El pleno del Senado realizará este viernes una sesión con la que espera finalizar su año y, sobre todo, sancionar dos leyes que quiere mostrarle el Gobierno libertario al mercado: el Presupuesto 2026 y la inocencia fiscal. La principal lupa estará en el primer proyecto, ya que presenta un puñado de artículos que generan tensión con la oposición dialoguista, de cara a votaciones en particular con numerología más fina.

La reunión en el recinto de la Cámara alta está citada para las 12 y forma parte del período extraordinario que convocó Javier Milei hasta el martes 30 de diciembre. Para el convite de hoy se previsualizan otros dos momentos que concentrarán atención. En primer término, el oficialista libertario Enzo Fullone tendrá que jurar en reemplazo de Lorena Villaverde, que nunca pudo sentarse en su banca por su historial judicial.

Además, durante el inicio de la sesión habría fuertes quejas del renovado interbloque kirchnerista, que ahora se llama “Popular”, por el reparto de comisiones acordado por el oficialismo y la oposición dialoguista. De hecho, la Libertad Avanza aguarda esa instancia con todos los antecedentes realizados durante largos años por el cristinismo en el Senado. Algunos son muy recordados y, en comparación, la protesta que concretaría el justicialismo se convertiría en un canapé, en caso de querer exponer todo en el recinto.

Una vez consumados los rounds “Fullone” y “comisiones” -quizá algún homenaje y cuestiones de privilegio extra por cualquier cosa, menos lo que dicta el reglamento-, se podrá ingresar a la discusión de las iniciativas. El plan de gastos e ingresos para 2026 prevé un crecimiento económico de 5% del Producto Bruto Interno (PBI); inflación anual de 10,1%; y un dólar que rondará, en diciembre del año que viene, $1.423. Según la Casa Rosada, el superávit primario será de 1,5% del PBI; el financiero, de 0,2%. Además, se estiman que las exportaciones se incrementarán 10,6%.

En los últimos días -como contó Infobae-, el debate más jugoso pasó por qué ocurrirá con el artículo 30, que elimina pisos sobre el financiamiento de los sistemas Educativo y de Ciencia, Tecnología e Innovación; de Educación Técnico Profesional; y del Fondo Nacional de la Defensa. De hecho, este medio informó, semanas atrás, las quejas que aterrizaban al Congreso desde el interior del país.

Otro artículo es el 12, que establece: “Las universidades deberán presentar ante la Subsecretaría de Políticas Universitarias de la Secretaría de Educación -que comanda Carlos Torrendell– del Ministerio de Capital Humano la información necesaria para asignar, ejecutar y evaluar los recursos que se les transfieren por todo concepto. El citado ministerio podrá interrumpir las transferencias de fondos en casos de incumplimiento en el envío de dicha información en tiempo y forma”.

La cuenta de la que parte el oficialismo para la jornada de hoy implica: 21 legisladores de La Libertad Avanza -Fullone adentro-; 10, de la UCR; tres del PRO, y el resto de silvestres provinciales. En total, 44. Y no todos dispuestos a acompañar a libro cerrado. Entonces, a priori, algunas bajas no frenarían el plan del Gobierno. Más aún, con el refuerzo que vendría de algunos peronistas por orden de sus gobernadores. No obstante, en el terreno de la verdad es donde tendrá que estar con todos sus sentidos prendidos la jefa libertaria en la Cámara alta, Patricia Bullrich.

Detrás de todo esto corre el deseo del mercado de ver a un Ejecutivo libertario en control del Congreso, más allá de haber pospuesto la reforma laboral -de mínima, aunque se prevé más- a febrero próximo, si es que la Casa Rosada vuelve a convocar a sesiones extraordinarias. Si no, quedará para marzo. Lo que se juega hoy es conocido por los bloques, gobernadores y actores centrales del círculo rojo. Es decir: las trampas y picardías de último minuto emergerán rápido a la superficie, ya sea para mostrar leyes sancionadas o un clima de conflicto eterno que, en el fondo, ya nadie sabe a quién le conviene.

