Conecta con nosotros

Destacado

Los trabajadores de la administración pública vuelven a la presencialidad

Publicado

en

La medida alcanza a todos los empleados que hayan recibido al menos la primera dosis de alguna de las vacunas contra el coronavirus disponibles en el país.

Luego de más de un año de trabajar bajo la modalidad a distancia, en el marco de las medidas que aplicó el Gobierno para evitar la propagación del coronavirus, los empleados de la administración pública regresarán a partir de este lunes a la presencialidad en los diferentes organismos del Estados.

La medida alcanza a todas las personas que hayan recibido hace 14 días, o más, al menos la primera dosis de cualquiera de las vacunas contra el COVID19 autorizadas para su uso en la República Argentina, independientemente de la edad y la condición de riesgo.

De acuerdo con lo que precisaron las autoridades nacionales, los trabajadores que tengan que regresar a las oficinas deberán ser notificados por su superior jerárquico por lo menos 72 horas hábiles antes del efectivo cumplimiento de la medida.

Según adelantó, algunos empleados estatales ya recibieron el aviso de que este lunes tienen que regresar a sus actividades de manera presencial, en los lugares donde lo hacían habitualmente antes de la llegada de la pandemia al país.

En tanto, la Corte Suprema de Justicia resolvió recientemente que la actividad presencial volverá a los tribunales federal y nacionales del país a partir del 1 de septiembre. Los convocados serán todos los magistrados, funcionarios y empleados, incluso los de más de 60 años, que ya hubieran recibido al menos una dosis de la vacuna, como indica la normativa.

Solamente quedarán exceptuadas de esta obligación las personas con inmunodeficiencias, categoría que comprende a los pacientes oncológicos, con HIV, y trasplantados, y aquellas que estén transitando un embarazo.

Al respecto, se advirtió que estas son las únicas excepciones y que todos los miembros del personal estatal que sean convocados a las oficinas y se ausenten, “serán pasibles de las sanciones que correspondan de conformidad con el régimen disciplinario aplicable”.

No obstante, se aclaró también que podrá realizarse el trabajo remoto cuando, por la adecuación a los protocolos de cuidado contra el coronavirus aprobado por la Comisión de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, o por aquellos que fueren aplicables según la normativa vigente, sea necesaria la alternancia de la modalidad presencial.

En estos casos, la normativa establece que se deberán contemplar “las situaciones de las madres, padres, encargados o tutores de niñas y niños de hasta 13 años inclusive, que asistan alternadamente a los establecimientos educativos”.

También se podrán prestar servicios presenciales, en un esquema mixto, que incluye a tiempo parcial, en fracciones no inferiores al 50 % de la jornada normal, habitual y permanente dispuesta para la categoría de revista de cada agente, o hasta 20 horas semanales, sin exceder la carga horaria prevista para la categoría de cada agente.

Por otra parte, todos los que presten servicios de manera remota no podrán cambiar el domicilio real denunciado en sus legajos personales a una distancia que supere los 100 kilómetros del mismo, y en aquellos casos en que la mudanza no supere esta distancia, deberán notificar esta circunstancia a sus organismos empleadores.

La decisión del regreso de los empleados públicos a la presencialidad se confirmó días a atrás, mediante la publicación en el Boletín Oficial de la Resolución 91, la Secretaría de Gestión del Empleo Público de la Jefatura de Gabinete, la cual definió las pautas para llevar adelante la medida.

La norma, que lleva la firma de la secretaria de Empleo Público, Ana Gabriela Castellani, establece que “las y los agentes deberán prestar servicios en modalidad presencial programada, conforme las adecuaciones que los titulares de cada Jurisdicción, Organismo y Entidad de la Administración Pública Nacional”, siempre que hayan recibido “al menos la primera dosis de cualquiera de las vacunas destinadas a generar inmunidad adquirida contra el COVID-19, independientemente de la edad y la condición de riesgo, transcurridos 14 días de la inoculación”.

En tanto, con respecto a aquellos trabajadores que decidieron no aplicarse la vacuna, en el sector público se definió que en el caso de aquellos que hayan optado por no inocularse, “deberán actuar de buena fe, dirigiéndose al Departamento de Sanidad (o su equivalente en cada organismo), a fin de obtener información sobre la vacuna en cuestión” y llevar adelante el proceso de vacunación.

