El Gobierno determinó que este 2026 será el “Año de la Grandeza Argentina”. Así lo estableció a través de un decreto publicado esta madrugada en el Boletín Oficial, en donde expuso los motivos por los cuales formalizaba esta declaración.

“Dispónese que durante el año 2026 toda la documentación oficial de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, así como de los Entes autárquicos dependientes de esta, deberá llevar la leyenda ‘Año de la grandeza Argentina’”, explica el documento e invita a los gobiernos provinciales y al de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a sumarse a la iniciativa.

A través del considerando del decreto 56/2026 firmado por el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el Gobierno argumentó los porqués de esta medida. Según el texto oficial, la administración libertaria profundizó a lo largo de 2025 la reconstrucción de los pilares de la Nación, asegurando “una mayor libertad para todos los argentinos”. En esa línea, destacaron las reformas estructurales que se llevaron a cabo, que estuvieron “orientadas a la estabilización de la situación macroeconómica, la desburocratización estatal, reducir cargas improductivas y asegurar que la actuación pública se oriente efectivamente al cumplimiento de sus finalidades esenciales”.

El Gobierno no olvidó mencionar “la crisis institucional, económica y social que los argentinos padecieron durante décadas”, las cuales obligaron a sostener un proceso de transformación estructural “que fortalezca el Estado de derecho y garantice el ejercicio efectivo de los derechos y las libertades”. Esto, según explicaron, permitió “sentar bases para la estabilidad y el crecimiento” y proyectar una nueva etapa de consolidación y desarrollo con el objetivo de colocar a la República Argentina “en la senda de la prosperidad nuevamente”.

En ese sentido, remarcaron que la previsibilidad y la estabilidad son “condiciones necesarias para promover la inversión, impulsar la productividad y consolidar el crecimiento sostenido, en beneficio del desarrollo económico y social del país”, lo que proyecta al país como protagonista “dentro de un escenario mundial relevante con importantes oportunidades y retos que harán posible la transformación económica y social que nuestro país merece”.

El Gobierno resaltó su “permanente compromiso” y asegura que redobla esfuerzos para custodiar los avances alcanzados y “superar de manera definitiva la situación que aquejaba al país al inicio de la actual administración”.

No obstante, insistieron con la necesidad de profundizar los cambios estructurales que demandan las instituciones de la República durante este nuevo año. Así, explicaron que “la grandeza de una Nación se ve reflejada en instituciones sólidas, el respeto irrestricto de la ley, en una administración eficiente y en la confianza de los habitantes y ciudadanos para con sus autoridades”.

Por último, mediante el artículo tercero, el Poder Ejecutivo Nacional se comprometió a “realizar las acciones pertinentes tendientes a destacar y difundir las medidas y políticas que se lleven adelante para engrandecer al país”.

El optimismo sobre el cual se construye esta declaración también se vio reflejado durante la gira que el Presidente llevó a cabo en Mar del Plata y que concluyó este miércoles con un discurso frente a las personas que acudieron al evento conocido como “Derecha Fest“.

Durante la visita, Milei estuvo acompañado de su hermana, Karina Milei, el ministro del Interior, Diego Santilli, el diputado bonaerense Sebastián Pareja y otros funcionarios y colaboradores. Frente a una multitud que lo saludaba y ovacionaba, sostuvo: “Quiero darle las gracias por habernos acompañado. Porque estamos cumpliendo todas las promesas que hicimos en campaña, hemos aprobado el presupuesto con déficit cero. El déficit cero es política de Estado y se acabaron las crisis por culpa de los políticos chorros”.

Y añadió: “Ya tenemos dictamen para la ley de glaciares y la modernización laboral. Dentro de poco vamos a tener leyes de países razonables”.

El Gobierno nacional oficializó una serie de cambios en la reglamentación del personal militar del Ejército, para que puedan ejercer cargos públicos. No obstante, los seleccionados deberán cumplir con una serie de requisitos como, por ejemplo, ser un miembro permanente.

Por medio de la publicación del Decreto 58/2026 en el Boletín Oficial, el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Defensa, Carlos Presti, asentaron el cambio en el artículo 18 de la Ley para el Personal Militar N° 19.101.

De esta manera, las autoridades habilitaron al personal militar para que puedan ejercer cargos públicos. “El personal del Cuadro Permanente podrá desempeñar funciones públicas, no electivas”, dictaminaron. No obstante, estos deberán cumplir con una serie de requisitos.

