El próximo miércoles 2 de octubre se realizará una nueva marcha federal que, al igual que la llevada a cabo el pasado 23 de abril, busca que el gobierno nacional tome conciencia de un reclamo transversal de toda la sociedad en favor del sostén de las universidades públicas.

Por eso, desde la UNS lanzaron un spot que explica los motivos de la manifestación. Allí señala que la columna vertebral de la Argentina es la educación pública, las soluciones a los problemas de un país siempre requieren de más y mejor educación, entre otras cosas.

En Bahía Blanca, la concentración será a las 17:30 en avenida Alem y 11 de Abril, para marchar hacia el playón de la UNS de avenida Alem 1253.

Según explicó la vicerrectora de esa Universidad, Andrea Castellano, los motivos de la marcha están relacionados con dos cuestiones: en primer lugar, la promulgación de la mencionada Ley; y luego la revisión de la Ley de Presupuesto 2025, que otorga a las universidades nacionales solo la mitad de lo que el Consejo Interuniversitario Nacional considero necesario para su funcionamiento.

“El Congreso de la Nación aprobó la Ley de Financiamiento Universitario 2024 que propone para este año una actualización del presupuesto de acuerdo a la inflación.  “El impacto fiscal de la Ley de Financiamiento Universitario es del 0.14% del PBI y podría ser atendido con el superávit fiscal del primer semestre”, agregó. Sin embargo, el presidente ya anticipó su veto.

Puesta en números, la pérdida del poder adquisitivo de los salarios docentes y no docentes llega en algunos casos al 50%, el 70% de los docentes universitarios está por debajo de la línea de pobreza y las becas estudiantiles nacionales no se actualizan desde principio de año. A eso se suma el encarecimiento general del costo de alquileres y transportes, dos factores claves para cientos de miles de alumnos.

Para los rectores, “la desconsideración y el hostigamiento no cesan y la profundización del desfinanciamiento y la desjerarquización ponen al límite de sus posibilidades al sistema científico y universitario”, y advirtieron en su último comunicado “Desde Sarmiento, la columna vertebral de la Nación es la educación pública que iguala y nos hace libres; y la herramienta por excelencia de movilidad social ascendente es un sistema universitario público que es patrimonio y orgullo de toda la sociedad argentina. Lo que está en juego es su continuidad”. En las universidades públicas argentinas estudian más de 2.5 millones de personas, y se produce la mayor parte de la investigación científica del país.

Recientemente el Consejo Interuniversitario Nacional fijó en 7.19 billones de pesos los fondos que necesita todo el sistema para la continuidad educativa y científica en el próximo año. La Ley de Presupuesto 2025 elaborada por el Poder Ejecutivo propone solo 3,8 billones, monto sustancialmente menor.

“Nunca antes los fondos solicitados por el CIN estuvieron a tanta distancia de lo que el Gobierno propuso al Congreso para su tratamiento. Si eso no se modifica, les tocará a las universidades apenas un 54% de lo requerido para el funcionamiento deseado”, remarcó Castellano.

“Los universitarios queremos estar en las aulas, en los laboratorios y en los gabinetes, pero la situación es compleja. Hay un consenso de que la Universidad permite una movilidad social ascendente y una proyección de un futuro mejor para el país. En el derecho a estudiar de cientos de miles de chicos y chicas se está jugando nuestro derecho al futuro, y por eso nuevamente llamamos a toda la sociedad a que nos acompañe en la marcha del miércoles 2, concluyó la vicerrectora.

La secretaria de Políticas Sociales y Fortalecimiento Comunitario municipal, Romina Pires, dijo esta mañana que “son números muy duros” los ofrecidos ayer por el Instituto Nacional de Estadística y Censo, que determinaron que, en Bahía Blanca, el 44,4 % de la población es pobre, mientras que el 13,9 % se encuentra por debajo de la línea de indigencia.

“Son claramente los números que desde la ciudad veníamos reflejando con la realidad de cada barrio. La falta de trabajo se ve, el aumento del alquiler impactó en la situación de calle… detrás de los números hay 142 mil personas que están en una situación muy difícil, que día a día están pensando cómo comer”, mencionó.

En diálogo con Panorama, por LU2, la funcionaria indicó que “para el intendente siempre fue prioridad lo social; es una decisión personal y de nuestra secretaría”.

