abrazaron al liderazgo de Karina Milei para persistir en los choques electorales en la mayor parte de las provincias, una postura que, a la postre, dejó al Gobierno a merced de severas derrotas legislativas.

Hoy en Balcarce 50 algunos esperan que la poderosa Secretaria General revea aquella estrategia. Mientras, ella analiza sus próximos pasos con los propios mientras apuntala a Adorni.

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El ajuste en el Presupuesto generó malestar en algunos Ministerios y hay quejas por las trabas en la gestión

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Las últimas reuniones importantes que tuvieron los integrantes del Gobierno se desarrollaron en un clima de fuerte tensión: el viernes último, cuando se juntó el Gabinete, hubo gritos, advertencias y recelos, mientras que el martes, en la mesa política, los protagonistas fueron las ausencias, las retiradas y las chicanas.

A pesar de los avances en la investigación por las denuncias sobre su patrimonio, Javier y Karina Milei continían respaldando a Manuel Adorni y reiteran que no lo van a apartar del cargo, como tímidamente sugieren algunos miembros de Poder Ejecutivo.

Así lo ratificó el propio Presidente en el encuentro que encabezó a finales de la semana pasada, en el que también “cagó a pedos” a varios de sus ministros con palabras fuertes que la senadora Patricia Bullrich calificó como consecuencia de una “emocionalidad importante” que tiene el mandatario.

La jefa del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara Alta también se retiró prematuramente de la mesa política por cuestiones de agenda, poco antes de que se conociera que finalmente la cúpula del oficialismo decidió impulsar la reforma electoral completa, con la eliminación de las PASO incluida, a pesar de que no cuenta, a priori, con los votos de sus aliados como para aprobarla.

En esa oportunidad tampoco estuvo el asesor presidencial, Santiago Caputo, que faltó así por primera vez a una reunión de este grupo de trabajo desde que fue creado, y tampoco envió a nadie en su lugar.

“¿No estuvo? Ah, es verdad. Qué raro, ¿qué le habrá pasado?“, bromeó otro de los integrantes de ese cuerpo, aunque tanto cerca de la secretaria general como del consultor habían aclarado que era porque ya tenía un compromiso asumido previamente.

La interna entre esos dos sectores también está demorando, según argumentaron a Infobae algunos de sus protagonistas, el avance de determinadas reformas, como la del Código Penal, que todavía no entró al Congreso.

En un principio, el Gobierno pretendía tratar un texto completamente nuevo que tenía 912 artículos, pero con la llegada de Juan Bautista Mahíques al Ministerio de Justicia se optó por suspender ese plan para hacer una revisión más profunda y, mientras tanto, debatir solamente el endurecimiento de las penas para algunos delitos puntuales y la creación de otros.

Según sostuvo una de las personas interesadas en que la iniciativa prospere, ese paquete de medidas está frenado en la Secretaría de Legal y Técnica, que conduce María Ibarzábal Murphy, quien responde a Caputo.

De acuerdo con esta versión, el asesor no está apurado en mandarlo a la Cámara de Diputados porque insiste en tratar el proyecto original, en el cual trabajó durante años un equipo de especialistas en la materia.

“El Presidente, el jefe de Gabinete y Karina Milei dijeron que debía mandarse la reforma completa. No está frenada, sino que se aguarda devolución del Ministerio de Justicia sobre la propuesta original, que es la que se definió mandar”, responden desde el ala caputista.

Por otra parte, también continúa el malestar por la situación judicial de Adorni, que según revelaron distintas fuentes, también está perjudicando el normal funcionamiento de la administración nacional.

“Enviamos un comunicado a Presidencia para ver si está bien y tardan una eternidad en responder, y cuando lo hacen ya es tarde. Ha pasado de salir con algo y que después nos pidan cambiar algún párrafo, cuando tuvieron días para revisarlo”, protestaron en uno de los Ministerios.

En este sentido, también señalaron que “no está habiendo una estrategia en conjunto para determinados anuncios”, por lo que muchas veces un área publica una decisión que luego queda opacada por otra medida.

Asimismo, en algunos despachos también cuestionan, aunque por lo bajo, el Decreto con el que Milei cambió el Presupuesto 2026 y recortó poco más de 2,5 billones de pesos de diferentes partidas.

La orden a los Ministerios de reducir el 2% de los gastos corrientes llegó hace aproximadamente un mes y medio, por lo que en ese tiempo los diferentes sectores debieron organizar cómo ajustarse.

“Lo que se hizo en muchos casos fue tomar el dinero que ya no iba a ingresar y ese faltante repartirlo entre todos los programas que están activos para que ninguno tuviera que cerrar, pero eso también implica que cada proyecto ahora tenga menos recursos”, lamentó un funcionario.

No ibstante, a partir de esta decisión, algunos planes sí se dieron de baja, como es el caso del de Integración Social y Fortalecimiento de la Ciudadanía hacia el Desarrollo Humano, del Ministerio de Capital Humano, o el de Investigación, Prevención, Detección Temprana y Tratamiento del Cáncer, de la cartera de Salud.

En el interior del oficialismo confían en que la llegada del Mundial de Futbol le dará un respiro al Ejecutivo, y ese es el espíritu que circula también en varias oficinas, donde esperan que pronto se ordenen las cosas en la Casa Rosada para poder retomar la gestión de forma más intensa.

Quienes piensan que esto se va a olvidar y que no es un problema porque no es un año electoral, se equivocan. Esto es el equivalenete a ‘la foto de Olivos’ de Alberto Fernández. Cuando se conoció esa imagen tampoco se votaba, pero después la gente no se lo perdonó y el tema siguió en la opinión pública”, sostuvo un ex referente libertario, actualmente alejado del partido.

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