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11 provincias ya decidieron desdoblar sus elecciones

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Once provincias que explican casi el 30% del padrón nacional ya decidieron convocar a elecciones ejecutivas en 2023 por cuerda separada de los comicios presidenciales. Si se les suman los cuatro distritos que están impedidos constitucionalmente de ir a las urnas de manera simultánea con la Nación, más Corrientes y Santiago del Estero, que eligieron sus autoridades en 2021, las fórmulas de los partidos y alianzas nacionales que buscarán llegar a la Casa Rosada podrán contar, como máximo, con el empuje de solo siete provincias que, al cierre de esta nota, aún no habían resuelto su estrategia local y representan el 45,69% del electorado.

El desdoblamiento masivo de las elecciones provinciales se cocina al calor de las crisis que atraviesan el Frente de Todos, fracturado en una interna a cielo abierto que escala minuto a minuto, y la alianza Juntos por el Cambio (JxC), conmocionada por los tironeos de halcones y palomas que tracciona el factor Milei.

Osvaldo Jaldo dio el puntapié inicial el jueves pasado, al comentar, casi a la pasada, que Tucumán (3,69% del padrón nacional) votará en junio de 2023. Sin embargo, el anuncio es la punta de un iceberg que tiene especial repercusión en el Norte Grande, región a la que el Gobierno le dio principal prioridad en la gestión y que en su totalidad irá a las presidenciales del 22 de octubre del año próximo con sus autoridades ya electas.

En Catamarca (0,95%), Raúl Jalil analiza por estos días llamar a elecciones para marzo del año que viene, tal como establece la Constitución local. Si bien un artículo habilita al Ejecutivo local a modificar la fecha, un hombre de peso del oficialismo, cercano al mandatario, indicó a Letra P que se votará en esa fecha para asegurar la reelección del gobernador. En La Rioja (0,86%), Ricardo Quintela todavía no se expresó públicamente. Según pudo saber este portal, el mandatario irá por su segundo periodo en la primera quincena de mayo. Pista: en 2019, las elecciones provinciales se realizaron el 12 de ese mes. Ambas provincias están gobernadas por el peronismo y fueron las únicas que, junto a la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, votaron sus autoridades junto con las presidenciales de 2019.

En Jujuy (1,67%), Gerardo Morales avanza en dos frentes, aunque sus espadas cercanas lo desmienten. Una reforma de la Constitución local le permitiría buscar su re-reelección en comicios que se convocarán para mayo o junio. Ese cronograma calza justo para el caso de que prosperase su candidatura presidencial por la UCR, ya que el 26 de junio vence el plazo para la presentación de las precandidaturas para las primarias del 13 de agosto. De este manera, podría dedicarse de lleno y empoderado a la campaña nacional.

El oficialismo de Salta (3,06%) progresa en las últimas horas en ambas cámaras legislativas con el proyecto para eliminar las PASO en esa provincia, como ya lo hizo Sergio Uñac en San Juan (1,69%). Esta iniciativa surgida del entorno del gobernador Gustavo Sáenz pretende alejar las elecciones provinciales de las nacionales para seguir jugando al provincialismo catch all que tanto le rindió en los comicios locales de 2021, cuando se quedó con nueve de las 12 bancas del Senado en disputa y la mayoría en Diputados.

Gildo Insfrán irá en 2023 por su octavo mandato como gobernador de Formosa (1,36%). La convocatoria se calcula para marzo, de acuerdo a consultas realizadas por este medio. También para ese mes se espera que se vote en Misiones (2,77%), donde el Frente Renovador que timonea Carlos Rovira busca escapar de la grieta nacional, que le propinó una derrota en 2021 a manos de JxC.

