La ambición oficialista por asegurarse un primer éxito poselectoral en el Congreso, con la sanción del Presupuesto 2026, colocó a media docena de gobernadores aliados en una situación al menos incómoda. Se trata de la presión para acompañar la derogación de leyes sobre temas sensibles -emergencia en discapacidad y financiamiento universitario- que fueron votadas por sus legisladores este mismo año, a contramano de Olivos. De golpe, quedó encendida para ellos la luz amarilla de la contradicción, en el marco -también como señal fuerte- del reparto de fondos y promesas desde el Gobierno para sellar el pacto legislativo.

La enorme movida puesta en marcha después del reacomodamiento inicial del gabinete –con Diego Santilli como principal operador para negociar con los gobernadores- hizo posible el primer paso efectivo en Diputados. El bloque violeta, junto a aliados, logró dictamen para el Presupuesto, pero con disidencias. Por eso mismo, las tratativas se prolongaron después de la reunión de comisión. Y como dato mayor, apareció la promesa de cumplir con el envío a la Ciudad de Buenos Aires de los fondos podados en la última etapa K. La intención es obvia: que eso afirme el voto en bloque del PRO. Este miércoles será la prueba del recinto.

En la misma línea, frente a los acompañamientos condicionados, fueron añadidos otros mensajes. Se hizo circular que el Gobierno giraría una partida extra a las universidades. También, que haría un recálculo de subsidios en el área de discapacidad. No parecieron propuestas muy sólidas. Los recelos son tantos -por incumplimientos previos y por el papel de última palabra que se le concede a Luis Caputo– que hasta fue tomado con cautela el párrafo que debería ser incluido ahora en el Presupuesto para atender el reclamo porteño por los fondos de coparticipación adeudados.

Desde mediados de la semana pasada, el Gobierno comenzó a dar pruebas concretas de voluntad para hacer efectivos los tratos políticos. “Están cumpliendo”, resumieron cerca de varios gobernadores acuerdistas. El resumen es elocuente: reactivación del reparto de ATN, después de meses de congelamiento o escasas transferencias; atención de pedidos específicos de provincias o regiones, reanimación de compromisos incumplidos sobre obra pública.

Los apoyos para el dictamen sobre Presupuesto y los votos prometidos para coronar el tema en el recinto exponen el juego de gobernadores que cuentan con legisladores disciplinados. El reciente reparto de ATN es expresivo: la lista, ordenada por cifras, es integrada por Tucumán (Osvaldo Jaldo), Misiones (Hugo Passalacqua, en base al esquema de Carlos Rovira), Catamarca (Raúl Jalil), Salta (Gustavo Sáenz). El impulso a la discusión de la ley de Glaciares, o el traspaso de alguna empresa -como el Yacimiento Aguas de Dionisio- y la reactivación de obra pública son gestos hacia socios, como ocurre con mendocinos, entrerrianos y chaqueños.

Afuera, desde el primer día poselectoral, quedaron los jefes provinciales más alineados con UxP. Otros motivos -en especial, la decisión de construir un perfil diferenciado frente al juego del mileismo y la elección de la contraparte K- provocaron tensiones con Provincias Unidas y un par de provinciales.

El tejido de acuerdos proyecta para el oficialismo una votación favorable del Presupuesto. El número asomaba por encima del quórum desde la semana pasada en el punteo de la presidencia de la Cámara, pero en las últimas horas la inquietud se focalizó en el tratamiento en particular. Lo dicho: el artículo que establece la derogación de las leyes de financiamiento universitario y emergencia en discapacidad, aprobadas por mayorías muy amplias.

Aquellas votaciones se produjeron en meses que marcaban para el Gobierno una serie de derrotas legislativas. Pero a diferencia de iniciativas estrictamente vinculadas a reclamos y cuentas de las provincias en materia de coparticipación, se trató de temas de impacto social, sobre todo discapacidad y la situación del Garrahan. Las votaciones fueron contundentes y provocaron vetos presidenciales e insistencias del Congreso. El dato significativo, proyectado al actual tablero, es que el aval incluyó a diputados tucumanos, mendocinos, misioneros, catamarqueños, salteños y entrerrianos que responden a sus jefes provinciales.