Pero, de continuar con la decisión de no vacunarse “deberán firmar una nota con carácter de declaración jurada expresando los motivos de su decisión y comprometiéndose a tomar todos los recaudos necesarios para evitar los perjuicios que su decisión pudiere ocasionar al normal desempeño del equipo de trabajo al cual pertenece, debiendo ser convocados a la prestación presencial de labores”.

En el caso de que un trabajador sea citado a su puesto presencial y no cumplieran con la presencialidad, “serán pasibles de las sanciones que correspondan de conformidad con el régimen disciplinario aplicables”.

Advertisement

Destacado

La jugada libertaria por Adorni exprime la relación con aliados: retrasa el tema en Diputados y tensa el clima en el Senado

Publicado

en

Tomado por el caso de Manuel Adorni, que se mantiene en agenda a pesar de sus intentos, el oficialismo enfrentará este jueves la segunda prueba de la estrategia para ganar tiempo en el Congreso. Después de haber demorado el tema en Diputados, llega el turno del Senado. El cuadro no es idéntico. El Gobierno exprimió al máximo la relación con sus aliados, pero en el Cámara alta juega además, y se verá hasta qué punto, la interna y su impacto entre los socios, molestos algunos por el desmanejo violeta sobre la presencia del jefe de Gabinete, que viene postergando su informe de gestión desde el mes pasado.

El Gobierno busca oxígeno legislativo, con dos objetivos después de una larga temporada de estancamiento: correr el foco sostenido sobre Adorni y avanzar con algunas de las iniciativas del Ejecutivo. El martes, logró frustrar en Diputados la sesión motorizada por la oposición dura: lo hizo en base a negociaciones con aliados que, la semana próxima, podrían buscar algún resultado en comisiones para amortiguar críticas y darle sustento a su posición. Un día después, llegó la votación de demorados proyectos propios: pago a bonistas y súper RIGI.

El oficialismo celebró esta especie de refresco, resultado de tratativas que, como era de esperar, superan las conversaciones en los despachos del Congreso. Otra vez, debió estar activo Diego Santilli, con colaboración de Economía, para conversar con gobernadores. De manera visible y reservada, el despliegue para proteger al jefe de Gabinete y comprometer apoyo a leyes incluyó a jefes locales de la UCR, del PRO, del peronismo negociador y provinciales.

La salida para el caso Adorni, en Diputados, fue mostrar la convocatoria de la Comisión de Asuntos Constitucionales, para tratar las propuestas de interpelación. La bancada de Cristian Ritondo tomó esa citación como argumento para no dar quórum el martes y, de ese modo, mostrar distancia con la jugada opositora, que fue calificada como show K. En menor medida, fue la explicación difundida desde el bloque oficial de la UCR.

El punto es qué va a pasar entonces el martes que viene, día agendado para la reunión de comisión. Para los más críticos, sería una formalidad con el objetivo de estirar lo más posible el tratamiento del tema en el recinto. Ayer mismo, antes de tratar el acuerdo con un par de holdouts, Maximiliano Ferraro propuso emplazar a la comisión para que dictamine sobre la interpelación. Es decir, que no sea pura dilación. El planteo fue acompañado por legisladores del PRO, el MID, provinciales, peronistas alineados con un par de gobernadores. Se impuso, aunque sin lograr la mayoría especial requerida. ¿Una señal?

En las filas de la oposición más dura, destacan que en realidad debería ser convocada también otra comisión (Peticiones y Poderes). Y consideran que el apoyo a la iniciativa del legislador de la CC sería sólo una movida para tratar de “salvar” la imagen después de haber colaborado con LLA para dejar al recinto sin quórum, un día antes. Esa decisión había dejado en situación incómoda al PRO y la UCR, al menos en términos de exposición pública. Habían producido declaraciones muy duras, reclamando que el Gobierno le diera salida al jefe de Gabinete. De manera informal y al igual que otros dialoguistas, buscaban que Olivos se hiciera cargo y descomprimiera al Congreso. No fue esa la respuesta de Javier Milei.

El foco pasó al Senado, cuya agenda incluía el tratamiento del pedido de interpelación, este jueves, sin paso previo. Además, incluía para una semana después el informe de Adorni. La interna libertaria ya jugaba en ese tablero y volvió a anotar un capítulo de tensiones entre Patricia Bullrich y Karina Milei, expresada otra vez por el jefe de los ministros. Eso, sin contar los recelos con Victoria Villarruel y la desconfianza por los manejos con el peronismo.