Peronismo núcleo
El albertista Gustavo Bordet y Juan Schiaretti, el gobernador peronista más anti-K, también despegarán las elecciones en sus provincias. En Entre Ríos (3,24%), es un secreto a voces que el distrito tendrá calendario propio y el presidente de la Cámara de Diputados, Ángel Giano, ya anticipó que las fechas pueden ser las mismas de 2019: las PASO en abril y las generales en junio. En Córdoba (8,69%), la estrategia cordobesista apunta a junio. Las dudas están planteadas respecto de cómo se encadenarán las fechas de los comicios para la gobernación y para la capital, donde el oficialismo no cuenta con una figura fuerte debido a que todo indica que el intendente, Martín Llaryora, jugará por el premio mayor.

La tercera provincia de la región Centro, Santa Fe (8,06%), debe ir a las urnas antes del 10 de septiembre por mandato constitucional. Un límite similar tienen Chaco (2,82%), Tierra del Fuego (0,41%) y la Ciudad de Buenos Aires (7,43%). No obstante, el Ejecutivo porteño podría forzar ese corsé apoyado en su fortaleza parlamentaria, como ocurrió en 2019 por primera vez en su historia como ciudad autónoma, cuando Horacio Rodríguez Larreta puso toda su maquinaria electoral a jugar alineada con el fallido intento de Mauricio Macri por jugar un segundo tiempo. En 2023, las aspiraciones presidenciales del alcalde seguramente serán las que primen a la hora de fijar el calendario capitalino.

Patagonia rebelde
En Neuquén (1,53%), se da por hecho que una vez más el Movimiento Popular Neuquino (MPN) buscará conservar su hegemonía de seis décadas de manera anticipada. Se especula que las elecciones serán en el primer semestre. Todas las fuentes sugieren mirar el antecedente de 2019, cuando se celebraron el 10 de marzo.

Como todos los provincialismos, el oficialismo rionegrino también huye de la grieta nacional para imponer condiciones en las urnas. En los despachos del poder hay quienes se animan a ponerle fecha a las elecciones de Río Negro (1,63%): 9 de abril. Por ahora, nada es oficial. En 2019, se votó el 7 de abril.

Madre hay una sola
Buenos Aires, principal distrito electoral con el 37% del padrón y eterna madre de todas las batallas, es además particular por dos razones fundamentales. La primera obedece a la complejidad para desenganchar sus comicios de los nacionales, lo que requiere la modificación de leyes, algo poco probable en una Legislatura donde ninguna fuerza manda.

La segunda es netamente política y las miradas se contraponen. En el entorno del gobernador Axel Kicillof prefieren dejar todo como está para no perder los votos que arrastraría una boleta que llevase a Cristina Fernández como candidata. En un sector de JxC, ligado a la UCR, prefieren desdoblar para evitar la fuga de votos por derecha que podría generar Javier Milei en una boleta nacional. En la tribu PRO que empuja el larretismo, con Diego Santilli y los intendentes Néstor Grindetti (Lanús) y Julio Garro (La Plata) a la cabeza, guardan silencio.

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Elecciones bonaerenses: El Gobierno dice que está 4 puntos abajo del peronismo

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El Gobierno maneja una reciente encuesta que lo estaría dando cuatro puntos debajo del peronismo en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires que se llevarán a cabo el próximo domingo y consideraron que sería “un triunfo” ser superados por ese margen en ese distrito no tan favorable para La Libertad Avanza.

“Tengo una encuesta que da cuatro puntos abajo del kirchnerismo. Para nosotros es un triunfo sacar entre cero y cinco puntos por debajo de ellos”, sostuvo uno de los más encumbrados miembros del Gobierno en declaraciones a un grupo de periodistas acreditados en Casa Rosada.

Consultado sobre ese posible escenario para la votación del domingo, agregó: “Se dieron un montón de factores, las elecciones desdobladas, esta campaña de desprestigio, etc. Así que para nosotros es óptimo estar cuatro puntos abajo de los K. Canto victoria”, insistió el dirigente libertario.

Sobre el escándalo de las escuchas a Karina Milei, negó de plano que las grabaciones hayan sido realizadas por integrantes del Ejecutivo: “No son funcionarios ni gente de adentro del Gobierno. Esto vino de afuera. Está comprobado que células rusas están en la Argentina para llevar adelante una campaña de desinformación. Esta descontado que haya sido una operación interna”, planteó en línea con lo dicho por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

“Es una campaña organizada para desinformar. Es externo para desestabilizar al gobierno”, insistió.

