El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que ingresaron más de US$ 22.500 millones al concluir este viernes la etapa uno del blanqueo de capitales.

“Hoy se termina la primera etapa del proceso de Regularización de Activos. El monto declarado en efectivo hasta el día de ayer fue de 20.085 millones de dólares. Adicionalmente, se declararon 2.432 millones de dólares por otros conceptos”, dijo Caputo.

“Muchas gracias a todos los argentinos que han confiado en este profundo cambio de rumbo económico, político, cultural e institucional que el presidente Javier Milei está llevando a cabo”, señaló el funcionario en redes sociales.

El resultado de la primera instancia del blanqueo superó todos los pronósticos, ya que el gobierno esperaba que ingresaran no más de US$ 10.000 millones en esta etapa. Para los que declaraban menos de US$ 100.000 en efectivo el costo era cero.

De las 105.000 Cuentas Especiales de Regularización de Activos (CERA) que se abrieron, la mayoría fueron para blanquear cantidades pequeñas, por debajo del umbral, es decir, que blanquearon a costo cero. Quienes tenían menos de ello no pagaban nada, pero el que tenía mas de ello, pagaba un 5% por el total de lo declarado.

Técnicamente, desde este sábado 9 de noviembre, los que tienen dinero blanqueado en cuentas especiales podrán retirarlo, siempre que sea menos de US$ 100.000. Los que blanquearon más y quieren evitar pagar el impuesto tendrán que dejaron en el sistema de cuentas CERA hasta el 31 de diciembre de 2025.

Esto implica que las personas podrán, por ejemplo, comprar una vivienda y pagar con una transferencia a otra cuenta CERA, del vendedor, y si este mantiene allí el dinero, no tributará nada.

También se podrán hacer inversiones en bonos del Estado, pero siempre que el dinero se mantenga dentro del ecosistema de CERAs hasta el fin del plazo legal.

El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Daniel Soria, visitó el municipio y dio detalles del ambicioso proyecto de la Ciudad Judicial junto con el intendente Federico Susbielles.

La iniciativa, que existe desde hace décadas, vuelve a tomar impulso a partir de la firma de un convenio de colaboración entre el municipio y la Suprema Corte de Justicia bonaerense.

El acto se realizó, a partir de la visita del presidente del máximo órgano judicial provincial, el doctor Daniel Soria, quien brindó una conferencia de prensa en Alsina 65.

Lo acompañaron el intendente Federico Susbielles; el secretario de Gobierno Luis Calderaro; el presidente de la Cámara Penal, Gustavo Barbieri; el fiscal general, Juan Pablo Fernández y el titular del Colegio de Abogados local, Rafael Gentili.

“Estamos iniciando las gestiones para que un predio muy importante, que está a unas cuadras de aquí, en un futuro pueda alojar un buen equipamiento judicial, porque va a significar preservar mejor el edificio histórico (de Estomba 34) y poder brindar un servicio de justicia más adecuado y confortable para la gente, de calidad”, dijo Soria.

Esta iniciativa se ha replicado en otros municipios bonaerenses porque es intención de la Corte mejorar su infraestructura para que existan lugares de trabajo dignos y adecuados para la atención al público.

La Cámara Federal porteña rechazó hoy por mal concedida una apelación del ex presidente Alberto Fernández contra la decisión de confirmar al fiscal Ramiro González al frente de la investigación por violencia de género contra la ex primera dama Fabiola Yañez.

Con esta decisión del Tribunal de Apelaciones quedó firme el rechazo de la recusación que resolvió el juez del caso, Julián Ercolini, quien ahora tendrá que definir si hace lugar o no a un pedido del fiscal para citar a Fernández a declaración indagatoria, informaron fuentes judiciales a la agencia Noticias Argentinas.

El rechazo de la apelación de la defensa de Fernández fue firmado por el juez de la sala II del Tribunal de Apelaciones Eduardo Farah, quien entendió que fue “mal concedido” el recurso porque “por regla, la resolución del juez que rechaza la recusación del fiscal no resulta recurrible”.

“Tal extremo veda el acceso a la instancia de apelación, siempre que no se pruebe ningún supuesto de excepción que autorice a apartarse de ese principio. Aquí no concurre alguna de esas últimas circunstancias”, concluyó Farah en la resolución a la que tuvo acceso esta agencia.

En el caso “hubo debate previo a la decisión”  y “el modo en que se escogió materializarlo no fue impugnado en su momento por la defensa, que tampoco explica ahora en qué le causó ello un perjuicio irreparable en la práctica”.

Además, “para el apartamiento de un fiscal es necesario demostrar que carece de la objetividad exigida por las normas que regulan su actuación; tal deber se vincula al rol procesal que tiene y no es equiparable al de imparcialidad del juzgador, que es el tercero neutral que define los conflictos entre las contrapartes”, agregó Farah.

“Partiendo de esa premisa básica del sistema de enjuiciamiento, cabe entender ajeno a esta vía todo cuestionamiento sobre el criterio que la fiscalía (a cargo de la instrucción en los términos del art. 196, CPPN) pueda tener a la hora de ordenar o no la producción (o forma de producción) de determinadas pruebas, porque todo ello tiene su cauce natural de planteamiento, primero, ante el magistrado de garantías –que posee facultades normativas para corregir un determinado procedimiento de estimarlo pertinente y hasta para reasumir la dirección de la pesquisa, eventualmente y, segundo –de escogérselo- a través de los mecanismos de revisión que prevé la ley”, señaló el camarista.

El fiscal González fue confirmado en la causa por el juez federal Ercolini, quien rechazó un planteo de la defensa del ex presidente para apartarlo por supuesta “pérdida de objetividad”.

La Cámara rechazó ahora por mal concedido el recurso de apelación y ante ello el fiscal quedó confirmado y el magistrado tendrá que analizar su dictamen en el que pide que se cite a declaración indagatoria a Fernández por violencia de género hacia Fabiola Yañez.

Fuente: Noticias Argentinas.