Parecía que todo se iba a limitar, aunque no fuera poco, a un intercambio de señales, alimento del microclima político. Adorni, con aval presencial de Karina Milei, recibió en tandas a la mayoría de los senadores de LLA, con la pretensión repetida de exponer sostenimiento doméstico. Y Bullrich, como ya había dejado trascender, eludió la cita. No estaba en los cálculos previos el cruce por el informe de gestión previsto para el 2 de julio.

La jefa del bloque libertario dio un giro notable, en apenas una semana, para frenar el tratamiento de la interpelación al jefe de Gabinete. En principio, se había impuesto el criterio impulsado por el peronismo para aprobar esa propuesta en el recinto con mayoría absoluta -la mitad más uno de los miembros de la Cámara-, pero Bullrich cambió esa línea y junto a aliados impuso el criterio según el cual debería contar con el respaldo de dos tercios de los votos si no cuenta con dictamen. Así quedó escrito en al Acta de Labor Parlamentaria del martes último.

Ese papel, dicho de otra forma, expone que al oficialismo le alcanzaría con un tercio de votos para bloquear el tratamiento en el recinto, lo que significaría que inicie el camino de las comisiones. Los cálculos que circulan en medios del Senado indican que difícilmente LLA no consiga ese piso, más allá del malestar que recorre a socios y bloques que en general acompañan los pedidos del Gobierno.

Con ese cortinado de fondo, un interrogante surge de posición del PRO -de escaso peso numérico en la Cámara alta-, que decidió impulsar un planteo de interpelación en el recinto. ¿Es una posición aislada o un síntoma de enojo más amplio con los manejos del oficialismo? Ese clima resultó nutrido por el capítulo más reciente de la interna libertaria: el cruce entre Bullrich y Adorni por el informe de gestión.

Como un paso para restarle foco al funcionario -y mostrar nuevamente dominio de territorio-, la jefa del bloque de LLA manejó casi al mismo tiempo la decisión de bajar la presencia de Adorni en el Senado. Esa fecha, la del 2 de julio, había sido fijada por el jefe de los ministros, a pesar de los reclamos opositores y el fastidio en las propias filas por el largo retardo para cumplir con lo que marca la Constitución. Debía haber sido en mayo.

Cuando, a pesar de todo, parecía superado este capítulo, Adorni tuiteó que él mantenía su “disposición” a presentarse en el Senado. El punto es qué sucede si alguien plantea el tema, este jueves, en el inicio de la sesión y lo hace, por ejemplo, como una moción. Otra inquietud sin respuesta cierta. El interés está puesto en esos puntos y, lejos, aparece el tratamiento del proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada.

Continue leyendo

Destacado

Quirno reclamará hoy en la ONU que el Reino Unido acepte negociar con Argentina la soberanía de las Islas Malvinas

Publicado

en

(Enviado especial a New York, Estados Unidos) La soberanía nacional en las Islas Malvinas es una reivindicación histórica que atraviesa las miradas ideológicas y las posiciones geopolíticas: a través de un minucioso proyecto de Resolución, los regímenes totalitarios de Cuba, Nicaragua y Venezuela respaldarán hoy al canciller Pablo Quirno cuando exija en la ONU que el Reino Unido debe negociar con Argentina para resolver un conflicto territorial que se arrastra desde el siglo XIX.

“Tengo las mejoras expectativas”, adelantó el canciller tras participar de la inauguración de Argentina Way, un reconocimiento que hizo la ciudad de New York al país por los 80 años de la apertura del Consulado argentino en Manhattan.

Argentina Way está en la esquina de la Quinta Avenida y la calle 56, a pocos metros de la Torre Trump. Durante la ceremonia de inauguración de Argentina Way, Quirno reivindicó la alianza estratégica entre Javier Milei Donald Trump.

Trump tiene voluntad política de apoyar los reclamos históricos del país frente a Londres, y esa posición diplomática se exhibió durante la Asamblea General de la OEA que sesionó en Panamá.

En este contexto, la diplomacia argentina concurre –de nuevo- a la ONU para ratificar su posición histórica sobre las Islas Malvinas, mientras aguarda que la voluntad de Trump influya sobre el Reino Unido.

No será la primera vez que la ONU revisa el Caso Malvinas. Desde 1965 -gobierno de Arturo Illia-, la Asamblea General de Naciones Unidas votó diez resoluciones sucesivas reconociendo la existencia de la disputa territorial e instando a la Argentina y al Reino Unido a iniciar negociaciones.