Y detalló: “Karina fue el viernes a hacer la denuncia. No es casual que los audios lo tengan periodistas identificados con el kirchnerismo. Después de las denuncias hay que esperar a la Justicia”.

De cara al acto de cierre de campaña de LLA el próximo miércoles en el municipio de Moreno, esta fuente adelantó que se reforzará “la seguridad del presidente Javier Milei y de Karina”, tras los incidentes en Lomas de Zamora y Corrientes.

Por último, sobre la visita que hará Milei a Los Ángeles y Las Vegas tras el cierre de campaña y antes de la votación del domingo, destacó el poder financiero de los empresarios con los que se reunirá el Presidente, rechazó las críticas por asistir a la obra de teatro de su ex pareja Fátima Florez  en la llamada “Ciudad del pecado” y cerró con un jocoso: “Ya que está ahí, que se juegue unas fichas en uno de los casinos”.

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El juez que prohibió publicar los audios de Karina Milei enfrenta nueve denuncias

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El juez federal en lo civil y comercial Alejandro Patricio Maraniello, quien hoy ordenó frenar la difusión de los audios atribuidos a Karina Milei, carga sobre sus espaldas un extenso historial de denuncias en el Consejo de la Magistratura. Nueve expedientes fueron abiertos en su contra, de los cuales cinco corresponden a casos de presunto acoso sexual contra empleadas de su juzgado.

La notificación formal de los cargos se produjo la semana pasada. De acuerdo con el reglamento, el magistrado tiene veinte días hábiles para presentar su descargo por escrito ante la Comisión de Disciplina, presidida por el abogado César Grau. Allí se definirá si las denuncias ameritan sanciones administrativas o si deben ser giradas a la Comisión de Acusación, instancia que podría pedir su remoción.

Las acusaciones contra el juez Alejandro Maraniello

Las acusaciones contra Maraniello incluyen abuso de poder, acoso laboral y sexual, maltrato a empleados y uso indebido de recursos públicos. Una de las empleadas denunció que, a pocos días de haber ingresado al juzgado, fue citada por el magistrado fuera del horario laboral. Según su testimonio, allí sufrió tocamientos y besos no consentidos, y se vio luego forzada a mantener relaciones sexuales para terminar con la situación.

Otra trabajadora aseguró haber recibido mensajes a través de redes sociales, además de comentarios reiterados sobre su vestimenta y hostigamiento laboral tras rechazar avances personales. Relató que padeció acercamientos físicos no deseados y terminó en tratamiento médico por depresión y pensamientos suicidas. La denuncia fue elevada a la Unidad de Bienestar Laboral y también tomó intervención la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres, a cargo de la fiscal Mariana Labozzetta.

Consigna policial

El gremio judicial Aefpjn alertó ya en septiembre de 2024 sobre el clima de violencia en el juzgado de Maraniello y reclamó la presencia de consigna policial para resguardar la integridad física y psíquica de los empleados. Desde entonces, el juzgado cuenta con presencia policial en horario laboral.

Algunos expedientes permanecen bajo reserva, remitidos por la Cámara Contencioso Administrativa y por la Oficina de Bienestar Judicial. Sin embargo, testimonios de empleados actuales y exempleados permiten reconstruir un patrón de conductas abusivas. Una de las denunciantes subrayó su situación de vulnerabilidad: hija de un camionero, ingresó como trabajadora interina para sostener sus estudios universitarios, siendo la primera de su familia en acceder a la educación superior.

El fallo que prohíbe difundir los audios de Karina Milei

La gravedad de las acusaciones coincide en el tiempo con el protagonismo que adquirió Maraniello al dictar la medida cautelar solicitada por el Gobierno para prohibir la difusión de los audios de Karina Milei grabados dentro de la Casa Rosada.

