Mauricio Macri comenzó, lentamente, a pensar en el 2027, y un encuentro en Puerto Madryn, a principios de marzo, será el puntapié inicial de una recorrida federal para reactivar a la dirigencia del PRO, cortar la sangría de dirigencia hacia otros espacios políticos y cambiar la narrativa en torno al partido amarillo -y su liderazgo-, de cara al 2027.
Desde el entorno del ex presidente, y ante la consulta de Infobae, aseguran que no se trata de una agenda proselitista en modo de candidato, sino fortalecer la estructura interna partidaria, recuperar volumen territorial y reunirse con gobernadores e intendentes aliados, “para conformar una propuesta innovadora” para el próximo turno electoral.
Todo este proceso se da en medio de cuestionamientos de varios dirigentes, tanto en privado como en público, por el estilo “ambiguo” de Macri para conducir al PRO, sobre todo en cuanto a la relación con los hermanos Milei y La Libertad Avanza. El ex senador Federico Pinedo fue explícito durante un reportaje con este medio publicado a mediados de enero: “El PRO necesita lo que necesita cualquier proyecto político, objetivos claros y un liderazgo que convoque”.
La recorrida de Macri por el país es, por el momento, una declaración de intención. Más allá de confirmar su participación en la edición 2026 del Foro PescAR, el encuentro nacional de la industria pesquera que se llevará a cabo el próximo 5 de marzo en Puerto Madryn, organizado por la Cámara de la Flota Amarilla de Chubut (CAFACH) y la Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (CAPIP), no hay aún otros eventos confirmados.
En este marco, no pocos dirigentes amarillos esperan una convocatoria a la próxima reunión del consejo partidario, clave para definir una hoja de ruta institucional de cara a lo que viene. Este encuentro se debería realizar en las próximas semanas.
Mientras tanto, la atención esta semana gira en torno al Congreso. En diputados, este martes hubo una reunión de bloque convocada por Cristian Ritondo, para definir criterios de cara a la sesión del próximo jueves, donde se discutirá el nuevo proyecto de Reforma Penal Juvenil, con una serie de cambios pactados con la oposición dialoguista. La iniciativa contempla que la edad mínima de imputabilidad sea desde los 14 años, que se detallen las partidas presupuestarias que harán efectivas el tratamiento de la ley y que se baje la pena máxima para menores de veinte a quince años.
El bloque amarillo empujó estos cambios. “¿Por qué 14 y no 13 como propuso el Gobierno? Fundamentalmente por una cuestión de prudencia científica y de realidad operativa. Por un lado, no hay consenso médico ni psicológico sobre si un chico de 12 o 13 años comprende plenamente la criminalidad de sus actos. Tanto la Convención de Naciones Unidas, en su observación general número 24 relativa a los derechos del niño en el sistema de justicia juvenil, y estudios en neurociencias advierten que a esa edad el pensamiento abstracto aún está en desarrollo. Ante la duda, más allá de lo que uno crea, es decir, sin que implique tomar partido, lo más prudente parece ser esperar a que se consolide un criterio científico”, planteó un importante diputado del PRO.
Y amplió: “Por otro lado, somos conscientes que hoy el Estado tiene enormes dificultades para alojar y tratar a los menores que ya están en el sistema. Sabemos que bajar la edad implica un esfuerzo grande en términos de infraestructura y bajar la edad a 13 años duplicaría la población de internos de un día para el otro. La propia Corte Suprema ya alertó al Poder Ejecutivo sobre la falta de infraestructura. Sin lugares adecuados, la ley nacería muerta”.
“¿Por qué 14 y no 15 (o mantener los 16)? Hay que tener un criterio de realidad. Mantener el límite en 16 años nos deja casi aislados (solo Cuba tiene ese régimen en la región) y pensar en los 15 años, como sucede en los países nórdicos (Finlandia, Noruega), ignora nuestra realidad. Argentina debe alinearse con el estándar de democracias occidentales comparables y de la región: Alemania, España, Italia, Chile, Uruguay y Colombia, entre otros, fijan la imputabilidad en los 14 años. Es el punto de equilibrio más razonable”, completó.
Por otro lado, el miércoles será el turno del Senado, donde se discutirá la Reforma Laboral que impulsa el oficialismo. Ayer, martes, se reunió la mesa política del Gobierno en Casa Rosada para definir los puntos más controvertidos. Hay más de 20 artículos en revisión y concesiones a la CGT.
También hubo señales al gobierno porteño en la previa de la discusión legislativa: suscribió un acuerdo para trasferir las competencias sobre la Justicia Laboral a CABA. El convenio, que deberá ser aprobado por el Congreso (ya ingresó al Senado) y la Legislatura porteña, establece un régimen progresivo para que los nuevos tribunales laborales de la Ciudad comiencen a funcionar y asuman competencias sobre las causas iniciadas después de la entrada en vigencia del acuerdo. Las causas previas, en cambio, seguirán bajo la órbita de la Justicia Nacional hasta agotar la doble instancia.
Según el texto del convenio, CABA recibirá todas las competencias relativas a conflictos individuales de trabajo, pero quedarán excluidos del traspaso y seguirán bajo jurisdicción federal:
- Los conflictos colectivos y la negociación colectiva.
- Los temas de asociaciones sindicales y personería gremial.
- Las competencias del Pacto Federal del Trabajo que no hayan sido delegadas.
- Las causas laborales donde sea parte el Estado Nacional.
- Los recursos contra decisiones administrativas dictadas por autoridades nacionales.
De esta manera, el fuero federal mantendrá atribuciones clave en materia sindical y de relaciones laborales colectivas.
En tanto, el acuerdo prevé una transición ordenada y las causas iniciadas antes del día de entrada en vigencia seguirán en la Justicia Nacional del Trabajo. A su vez, la ejecución de las sentencias se trasladará al nuevo fuero porteño y las causas nuevas irán al Fuero del Trabajo porteño, y las comprendidas en materias excluidas, al fuero contencioso administrativo federal.
Además, una vez aprobado el acuerdo, se dispondrá el cierre inmediato de los juzgados laborales nacionales vacantes y de la Sala VII de la Cámara Nacional del Trabajo, según el listado del Anexo I. El cierre total del fuero laboral nacional se realizará de manera progresiva.
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