Contrataciones directas para la obra pública

El decreto también redefine aspectos relacionados con las contrataciones directas. Entre otras cuestiones, establece que podrán utilizarse cuando el presupuesto oficial de la obra no supere el equivalente a 400 unidades de medida, definidas como el valor del metro cuadrado de construcción. Ese valor será actualizado por la autoridad de aplicación en función de índices objetivos vinculados a la evolución de los costos del sector.

En materia de adjudicación, la nueva reglamentación dispone que el precio continuará siendo el criterio principal para determinar la oferta más conveniente. Sin embargo, de manera excepcional y siempre que esté previsto en los pliegos, podrán considerarse otros factores como la calidad de la propuesta, sus aspectos técnicos, la solvencia de la empresa, sus antecedentes, la integridad del oferente y criterios de sostenibilidad económica, social y ambiental.

La norma incorpora además nuevas pautas para las modificaciones contractuales durante la ejecución de las obras. En los casos en que se utilicen las reservas presupuestarias previstas por la legislación vigente, ya no será necesario suscribir un nuevo contrato, sino que bastará con un acto administrativo que apruebe los cambios y certifique que responden a necesidades concretas de la obra.

Otro aspecto es la incorporación de un nuevo artículo que regula las prórrogas de plazo. Las empresas contratistas podrán solicitar extensiones del tiempo de ejecución cuando existan causales previstas por la ley, siempre que presenten una justificación formal dentro de los 30 días de producido el hecho que generó la demora. La repartición encargada del control de la obra deberá evaluar la incidencia efectiva de esas circunstancias sobre el plan de trabajos.

Las nuevas disposiciones se aplicarán a las licitaciones en las que aún no se hayan abierto las ofertas y, en materia de ejecución de obras, alcanzarán a los contratos actualmente vigentes, siempre que no se afecte el principio de igualdad entre los participantes.

Fuente: Agencia DIB

Los reclamos de Axel Kicillof por más fondos

El Gobierno de Kicillof reclama deudas que se remontan a 2020 y argumenta una falta de pago total desde Nación a partir de 2024. Pide fondos que el Estado nacional debería transferir a la Provincia en virtud de una simulación que marca cuánto cobraría un jubilado de la caja provincial si se hubiera jubilado dentro del régimen nacional, cálculo por el que se pagan adelantos a cuenta de una auditoría, que la administración nacional afirma que no está finalizada.

En concreto, la Provincia presentó la demanda en abril de 2024 para reclamar que Nación restableciera “las transferencias y las actualizaciones correspondientes” a la compensación por el déficit de las cajas jubilatorias reconocida en la ley 27.701. El reclamo acumulado, a valores actualizados, asciende a unos 2,2 billones de pesos.

Esta avanzada de parte de la Provincia se enmarca en un contexto en el que el Gobierno tiene que resolver diferentes reclamos sectoriales por elevadas cantidades de fondos. Pero puntualmente con la administración provincial, hay otros siete reclamos judicializados por más de $15 billones de pesos. Entre ellos están el recorte de los fondos vinculados a la seguridad (Fondo de Fortalecimiento Fiscal), al transporte (Fondo de Compensación al Transporte del Interior) y a los salarios docentes (Fondo Nacional de Incentivo Docente).

Fuente: Agencia DIB

Reclamos de intendentes y vecinos

Mientras los gobernadores del Norte Grande buscarán tener una posición conjunta sobre los cambios en el régimen, en la provincia de Buenos Aires intendentes, organizaciones de usuarios y concejos deliberantes avanzan con campañas de recolección de firmas, petitorios, movilizaciones y la posibilidad de recurrir a la Justicia.

En los últimos días se multiplicó la recolección de firmas de las diferentes Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMIC) y organizaciones como la Liga de Consumidores, Usuarios y Amas de Casa. Hubo campañas en Mar del Plata, Tandil, Olavarría, Bragado, La Costa, entre otras comunas. La idea es llevar miles de firmas al Congreso.

Más allá de las firmas, también los jefes comunales meten presión. Francisco Echarren, de Castelli, donde el Concejo aprobó el repudio a la eliminación, calificó de “caraduras” a los funcionarios nacionales y resaltó que hasta los ediles que apoyaron a Milei repudiaron la quita. Mientras su par de Coronel Suárez, Ricardo Moccero, calificó la propuesta como “una locura”, el Foro de Intendentes radicales se sumará al “frazadazo” que se hará frente al Congreso ante el debate de la ley.

Otro de los intendentes que se refirió al tema fue Federico Susbielles, de Bahía Blanca, que deslizó la posibilidad de recurrir a la Justicia si avanzan en la quita del beneficio. “No nos vamos a resignar. Por eso vamos a solicitar al Concejo Deliberante el acompañamiento necesario para avanzar por la vía judicial en defensa de los intereses de todos los bahienses”, dijo.

Cuáles son los municipios que perderían la Zona Fría

Con los cambios, se estima que más de 1,69 millones de hogares de la zona fría ampliada con ingresos de más de $ 4,1 millones (tres canastas básicas) perderán los subsidios. Mientras tanto, lo mantendrán 1,8 millones de hogares en las zonas de severidad climática. Habrá que ver, en definitiva, cómo funciona el reempadronamiento.

Entre los municipios que perderían el beneficio están 25 de Mayo; 9 de Julio; Adolfo Alsina; Gonzales Chaves; Alberti; Arrecifes; Ayacucho; Azul; Balcarce; Baradero; Benito Juárez; Bolívar; Bragado; Cañuelas; Capitán Sarmiento; Carlos Casares; Carlos Tejedor; Carmen de Areco; Castelli; Chacabuco; Chivilcoy; Colón; Coronel Rosales; Coronel Rosales; Coronel Pringles; Coronel Suárez; Daireaux; Dolores; Florentino Ameghino; General Alvarado; General Alvear; General Arenales; General Belgrano; General Guido; General Madariaga; General La Madrid; General Las Heras; Lavalle; General Paz; General Pinto; General Viamonte; General Rodríguez; General Viamonte y General Villegas.

También otros distritos afectados serían Guaminí; Hipólito Yrigoyen; Junín; Laprida; Las Flores; Leandro N. Alem; Lincoln; Lobería; Lobos; Maipú; Mar Chiquita; Marcos Paz; Mercedes; Monte; Monte Hermoso; Navarro; Olavarría; Pehuajó; Pellegrini; Pergamino; Pila; Puan; Ramallo; Rauch; Rivadavia; Rojas; Roque Pérez; Saavedra; Saladillo; Salliqueló; Salto; San Andrés de Giles; San Antonio de Areco; San Cayetano; San Nicolás; San Pedro; Suipacha; Tandil; Tapalqué; Tordillo; Tornquist; Trenque Lauquen; Tres Arroyos; Tres Lomas y Villarino.

Asimismo grandes localidades están en la mira, como Mar del Plata (General Pueyrredon), una de las ciudades con mayor cantidad de usuarios alcanzados por Zona Fría, y Bahía Blanca. Y completan la lista las costeras Necochea; La Costa; Pinamar y Villa Gesell.

Fuente: Agencia DIB