En la previa del paro general convocado para este jueves 10 de abril, la Confederación General del Trabajo de la República Argentina (CGT) difundió un duro comunicado en el que detalló, uno por uno, los motivos de la medida de fuerza contra el gobierno de Javier Milei. En el texto, señalaron que Argentina “es un ejemplo burdo de un fanatismo individualista y de una idea de libertad vacía, donde impera el sálvese quien pueda“.

La medida de fuerza de este jueves será el tercer paro general que la CGT convoca en lo que va de la gestión de Javier Milei. En esta oportunidad, para rechazar la política económica del gobierno, el techo a los aumentos paritarios impuesto por las autoridades nacionales y en defensa de los derechos de los jubilados.

Qué dice el documento de la CGT

“Estamos frente a un gobierno que muestra insensibilidad frente a los problemas de la gente. Ejecuta actos de represión salvaje e injustificada, viola permanentemente los acuerdos institucionales, desfinancia la educación y la salud, abandona la obra pública, manifiesta desprecio por las minorías, ajusta a los jubilados e impone límites a la negociación colectiva”, indicaron desde la central obrera conducida por Héctor Daer, Carlos Acuña y Octavio Argüello, en un comunicado oficial.

En el documento, los líderes de la CGT señalaron que Argentina supo ser ejemplo en América de integración y movilidad social ascendente, pero actualmente, el país es “ejemplo burdo de un fanatismo individualista y de una idea de libertad vacía, donde impera el sálvese quien pueda”.

En ese marco, la central obrera reclamó negociaciones paritarias libres, la homologación de todos los Convenios Colectivos de Trabajo (CCT), un aumento de emergencia para todas las jubilaciones y pensiones, la actualización del bono –congelado en $70.000 desde marzo 2024– y terminar con “la represión salvaje” de la protesta social.

Además, exigieron “un incremento del presupuesto en educación y salud, un programa de desarrollo de la industria nacional que fortalezca al sector PyME, poner fin a los despidos tanto en el sector público como en el privado y un plan nacional de empleo”.

Del mismo modo, rechazaron la privatización del Banco Nación, Aerolíneas Argentinas y todas las empresas amenazadas por la gestión ultraderechista.

“Reclamamos una política exterior convergente con los intereses nacionales, la defensa irrestricta del territorio y la reivindicación de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas. Por último, repudiamos todo alineamiento automático con políticas y decisiones foráneas y los condicionamientos que impone el FMI a nuestro país”, cerraron el documento. (DIB)

La Cámara Federal de Casación Penal convalidó por mayoría el criterio de negar salidas anticipadas a personas condenadas por narcotráfico, al declarar la constitucionalidad de la ley 27.375, que impide el acceso a la libertad condicional y otros beneficios. El fallo fue dictado en acuerdo plenario por los diez jueces del máximo tribunal penal del país.

El pronunciamiento, conocido como fallo plenario Nº16, sostiene como doctrina obligatoria que “resultan compatibles con el régimen de progresividad de la pena, el principio de igualdad ante la ley y el principio de razonabilidad de los actos de gobierno los artículos 14 del Código Penal y 56 bis de la ley 24.660” en relación a los delitos previstos en los artículos 5, 6 y 7 de la ley de drogas 23.737.

La decisión fue adoptada por la mayoría compuesta por los jueces Daniel Petrone, Diego Barroetaveña, Mariano Borinsky, Guillermo Yacobucci, Carlos Mahiques, Javier Carbajo y Gustavo Hornos, quienes destacaron que el régimen diferenciado para narcotraficantes no contradice la finalidad de reinserción social de la pena, prevista en la Constitución Nacional y tratados internacionales.

En sus fundamentos, los magistrados explicaron que la ley establece un “régimen preparatorio para la liberación” aplicable durante el último año de la condena, que contempla etapas progresivas de reinserción, y que ello no implica una afectación de derechos fundamentales.

En disidencia, los jueces Ángela Ledesma, Alejandro Slokar y Juan Carlos Gemignani consideraron que el recurso que dio origen al plenario era inadmisible y que el tema excedía las facultades del tribunal en ese marco.

El fallo se originó en un recurso del Ministerio Público Fiscal contra una decisión de la Sala de Feria de Casación, que había declarado inconstitucional el artículo 56 bis de la ley 24.660, al hacer lugar al planteo de la defensa de una persona condenada por narcotráfico.

La audiencia pública se celebró el 11 de marzo con transmisión en vivo y contó con exposiciones de representantes del Ministerio Público, de la Defensoría General de la Nación, del CELS, de la Asociación Pensamiento Penal y otras organizaciones especializadas en ejecución penal. Algunas solicitaron ser consideradas “amigos del tribunal”, aunque no se admitieron como parte formal del debate.

El criterio adoptado por la mayoría refuerza una línea interpretativa impulsada en su momento por el actual ministro del Interior, Luis Petri, y por la titular de Seguridad, Patricia Bullrich, conocida como “doctrina del encierro” y considerada por sectores críticos como parte de una política de endurecimiento punitivo sin base en evidencias sobre su eficacia en la reducción del narcotráfico.

A un mes de la inundación que castigó a Bahía Blanca, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, anunció esta mañana que también habrá subsidios nacionales para comerciantes y beneficios impositivos para los damnificados.

“Venimos también a decir que el gobierno nacional, a través del ministro de Economía, ampliará la ayuda a todos los comercios, empresas y depósitos que están en zonas inundadas. Tenemos unos 26 mil millones de pesos para ese objetivo y les pedimos por favor a sus titulares que sigan las condiciones, siempre y cuando hayan tenido daños totales y parciales”, dijo la ministra en conferencia de prensa, citada por La Brújula.

Bullrich habló esta mañana en las antiguas instalaciones de la terminal de colectivos y ofreció detalles de la implementación del Suplemento Único para la Reconstrucción (SUR), destinado a los ciudadanos de Bahía Blanca afectados en sus domicilios particulares, agrega el diario La Nueva.

“El gobierno nacional decidió generar un mecanismo, una ayuda directa a los bahienses que perdieron todo. Por eso, lanzamos un formulario que ya tiene 23.366 inscriptos”, sostuvo. “Sabemos que algunas personas han tenido dificultades para entrar el número específico de la boleta de luz -principal requisito para completar el formulario-, a ellos les decimos que llamen al 0-800-555-2040, ahí van a poder inscribirse”.

La semana pasada, la propia Bullrich había anunciado la puesta en funcionamiento del programa, por el cual se otorgarán subsidios de 2 y 3 millones de pesos a personas afectadas por la inundación. En ese sentido, se puso en funcionamiento un registro en la página argentina.gob.ar/seguridad/bahiablanca, que debe completarse luego de ingresar el número de NIS que figura en la factura de electricidad. Hay tiempo hasta el próximo 15.

Respecto de la ampliación de la ayuda, Bullrich anunció: “Esta semana vamos a habilitar un sistema para que se anoten, faltan unos días porque se está analizando si la ayuda va a ser directa o a través del ARCA. La ayuda va a llegar, el dinero está y queremos que haya una reactivación”, completó. (DIB) GML