Con todo, el principal interrogante hace a los alcances de los compromisos políticos más allá del Presupuesto. La prueba en paralelo remite al Senado, es decir, a la reforma laboral. La intención violeta -según transmite la jefatura del bloque, a cargo de Patricia Bullrich– es darle un trámite muy veloz, que le permita lograr dictamen el viernes. La comisión debe reunirse este miércoles y cumplir con la presentación formal de invitados: funcionarios, empresarios y jefes sindicales. La ex ministro plantea como objetivo votar en el recinto el viernes posterior a Navidad, junto con el Presupuesto.

El interrogante de arrastre tiene que ver con el recorrido previo del proyecto. Existían negociaciones reservadas y no tanto con gobernadores y algunos integrantes de la CGT, con la intención de garantizar apoyo de provincias, a pesar de las inquietudes por cierto costo en materia de recaudación, y lograr una protesta contenida en el frente sindical. Esa vía quedó dañada porque, dicho linealmente, se impuso el criterio de Federico Sturzenegger, por encima del “ala política”, que esta vez incluía criterios similares de Karina Milei y Santiago Caputo, en medio de otras tensiones y reparto de áreas de gestión.

Expertos en la materia que son críticos del proyecto dicen que el texto fue elaborado básicamente por abogados vinculados al mundo empresarial, sin profundidad en el tema. Y más allá de cuestionamientos de fondo, advierten algo que ya se señalaba en medios legislativos: el riesgo de judicialización de puntos como el desarmado de la Justicia Nacional del Trabajo -que supera las conversaciones sobre el traspaso al ámbito porteño-, el amplio alcance del concepto de “servicio esencial” en caso de huelgas y el Fondo de Asistencia Laboral -para indemnizaciones- que sería integrado por las empresas descontando el 3% del aporte al sistema de seguridad previsional.

¿Hay margen de negociación? Una mirada apunta a “borradores” conversados con algunos mandatarios y sindicalistas. Al revés, otros señalan la foto de Javier Milei firmando el proyecto como señal de cerrazón. Arrancan las extraordinarias.

Finalmente, en el marco de la discusión interna que atraviesa el peronismo en la provincia de Buenos Aires y que tiene sobre la mesa la línea de sucesión del Poder Ejecutivo provincial, la vicegobernadora Verónica Magario definió que no asumirá a su banca como diputada provincial a la que accedió luego de encabezar la lista de Fuerza Patria por la Tercera sección electoral en las elecciones del pasado 7 de septiembre.

La decisión llegó en un momento de tensión que se vive en el Senado provincial, en donde el kirchnerismo le viene reclamando una sesión extraordinaria para tratar dos proyectos de ley del Poder Ejecutivo que pierden estado parlamentario de no tratarse antes de fin de año y, sobre todo, la presión por definir las vicepresidencias en la Cámara alta; negociación en la que Cristina Kirchner propone al intendente de José C. Paz, Mario Ishii para ocupar ese sillón estratégico, tanto en la administración de la Cámara alta, como en la línea sucesoria del Gobierno provincial. Detrás del gobernador y la vicegobernadora, continúa el vicepresidente 1° del Senado.

Este martes por la tarde, en la antesala de la sesión en la Cámara de Diputados, Magario presentó la renuncia a su banca electiva, a la que nunca juró. Lo hizo mediante nota a la presidencia. Así, bloqueó la posibilidad de que una vez jurada su banca como diputada no le voten la licencia para que regrese al Senado; lo que era una de las hipótesis que manejaban en el axelismo como parte de la discusión interna en la que se encuentra enfrascada el peronismo.

En su lugar asumirá Silvina Nardini. Se trata de una concejal del municipio de Ensenada y que responde políticamente a su intendente, Mario Secco. De esta forma, Kicillof no pierde presencia dentro del bloque peronista, aunque los representantes del Movimiento Derecho al Futuro, siguen siendo “minoría” en la bancada oficialista.

“Por mis hijos, por el pueblo de Ensenada y por el mejor intendente de su historia, Mario Secco; por el pueblo de la provincia de Buenos Aires, por la educación pública. Con Hebe como bandera, por los 30 mil y por la lucha de lucha irrenunciable la igualdad de oportunidades y la justicia social; sí juro”, fue la jura de la sucesora de Magario. En uno de los palcos aplaudían el intendente de Ensenada, Mario Secco y la exdiputada provincial, Susana González, que en los próximos días llegará a la presidencia del consorcio del Puerto La Plata.