Según el cambio en el régimen, los militares que podrán ejercer como funcionarios públicos tendrán que haber sido designados por el Poder Ejecutivo Nacional o por otras autoridades, siempre y cuando el nombramiento haya sido autorizado por el jefe del Estado Mayor General del Ejército.

Asimismo, la actualización determinó que los oficiales, suboficiales y voluntarios del cuadro permanente continúan amparados mientras presten servicios en organismos del Ejército, funciones específicas en el Consejo de Defensa Nacional, en el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas o en la Casa Militar de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación, así como al cumplir comisiones propias del servicio militar.

Por otro lado, el decreto incorporó la posibilidad de que el personal militar que sea designado se mantenga apartado de su cargo hasta dos meses como máximo tras haber sido designado.

La reciente reforma impulsada por el Poder Ejecutivo abrió la posibilidad de que los militares designados en cargos del Ministerio de Defensa fuera de la estructura militar mantengan la continuidad de su carrera y sus beneficios. Esta disposición buscaría evitar que quienes acepten estos nombramientos vean perjudicadas tanto la suma de años de servicio como los cálculos para su retiro.

Entre los ajustes más relevantes, el decreto precisó que este régimen solo beneficiará a quienes no han alcanzado el grado más alto de su respectiva fuerza. Una vez obtenido ese rango, ya no es posible acceder a ascensos ni modificar la jubilación, motivo por el que el tiempo extra en el cargo no influye en su situación previsional.

De la misma forma, el documento ratificó la incompatibilidad entre funciones operativas en las Fuerzas Armadas y cargos en el Ministerio. Por este motivo, un militar no podrá desempeñar simultáneamente ambas tareas. Aunque podrá ejercer el nuevo puesto sin pedir licencia, deberá cumplir las restricciones establecidas para la administración pública.

Designaron a varios militares para ocupar los cargos vacantes en el Ministerio de Defensa

Luego de que la modificación en el régimen militar entrara en vigencia esta madrugada, el Gobierno sumó a cuatro militares para ocupar cargos dentro del Ministerio de Defensa. Los cambios quedaron reflejados en el Decreto 60/2026, con efecto a partir del 10 y 11 de diciembre de 2025.

Como parte de la renovación de autoridades, se aceptaron las renuncias de Juan Erardo Batalleme Martínez, hasta ahora secretario de Asuntos Internacionales para la Defensa; de Facundo Benjamín Fernández Lagostena, subsecretario de Planeamiento Operativo y Servicio Logístico de la Defensa, y de Guillermo Patricio Madero, subsecretario de Defensa Civil y Protección Humanitaria.

De esta manera, al frente de la Secretaría de Estrategia y Asuntos Militares fue nombrado el general de división Jorge Alberto Puebla. Asimismo, indicaron que la Secretaría de Asuntos Internacionales para la Defensa estará a cargo del teniente coronel (R) Daniel Enrique Martella.

Mientras que la Subsecretaría de Planeamiento Operativo y Servicio Logístico de la Defensa será ocupada por el general de brigada Carlos Horacio Martín, el coronel Ariel Andrés Mira Peña asumirá como subsecretario de Gestión Administrativa.

Finalmente, Guillermo Patricio Madero fue designado como titular de la Unidad Gabinete de Asesores del Ministerio de Defensa. Además, se trató de la única incorporación que no involucró al personal militar.

A días del inicio de las sesiones extraordinarias, el Gobierno anticipa una intensa actividad legislativa para este 2026, año en el que no se celebrarán elecciones, y durante el que aspiran aprobar algunas reformas claves que quedaron pendientes para debatirse a partir del domingo 1° de marzo, fecha en la que el presidente Javier Milei dará inicio al período ordinario.

“Todavía falta mucho por definir, pero hay al menos entre 40 y 50 proyectos de ley de todas las áreas para enviar”, confesó un integrante de la mesa política que responde al mandatario.

Lo cierto es que, pasado el mes de febrero, el Poder Ejecutivo deberá prepararse para encarar los desafíos legislativos de un año que no tendrá elecciones, lo que le permitirá intentar pasar las medidas que consideran claves para el segundo tramo del mandato.

Con los temas a tratarse en extraordinarias definidos, y bajo la idea de mantener en reserva el grueso de los proyectos que serán develados en marzo, una importante fuente admitió que, pasado el tratamiento de la Reforma Laboral, esperan poder continuar con las modificaciones en el Código Penal y en el esquema tributario.

De la anunciada reforma tributaria se conoce poco. Es que, según revelaron en uno de los despachos de Casa Rosada, aún se encuentra en proceso de diseño dado que no hay coincidencias en la manera de compatibilizar la reducción de impuestos con el respaldo económico que deberá enfrentar el Estado tras su concreción.

