El Gobierno le puso punto final a la política migratoria que fue establecida por decreto durante el gobierno de Mauricio Macri.
En ese momento se impusieron controles más estrictos para evitar el ingreso de delincuentes extranjeros y se agilizaron los trámites de expulsión de inmigrantes con antecedentes penales. El rol de los organismos internacionales en esta decisión y la explicación del Presidente.
La Ley de Migraciones establecía que un extranjero podía ser expulsado por cometer delitos graves con pena mayor a cinco años, en el caso de los residentes, y por cometer delitos con pena superior a tres años, en el caso de los no residentes.
En la publicación del Boletín Oficial se remarcó que “La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido enfática con relación a la protección de los y las migrantes, señalando que los Estados deben respetar sus derechos humanos y garantizar su ejercicio y goce a toda persona que se encuentre bajo su jurisdicción, sin discriminación alguna por su regular o irregular estancia, nacionalidad, raza, género o cualquier otra causa”.
El Gobierno argentino consideró necesario derogar el decreto del anterior gobierno, restableciendo la vigencia de las normas modificadas en 2017.
También se ordenó la creación de una Comisión Asesora de Política Migratoria la cual tendrá a su cargo proponer medidas no vinculantes relacionadas con la aplicación y actualización de la Ley de Migraciones N° 25.871.
Esta decisión ya se venía estudiando desde el año pasado.
Al iniciar su mandato, Alberto Fernández sostuvo que esa norma lo que hizo fue autorizar expulsiones sin condena y agregó “Esto me parece muy peligroso porque se puede convertir en un acto de persecución contra alguna población”.