La renuncia de Magario fue leída en la sesión de este martes en la Cámara de Diputados, destacando que el reemplazo de la diputada electa será de carácter definitivo.

Así, la candidatura de Magario fue de carácter testimonial. Mismo camino que adoptó el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, quien también fue electo legislador en las últimas elecciones por ir en la lista de Fuerza Patria por la Primera sección electoral. Fue electo senador, juró a su banca y seguidamente pidió licencia para continuar en el gabinete bonaerense, por pedido y decisión de Kicillof.

En la sesión de este martes también se votó la licencia extraordinaria del diputado kicillofista, Gustavo Pulti; quien regresó a Mar del Plata para convertirse en concejal; mientras se aguarda quien asumirá como presidente del puerto de la ciudad balnearia. Pulti es uno de los que suena para ese cargo.

En el lugar de Pulti, asumió el camporista José Ignacio Rossi, quien desempeña funciones dentro del Instituto Cultural como vicepresidente del organismo que conduce Florencia Saintout. Rossi sí juró su banca; lo hizo “por una democracia verdadera con Cristina libre”. Por el momento no hay certezas de si luego pedirá licencia a su banca para seguir en tareas ejecutivas.

Los movimientos sociales nucleados en la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), junto a la CGT y las dos CTA, marcharán el jueves 18 de diciembre junto a Plaza de Mayo contra la reforma laboral impulsada por el Poder Ejecutuvo, y al rumbo general de la política económica y social del gobierno de Javier Milei.

Según estimaciones de los organizadores, la convocatoria podría reunir a alrededor de 150 mil personas.

La decisión de salir a la calle se tomó a pesar de que el Gobierno introdujo modificaciones en el texto original de la reforma laboral y excluyó la eliminación de la cuota solidaria sindical, una contribución clave para el financiamiento de los gremios. Ese punto había sido impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y fue retirado tras negociaciones del ala dialoguista del Gobierno, que mantuvo contactos con la CGT a través de Santiago Caputo y el ministo del Interior Diego Santilli.

Para las organizaciones convocantes, sin embargo, la versión final del proyecto mantiene cambios estructurales que afectan el sistema de derechos laborales vigente y justifican una respuesta en las calles. En ese marco, los referentes sindicales y sociales detallaron sus principales objeciones.

“La reforma laboral que propone el gobierno nacional está orientada a quitarle derechos a los trabajadores que hoy se mantienen dentro de una relación salarial formal plena de derechos”, sostuvo ante este medio Alejandro Gramajo, secretario general de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP).

El dirigente del Movimiento Evita cuestionó con dureza el nuevo esquema de despidos incluido en el proyecto: “Proponen indemnizaciones por despido más bajas y en cuotas, excluyendo aguinaldo, bonos y adicionales. Encima proponen que se financien con el aporte de los jubilados. Te hacen trabajar más, cobrando menos por ese trabajo extra”, afirmó.

También rechazó el argumento oficial que vincula la quita de derechos con una supuesta reducción de la informalidad laboral. “Invocan a los trabajadores informales que están por fuera de una relación salarial formal argumentando que la quita de derechos a uno va a redundar en mayores derechos para los otros. Algo nunca visto”, señaló. Y agregó: “Esto no solamente sería injusto, sino que además es totalmente falso. Una pérdida de derechos para los trabajadores incluidos o formales repercutiría en una pérdida para el conjunto de los trabajadores, incluidos los de la economía popular. Si bajan al de arriba, pisan al de abajo”.

Gramajo citó antecedentes internacionales: “En el mundo, varios países probaron recortar la protección laboral prometiendo que así la economía iba a repuntar. No fue así y la Organización Internacional del Trabajo confirmó que quitarle protección al trabajador no genera más empleo, sino trabajadores más desprotegidos”.

En ese contexto, el dirigente planteó la necesidad de una agenda alternativa. “Por todo esto creemos necesaria la creación de un Estatuto Laboral para la Economía Popular, que sirva de puntapié inicial para una nueva institucionalidad y marcos jurídicos que reconozcan esta realidad laboral”, afirmó. Y detalló: “Como primer punto debe plantear la reactivación del l Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, el Salario Social Complementario y la posibilidad de avanzar en convenios colectivos por rama de actividad”.