El fallo, con alcance a cualquier medio, plataforma o red social, fue celebrado por la Casa Rosada, que sostiene que la filtración respondió a una “operación de inteligencia no institucional” destinada a desestabilizar al Ejecutivo en plena campaña electoral.

La denuncia oficial, presentada por el Ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich, habla de una maniobra golpista y responsabiliza a sectores de la oposición. El expediente quedó radicado en el Juzgado Federal N.º 10, a cargo de Julián Ercolini. Además, se pidió allanar las oficinas del canal de streaming Carnaval, desde donde se difundieron los materiales, y se apuntó contra allegados de la diputada Marcela Pagano.

En el oficialismo preocupa el impacto político de la filtración, tanto por la desmotivación en la militancia como por el riesgo de que la crisis se profundice si no logran un buen resultado en las próximas elecciones legislativas. La coincidencia entre la resolución judicial de Maraniello y la situación personal del magistrado agrega un condimento de alto voltaje institucional.

Mientras se desarrolla el proceso disciplinario, Maraniello sigue en funciones. La Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura deberá resolver en las próximas semanas si las denuncias prosperan y si corresponde avanzar hacia un eventual pedido de remoción.

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La Justicia ordenó frenar la difusión de los audios atribuidos a Karina Milei

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El Gobierno presentó una denuncia en la Justicia Federal por una presunta “operación de inteligencia ilegal”, a raíz de la difusión de audios grabados en Casa Rosada de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Paralelamente, un juez en lo Civil y Comercial ordenó el “cese inmediato” de su divulgación.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, informó en su cuenta de X que el Ejecutivo “denunció ante la Justicia Federal una operación de inteligencia ilegal con el fin de desestabilizar al país en plena campaña electoral”. La presentación judicial fue impulsada por el Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, y quedó radicada en el Juzgado Federal N° 12.

“Se grabaron conversaciones privadas de Karina Milei y otros funcionarios, las que fueron manipuladas y difundidas para condicionar al Poder Ejecutivo. No fue una filtración. Fue un ataque ilegal, planificado y dirigido”, aseguró Adorni. Más tarde, el funcionario celebró en la misma red social la decisión del juez Alejandro Patricio Maraniello, quien resolvió que “la Justicia reconoció que se trata de una violación grave a la privacidad institucional y no un caso de libertad de expresión”.

El magistrado dictó una medida cautelar que prohíbe la publicación del material difundido el 29 de agosto, ordenando el cese de su circulación “a través de cualquier medio de comunicación de forma escrita y/o audiovisual y/o a través de redes sociales desde todo sitio, plataforma y/o canal web”. En la resolución se especificó: “Decretase la medida cautelar ordenando, solamente el cese de la difusión únicamente de los audios grabados en la Casa de Gobierno de la Nación, anunciados el día 29/08/2025… que sean atribuidos a la Sra. Karina Elizabeth Milei”.

Para garantizar el cumplimiento, se dispuso el envío de un oficio al Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), con habilitación de días y horas inhábiles.

Los audios atribuidos a Karina Milei

La controversia comenzó el viernes, cuando se difundió un fragmento en el que se escuchaba a la hermana del Presidente pedir “unidad” en la interna libertaria. Desde Presidencia sostuvieron que la emisión en el canal de streaming “Carnaval” tuvo como fin “generar caos, desinformación y condicionar ilegítimamente las próximas elecciones legislativas y nacionales”. Además, señalaron entre los responsables al periodista Mauro Federico, el empresario Pablo Toviggino, el conductor Jorge Rial -“que hace pocas semanas declaró que había que espiar al presidente Javier Milei”- y el abogado Franco Bindi.

En la denuncia, recuerda la agencia Noticias Argentinas, el Gobierno remarcó “la gravedad de los hechos denunciados, consistentes en la captación, edición, manipulación, tergiversación y difusión clandestina de audios obtenidos mediante prácticas de espionaje ilegal”, y reclamó una “medida cautelar urgente” que impida su circulación “en resguardo de la legalidad, la vigencia del Estado de Derecho y la transparencia de los procesos democráticos”. (DIB) GML

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