Patricia Bullrich quiere ganar. Pidió que la Reforma Laboral entrara por el Senado en busca de un rutilante triunfo parlamentario y terminó pasando el tema a febrero porque no contaba con los votos para aprobarlo. Sintió que en esa discusión perdió y mañana, en la sesión por el Presupuesto 2026, quiere ganar como sea, por lo que ya avisó que no va a autorizar la intromisión de ningún tema. El aviso que le hizo llegar a propios y ajenos tiene que ver con la posibilidad de que se vayan introduciendo temas a lo que será su primera sesión como presidenta del bloque de La Libertad Avanza.

“Lo único por afuera es la jura de Fullone, nada más”, dijo un senador libertario en referencia a la asunción del legislador de Río Negro Enzo Fullone en lugar de Lorena Villaverde que va a completar el bloque con 22 senadores. Pero también lo dijo frente a la posibilidad de que a alguno se le ocurra meter por la ventana la posibilidad de nombrar a los Auditores Generales designados a propuesta de la Cámara de Senadores como sucedió en Diputados. En la Cámara alta hay nombres que suenan para ocupar esos tres cargos, pero, al igual que lo que sucedió en Diputados, hay más nombres que sillas para ocupar.

La designación es por representatividad, pero, principalmente, por acuerdo político, ya que tiene que ser votado por el recinto. La designación de Pamela Calletti por la Cámara baja es un ejemplo de eso ya que fue a propuesta de un bloque minoritario pero con el apoyo de los dos bloques mayoritarios -LLA y Unión por la Patria. También es un antecedente para el Senado para los radicales y macristas, que siguen de cerca las conversaciones entre los bloques que responden a los gobernadores. En ese esquema el único que tiene asegurada una silla es el peronismo porque sin sus votos el resto no llega. El nombre que propone el bloque es, al igual que lo que sucedió en Diputados, es el de Javier Fernández, dándole continuidad al auditor del PJ que ya estaba en la AGN.

El problema se genera porque ahora LLA tiene número para imponer una segunda candidatura y quedaría una sola silla para repartir entre la UCR, el PRO y los bloques minoritarios que representan a los gobernadores. “Quedó todo muy sensible por lo de Diputados, el radicalismo tiene más número que el PRO para imponer al tercero, pero los macristas están exigiendo una compensación, es algo muy difícil de acordar porque aunque si tenés al peronismo y al radicalismo no necesitas de sus votos para nombrarlos, necesitamos de ellos para todo lo demás”.

El radicalismo, con 10 votos, es quien tiene más posibilidad de imponer a un candidato. Los nombres que maneja el bloque son los de dos exsenadores: Luis Naidenoff y Victor Zimmermann. El esposo de Carolina Losada es quien tiene más apoyo de la Casa Rosada. La preocupación en el oficialismo está puesta en la aprobación del Presupuesto y en los ruidos que está generando el articulado que representa un ajuste en la educación y la ciencia. El peronismo buscará jugar fuerte en el momento en el que se debata el articulado porque entiende que Bullrich tiene cerrados los acuerdos para la votación en general.

Mañana a las 12 debutará Patricia Bullrich como jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado de la Nación, un recinto que en los últimos dos años al oficialismo le costó hacer pie, y buscará un éxito tanto en la aprobación del Presupuesto como de la ley de modificación del Régimen Penal Tributario, el resto de los temas puede esperar.

En paralelo a las reformas que el presidente Javier Milei aspira a pasar en sesiones extraordinarias, el Gobierno Nacional diseña la hoja de ruta legislativa para el 2026 que incluye la determinación de implementar cambios en la actual Ley de Salud Mental, lo que -argumentan- atendería un reclamo clave que las familias de pacientes, profesionales y de las Fuerzas de Seguridad. Según supo Infobae de una importante fuente del Poder Ejecutivo, la idea es enviar un proyecto que contemple la modificación de algunos puntos de la ley durante el período de sesiones ordinarias, que inicia el 1° de marzo, en especial sobre el artículo que habilita las internaciones involuntarias para que, en determinados casos, los jueces puedan autorizar la hospitalización.