“Venimos trabajando fuertemente en ese sector, con la alimentación, con la calidad de la alimentación y con la educación”, aclaró.

Los índices también marcan un fuerte aumento de la pobreza en nuestra ciudad: en el primer semestre de 2023, el porcentaje era de 34,2 %, mientras que en el segundo del año pasado era de 35,2. El salto de los últimos seis meses fue mayor al 9 %.

Pires respondió que los sectores más golpeados se encuentran “en el cono sur y en barrios que por sus condiciones, como Tierras Argentinas, con una población de unas 3300 personas, han quedado por fuera de todo sistema”. Allí, destacó, “no hay escuelas, jardínes ni unidades sanitarias” y anunció que “el año que viene se van a hacer obras concretas” en el sector.

En cuanto a la indigencia, también se registró un salto importante: en los primeros seis meses del año pasado había sido del 7,4 %, mientras que en el segundo semestre había bajado y se había ubicado en 5,7 %. En este caso, la diferencia fue mayor al 8 %.

“Creemos que llegamos a la totalidad de las personas indigentes. Estamos haciendo un relevamiento para tener una base sobre la cual tomar decisiones. En nuestros registros acompañamos a más de 85 mil personas con políticas de transparencia, con nombre y apellido”, sostuvo.

Finalmente, Pires declaró que “aumentó tres veces el número de personas en situación de calle respecto al año pasado”.

“Hemos acompañado con varias estrategias, como el Plan Calor o ayudas de alquiler. También hay situaciones de salud mental, con gente que ha perdido los vínculos con su familia y hoy se encuentra pidiendo en la calle; eso hay que abordarlo con equipos”, completó.

Fuente: La nueva.

El líder de la Coalición Cívica, Andrés De Leo, hizo un análisis del desempeño de Bahía Transporte Sapem y concluyó que se trata de “un agujero sin fondo”. “Se transformó en una devoradora de fondos de los contribuyentes bahienses”, aseveró en sus redes sociales.

Esta mañana en diálogo con Radio Altos afirmó que la empresa es ineficiente y que terminó siendo “el tacho de basura de un sistema de transporte público que desde muchas perspectivas se ha desmejorado”.

En primer lugar enfatizó que se debe avanzar en un nuevo modelo de transporte público y en el mientras tanto se debe modificar a la administración de la Sapem.

“Este gobierno no lo ha hecho (en alusión a la intendencia de Federico Susbielles), sino que ha continuado con el mismo modelo de administración de la gestión de Héctor Gay. Uno no puede tener una empresa a la que todos los años hay que aportarle más de $1.000 millones. Es casi peor, comparativamente, que Aerolíneas Argentinas”, aseveró.

En ese punto, recalcó que Bahía Transporte Sapem tiene déficit crónico, por eso, planteó, lo primero que se debe resolver es “correr a la administración” y luego fijar cuáles son los parámetros mínimos de una eficiencia razonable. “Una empresa privada en estas condiciones hubiera quebrado ya hace muchos años. Una cosa es tener que sostener un sistema y otra cosa es sostener una empresa”, insistió.

Respecto del sostenimiento del sistema de colectivos, subrayó que por un lado para que no se encarezca el boleto, se aplican subsidios (en la actualidad provinciales y municipales) y sumó que en Bahía Blanca, además, el Municipio tiene que aportar más de $1000 millones por año para sostener a la Sapem.

“Acá estamos hablando de un problema de administración, de direccionamiento y de objetivos de la empresa”, remarcó. Y recordó que durante la gestión de Héctor Gay, Sapem transfirió las dos líneas más rentables y colectivos a un privado. En ese momento, precisó, se hablaba de que la firma desaparecería, sin embargo, no ocurrió (siguió operando las líneas 504 y 519A) y sumó a la línea 521.

“Año tras año los bahienses tenemos que aportar más de $1000 millones para sostener a una empresa que es ineficiente”, cuestionó.

Y manifestó que si es intendente la primera medida que adoptaría respecto de la Sapem sería citar a la administración para que le explique el origen del déficit y, luego, correría a esas autoridades.

“No puede ser que la Sapem sea el basurero de un sistema de transporte público que está funcionando mal”, reiteró, por último.