El gobierno de Javier Milei reformó por decreto el funcionamiento de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) al término de las sesiones extraordinarias y ahora afina su estrategia para blindar el decreto en el Congreso.
El decreto 941/25, que introduce modificaciones sustanciales en la Ley de Inteligencia Nacional, fue publicado el último día hábil del año pasado: redefine competencias, reorganiza estructuras, crea nuevos ámbitos de coordinación interinstitucional y establece un marco más preciso para la producción de inteligencia estratégica por parte del Estado.
Entre los puntos más cuestionados por la oposición se destaca la habilitación para que el personal de Inteligencia ejecute aprehensiones de personas, bajo supuestos expresamente delimitados.
Desde la oposición cuestionaron que una reforma tan sensible haya sido realizada por decreto y plantearon que no existió un contexto de “necesidad y urgencia”, por lo que reclaman que el DNU sea tratado inmediatamente en el Congreso. Al mismo tiempo, se hicieron diferentes presentaciones ante la Justicia para suspender su aplicación.
En ese contexto, diputados de Fuerza Patria, Provincias Unidas y la Coalición Cívica presentaron notas ante el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y su par del Senado, Victoria Villarruel, para que conforme dos comisiones clave: la bicameral de Inteligencia y la bicameral de Trámite Legislativo.
La primera tiene 14 miembros, siete por cada Cámara, y se encarga de monitorear las actividades de los organismos de inteligencia. La segunda, con 16 miembros, se encarga de determinar si los decretos presidenciales son válidos.
Ante la consulta de Infobae, fuentes del oficialismo dieron a entender que parte de la estrategia será no conformar esas bicamerales durante el receso legislativo y jugar con los tiempos reglamentarios para estirar su debate hasta marzo. Por lo tanto, la oposición no tendrá más alternativa que esperar a que se venzan los plazos mínimos estipulados en la ley que regula los DNU.
El Poder Ejecutivo tiene 10 días hábiles para enviar el texto del decreto al Congreso, es decir, tiene margen hasta el jueves 15 de enero. Desde ese momento deberán correr otros 10 días hábiles para que el decreto sea analizado por la comisión bicameral. Pero como no está conformada, recién el 29 de enero las dos Cámaras podrán debatir la validez del DNU en el recinto.
La ley marca que para hacer caer un DNU ambas Cámaras deben rechazarlo por mayoría simple, como ocurrió el año pasado con el decreto que aumentaba los fondos de la SIDE. En ese sentido, el Gobierno puede concentrarse solo en una de las Cámaras para blindar la reforma de Milei, tal como hizo con el DNU 70/2023 de reforma del Estado, que fue rechazado en el Senado pero nunca llegó al recinto en Diputados por falta de votos opositores.
La oposición no está tan lejos de alcanzar el quórum para abrir una sesión especial en febrero. A los 93 diputados del peronismo se sumarían 22 de Provincias Unidas y 4 de la Izquierda y algunos “líberos” como la cordobesa Natalia De la Sota y el puntano Jorge “Gato” Fernández. Como base son 121, pero tendrán que sumar por lo menos 8 voluntades más.
Al igual que con la discusión del Presupuesto, la posición de los gobernadores y del radicalismo terminará de inclinar la balanza. Estos últimos, hasta el momento guardaron un silencio absoluto sobre el tema. “Lo están estudiando y consultando con los gobernadores”, se limitaron a decir desde el bloque UCR. Y las provincias aliadas cerraron el año pasado en buenos términos con la Casa Rosada luego de las negociaciones por el Presupuesto 2026, hasta el momento no hubo señales que indiquen cambios en las relaciones de fuerza parlamentarias.
Por su parte, el PRO hizo algunas salvedades pero anunció su apoyo a la reforma a través de un comunicado: “Creemos que los cambios introducidos podrían resultar positivos, pero insistimos en que es imprescindible conocer los protocolos de uso, reglas de empeñamiento y alcances operativos”.
Los legisladores libertarios consultados por Infobae coincidieron en que el Senado a priori muestra un escenario más favorable para poder blindar el veto de Milei. Aunque aclararon que ven difícil que la oposición logre avanzar en Diputados también. “Es un tema poco sexi para la ciudadanía y un tema muy áspero para voltearlo”, razonaron.
Por otro lado, primero se suscitará una discusión parlamentaria que podría embarrar más el terreno. Los libertarios aseguran que la oposición no podrá tratar el tema durante febrero porque Milei no lo incluirá en la lista del Poder Ejecutivo, junto con la reforma laboral y la ley de glaciares, por ejemplo.
En cambio, la oposición argumenta que el procedimiento de control de los DNU tiene un régimen propio, autónomo y obligatorio para el Congreso, que no depende de la agenda establecida por el Ejecutivo. Plantean que es una atribución indelegable del Congreso y no puede quedar supeditada a la voluntad del Poder Ejecutivo.
Como suele suceder con casi todas las polémicas reglamentarias, su resolución dependerá del número de voluntades que reúna cada parte, ya que el “recinto es soberano” y tiene la interpretación última.
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