Y a partir de 1989 -mandato de Raúl Alfonsín-, la compleja situación en las Islas del Atlántico Sur fue abordado por el Comité Especial de Descolonización, que convocó a las partes en conflicto a terminar con las diferencias territoriales en una mesa de diálogo diplomático.

Londres siempre rechazó la propuesta de la ONU, alegando el principio de libre determinación de los pueblos.

Ese argumento de la diplomacia inglesa no tiene sustento en las normas internacionales. El principio de libre determinación requiere la existencia de un pueblo bajo dominación extranjera, una condición sine qua non que no aplicaría en el Caso Malvinas: los pobladores que ocupan las Islas del Atlántico Sur nunca estuvieron a merced de una potencia colonialista, y menos con Argentina.

En realidad, Argentina y el Reino Unido protagonizan un caso especial de descolonización, y la única manera de resolver este conflicto es a través de negociaciones diplomáticas. Un escenario que Argentina propone y el Reino Unido rechaza, pese a las sucesivas resoluciones de las Naciones Unidas.

Quirno expondrá hoy a las 11 AM ante el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas. Este Comité tiene como miembros permanentes a Bolivia, ChinaIrán, India, Congo, VenezuelaCuba, Chile y Costa de Marfil, entre otros países.

La misión argentina en la ONU hizo bien su trabajo y el proyecto de Resolución avalado por Cuba, Nicaragua, Venezuela y Bolivia será respaldado por consenso de todos los integrantes del Comité de Descolonización.

El Reino Unido se movió muchísimo en New York para aplacar la derrota diplomática que sufre todos los años en la audiencia del Comité.

Pero los derechos argentinos están probados a lo largo del tiempo, y el lobby británico poco pudo hacer frente a los antecedentes históricos y jurídicos que sostienen la soberanía nacional en las Islas Malvinas.

Los ciudadanos ingleses que ocupan las Islas Malvinas también expondrán en la audiencia del Comité de Descolonizacion.

Y además del canciller Quirno se aguardan las presentaciones de Paula Vernet y Guillermo Clifton, que conocen a fondo la historia del territorio argentino que Londres aún mantiene ilegalmente bajo su control.

Continue leyendo

Destacado

En una sesión incierta por el caso Adorni, el Senado buscará aprobar la ley de propiedad privada

Publicado

en

En un encuentro que desde el inicio será más que delicado y que tendrá varias opciones con posibilidad de consumación, el Senado sesionará desde las 11 para definir si se habilita una votación y activar una eventual interpelación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Tras ello, aparecen en la bandeja pliegos judiciales, ascensos diplomáticos y la aprobación de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, que dialoguistas ya le desplumaron a la jefa libertaria en la Cámara alta, Patricia Bullrich, y que hasta anoche no estaba del todo cerrada, tras largas semanas de intercambio de borradores.

Para acercar la lupa al inevitable conflicto de las próximas horas primero debe recordarse que, la semana pasada, Bullrich acordó con su par kirchnerista, José Mayans (Formosa), que la situación de Adorni podía habilitarse con mayoría absoluta, bajo una interpretación “operativa” del artículo 101 de la Constitución, que menciona la interpelación, censura y remoción. En realidad, al referirse a proyectos de resolución, si los mismos no cuentan con dictamen, están obligados a tenerlo de la comisión de Asuntos Constitucionales. Lo dice el reglamento, pese a llantos disfrazados de republicanos.

Tras varias recomendaciones de aliados, la porteña solicitó una nueva Labor anteayer y, con otros bloques, empujaron otra acta. Allí, se aclaró lo de los dos tercios. Se presumió, luego de ese convite, que la situación de Adorni quedaba suavizada. No obstante, la reciente iniciativa del presidente del PRO en el Senado, Martín Goerling (Misiones), volvió a encender las alarmas. Para terminar de comprender todo esto, hay que remarcar que el jefe de Gabinete tuvo un ida y vuelta en cuanto si le correspondía asistir la semana próxima -2/7- a dar un informe de gestión. Anteanoche, cuando parecía resuelto que no, lanzó un tuit para dejar en offside a los legisladores. Algunos estallaron en furia y tomaron lo del funcionario como una provocación innecesaria.