Se trata de un pedido que mayormente levantaron los familiares desde la sanción de la Ley N° 26.657 de Salud Mental y Adicciones, que fue promulgada en diciembre de 2010 y reglamentada en 2013, pero que desde su puesta a punto generó polémica por su aplicación. Lo cierto es que el espíritu original de antimanicomialización, que busca preservar los derechos de los pacientes en el sistema de salud, encontró limitaciones en la práctica ante la ausencia de dispositivos necesarios para su correcta aplicación.

A raíz de esa situación, desde el Poder Ejecutivo tienen intenciones de insistir, a través del Ministerio de Salud que comanda Mario Lugones, en los cambios para avanzar en la creación de centros especializados y en la posibilidad de autorizar la internación de determinados pacientes a través de la intervención judicial.

No es la primera vez que la administración libertaria intenta implementar estas modificaciones que estuvieron contempladas en el proyecto original de la Ley Bases, pero que finalmente quedaron afuera de la sanción definitiva de la que supo ser presentada como la megaley.

“Hay que volver atrás y recuperar cosas que funcionaban de la ley anterior”, sintetizaron importantes fuentes oficiales a este medio, luego de haber ensayado -sin éxito- cambios en al menos ocho artículos. Si bien aún se encuentra en plena redacción, el proyecto podría ser anunciado por el mandatario durante la Apertura de Sesiones en el Congreso a principios de marzo.

Las modificaciones aspiraban a habilitar a jueces a adoptar medidas de atención urgente; definían cuatro casos específicos para la internación, planteada como recurso terapéutico excepcional; daba luz verde a la creación de neuropsiquiátricos; dotaba a al defensor de solicitar medidas terapéuticas; planteaba un esquema de modificación en las condiciones de egresos y rehabilitación de los pacientes; y modificaba la composición del Órgano de Revisión.

Los equipos en la tarea trabajan en los detalles, pero, según anticiparon fuentes al tanto del diseño, repetirán algunos de los puntos mencionados que buscaban ser incluidos en la mal llamada Ley Ómnibus de aquel entonces. Los cambios planteados abrieron una polémica mayormente entre activistas del sector, que leyeron las propuestas como una profundización de la manicomialización que buscan combatir.

Sin embargo, por estos días, la Casa Rosada contraargumenta con ejemplos de casos de complejo desenlace como el episodio que terminó con la vida del efectivo de la Policía Federal, Juan Pablo Roldán, que fue asesinado por un hombre identificado como Rodrigo Facundo Roza, que lo apuñaló con un cuchillo en la zona aledaña al MALBA. El psiquiatra del homicida, Jorge Alberto Monforte, fue llevado a juicio por presunto abandono de persona y homicidio culposo y finalmente fue absuelto.

Otra de las claves que fomentaron la determinación de insistir en cambiar el articulado de la ley reside en el testimonio de Marina Charpentier, la mamá del reconocido músico Chano Moreno Charpentier, quien expuso en el Congreso de la Nación la necesidad de aclarar algunas definiciones difusas vigentes y la falta de herramientas para contener situaciones de brotes y episodios agudos a raíz de trastornos mentales y adicciones. “La Ley Nacional de Salud Mental fue creada en 2010 sin la consulta de psiquiatras ni universidades. No aborda la realidad de las familias que sufren estas enfermedades”, supo contraargumetnar.

A principios de año, la activista y madre del cantante de Tan Biónica cargó contra el Gobierno Nacional al calificar el Presupuesto, prorrogado desde 2023, destinado a salud mental como “un chiste”. “Solo se destina un 10% del presupuesto de salud, y eso cuando hay suerte”, sostuvo en una entrevista a este medio.