En palabras del ministro de Economía, Luis Caputo, la idea que persigue el Gobierno es avanzar en un esquema de simplificación de impuestos con una reducción de Ganancias para las personas y un incentivo para el desarrollo de los mercados. Hasta entonces, no hay detalles oficiales del articulado más allá de la determinación de modificar el Impuesto a las Ganancias y de avanzar en un “IVA dividido”. “La idea es generar competencia impositiva entre las provincias”, supo anticipar el funcionario, y agregar: “Lo vamos a dividir entre nacional y provincial. Nosotros cobraríamos el 9% sobre el 21%“.

Ante este escenario, el Poder Ejecutivo optó por incluir un capítulo impositivo en el articulado del proyecto de “Modernización”Laboral” que encuentra cierta resistencia en varios gobernadores que cuestionan la reducción de alícuotas de Ganancias a las sociedades, lo que afecta a la coparticipación.

Tras la frustrada idea de darle tratamiento en febrero, la mesa judicial ultima las modificaciones que se implementarán en el Código Penal que -promenten- estará lista para la primera quincena de febrero. Con más de 900 artículos, habrá un marcado endurecimiento en las penas de delitos que revisten gravedad, como homicidios, robos, narcotráfico, pornografía infantil y trata de personas que los libertarios aspiran a aprobar con celeridad.

Como contó este medio, otro de los temas que enviarán al Congreso tiene que ver con algunos cambios en la Ley de Salud Mental para atender un reclamo persistente de las familias de pacientes, profesionales y de las Fuerzas de Seguridad. La idea en la que trabajó el ministro de Salud, Mario Lugones, tiene por objetivo central habilitar internaciones involuntarias para que, en casos particulares, los jueces puedan autorizar la hospitalización y crear nuevos centros especializados para el tratamiento de pacientes.

Por otra parte, hay algunas resoluciones que surgieron del Consejo de Mayo que quedaron pendientes. Una es la Ley de Libertad Educativa, que establece la obligatoriedad de la educación desde los 4 años hasta el final del secundario, fija mínimos de horas por nivel y amplía la autonomía institucional para definir planes de estudio dentro de contenidos mínimos comunes acordados a nivel federal. Además, se espera el envío de otros proyectos clave que surgieron del tratamiento de 8 de los 10 puntos del Pacto de Mayo firmado en la provincia de Tucumán.

Ante el persistente reclamo por las vacantes en el Poder Judicial, el Ministerio de Justicia estudia la posibilidad de enviar los pliegos para sumar sillas a la Corte Suprema, que hoy funciona con tres miembros: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkratz y Ricardo Lorenzetti. Asimismo, se espera el envío masivo de pliegos a la Cámara de Senadores a partir del 1° de marzo. Las cifras expuestas hasta entonces revelan que la Justicia Nacional y Federal opera hoy casi el 37% de sus cargos sin titular.

Otra de las áreas que trabaja en cambios a futuro es la que lidera el asesor presidencial, Santiago Caputo, quien concentra su energía en cranear una tercera reforma de la Ley de Ingelicencia Nacional con revisión de la Ley de Seguridad Interior y la Ley de Seguridad Nacional, aunque desde su entorno eluden el detalle de las precisiones temporales.

De la promesa de los más de 40 proyectos que planean enviar, en Balcarce 50 evitan dar mayores precisiones de medidas más relevantes con la intención de reservar los anuncios más importantes para el discurso que el mandatario dará en el recinto a principio de marzo. Sin embargo, se cuidan de aclarar que los cambios planificados para el sistema previsional, que tantas críticas del mandatario recibió, no están pensadas para antes del 2027. “Quedarán para el próximo mandato”, confesaron con optimismo ante este medio.

En los planes del equipo negociador figura la posibilidad de tener que concluir con el tratamiento de algunos proyectos que no obtengan la sanción completa en extraordinarias durante el año. Con los días contados y los feriados de Carnaval, diseñan la hoja de ruta que podría tener continuidad después de marzo.

El inicio del año legislativo en lo formal obligará también a la revisión de la mesa política que lidera el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que tiene atada su continuidad al rendimiento y al orden de los actores involucrados. Con el persistente reclamo de los gobernadores patagónicos, este mediodía el equipo volverá a reunir a sus miembros para analizar en conjunto el pedido por incluir en el temario el tratamiento de la Ley de Emergencia Ígnea.