Ahora, los pasos. En primer término, habrá que conseguir quorum. Sería delirante que esto no sucediera, aunque en una Cámara alta tan alocada, nunca hay que descartar nada. Pensemos que el kirchnerismo no suele bajar al inicio y deja todo en manos de libertarios y dialoguistas, aunque ahora le interesa interpelar a Adorni. De no prosperar, el cristinismo también habrá avalado para que se discuta propiedad privada más tarde.

Seguido a ello, se debatirá si se habilita con dos tercios, como plantea el acta de Labor Parlamentaria del martes. Sin embargo, la misma debe ser antes aprobada, por mayoría simple. ¿Y si esto no ocurriera? Bien podría proponerse la de la semana pasada. Por eso es importante el paso a paso. Bajo la suposición del nuevo entendimiento entre Gobierno y aliados, quedaría vigente la opción uno.

Lo más jugoso vendrá una vez ejecutada dicha acción. Es decir, la habilitación del tratamiento de los proyectos sobre interpelación. La gran pregunta es cuál será tomado, si el de Mayans o el de Goerling. ¿Esto se convertiría en un obstáculo para que no se analice, al final, ninguno de ellos? Difícil saberlo. Ambos coinciden en el jueves próximo para que asista el jefe de Gabinete. Por ende, casi que los acerca, en gran medida. ¿Y qué hará la UCR? La vivencia aún fresca de la expulsión del ex senador Edgardo Kueider (Entre Ríos) agiganta las especulaciones y la moneda al aire.

El momento de la verdad, los dos tercios -de los presentes-, implica la contemplación de los siguientes parámetros. Lo lógico, ver la cantidad de sentados en bancas. Luego, si Bullrich tiene a todos sus soldados ahí. En las últimas horas corrieron rumores sobre legisladores que prefieren no estar o que, en el peor de los escenarios, no se hallarán por la Ciudad de Buenos Aires. El deber básico de quien comanda una bancada es tener entera a su tropa cuando lo precisa el Ejecutivo. Sería un papelón para la Casa Rosada y una mala señal para inversiones que miran cómo este episodio lima el control del Congreso.

La Libertad Avanza tiene 21 integrantes. En caso de ausencias, y si se visualizara un probable acompañamiento en conjunto para interpelar a Adorni del kirchnerismo y del PRO -como indican las iniciativas de Mayans y Goerling-, el radicalismo se enfrentará a un problema no menor, con gobernadores que tienen buen diálogo con Balcarce 50 y legisladores que prefieren que lo del funcionario lo resuelvan los hermanos Milei. Bajo la línea de flotación aparecen varios silvestres provinciales y dos o tres pícaros peronistas que -ahora- dicen no ser más cristinistas. Suelen moverse según el viento del día, si es que no hablaron antes con la administración central. Se presume lo último, aunque a veces puede no ser suficiente. Como le pasó a Kueider.

Bajo este escenario, lo único cierto es el riesgo de llegar al recinto con diversos senderos. Quien hizo bien alejarse de algunos primeros planos ayer -una de sus grandes obsesiones- fue la propia Bullrich, quien no quiere quedar señalada como la titiritera detrás de algo que podría terminar muy mal para La Libertad Avanza. En cambio, en otros despachos confiaban en señales relacionadas con que Balcarce 50 habría hecho su “tarea”. Se corroborará este mediodía.

De confirmarse los dos tercios, sobrará también para la mayoría absoluta y Adorni tendrá que asistir el próximo jueves. Si no, salvo que aparezca antes otra resolución a los ponchazos -¿convocar a Asuntos Constitucionales, por ejemplo?-, se continuará con la sesión. Pliegos judiciales, ascensos diplomáticos trabados hace meses, convenios internacionales y propiedad privada aparece en el acta de Labor.

La ley que desea el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, fue fileteada a gusto por radicales. La ex ministra de Seguridad no puso reparos a esto y el articulado final recién se explicará durante la sesión. El texto modifica cuestiones no menores sobre expropiaciones, desalojos, venta de tierra a extranjeros y la quita de prohibiciones en la ley de manejo del fuego que impulsó Máximo Kirchner durante la presidencia de su “compañero” Alberto Fernández. Todo esto estará en juego en el convite que liderará el titular provisional del Cuerpo, el oficialista Bartolomé Adala (San Luis), debido a que Victoria Villarruel ya reemplaza a Javier Milei en el Ejecutivo por el viaje al exterior del primer mandatario.

Continue leyendo
Advertisement

Trending