“Una reforma esclavista”

Desde una posición más confrontativa, el ex secretario general de la UTEP, Esteban “Gringo” Castro, calificó el proyecto como una “reforma esclavista”. “La esclavitud laboral que propone el gobierno nacional solo puede sancionarse si la avalan quienes traicionan a quienes los votaron como peronistas”, afirmó.

Castro sostuvo que la iniciativa no beneficia ni a los trabajadores formales ni a los informales. “Este proyecto de ley es anti-justicia social, quita los derechos que consagraron las familias trabajadoras y no tiene un solo punto en favor de los informales”, señaló. Y apuntó: “No solo no beneficia a los que trabajamos sin derechos, tampoco mejora los ingresos ni los derechos de los trabajadores formales”.

En ese marco, afirmó que las propuestas del movimiento popular solo podrían avanzar si el proyecto oficial es rechazado: “El estatuto de los trabajadores de la economía popular y el salario social complementario solo son posibles si la reforma esclavista de Milei cae. No queda otra. Por eso vamos a luchar con toda nuestra fe”. Y concluyó con una definición simbólica: “Ningún poder puede prevalecer contra Dios y el pueblo humilde trabajador”.

El rechazo político y social

La dirigente nacional de Libres del Sur, Silvia Saravia, confirmó la participación de su organización en la movilización y sostuvo que la protesta busca enviar un mensaje político claro. “Este jueves 18 nos movilizamos para dar en las calles un mensaje opositor contundente a Milei”, afirmó.

Saravia advirtió que la reforma laboral se inscribe en un modelo más amplio de ajuste. “Cada uno de los proyectos de ley presentados por el oficialismo reafirma que el gobierno va hacia un modelo de mayor desigualdad”, sostuvo. Y destacó: “Existe un consenso amplio en que la reforma laboral regresiva no va a servir para generar puestos de trabajo genuinos”.

También vinculó la movilización con el rechazo al Presupuesto aprobado en el Congreso. “Vamos a reafirmar el rechazo a un presupuesto que elimina las leyes de financiamiento universitario, las emergencias en pediatría y en discapacidad”, dijo. Y manifestó: “Milei cree que en octubre se le dio un cheque en blanco, pero la profundización del ajuste tarde o temprano va a volverse en repudio masivo”.

Desde el ámbito de los derechos humanos, la presidenta de la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos, María José Lubertino, cuestionó la aprobación del Presupuesto y el rumbo del Gobierno. “Repudiamos la lamentable aprobación en la Cámara de Diputados de un presupuesto regresivo que viola los tratados internacionales en materia de derechos humanos, salud y educación”, sostuvo.

Según Lubertino, los recortes vulneran el principio de no regresión en materia de derechos. “Atentan contra los derechos de las personas con discapacidad, el financiamiento del Hospital Garrahan y las universidades”, afirmó.

Las dos CTA confirmaron su participación en la jornada del próximo jueves, El secretario general de la CTA Autónoma, Hugo “Cachorro” Godoy, informó que las tres centrales sindicales acordaron una estrategia común frente a la reforma laboral. “Acordamos rechazar de forma contundente el proyecto por considerarlo regresivo y contrario a los derechos de los trabajadores”, señaló.

Godoy agregó que se resolvió “poner en estado de movilización permanente a la clase trabajadora” y convocar a “una gran jornada nacional de protesta, con una movilización central en Plaza de Mayo y marchas simultáneas en las principales plazas del país”.

Los principales puntos contra la reforma laboral

Entre los ejes más cuestionados del proyecto se destacan el abaratamiento de los despidos, la flexibilización de la jornada laboral, la eliminación de la ultraactividad de los convenios colectivos, la prioridad de convenios por empresa, el salario ligado a la productividad, las restricciones al derecho de huelga y la falta de políticas reales para reducir la informalidad laboral.

La oposición y los movimientos sociales también sostienen que la reforma no incluye incentivos reales para formalizar empleo.

Con la CGT, las CTA y los movimientos sociales en estado de movilización permanente, el jueves 18 se perfila como una de las principales demostraciones de fuerza contra la agenda laboral del Gobierno, en un escenario de creciente tensión entre la Casa Rosada y el movimiento obrero organizado.