En línea con el objetivo de ser la antítesis del modelo que propone Javier Milei en el ámbito nacional, el kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires logró obtener media sanción en la Legislatura para aumentar las indemnizaciones y encarecer los despidos, una medida que recibió fuerte rechazo de la oposición y alertas del sector empresario por el desincentivo a crear nuevos y más puestos de trabajo. Se trata de una iniciativa que va a contrapelo de la reforma laboral que incluyó el Presidente en la Ley Bases.

El proyecto había sido presentado por la diputada bahiense Maite Alvado (Unión por la Patria), junto a la diputada de extracción sindical Soledad Alonso. Fue aprobado por una mayoría amplia en la Cámara de Diputados y enviado al Senado bonaerense, que todavía no fijó fecha. En concreto, modifica el artículo 48 de la Ley 11.653 de procedimiento laboral y sustituye en los juicios laborales la tasa pasiva que se aplica para calcular los intereses al monto indemnizatorio por la del Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) y agrega un carga del 6%.

En este marco, el intendente Hernán Arranz mantuvo una reunión con el secretario de Comunicación y Modernización del Estado, Claudio Espinosa, y el director del área, Claudio Biragnet, vinculada al avance en el desarrollo del sistema digital que apunta a la gestión, administración y comunicación inteligentes, eficientes y sustentables.

“Tal como lo planteamos en los ejes de campaña, ya iniciamos este proceso de transformación destinado a imprimir dinamismo en la transparencia del Estado, al reordenamiento de la estructura de áreas y servicios, y a facilitarle los trámites y contacto a los vecinos permanentes y semipermanentes”, manifestó el jefe comunal.

Entre las secretarías con las que ya se están trabajando proyectos particulares de innovación se encuentran la de Hacienda, la de Seguridad Ciudadana, Salud y Ambiente.

Luego de ocho horas concluyó la sesión en la que Nicolás Posse, jefe de Gabinete de la Nación, presentó su primer informe de gestión. A lo largo de la jornada, el funcionario expuso sobre las proyecciones económicas que hace la presidencia de Javier Milei, aportando un dato significativo al mencionar que se espera que, a diciembre de 2024, la inflación interanual se ubique en un 139%, marcando así una desaceleración en los meses que restan del año.

Además, en un segmento que tiene especial interés para Bahía Blanca, el funcionario hizo una defensa cerrada del Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI), que es considerado el capítulo fundamental de la Ley Bases que se discute en el Senado, al asegurar que son los propios inversores los que reclaman la seguridad jurídica que allí se promueve.

En ese sentido, puso como ejemplo un pedido que le atribuyó a la empresa multinacional Petronas, asociada con YPF, cuyo proyecto de instalar una planta de lucuefacción en Bahía Blanca se encuentra hoy en el ojo de la tormenta, a partir de la postulación de Río Negro como otro posible punto donde instalar el emprendimiento.

“Es la misma Petronas la que dice que sin RIGI no hay gas natural licuado”, aseguró.Posse señaló que “el volumen de exportaciones de hoy es igual al que teníamos 10 años atrás; si no tomamos medidas diferentes vamos a tener los mismos resultados”.“El RIGI además favorece una cantidad de inversiones mineras que también están frenadas” -advirtió-. Las inversiones están esperando seguridad jurídica en las regiones”.